SENTENCIA DEFINITIVA. EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES AL EN QUE SURTIÓ EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE SU ACLARACIÓN, NO ES EXTEMPORÁNEO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 169/2007-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO PRIMERO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el punto cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno; por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, contradicción que se encontraba radicada en el Tribunal Pleno, sin embargo, no se requiere su intervención, ya que sobre el tema objeto de estudio, existen diversos precedentes que lo resuelven.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, toda vez que la formuló la presidenta del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien está facultada para hacerlo en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República y 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver lo conducente, es preciso tener presentes las consideraciones que sustentan las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, que dan lugar a esta posible contradicción de tesis.
A) El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la ejecutoria que pronunció al resolver, por mayoría de votos, el amparo directo 377/2007, en esencia, consideró lo siguiente:
"PRIMERO. Mediante escrito presentado el cuatro de febrero de dos mil cinco, ante la Oficialía de Partes Común Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que por razón de turno correspondió su conocimiento al Juzgado Vigésimo Segundo de lo Familiar de esta ciudad, **********, ***********, ********** y ********** en representación de **********, quien actúa en representación de sus menores hijos ********** e **********, ambos de apellidos **********, demandó en la vía de controversia del orden familiar sobre alimentos de **********, las siguientes prestaciones: (se transcribe). Los hechos fundatorios de la demanda se hicieron consistir: (se transcribe). El demandado ********** por su propio derecho, dio contestación a la demanda, negando cualquier acción o derecho para demandar las prestaciones reclamadas. En cuanto a los hechos, manifestó lo siguiente: (se transcribe). Dicho codemandado opuso las siguientes excepciones y defensas: (se transcribe). SEGUNDO. Seguido el juicio por su trámite el ocho de septiembre de dos mil seis, la Juez Vigésimo Segundo de lo Familiar del Distrito Federal, dictó sentencia que concluyó con los siguientes puntos resolutivos: (transcribe). Inconformes con ese fallo ambas partes, interpusieron recursos de apelación, los cuales se sustanciaron ante la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la que con fecha tres de enero de dos mil siete, confirmó la sentencia apelada. En contra de la anterior resolución, la parte actora **********, en representación de **********, quien actúa en representación de sus menores hijos ********** e **********, ambos de apellidos **********; así como **********, representado por **********, promovieron sendos juicios de garantías, de los cuales correspondió su conocimiento por razón de turno a este Tribunal Colegiado, radicándose con los números DC. 98/2007 y DC. 99/2007, respectivamente. Ahora bien, por unanimidad de votos en ejecutoria de veintiséis de marzo de dos mil siete, se determinó en el DC. 98/2007 conceder a la quejosa la protección constitucional solicitada, en tanto que en la diversa ejecutoria dictada en la misma fecha se determinó en el DC. 99/2007 sobreseer el amparo al quejoso. La ejecutoria que concedió a la impetrante de garantías la protección constitucional solicitada, es del tenor literal siguiente: (se transcribe). En cumplimiento de la ejecutoria de amparo, el tribunal responsable dejó sin efectos la sentencia reclamada y dictó nueva sentencia con fecha diecisiete de abril del año en curso, mediante la cual modificó la sentencia definitiva apelada, para quedar como sigue: (se transcribe). Tal resolución se notificó a las partes el diecinueve de abril de dos mil siete, la que surtió sus efectos al día siguiente. La parte actora por escrito presentado el veintitrés de abril del presente año, solicitó a la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, realizara aclaración a la sentencia antes mencionada. La resolución de aclaración de sentencia se notificó a las partes el dos de mayo de dos mil siete, la que surtió sus efectos al día siguiente, por lo que el término de quince días para promover el amparo directo transcurrió del cuatro al veinticuatro del mismo mes y año, descontando los días cinco, seis, doce, trece, diecinueve y veinte de mayo del año en curso, por ser inhábiles. Lo anterior es así, porque la resolución que aclara una sentencia dictada en un juicio ordinario es parte integrante de ésta, pues hasta en tanto se dicta el segundo fallo, el primero viene a tener el carácter de sentencia definitiva, por lo que el término para promover el juicio de amparo empieza a correr después de que se notifica la resolución de aclaración. Es aplicable la jurisprudencia de la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo IV, Sexta Época, página 17, que dice: ‘ACLARACIÓN DE SENTENCIA.’ (se transcribe). También es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, mayo de 1997, Novena Época, página 329, del tenor siguiente: ‘ACLARACIÓN DE SENTENCIA, CÓMPUTO PARA PROMOVER EL AMPARO EN CASO DE.’ (se transcribe). Ahora bien, este tribunal considera que lo asentado en líneas que anteceden no contradice la jurisprudencia P./J. 149/2005, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, diciembre de 2005, página 5, de rubro: ‘ACLARACIÓN DE SENTENCIA. SU TRAMITACIÓN NO IMPIDE QUE SE PROMUEVA AMPARO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA AUN CUANDO AQUÉLLA ESTÉ PENDIENTE DE RESOLUCIÓN.’, en razón de que no se está en el supuesto de la misma, porque la cuestión que dilucida es la extemporaneidad de la demanda de amparo directo, si se presentó antes de que se resolviera la aclaración de sentencia; situación distinta a la que nos ocupa, en la que la demanda fue presentada dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que surtió efectos la notificación de la resolución de aclaración de la sentencia. Además, de la ejecutoria que dio origen a la mencionada jurisprudencia, se advierte que el Pleno del Máximo Tribunal del país dijo: ‘Por otra parte la demanda de garantías debe interponerse en el término que establece la ley de la materia. Dicho plazo de quince días empieza a correr a partir de la notificación de la aclaración de sentencia, para promover, según sea el caso, el juicio de amparo en contra de esa resolución, o bien, la ampliación de la demanda de amparo que en contra de la sentencia definitiva se haya interpuesto previamente al pronunciamiento sobre la aclaración.’, de donde se colige que no se contradice de ninguna manera el criterio jurisprudencial invocado, sino que se refuerza con el mismo contenido de la citada ejecutoria."
El Tribunal Colegiado de referencia, en términos similares, se pronunció al resolver, por mayoría de votos, el diverso amparo directo 403/2007.
B) El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 387/2006-13, en la parte que interesa, sostuvo lo siguiente:
"SEGUNDO. Es innecesario analizar las consideraciones que sustenta la sentencia recurrida, así como los agravios expresados en su contra, al advertirse que contra la resolución de ocho de agosto de dos mil seis, dictada por la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el toca 916/2006/1, relativa a la apelación de los medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil 273/2006, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, cuyo estudio, por ser una cuestión de orden público, se efectúa de oficio y de manera preferente, en términos de la última parte del precepto legal invocado, conforme a lo dispuesto por el numeral 91, fracción III, de dicha ley, en relación con lo conducente de la jurisprudencia 234, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 192 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917-2000, que es de este tenor: ‘IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe). En efecto, el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, párrafo primero, establece: (se transcribe). Los artículos referidos en este precepto son del siguiente tenor literal: (se transcribe). De lo anterior se obtiene que, por regla general, el amparo debe promoverse dentro de los quince días contados a partir de los supuestos indicados en el numeral 21, el que interesa, a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que regula el acto reclamado, excluyéndose de esta regla, los supuestos previstos en los ordinales 22 y 218. En el caso, la notificación de la resolución de ocho de agosto de dos mil seis, dictada por la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el toca 916/2006/1, relativa a la apelación de los medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil, se publicó en el Boletín Judicial número 17, de nueve de agosto de ese año, la cual surtió efectos el diez siguiente. El plazo de quince días para la promoción del juicio de garantías, transcurrió del once de agosto al cuatro de septiembre de dos mil seis. Los días inhábiles fueron el doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis, veintisiete y treinta y uno de agosto, así como uno, dos y tres de septiembre. Por su parte, la quejosa **********, Sociedad de Responsabilidad Limitada, por conducto de su apoderado legal, promovió demanda de amparo indirecto, la cual fue presentada el once de septiembre de dos mil seis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal. Como puede advertirse, la demanda de garantías resulta notoriamente extemporánea, al haberse presentado fuera del lapso de quince días, con un exceso de siete días naturales (cinco hábiles). Lo cual pone de relieve que la quejosa ha consentido tácitamente el acto reclamado, ante la inoportuna presentación de la demanda de amparo, lo que actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, que da lugar a sobreseer en el juicio de garantías, acorde a lo dispuesto por el numeral 73, fracción III, del propio ordenamiento legal. No es óbice a lo anterior, la circunstancia de que por escrito de catorce de agosto de dos mil seis, la promovente de los medios preparatorios a juicio ejecutivo haya solicitado la aclaración de la respectiva resolución y que la misma procediera, atento al proveído de quince de agosto siguiente, cuya notificación se hizo mediante Boletín Judicial número 22, del dieciséis de ese mes, y que surtió efectos el diecisiete. Es así, en virtud de que la aclaración de una sentencia, no participa del prototipo de los medios de defensa establecidos para nulificar, revocar o modificar el acto reclamado, que deba necesariamente agotarse para cumplir con el principio de definitividad rector del juicio de garantías, pues ni siquiera debe esperarse el resultado de la aclaración para intentar inmediatamente la acción constitucional, dentro del plazo legal. Así lo ha señalado el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien, entre otras razones jurídicas tenidas en cuenta, al resolver la contradicción de tesis 12/2005-PL, expresó las que se reproducen a continuación: (se transcriben). Consideraciones que nutrieron la jurisprudencia P./J. 149/2005, publicada en la página 5 del Tomo XXII, diciembre de 2005, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es de este tenor: ‘ACLARACIÓN DE SENTENCIA. SU TRAMITACIÓN NO IMPIDE QUE SE PROMUEVA AMPARO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA, AUN CUANDO AQUÉLLA ESTÉ PENDIENTE DE RESOLUCIÓN.’ (se transcribe). Respecto al auto de quince de agosto de dos mil seis, recaído a la aclaración planteada, igualmente resulta improcedente la acción constitucional, al actualizarse la causal prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 116, fracción V, de dicha ley, en estricta observancia de la jurisprudencia 169 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 114 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917-1995, que reza: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO.’ (se transcribe). Los preceptos que informan la causal de improcedencia en análisis son del siguiente tenor: (se transcriben). Pues bien, en la demanda de amparo se señaló como acto reclamado la resolución recaída a la aclaración de sentencia pedida por el promovente de los respectivos medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil; sin embargo, de la atenta lectura de dicha demanda, no se advierte concepto de violación dirigido a atacar la aclaración adoptada, sino que todos están encaminados a controvertir la resolución de ocho de agosto de dos mil seis, recaída en la apelación de tal procedimiento prejudicial. Para corroborar esta conclusión, se transcribe el auto aclaratorio y los conceptos de violación expresados: (se transcriben). Los conceptos de violación son de este tenor: (se transcriben). Bajo ese contexto, es claro que la omisión de expresar conceptos de violación contra la aclaración de sentencia, revela el incumplimiento de lo dispuesto por el artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que actualiza la causal de improcedencia establecida en el numeral 73, fracción XVIII, en términos de la jurisprudencia transcrita en último término, lo que provoca el sobreseimiento en el juicio de garantías respecto a dicha aclaración de sentencia. El sobreseimiento decretado contra actos de las autoridades ordenadoras, debe hacerse extensivo a los actos de ejecución, al no haberse combatido por vicios propios, de acuerdo con la jurisprudencia 516, de la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, localizable en la página 339 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice de 1995, que dice: ‘SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.’ (se transcribe). En las narradas circunstancias, debe revocarse la sentencia recurrida y sobreseer en el presente asunto."
CUARTO. Como una cuestión previa, cabe precisar que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, ha considerado que dichos preceptos regulan lo relativo a la contradicción de tesis sobre una misma situación jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia y que, por tesis, debe entenderse la posición que, manifestada mediante una serie de proposiciones que se expresan con el carácter de propias, adopta el tribunal en la solución de un negocio jurídico.
Asimismo, este Alto Tribunal ha considerado que para que exista materia a dilucidar respecto a un criterio que prevalezca debe existir cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión; es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas, vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las fuentes primordiales de las tesis que sustentan los órganos jurisdiccionales.
En otros términos, se da la contradicción anterior cuando concurran los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes.
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Al respecto, es aplicable la siguiente jurisprudencia:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
QUINTO. Precisado lo anterior, lo que procede es examinar si en la especie existe o no la contradicción de tesis sustentadas entre los Tribunales Colegiados de Circuito.
Analizadas las ejecutorias emitidas por los Tribunales Colegiados, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que sí existe la contradicción de criterios denunciada.
a) En principio, se encuentra satisfecho el requisito consistente en que al resolverse los negocios jurídicos sometidos a la consideración de los Tribunales Colegiados, se examinó una cuestión jurídica esencialmente igual, relativa a determinar si el amparo promovido en contra de la sentencia definitiva dentro de los quince días siguientes a la notificación de la aclaración de sentencia recaída a la misma es extemporáneo o no. Siendo que al respecto los Tribunales Colegiados en mención adoptaron posiciones o criterios discrepantes:
A) El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito consideró que la resolución que aclara una sentencia dictada en un juicio ordinario es parte integrante de ésta, pues hasta en tanto se dicta el segundo fallo, el primero viene a tener el carácter de sentencia definitiva, por lo que el término para promover el juicio de amparo empieza a correr después de que se notifica la resolución de aclaración, no siendo aplicable la jurisprudencia registrada con el número P./J. 149/2005.
B) Por su parte, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostuvo que la aclaración de una sentencia no participa del prototipo de los medios de defensa establecidos para nulificar, revocar o modificar el acto reclamado, que deba necesariamente agotarse para cumplir con el principio de definitividad rector del juicio de amparo, pues ni siquiera debe esperarse al resultado de la aclaración para intentar inmediatamente la acción constitucional dentro del plazo legal, consideración que nutrió la jurisprudencia P./J. 149/2005.
Como se advierte del análisis comparativo de los criterios referidos, los Tribunales Colegiados contendientes arribaron a diferentes conclusiones en relación con el mismo tema jurídico.
b) Asimismo, la diferencia de criterios se presenta en las consideraciones, razonamientos e interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; como se advierte de las ejecutorias que obran en copias certificadas en el expediente en que se actúa, y de los argumentos expresados por los Tribunales Colegiados contendientes para sustentar sus criterios.
c) Por último, también se acredita el requisito consistente en que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Lo anterior, en virtud de que los Tribunales Colegiados, tomando en cuenta que se había dictado una sentencia definitiva y con posterioridad se emitió la resolución que aclara dicha sentencia, analizaron la procedencia del juicio de amparo; cuestionándose si es procedente o no cuando se promueve contra la resolución que aclara la sentencia, es decir, si debe impugnarse la sentencia definitiva o si, por el contrario, la aclaración abre la posibilidad de impugnar hasta ese momento.
Ello permite concluir que, en este caso, sí existe contradicción de tesis en el punto medular, como quedó apuntado con anterioridad.
No es obstáculo a lo anterior la circunstancia de que los criterios en contraposición no constituyan jurisprudencia, porque los artículos 107, fracción XIII, párrafos primero y tercero, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para resolverla no imponen dicho requisito.
En relación con este punto cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno, que es la siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 27/2001
"Página: 77
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."
SEXTO. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Como quedó expuesto en el considerando que antecede, el tema de la presente contradicción de tesis se circunscribe a determinar si el amparo promovido en contra de la sentencia definitiva dentro de los quince días siguientes a la notificación de la aclaración de sentencia recaída a la misma es extemporáneo o no.
Es de previo y especial pronunciamiento establecer la base constitucional que habrá de sustentar el sentido de la presente ejecutoria.
De esta manera, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone lo que a continuación se transcribe:
"Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil."
Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión.
El criterio anterior, es el que informa la jurisprudencia que es del tenor siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXV, abril de 2007
"Tesis: 1a./J. 42/2007
"Página: 124
"GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos."
El mandato contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de administrar justicia lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial; en cuyo cumplimiento deben concurrir, por una parte, el legislador al establecer normas adecuadas para esos propósitos y, por otra, toda autoridad que realice actos materialmente jurisdiccionales; es decir, todos aquellos órganos del Estado que, formando o no parte del Poder Judicial, tienen encomendada la tarea de resolver controversias, decidiendo el derecho entre las partes.
De esta manera, el derecho fundamental contenido en la disposición constitucional en análisis, adicionada por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y siete, fue instituido por el Constituyente a fin de que cualquier sujeto pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia, ya que las contiendas que surgen entre los gobernados necesariamente deben ser dirimidas por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición constitucional de que los particulares se hagan justicia por sí mismos.
Esto es, al estar superada por el Estado de derecho la vieja práctica de la venganza privada, o sea de la justicia que se realiza por propia mano, se deduce que la jurisdicción es un principio ineludible del orden jurídico constitucional, impuesto a los individuos para la definición de sus derechos subjetivos, por virtud del cual se les otorga la facultad de pedir de los órganos jurisdiccionales la aplicación de las normas jurídicas a casos concretos, ya sea con el propósito de esclarecer una situación jurídica dudosa, ya el de declarar la existencia de una obligación y, en caso necesario, hacerla efectiva.
La garantía de administración de justicia contemplada en el artículo 17 constitucional consagra a favor de los gobernados los principios siguientes:
1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de los órganos y las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes.
2. Justicia completa, esto es, que la autoridad que conoce del asunto y va a resolver la controversia, e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21171-17140d75/sentencia-definitiva-el-amparo-promovido-en-su-contra · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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