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Modo: Corpus Pro

EXPROPIACIÓN DE BIENES ARRENDADOS. SUPUESTOS EN LOS QUE EL PARTICULAR PRIVADO DE SU DERECHO REAL DE PROPIEDAD (ARRENDADOR), PUEDE PERCIBIR EL PAGO DE LAS RENTAS VENCIDAS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 295/2009. · Registro digital (IUS): 22439
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y DÉCIMO SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Octubre de 2010, , Pág. 64.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 295/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y DÉCIMO SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, ya que se trata de una denuncia sobre una posible contradicción de criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos de naturaleza civil, de la competencia especializada de esta Primera Sala.

SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, las partes que intervinieron en los juicios en los que los criterios objeto de esta contradicción de tesis fueron sustentados, se encuentran facultados para tal efecto.

TERCERO. Para efectos de determinar si existe o no una contradicción de tesis, es necesario analizar, en primer lugar, los criterios de las ejecutorias que participan en esta contradicción de tesis.

El Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito conoció de un asunto en el que **********, denunciante de la presente contradicción de tesis, demandó de su arrendatario, la empresa **********, **********, y de **********, la rescisión del contrato de arrendamiento, la desocupación y entrega de un local comercial ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el pago de las rentas vencidas y no pagadas, más el impuesto al valor agregado, así como el pago de gastos y costas.

La Juez de primera instancia resolvió que la parte actora acreditó los extremos de su acción y la parte demandada no justificó sus excepciones y defensas, por lo que rescindió el contrato de arrendamiento, y condenó a la arrendataria a la desocupación y entrega del inmueble, al pago de las rentas adeudadas y al pago del impuesto al valor agregado.

La demandada apeló dicha resolución. La Sala responsable confirmó la sentencia recurrida bajo los argumentos de que la parte actora acreditó que presentó en tiempo un recurso de revocación en contra del acto expropiatorio, el cual estaba sub júdice en dicha fecha, y que, por tanto, lo que procedía era determinar si el decreto expropiatorio estaba firme o no, cuestión que por ser materia administrativa, no correspondía resolver a la Sala, y que se podría resolver hasta que la autoridad correspondiente resolviera el recurso de revocación, agregando que el pago de la indemnización a la actora no se había realizado por no estar firme todavía el decreto expropiatorio, concluyendo que, por tanto, el decreto expropiatorio no era cosa juzgada, y no podía restarle efectos al contrato de arrendamiento que la demandada reconoció celebrar.

Fue la parte demandada quien promovió el juicio de amparo directo contra esta sentencia, registrado con el número DC. **********, en cuya resolución, el Colegiado en mención concedió el amparo, al considerar que había dejado de estar obligada al pago de rentas desde el momento en que se decretó la expropiación del inmueble arrendado. Lo anterior, con base en las consideraciones siguientes:

"Finalmente, en diverso aspecto los quejosos refieren que la Sala responsable cayó en el mismo vicio que el a quo, porque juzgó a priori, ya que debió considerarse como cosa juzgada y darle dicho valor en ese sentido al decreto expropiatorio, en virtud de que se pretende rescindir un contrato de arrendamiento que es totalmente falso e inexistente, toda vez que el inmueble ubicado en el local ********** ********** **********, fue expropiado por el Gobierno del Distrito Federal el diez de julio de dos mil tres, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, como consecuencia de ello el ‘INVI’, celebró contrato de apertura de crédito para la adquisición de un local comercial con el hoy quejoso, con fecha catorce de julio de dos mil cinco, crédito que está totalmente pagado como se acreditó en el juicio de origen, e inclusive se ofreció como prueba la Gaceta del Gobierno del Distrito Federal a la que no se le dio valor, no obstante haber sido ofrecido como prueba en tiempo y forma.

"Asiste la razón a los quejosos, en virtud de que este Tribunal Colegiado estima que el actor en el juicio de origen carece de legitimación ad causam, para promover la controversia de arrendamiento en la que, entre otras cosas, demandó la rescisión del contrato de arrendamiento de primero de septiembre del año dos mil dos, así como el pago de las rentas vencidas y la desocupación y entrega del inmueble materia de arrendamiento; ello porque en los autos remitidos por la Sala responsable se desprende que por virtud del decreto expropiatorio publicado el diez de julio de dos mil tres, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el inmueble materia del contrato de arrendamiento basal fue expropiado por ser considerado de alto riesgo estructural a favor del Instituto de Vivienda del Distrito Federal.

"Primeramente, es preciso tener en cuenta los aspectos trascendentes de la legitimación en el juicio.

"La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido la clara diferenciación existente entre la legitimación procesal y la legitimación en la causa, las cuales no pueden ni deben ser confundidas, tanto por ser cosas distintas, como (sic) los efectos diversos que de ellas se derivan, ya que la primera hace relación a la forma y se refiere a la facultad que tiene una persona para representar a otra en el juicio, mientras que la segunda hace relación al fondo y se refiere a la titularidad del derecho que se hace valer en el juicio.

"Así las cosas, con el propósito de esclarecer las cuestiones que se plantean en este juicio de garantías, conviene señalar que el conjunto de condiciones cuya presencia o ausencia es necesaria para la válida integración de la relación procesal, constituye lo que doctrinalmente se conoce como presupuestos procesales, entre los cuales se encuentran aquellos que se refieren a los sujetos o al objeto del proceso. Dentro de los primeros se encuentran la competencia del juzgador, la capacidad procesal, la representación y la legitimación de las partes: Dentro de los segundos se menciona a la cosa juzgada o a la litispendencia.

"En ese sentido se tiene, que la legitimación en general, es la situación en que se encuentra una persona con respecto a determinado acto o situación jurídica, para el efecto de ejecutar legalmente aquél o de intervenir en ésta; siendo la legitimación la idoneidad de la persona para actuar en el juicio, inferida no de sus cualidades personales, sino de su posición respecto del litigio.

"Así las cosas, la legitimación es la posibilidad legal en que se encuentra una persona para ser parte en un proceso, en relación con un caso concreto, como demandante, como demandado o como tercerista; toda vez que las normas relativas a la legitimación están destinadas a establecer qué sujetos pueden pretender una decisión por parte de los órganos jurisdiccionales y frente a qué sujetos puede formularse la pretensión.

"De esta manera, la legitimación puede ser activa o pasiva, la primera se refiere al actor y, la segunda, al demandado.

"Asimismo, debe destacarse, que la legitimación es una institución que puede dividirse en legitimación en el proceso (ad processum) y legitimación en la causa (ad causam). La legitimación en el proceso es un presupuesto procesal que se refiere a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos procesales y, por tanto, es condición para la validez formal del juicio, identificándose la legitimación en el proceso con la capacidad para realizar actos jurídicos de carácter procesal en un juicio determinado, pues la legitimación en el proceso es la aptitud o idoneidad para actuar en un proceso, en el ejercicio de un derecho propio o en representación de otro.

"En cambio, la legitimación en la causa es la condición jurídica en que se encuentra una persona con relación al derecho que invoca en juicio, ya sea en razón de su titularidad o de otras circunstancias que justifican su pretensión; es decir, es la identidad de la persona del actor con la persona a cuyo favor está la ley (legitimación activa) y la identidad de la persona del demandado con la persona contra quien se dirige la voluntad de la ley (legitimación pasiva), de lo que se deduce que está legitimado en la causa quien ejercita un derecho que realmente es suyo o, en su caso, a quien se le exige el cumplimiento de una obligación que también es a su cargo.

"La legitimación en la causa se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho sustantivo que la ley establece en su favor que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales, cuando ese derecho es violado o desconocido; es decir, la legitimación en la causa es la afirmación que hace el actor, el demandado o el tercerista de la existencia de un derecho sustantivo cuya aplicación y respeto pide al órgano jurisdiccional por encontrarse frente a un estado lesivo a ese derecho, acreditando su interés actual y serio.

"De lo anterior se desprende que la legitimación en el proceso apunta a la realización de un proceso válido, mientras que la legitimación en la causa se encamina a la obtención de un fallo favorable al actor o promovente.

"En efecto, la legitimación en el proceso es un presupuesto del procedimiento que se refiere a la capacidad para comparecer al juicio, para lo cual se requiere únicamente que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, aunque también puede referirse a la representación de quien comparece a nombre de otra persona; mientras que la legitimación en la causa, no es un presupuesto procesal, sino una condición para obtener sentencia favorable, ya que ésta consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley; en consecuencia, el actor estará legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde.

"Así las cosas, en términos generales, puede concluirse lo siguiente:

"1. La legitimación en el proceso se refiere a la capacidad o a la calidad de obrar de la persona que comparece al juicio.

"2. La legitimación en la causa, con relación al actor, corresponde a la identidad de la persona a quien la ley concede el derecho subjetivo que se ejercita a través de la acción que se deduce ante los tribunales con la persona que deduce dicha acción.

"3. La legitimación en la causa, con relación al demandado, corresponde a la identidad de la persona que conforme a la ley debe responder de la obligación cuyo cumplimiento se demanda.

"En ese sentido, cuando el demandado niega que el actor sea el titular del derecho subjetivo que ejercita, o que dicho enjuiciado no es la persona que debe cumplir con la prestación que se demanda; lo que está oponiendo es la excepción de falta de legitimación en la causa, la cual debe resolverse en la sentencia que decide sobre el fondo de la litis.

"... Asimismo, es pertinente destacar que los artículos 2410 y 2483, fracción VII, del Código Civil para el Distrito Federal disponen: (se transcriben).

"De los preceptos legales anteriormente transcritos se desprende que con motivo de la expropiación de la cosa arrendada por causa de utilidad pública, los contratos de arrendamiento se rescindirán y además, que la expropiación puede dar lugar a la terminación del arrendamiento.

"Ahora bien, la expropiación constituye un acto de carácter administrativo mediante el cual se priva a los particulares de la propiedad de un bien inmueble en aras del interés, necesidad o utilidad social, es decir, se trata de una figura a través de la cual el Estado logra determinados fines relacionados con el interés colectivo.

"De todo lo anterior, debe decirse que si bien es cierto que el contrato de arrendamiento del primero de septiembre del año dos mil dos, celebrado entre ********** ********** **********, en su calidad de arrendador y ********** ********** ********** **********, por conducto de su representante ********** ********** **********, como arrendatario, fungiendo como fiador ********** **********, respecto del ********** ********** **********, colonia Centro, de la Ciudad de México, Distrito Federal, era suficiente para demostrar la legitimación de la actora; también lo es que los derechos que tenía la actora cesaron en sus efectos, por virtud de la expropiación realizada por el Gobierno del Distrito Federal sobre el inmueble mencionado en el que se encontraba ubicado el local comercial objeto del contrato de arrendamiento, expropiación que quedó demostrada con la copia simple de la Gaceta Oficial del Distrito Federal de diez de julio del año dos mil tres, misma que fue ofrecida como prueba por parte de los codemandados en la controversia de origen, en la que se advierte el decreto expropiatorio del inmueble ubicado en la calle ********** **********, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, por ser considerado como de alto riesgo, constancia que si bien se exhibió en copia simple, al no ser objetado tiene valor probatorio pleno.

"Así las cosas, es que asiste la razón a los quejosos cuando afirman que al haberse expropiado el inmueble materia del contrato de arrendamiento de primero de septiembre de dos mil dos, la actora carecía de legitimación activa en la controversia en materia de arrendamiento inmobiliario, pues como ya se dijo, en la legislación sustantiva de la materia existen disposiciones expresas que determinan que cuando un inmueble es expropiado por causa de utilidad pública, como en el caso, los contratos de arrendamiento pierden su vigencia, y al ser la expropiación un acto administrativo por el cual se priva a los particulares de la propiedad de un bien inmueble en aras del interés, necesidad o utilidad social, es incuestionable que la ahora peticionaria del amparo al haber dejado de ser la titular de los derechos cuestionados en la controversia de arrendamiento de origen, carece de legitimación activa en la causa.

"Conforme a lo expuesto y ante lo fundado del concepto de violación analizado en último término, quedó demostrado que la sentencia reclamada es violatoria de las garantías individuales de legalidad y debida fundamentación y motivación, consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, lo que motiva a conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente el acto reclamado, consistente en la sentencia de catorce de septiembre de dos mil ocho, dictada en los autos del toca número 1980/2008; y, en su lugar, dicte otra, en la que tomando en consideración lo aquí expuesto determine que la actora carece de legitimación en la causa para demandar la acción intentada."

El mismo criterio empleó el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo número **********. Se trató en esa ocasión, de un asunto en el que una persona física, en su calidad de albacea de una sucesión, también demandó de su arrendatario, **********, la rescisión del contrato de arrendamiento, la desocupación y entrega de un inmueble, el pago de las rentas vencidas y no pagadas, el pago de derechos por el consumo de agua, así como el pago de gastos y costas.

El Juez del conocimiento resolvió que había sido procedente la vía intentada, pero que la parte actora no acreditó su legitimación ad causam en el juicio. La actora apeló aduciendo, en esencia, que el Juez natural no tomó en cuenta que los demandados sólo exhibieron la primera publicación del decreto expropiatorio del inmueble arrendado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, por lo cual la expropiación no había surtido efectos, porque no se le ha notificado personalmente a la parte actora, ni exhibió la segunda publicación del decreto que hace efectos de notificación.

La parte actora promovió el juicio de amparo directo de que se trata, donde el acto reclamado fue la sentencia de la Sala responsable que confirmó la de primera instancia; y en la sentencia de amparo, el Colegiado negó el amparo, con base en las mismas consideraciones sintetizadas en los párrafos que anteceden.

CUARTO. Por otra parte, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito se sustentó al resolver el juicio de amparo directo DC. **********, en donde consideró que la obligación de pagar rentas no cesa al momento de emitirse el decreto expropiatorio sobre el inmueble arrendado.

En el juicio de origen, **********, denunciante de la presente contradicción de tesis, demandó de su arrendatario, la empresa ********** y de **********, la rescisión del contrato de arrendamiento, la desocupación y entrega de un local comercial ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el pago de las rentas vencidas y no pagadas, más el impuesto al valor agregado, así como el pago de gastos y costas.

La parte demandada contestó la demanda aduciendo la falta de acción y derecho de la actora, y la falta de legitimación ad causam, porque el contrato de arrendamiento se rescindió en virtud del decreto expropiatorio publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal respecto del inmueble arrendado; y que a la parte demandada se le incorporó al proyecto de vivienda que se desarrollaría en el inmueble expropiado, otorgándosele un crédito, y expidiéndosele un certificado de vivienda.

El Juez de primera instancia resolvió que la parte actora acreditó los extremos de su acción y la parte demandada no justificó sus excepciones y defensas, por lo que rescindió el contrato de arrendamiento, y condenó a la arrendataria a la desocupación y entrega del inmueble, al pago de las rentas adeudadas, y al pago del impuesto al valor agregado. La Sala responsable confirmó la sentencia recurrida, argumentando que la ley no establece en qué momento debe tenerse por rescindido el contrato de arrendamiento, que el procedimiento de expropiación consta de dos etapas, que la primera etapa inicia con la publicación del decreto expropiatorio, y es hasta la segunda etapa en que se lleva a cabo su total ejecución, que la ley no autoriza que se retengan las rentas mientras no haya quedado consumada la expropiación.

La demandada promovió el juicio de amparo directo de que se trata, en cuya resolución, el Colegiado del conocimiento negó el amparo, con base en las consideraciones siguientes:

"En esencia, la parte quejosa plantea que a partir de la fecha en que fue publicado el decreto expropiatorio en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, de diecinueve de junio de dos mil tres, la arrendataria dejó de estar obligada al pago de las rentas. Ese planteamiento por regla general es cierto si se toma en consideración que la expropiación tiene una finalidad que debe cumplirse a la brevedad; sin embargo, cuando por alguna causa esto no ocurre y la autoridad que expropió el inmueble no toma posesión de éste para cumplir con el objeto de la expropiación, el arrendatario que tenga la posesión derivada del bien expropiado, sí se encuentra obligado a cubrir las rentas vencidas hasta que se de la desocupación del mismo.

"... Precisado lo anterior, cabe señalar que en el caso, contrario a lo manifestado por la quejosa, fue correcto que se le condenara al pago de rentas, puesto que si bien es cierto no es necesario esperar a que el propietario otorgue la escritura a la que se refiere el artículo 17 de la Ley de Expropiación para que cese la obligación de pago de rentas; sin embargo, sí es preciso que la autoridad administrativa que expropió el inmueble tome posesión del mismo para que pueda considerarse que a partir de ese momento el arrendatario dejó de estar obligado al pago de rentas.

"Es cierto, como lo refirió la Sala responsable, que el Código Civil para el Distrito Federal no establece a partir de qué momento se rescinde un contrato de arrendamiento por expropiación del inmueble, puesto que si bien el artículo 2410 del citado ordenamiento legal establece que el contrato de arrendamiento se rescindirá cuando exista transmisión de la propiedad por causa de utilidad pública, sin embargo, no señala expresamente a partir de qué momento debe considerarse que se actualiza dicha transmisión, esto es, si basta la publicación del decreto expropiatorio para rescindir el contrato, o bien, es necesario esperar a que el arrendatario desocupe el inmueble para que deje de estar obligado al pago de rentas.

"... El artículo 9o. del citado ordenamiento (Ley de Expropiación) otorga a los particulares que se vean afectados por un acto de expropiación la posibilidad de solicitar a la autoridad que expropió la reversión total o parcial del bien. De los preceptos transcritos no se regula expresamente la posibilidad de que la autoridad pague al dueño del inmueble, por concepto de indemnización, la cantidad que hubiere dejado de percibir por concepto de rentas, en caso de que al momento en que se llevó a cabo la expropiación el inmueble estuviera arrendado. Únicamente se regula que en caso de que se resuelva la reversión total o parcial del bien, el propietario del mismo debe devolver la cantidad que se le hubiere entregado por concepto de indemnización, ya sea total o parcialmente. En cambio, el artículo 10 señala que la cantidad que se fije por concepto de indemnización en el caso de inmuebles será el equivalente al valor fiscal que aparezca en las oficinas catastrales o recaudadoras.

"Lo anterior implica que la indemnización derivada de la expropiación parecería que sólo incluye el valor del inmueble y no las ganancias que deje de percibir el propietario; sin embargo, debe tomarse en consideración que al dueño del inmueble expropiado se le afecta tanto en la medida que ya no podrá disponer de su bien, como porque se le causa perjuicio que se le prive de un inmueble que constituye una fuente de ingresos para el propietario, por ser objeto de un contrato de arrendamiento.

"Para una mejor compresión del asunto es menester citar el contenido de los artículos 2108, 2109 y 2110 del Código Civil para el Distrito Federal, los cuales textualmente establecen lo siguiente:

"‘Artículo 2108. Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por falta de cumplimiento de una obligación.’

"‘Artículo 2109. Se reputa perjuicio la privación de cualquiera ganancia lícita que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación.’

"‘Artículo 2110. Los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse.’

"De los artículos antes transcritos se advierte que ambos conceptos hacen referencia a la lesión patrimonial que se causa por el incumplimiento de una obligación, sin embargo, el concepto de daño se encuentra vinculado con un evento que ya aconteció y que puede ser fácilmente cuantificado de manera objetiva a través de una prueba, por esa razón, el artículo 2108 lo define como la pérdida o menoscabo en el patrimonio.

"La reparación del daño tiende a colocar a la persona lesionada en la situación que se encontraba antes que se produjera el hecho lesivo; en cambio, el perjuicio está relacionado con hechos futuros que dejaron de realizarse, pues es la privación de la ganancia lícita que debió haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación.

"Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página diecinueve, Tomo CXV, Segunda Parte del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, del rubro y texto siguientes: ‘DAÑO Y PERJUICIO, DIFERENCIA ENTRE (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO Y TERRITORIOS FEDERALES).’ (se transcribe).

"En consecuencia, es posible concluir que el propietario de un bien expropiado tiene derecho a que se le indemnice del valor catastral del inmueble, y que respecto de las rentas que deja de percibir por dicho inmueble, queda a cargo del arrendatario el pago de las rentas que se generan entre la publicación de la expropiación y la ocupación del inmueble. Por esa razón, en el caso es de suma importancia establecer si se encuentra acreditada la ocupación del inmueble materia de la expropiación o no, ya que ese acto es que el define el momento a partir del cual el arrendatario de un bien expropiado deja de tener la obligación del pagar las pensiones rentísticas y, por ende, marcará la pauta para establecer los parámetros temporales para calcular los daños y perjuicios que el propietario puede reclamar a la autoridad que expropió el bien, puesto que sólo podrá solicitar la indemnización de éstos en la medida en que pierda el derecho de disponer del fruto civil del inmueble.

"Sirve de apoyo a lo anterior el criterio de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ochocientos veintitrés del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LVII, Quinta Época, del rubro y texto siguientes: ‘BIENES EXPROPIADOS, RENTAS DE LOS.’ (se transcribe).

"... Del contenido de la documentación ofrecida por la demandada, no se advierte dato alguno que revele que la autoridad administrativa que expropió el inmueble arrendado haya tomado posesión del mismo, puesto que en el decreto expropiatorio únicamente se cita el fundamento de la expropiación, las razones por las cuales se estimaba necesario ese acto, el tipo de programa al cual se incorporaría el inmueble, la finalidad de dicho programa social, se precisó que se otorgarían créditos para la adquisición en propiedad de las viviendas en favor de los beneficiarios del programa, se describieron los inmuebles expropiados dentro de los cuales figura el bien materia del contrato de arrendamiento base de la acción.

"Cabe señalar que en el decreto no se realizó precisión alguna respecto al momento a partir del cual los propietarios de los inmuebles debían desocuparlos; sin embargo, en atención al tipo de programa y a las acciones que se debían ejecutar para su cumplimiento es posible inferir que la ocupación por parte de la autoridad se dará en el momento en que las personas que habitan en esos inmuebles procedan a su desocupación y la autoridad inicie los trabajos de reestructuración o construcción correspondientes, puesto que de otra manera no se cumplirá con el objetivo del programa social que motivó la expropiación.

"En consecuencia, si la autoridad aún no desaloja a los habitantes de dichos inmuebles y no inicia las obras correspondientes, debe entenderse que todavía no ocupa el inmueble, por ende, la arrendataria continúa obligada al pago de las pensiones rentísticas a la arrendadora, puesto que las rentas vencidas que se le reclamaron no formarán parte de la indemnización a la que tiene derecho el propietario del bien.

"No queda inadvertido para este tribunal que la quejosa también adjuntó un certificado de vivienda expedido a favor del fiador en el contrato de arrendamiento **********, sin embargo, ese documento no es apto para acreditar que la autoridad administrativa que expropió hubiera ocupado el inmueble, ya que éste (sic) únicamente se establece que la finalidad del Programa Emergente de Vivienda con Alto Riesgo Estructural que motivó la expropiación es proteger la vida, integridad y bienes de las familias que habitan en el conjunto de edificios que representan alto riesgo, a través de los proyectos de vivienda que se desarrollarán en los propios inmuebles.

"Sin embargo, ese certificado no constituye un título de propiedad, ni tampoco es idóneo para acreditar que la autoridad tomó posesión del bien expropiado, ya que lo único que hizo constar es que el fiador en el contrato de arrendamiento se encuentra registrado como beneficiario del programa y que se le otorgará un crédito para incorporarlo a un proyecto de vivienda que se desarrollará en el mismo inmueble.

"Entonces, si lo único que demostró la quejosa fue la existencia del decreto expropiatorio y la expedición del certificado de vivienda, tales documentos son insuficientes para considerar que la arrendadora fue privada del derecho de disponer de la renta como fruto civil que genera ese bien, ya que la sola publicación de un decreto o la expedición de un certificado no implica que la autoridad haya ocupado el inmueble expropiado, y que el arrendatario queda libre de pagar una renta o retener su pago porque implicaría un enriquecimiento a costa del arrendador provocado por una consecuencia de un acto de autoridad.

"Por lo anteriormente expuesto, se estima que los conceptos de violación de la quejosa resultan infundados, toda vez que el decreto expropiatorio por sí mismo no acredita la ocupación del bien por parte de la autoridad, puesto que aun cuando la actora no hubiera interpuesto el recurso administrativo de revocación, tal circunstancia no crea la presunción de que el inmueble necesariamente fue ocupado por la autoridad, ya que de ser así, la demandada no se encontraría en posesión del inmueble, puesto que se estarían realizando obras de reestructuración.

"Es cierto que el artículo 7o. de la Ley de Expropiación establece que la autoridad administrativa que expropie un inmueble procederá desde luego a la ocupación del bien, cuando no se haya hecho valer el recurso administrativo de revocación, sin embargo, el contenido de este artículo no genera la presunción de que ante la falta de recurso es inminente la ocupación del bien expropiado, ya que el precepto únicamente establece que cuando no se interponga el recurso administrativo de revocación, la autoridad procederá desde luego a la ocupación, sin que ello implique que la falta de impugnación tenga como consecuenci

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22439-015ba679/expropiacion-de-bienes-arrendados-supuestos-en-los-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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