DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE ORDENA SU ADMISIÓN, NO ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO (JUICIOS ORDINARIOS MERCANTILES Y CIVILES).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 270/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y DÉCIMO PRIMERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO QUE:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, y punto segundo del diverso Acuerdo 4/2002 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que, por su naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala.
SEGUNDO. Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo pues, en el caso, fue realizada por el presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto. Para poder resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, en primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, para lo cual es necesario analizar las ejecutorias que participan en la misma.
1. Criterio del tribunal denunciante.
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el toca de revisión **********, analizó un asunto con las siguientes características:
a. Una persona física en la vía ordinaria mercantil demandó a una institución bancaria la declaración judicial de nulidad absoluta de pagarés (vouchers) generados con motivo del uso de una tarjeta de crédito, de los cuales, no reconoció su firma. En ese sentido, solicitó la devolución de la cantidad de $**********, que erogó por concepto del pago de dichos pagarés, así como los gastos y costas generados por el juicio.
b. En su contestación, la parte demandada negó la totalidad de las pretensiones formuladas por su contraparte y solicitó el llamamiento de diversas personas morales en calidad de terceros. A dicha solicitud, le recayó el proveído de fecha treinta y uno de marzo de dos mil nueve, en el que el Juez natural dio vista a la parte actora con la contestación a la demanda y requirió al demandado para efecto de que en el término de tres días exhibiera copia de los traslados para los terceros llamados a juicio, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se seguiría el juicio sin su llamamiento.
c. En contra del auto mencionado en el punto que antecede, el actor, sin agotar los medios ordinarios, promovió juicio de amparo indirecto al estimar que el llamamiento a juicio a terceros le generaba un perjuicio de imposible reparación, pues a su pensar, ello conlleva un retardo injustificado al procedimiento respectivo, razón por la cual, el juicio debió ventilarse entre las partes originales.
d. El Juez Décimo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, a quien por razón de turno correspondió conocer de la demanda de que se trata, por auto de veintidós de abril de dos mil nueve determinó su desechamiento de plano, al considerar que la admisión de llamamiento a juicio a los terceros no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación.
e. Inconforme con dicho proveído, la parte quejosa promovió recurso de revisión en el que argumentó, en la parte que interesa, que contrariamente a lo manifestado por el Juez Federal, el llamamiento a terceros tiene el carácter de acto procesal que le ocasiona perjuicios irreparables en la sentencia definitiva que llegare a dictarse, en virtud de que el permitir comparecer a juicio a personas extrañas a él, se traduce en una afectación irremediable, pues a su parecer, la controversia debe ventilarse única y exclusivamente con la parte demandada.
f. Del recurso de revisión mencionado, conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien bajo el número de expediente **********, al resolver determinó revocar la resolución sujeta a revisión, en los siguientes términos:
"Por tanto, asiste razón al impetrante cuando alega en sus agravios que el acto reclamado tiene el carácter de acto procesal que le ocasionaría perjuicios irreparables en la sentencia definitiva que llegara a dictarse; en virtud de que al comparecer a juicio las personas morales citadas, con las que no lo unió ninguna relación jurídica, ello se traduciría en una afectación, pues la controversia debería ventilarse única y exclusivamente con la ‘institución financiera’ demandada en virtud del contrato de apertura de crédito que celebraron. (énfasis añadido).
"Lo anterior porque en el caso, el llamamiento implícito de terceros a juicio, es un acto dentro del juicio que se emitió en el curso del procedimiento el cual fue tramitado ante el Juez de primera instancia, en particular el Juez de Distrito que conoció del juicio ordinario mercantil **********; por lo que, se trató de un acto de imposible reparación, que dio origen a la procedencia del juicio de amparo indirecto o biinstancial, conforme a lo dispuesto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo.
"En efecto, el caso del llamamiento a juicio de terceros, se trata de una violación procesal, que afectaría al quejoso en grado predominante por la trascendencia específica, de los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo hacía esos terceros; por tanto, la resolución que llevaba implícita la admisión de la denuncia del juicio a terceros, aun cuando fuera solicitada por cualquiera de las partes procesales (actor o demandado), es una violación de tal trascendencia y magnitud, que constituye un acto de imposible reparación, por lo que en su contra procedía el juicio de amparo indirecto.
"Ello es así, porque la mencionada litisdenunciación no sólo es una garantía de audiencia concedida en favor del tercero interesado, quien mediante su intervención en el procedimiento pudiera evitar los efectos directos o reflejos de la cosa juzgada, sino que también significa para el denunciante, en este caso el actor, la posibilidad de que la sentencia que llegare a dictarse vincule al tercero en sus efectos constitutivos o ejecutivos, de modo que éste no pueda oponer defensas a la cosa juzgada distintas de las analizadas en el juicio donde se formule la denuncia, en el posterior proceso que éste siga en su contra o en el que incoe el propio tercero.
"Resulta aplicable en lo conducente la jurisprudencia 1a./J. 102/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos doce del Tomo XXIX, correspondiente al mes de enero de dos mil nueve, Novena Época, que prevé:
"‘DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS SOLICITADA POR CUALQUIERA DE LAS PARTES PROCESALES (ACTOR O DEMANDADO). EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE NIEGA SU ADMISIÓN ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.’ (se transcribe).
"Lo anterior aun cuando en esta jurisprudencia el tema radicó en la negativa de la autoridad de llamar a juicio a los terceros, ya que en el caso a estudio, se trató en el supuesto de la aceptación implícita del Juez de primera instancia de atraer al procedimiento a los terceros citados; pues, en cuanto a este tópico, no se debe distinguir si la autoridad aceptó o no el llamamiento solicitado, sino que debe establecerse que por las características de las circunstancias en cuanto a la integración o no de terceros al juicio, cualquiera de los dos supuestos producen el mismo tipo de afectación al impetrante en sus garantías individuales.
"Por tanto, este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, no comparte el criterio que sostuvo el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis I.11o.C.28K, publicada en la página mil setecientos treinta y uno, del Tomo XXIII, correspondiente al mes de mayo de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que prevé:
"‘DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE LA ADMITE NO ES UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE QUE HAGA PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO.’ (se transcribe).
"Pues contrario a lo que establece ese criterio, al admitirse el llamamiento a terceros, aun cuando exista no exista (sic) vinculación contractual entre el actor y éstos, ello ocasiona una violación procesal predominante de tal trascendencia y magnitud, que constituye un acto de imposible reparación, por lo que resulta correcta la actitud del actor al impugnar ese acto en la vía del amparo indirecto.
"De tal forma, como en el caso se estima que se suscita un contradicción de criterios entre dos Tribunales Colegiados de Circuito en recursos de revisión en materia civil, procede denunciarla ante la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto del presidente de este órgano colegiado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en lo previsto en el punto segundo del Acuerdo General Número 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito.
"En consecuencia, al ser fundados en esencia los agravios propuestos, lo procedente es revocar el auto recurrido y ordenar admitir demanda de garantías, salvo que exista diversa causa de improcedencia que sea notoria e indudable ..."
2. Por su parte, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, analizó un asunto con las siguientes características:
a. Una persona física demandó en la vía ordinaria civil, entre otras prestaciones, la nulidad del juicio concluido tramitado en el Juzgado Trigésimo Cuarto de lo Civil del Distrito Federal, así como la nulidad del contrato de compraventa de fecha ocho de noviembre de mil novecientos noventa y uno, exhibido ante el juzgado indicado.
b. Una vez emplazado a juicio el demandado, éste dio contestación a la demanda formulada en su contra y promovió reconvención en contra del actor reclamándole, entre otras prestaciones, la declaración judicial de inexistencia del contrato de compraventa materia de la litis y, por ende, la nulidad absoluta de dicho contrato. En la reconvención, también demandó al notario público que expidió la escritura pública en la que se hizo constar el contrato referido.
c. Por acuerdo de veintisiete de junio de dos mil cinco, se admitió a trámite la reconvención planteada por el demandado en lo principal, se ordenó emplazar al actor (en lo principal), así como llamar a juicio al notario público Número Cuarenta y Ocho del Distrito Federal, corriéndole traslado de la contestación y reconvención, para que dentro del término de nueve días manifestara lo que a su derecho conviniera.
d. Inconforme con el anterior proveído, el notario público Número Cuarenta y Ocho del Distrito Federal interpuso recurso de apelación, del que correspondió conocer a la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, quien emitió resolución en el sentido de modificar el acuerdo apelado, para determinar que no había lugar a admitir la reconvención hecha valer contra el notario público aludido, al no tener el carácter de actor en el juicio principal; sin embargo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenó llamar a juicio al referido fedatario en su calidad de tercero llamado a juicio.
e. En contra de la resolución de la Sala, el revisionista promovió juicio de amparo del que conoció el Juez Noveno de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, quien al resolver consideró que el llamamiento del revisionista, al procedimiento natural en su carácter de tercero, se encuentra apegado a lo dispuesto por los numerales que prevén la intervención de un tercero en el procedimiento judicial, ya que ese llamamiento a juicio tiene como finalidad que el tercero quede vinculado a juicio, razón por la cual, estimó correcta la actuación de la Sala responsable y, por ende, negó el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada por el quejoso.
f. Inconforme con la determinación del juzgador federal, la parte quejosa promovió recurso de revisión, al considerar como un error el llamarlo a un juicio en que él carece de legitimación.
g. Por cuestiones de turno, conoció del recurso de revisión el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, bajo el número de expediente **********, en el que se resolvió revocar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo materia del recurso de revisión, en atención a las siguientes consideraciones:
"Este Tribunal Colegiado considera que en el caso es innecesario el estudio de los agravios expresados por el recurrente, en virtud de que el juicio de garantías que se revisa es improcedente, por lo siguiente:
"El artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece: (se transcribe).
"Por su parte, el artículo 114, fracción IV, de la misma ley, literalmente dispone: (se transcribe).
"Este último precepto legal dispone que el amparo indirecto es procedente contra los actos dictados en juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ‘ejecución que sea de imposible reparación’, esto es, aquellos que afectan de manera directa e inmediata los derechos fundamentales del gobernado, asegurados en la Constitución, tales como la vida, la libertad, la integridad personal, la propiedad, etcétera, en la medida de que la afectación que producen los actos de que se trata o sus efectos, no pueden destruirse, aun cuando quien los sufra se vea favorecido con el sentido de la sentencia definitiva que se llegare a dictar en el procedimiento correspondiente.
"Esto es así, porque la afectación que se produzca con tales actos durante el tiempo que perduren sus efectos queda irremediablemente consumada, pues la quejosa no podrá ser restituida de las consecuencias que temporalmente se produjeran con las violaciones intraprocesales.
"Por el contrario, los ‘actos intraprocesales’ que no tienen consecuencias de perjuicio irreparable, son aquellos que sólo inciden en las posiciones que van tomando las partes durante el procedimiento con la finalidad de obtener un fallo definitivo favorable a sus pretensiones.
"Por consiguiente, dichos actos o sus efectos se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, con el dictado precisamente de tal fallo favorable a sus pretensiones.
"Ahora bien, suponiendo que la parte quejosa no obtuviera sentencia definitiva favorable, las violaciones procesales que se hubieran cometido en su contra durante el curso del procedimiento y que hubiesen trascendido al sentido de la sentencia en cuestión, dejándola en estado de indefensión, podrá reclamarlas como violaciones al procedimiento en la vía de amparo directo, a través de los conceptos de violación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 158 y 159 de la Ley de Amparo, previa preparación de su impugnación en esa vía, conforme a los lineamientos del artículo 161 de la ley de la materia.
"Sirve de apoyo al caso, la jurisprudencia dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 3/89, sustentada entre el Segundo y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, publicada con el número 232, en la página 157, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, que a la letra dice:
"‘EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe).
"Asimismo, es aplicable la jurisprudencia número 244, visible en la página 164, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo contenido es del tenor siguiente:
"‘EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.’ (se transcribe).
"En ese contexto, el acto reclamado en el juicio de garantías que se revisa, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, consistente en la resolución de veinticinco de octubre de dos mil cinco, dictada en el toca de apelación número **********, por la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, no es un acto que tiene sobre el quejoso una ejecución de imposible reparación.
"Ello es así, porque debemos recordar que para determinar la procedencia de la vía indirecta, en tratándose de actos dentro de un juicio, existen dos reglas a saber:
"1. Que las violaciones procesales se impugnen por medio del amparo indirecto cuando afecten de manera directa o inmediata derechos sustantivos;
"2. Que tales violaciones aunque sean eminentemente procesales afecten a las partes en grado predominante o superior.
"Esa afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo; circunstancias todas éstas, cuya concurrencia obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se desarrolle todo el procedimiento y recaiga la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal, no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo.
"En el caso concreto, el acto reclamado en el juicio de amparo que se revisa y en el que se admitió la denuncia del juicio a un tercero, no encuadra dentro de la primera regla ya apuntada, por constituir una violación procesal que no afecta las defensas del quejoso, es decir, no es de imposible reparación, como lo exige el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues el único efecto que tiene es vincularlo a la relación procesal en la que podrá defender sus derechos.
"Lo anterior, porque el artículo 22 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, dispone: (se transcribe el artículo).
"Precepto legal que constituye el fundamento para que sean llamados a juicios terceros para que les depare o no perjuicio la sentencia que se llegue a dictar en la controversia principal.
"En efecto, la disposición en comento autoriza la intervención en el procedimiento judicial del tercero que tenga interés jurídico, lo que ocurre cuando puede resultar afectado por la sentencia dictada en el conflicto, para que una vez que es llamado a juicio o interviene en él con todas las formalidades que establece el artículo 14 constitucional, quede sujeto a lo que resuelva el Juez al pronunciar sentencia; de ahí que, de acuerdo con la norma dicho tercero se convierte en parte que, como ya se dijo, queda sujeta al resultado de la sentencia.
"La denuncia de un juicio a terceros, o sea, la intervención obligada o forzosa de un extraño a la relación procesal iniciada, tiende a sujetar a éste a la decisión que se pronuncie en la sentencia para que pueda surtir efectos de cosa juzgada, no solamente para el demandado, sino también para el tercero.
"Por tanto, el auto que admite la denuncia del juicio a terceros no genera una afectación directa e inmediata a derechos sustantivos, es decir, no constituye un acto de imposible reparación, por no afectar de manera directa e inmediata esos derechos.
"Por otra parte, tampoco encuadra en el diverso criterio de irreparabilidad que como excepción a la regla ha considerado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se da, respecto de violaciones eminentemente procesales pero cuyo grado exorbitante de afectación requiere su impugnación inmediata.
"Lo anterior, en virtud de que conforme al criterio de irreparabilidad sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que proceda el amparo contra dichos actos debe valorarse en cada caso si los efectos que produce el acto reclamado pueden subsanarse con el dictado de un fallo favorable al promovente.
"Así, contra la resolución que admite la denuncia de juicio a terceros dentro de un juicio, no puede hacerse valer la acción constitucional ante un Juez de Distrito, puesto que hasta que se dicte la sentencia definitiva se determinará si depara o no perjuicio lo resuelto en el juicio, es decir, que esa declaratoria constituye una violación procesal factible de impugnarse en amparo directo una vez que se haya pronunciado sentencia, en la cual el juzgador de origen se ocupará de la institución a que se ha hecho referencia.
"En efecto, será hasta el dictado de la sentencia definitiva cuando se advierta si el quejoso, hoy recurrente sufre o no una afectación a sus garantías individuales, puesto que el solo hecho de que se le llame a juicio como tercero, no implica que se le haya afectado en de manera directa e inmediata, en grado extraordinario sus derechos sustantivos tutelados por las garantías individuales que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales.
"No es óbice a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 39/2000, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, enero de 2001, visible en la página 17, que establece: ‘DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE NIEGA SU ADMISIÓN, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.’ (se transcribe).
"En efecto, dicha tesis se refiere al caso en que se niega el llamado a terceros, porque ello priva al quejoso de que el juicio se siga en todas sus fases, en contra de todas las que deben ser llamadas al mismo, en detrimento de la garantía individual que consagra el artículo 17 constitucional, situación que no podrá ser reparada en la sentencia definitiva, porque la autoridad no puede revocar su propia determinación de no llamar al tercero. Supuesto que no acontece cuando si se ordena llamar al tercero a juicio, pues en este caso el hecho de que se siga en su contra el procedimiento, en si mismo no le causa un agravio irreparable, si en la sentencia definitiva se decreta que no le para perjuicio la sentencia; y, en caso contrario, podrá impugnar como violación procesal su indebido llamamiento a juicio en el amparo directo que promueva contra el fallo definitivo (énfasis añadido).
"Máxime, que el peticionario de garantías durante el procedimiento de origen podrá acreditar que no le causa perjuicio alguno la controversia suscitada en el juicio natural a efecto de que obtenga una sentencia favorable, es decir, que a través del llamamiento a juicio se observa la garantía de audiencia del quejoso (énfasis añadido).
"Por tanto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, de la Ley de Amparo; y, por ende, procede sobreseer el juicio de garantías que se revisa, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción III, del mismo ordenamiento legal citado ...
"Por consiguiente, lo que procede es revocar el fallo recurrido y, por ende, sobreseer el juicio de amparo que se revisa."
Del anterior argumento, derivó la tesis aislada de rubro y texto siguientes:
"DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE LA ADMITE NO ES UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE QUE HAGA PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. El auto o resolución que admite la denuncia del juicio a terceros, para que les pare perjuicio la sentencia que en él se dicte, es un acto dentro del juicio por emitirse en el curso del procedimiento tramitado ante el Juez de primera instancia; pero, cuya ejecución no es de imposible reparación a efecto de que sea procedente el juicio de amparo indirecto o biinstancial, conforme a lo dispuesto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo; lo anterior, en virtud de que el hecho de que se siga el procedimiento en contra del tercero llamado a juicio, en sí mismo no le causa un agravio irreparable si en la sentencia definitiva se decreta que no le para perjuicio; y, en caso contrario, podrá impugnar como violación procesal su indebido llamamiento a juicio en el amparo directo que promueva contra el fallo definitivo. Sin que sea obstáculo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 39/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 17, de rubro: ‘DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE NIEGA SU ADMISIÓN, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.’, dado que dicha tesis se refiere al caso en que se niega el llamado a terceros; supuesto en el que se priva al quejoso de que el juicio se siga en todas sus fases, en contra de todas las personas que deben ser llamadas a él, en detrimento de la garantía individual que consagra el artículo 17 constitucional, y la cual no podrá ser reparada en la sentencia definitiva, porque la autoridad no puede revocar su propia determinación de no llamar al tercero; sin embargo, como se expresó, tal circunstancia no ocurre en el supuesto en que se admite el llamamiento a terceros, habida cuenta que esa denuncia por sí sola no ocasiona un agravio irreparable."(3)
CUARTO. Existencia de la contradicción. De conformidad con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la nueva mecánica para abordar la procedencia de las contradicciones de tesis no necesita ya pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la tesis de jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, cuyo rubro dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.",(4) puesto que dicho criterio fue ya interrumpido.
Una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúnan una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados.
Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente será indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo. Dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales.
Resumiendo: si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios, y si el problema radica en los procesos de interpretación -que no en los resultados-, adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:
1. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
2. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
El discernimiento expuesto, es tomado y resulta complementario del criterio sustentado por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL.(5)
Por otro lado, cabe señalar que aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer, siendo aplicable la tesis L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.", emitida por el Pleno de esta Suprema Corte.(6)
Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala los tribunales contendientes al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se desprende de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes, las cuales se detallaron en el considerando tercero de la resolución.
Segundo requisito: razonamiento y diferendo de criterios interpretativos. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que en los ejercicios interpretativos realizados por l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22177-127d8e23/denuncia-del-juicio-a-terceros-el-auto-o · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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