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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. SI DURANTE SU TRÁMITE EL JUEZ DE DISTRITO DEJA SIN EFECTOS LA MEDIDA CAUTELAR POR NO HABER SIDO EXHIBIDA LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE, EL RECURSO NO QUEDA SIN MATERIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 450/2009. · Registro digital (IUS): 22192
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, , Pág. 692.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 450/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de esta denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con los puntos sexto y octavo del Acuerdo 5/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en tanto que los asuntos de los que deriva el punto de contradicción son del orden común.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pues, en el caso, fue denunciada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, por lo que formalmente se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO. Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.

Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. Dentro del incidente en revisión 320/2009, el diez de septiembre de dos mil nueve el Tribunal Colegiado antes señalado resolvió sobre la impugnación interpuesta en contra de la interlocutoria dictada en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo **********, del índice del juzgado Décimo Sexto de Distrito en Córdoba, Veracruz. El mencionado asunto deriva de un juicio ejecutivo mercantil en donde la quejosa, hoy recurrente en el recurso a que se hace referencia, fue condenada al pago reclamado.

En el referido asunto, tras interponer juicio de amparo en contra del auto dictado en primera instancia, el Juez de Distrito, dentro del incidente correspondiente, ordenó la suspensión definitiva, la cual surtiría sus efectos siempre y cuando se cumplieran los requisitos de la misma, entre ellos, el otorgar la garantía requerida.

En contra de esta determinación, la parte quejosa, recurrente en el incidente de revisión de que se trata, consideró en sus agravios que el monto fijado para la garantía fue fijado arbitrariamente por el Juez de Distrito, basándose en conceptos como la reparación del daño y el pago de perjuicios, lo que a su parecer era incorrecto.

Estando en trámite el incidente de revisión, el Juez de Distrito informó al Tribunal Colegiado que había dejado sin efectos la suspensión porque el recurrente no exhibió la garantía requerida.

Respecto a la materia de la presente contradicción de tesis el Tribunal Colegiado dictó las siguientes consideraciones al resolver dicho incidente de revisión:

"CUARTO. Resulta innecesario hacerse cargo del estudio de los agravios aducidos, toda vez que este órgano colegiado advierte de las constancias que integran el expediente relativo al incidente a que este toca se refiere, que debe declararse sin materia el recurso de revisión intentado.

"Previamente, cabe traer a colación que en la interlocutoria recurrida, el Juez de Distrito determinó conceder la suspensión definitiva solicitada previa garantías que el quejoso debía cubrir de la forma siguiente:

"‘La caución que garantiza el posible interés material del tercero perjudicado, que se ve afectado por la suspensión del acto reclamado, que establece en su favor una condena líquida o de fácil liquidación debe comprender dos partidas, a saber:

"‘Una primera partida, cuya estimación queda al prudente arbitrio del Juez, cuya cuantía debe responder por los daños que con tal medida se pueden causar a la parte tercera perjudicada, es decir, la pérdida o menoscabo que jurídicamente acarrea a esta última no disponer, mientras se resuelve el juicio de amparo, de la suma que le corresponde conforme a la condena judicial, tomando en cuenta que la suspensión obra únicamente sobre la ejecución de ese fallo, que no afecta su validez, que no lo socava ni trasciende a su existencia o a la posibilidad jurídica de que lo determinado en él llegue a concretarse; de donde se sigue que esta partida debe ser inferior al importe de la condena, puesto que solamente tiende a resarcir el daño o menoscabo de su poder adquisitivo por el diferimiento de su pago hasta que se resuelva el amparo, de ahí que la suscrita estima fijar como garantía por este concepto **********, ello al considerar el monto que se le requiere en el auto que en esta vía se reclama. Por otra parte, la caución en comento debe comprender una segunda partida donde se garanticen los perjuicios que la medida cautelar pueda provocar al tercero perjudicado, es decir, la privación de las ganancias lícitas que obtendría éste de tener bajo su dominio durante el tiempo que dure el correspondiente juicio de garantías, y que consiste en la cantidad de **********, suma que se fija al considerar el término probable de duración del juicio constitucional al que se refiere este incidente, el cual se fija en seis meses, y el interés legal que el importe de la cantidad exigida devengaría durante ese plazo, el cual corresponde al seis por ciento anual, en términos del artículo 362 del Código de Comercio, multiplicado por este factor el monto requerido que asciende a **********.’

"Aparece, asimismo, de los autos del incidente en cuestión que mediante acuerdo de ocho de julio de dos mil nueve, el Juez Federal determinó, en la parte que interesa, lo siguiente: ‘Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, en atención a su contenido, téngase a **********, autorizado de la parte quejosa, exhibiendo la cantidad en efectivo de **********, como garantía, que le fuera requerida al quejoso para que surtiera efectos la suspensión definitiva del acto reclamado, por concepto de daños. Asimismo, expídasele copia fotostática simple de la constancia que indica en su ocurso de mérito, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, autorizando para recibirlas a las personas que indica, previa identificación y firma que se otorgue en autos, indicándole que con la finalidad de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de diez de la mañana a doce del día. Realícense las anotaciones en el libro correspondiente y entréguese el numerario a cualquiera de los actuarios para que proceda a canjearlo por un billete de depósito a nombre de la parte quejosa y por la cantidad de ********** para que surta efectos la suspensión definitiva, únicamente por concepto de daños. Signifíquese a la parte quejosa que por interlocutoria de veinticinco de junio del año que transcurre se le otorgó la medida cautelar a efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se ejecute el acto reclamado bajo las condiciones ahí precisadas, entre las que destacan la garantía de los daños y perjuicios que con ello le pudieran ocasionar a la parte tercera perjudicada, motivo por el cual se establecieron dos partidas, la primera respecto a los daños por la cantidad de **********, y la segunda por cuanto hace a los perjuicios consistente en la cantidad de **********. En mérito de lo expuesto y en atención a la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no dio cumplimiento a la medida decretada por la suscrita para que continuara vigente la suspensión definitiva otorgada en este asunto, consistente en garantizar los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a la parte tercera perjudicada con la concesión de dicha medida suspensional; en consecuencia, conforme a lo dispuesto por los artículos 138, segundo párrafo y 139 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, se hace efectivo el apercibimiento decretado mediante interlocutoria de veinticinco de junio del año en curso y se deja sin efecto la suspensión definitiva allí concedida, por lo que quedan expeditas las facultades de la autoridad responsable para ejecutar el acto aquí reclamado ...’

"Lo anterior, en razón de que el quejoso únicamente exhibió el monto de diez mil pesos, relativo a la garantía para que surtiera efectos la suspensión definitiva concedida, específicamente por cuanto hace al concepto de los daños, no así la que corresponde a los perjuicios cuyo importe asciende **********. Así se comprueba de la lectura del proveído mencionado, consultable a foja setenta del cuaderno incidental relacionado.

"Incluso, a fojas setenta y cuatro de tal expediente, consta la notificación a la autoridad responsable, del proveído de ocho de julio de dos mil nueve.

"En ese orden de ideas, se arriba a la conclusión de que este recurso de revisión ha quedado sin materia en virtud del acuerdo emitido por el Juez de Distrito posteriormente a que se concedió la medida suspensional requerida, al no poder hacerse pronunciamiento sobre actos insubsistentes.

"Ello se estima así, porque la concesión de la suspensión de los actos que motivó el recurso de revisión por la parte tercero perjudicada, como lo puso de manifiesto el a quo, surtió efectos desde luego, con la salvedad de que dejaría ‘... de hacerlo si en el término de cinco días contados a partir de la notificación de este auto, la parte quejosa no constituye garantía, con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Amparo en los términos que a continuación se especifican ...’, siendo éstos los referentes a las garantías por concepto de daños y perjuicios; de ahí que si el Juez de Distrito hizo efectivo el apercibimiento y dejó sin efectos la suspensión definitiva que le había otorgado, evidente resulta que no existe materia para la revisión, pues ésta tenía por objeto cuestionar las garantías fijadas para que surtiera efectos la suspensión, pero si esta medida cautelar fue revocada, entonces ya no existe la resolución impugnada en este recurso, porque la que rige ahora es la negativa de la medida suspensional.

"Orienta el criterio de este tribunal, por las razones que las informan, la jurisprudencia y tesis que a continuación se detallan:

"‘INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN QUEDADO SIN EFECTO.’ ...

"‘SUSPENSIÓN. SURTE EFECTOS DESDE LUEGO, PERO DEJA DE HACERLO SIN NECESIDAD DE PRONUNCIAMIENTO EXPRESO, SI EL QUEJOSO NO EXHIBE DENTRO DEL PLAZO LEGAL LA GARANTÍA EXIGIDA, POR MÁS QUE IMPUGNE LA LEGALIDAD DE ÉSTA.’ ...

"‘REVISIÓN. PROCEDE CONTRA EL AUTO QUE DECLARA QUE «SE DEJA SIN EFECTOS» LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, POR INCUMPLIMIENTO DE ALGUNA DE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO IMPUESTAS.’ ..."(3)

Criterio sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Al resolver la revisión 97/2002, el catorce de febrero de dos mil dos, el Tribunal Colegiado resolvió en lo concerniente a la impugnación de la interlocutoria dictada en el incidente de suspensión correspondiente que se suscitó dentro del juicio de amparo **********, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, cuyo tema versó sobre la inconformidad por el monto fijado como garantía al otorgarle la suspensión definitiva en contra de la orden de aprehensión que le fue fijada por un Juez de la causa penal.

El quejoso promovió amparo indirecto en contra de una orden de aprehensión. El Juez de Distrito concedió la suspensión definitiva y para que ésta surtiera efectos, fijó una garantía al quejoso. Inconforme con el monto de la misma, el quejoso interpuso recurso de revisión. Estando en trámite el recurso, el Juez de Distrito informó que dejó sin efectos la suspensión definitiva debido a que el quejoso no exhibió la garantía correspondiente.

Respecto a la materia de la presente contradicción de tesis el Tribunal Colegiado sostuvo las siguientes consideraciones:

"SEXTO. No obstante lo expuesto en el considerando que antecede, en suplencia de queja deficiente conforme al artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, este tribunal estima que en el caso la garantía de **********, que el Juez de amparo impuso como medida de aseguramiento para que continuara surtiendo sus efectos la suspensión definitiva que fue concedida al quejoso, resulta elevada.

"Efectivamente, si bien el artículo 136 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales confiere al Juez de Distrito la facultad de fijar el monto de la garantía para los efectos de la suspensión en los casos de órdenes de aprehensión, y queda al prudente arbitrio del Juez fijar las medidas que estime necesarias para que el quejoso sea reintegrado ante la autoridad respectiva de negársele el amparo solicitado y además para que la suspensión no impida la continuación del procedimiento, y es el propio artículo 136 el que reglamenta la suspensión en tratándose de órdenes de aprehensión, sin que deba sujetarse a los lineamientos del artículo 125 de la ley de la materia, en virtud de que este precepto sólo es aplicable en los casos en que la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, para garantizar como pretende el a quo el monto del daño causado, pero no en el caso concreto, pues por tratarse de amparo en materia penal y el acto reclamado un mandamiento de captura, por disposición expresa de la fracción III del artículo 5o. de la ley reglamentaria en cita, no existe tercero; siendo, como ya se dijo, el artículo 136, el que específicamente prevé las normas que deben seguirse para la concesión de la suspensión respecto de este tipo de actos, y en base a las facultades contenidas en el párrafo cuarto del citado numeral, el Juez de Distrito al fijar la garantía para que continúe surtiendo sus efectos la suspensión concedida, no tiene que ceñirse a lo que establecen las leyes procesales federales o locales aplicables, ni de acuerdo a los límites fijados por la fracción I del artículo 20 constitucional, porque tal medida de aseguramiento no constituye una libertad provisional bajo caución, donde sí habría obligación de garantizar el posible daño, pero no en la medida suspensional que se otorga contra actos que como en el caso afectan la libertad personal, y tiene como objeto impedir la aprehensión del quejoso, y conservar la materia del amparo y, por ende, la citada medida si bien queda al prudente arbitrio o criterio del Juez Federal en cuanto a su idoneidad, no parte de los presupuestos y razones en cuanto a su monto que el otorgamiento de la libertad caucional, pues se trata de instituciones totalmente diversas.

"Así, en el caso a estudio, el Juez de amparo al condicionar la suspensión definitiva del acto reclamado para que la misma continuara surtiendo sus efectos, a garantizar la cantidad de **********, tomando en consideración ‘... el monto probable del daño patrimonial causado con la comisión de dicho delito ...’, resulta ilegal, toda vez que no expone algún otro razonamiento lógico y jurídico que motiven dicho monto, y además porque la concesión de la suspensión definitiva, tratándose de un acto restrictivo de la libertad, no contempla que se garantice el monto del daño patrimonial causado, como se advierte del artículo 124 Bis de la Ley de Amparo, que previene, que: ‘... El Juez de amparo fijará el monto de la garantía tomando en cuenta los elementos siguientes: I. La naturaleza, modalidades y características del delito que se impute al quejoso; II. La situación económica del quejoso, y III. La posibilidad de que el quejoso se sustraiga a la acción de la justicia.’; de donde se desprende que de acuerdo a la recta interpretación del citado precepto, el garantizar el monto del daño, no constituye un requisito para conceder la suspensión definitiva, en tratándose de actos restrictivos de la libertad, sin perjuicio de asomarse al fondo del asunto y observar la naturaleza, modalidades y características del delito para fijar una garantía justa y asequible que asegure la finalidad de la suspensión, que no es otra que preservar la materia del amparo, sin impedir la continuación del procedimiento y sin que el quejoso burle la acción de la justicia y pueda ser devuelto a la autoridad responsable si se le negare el amparo.

"En tal virtud, debe modificarse en lo impugnado la resolución interlocutoria que se revisa, a fin de que el Juez de Distrito, haciendo uso de su facultad discrecional, previo los razonamientos lógicos y jurídicos, motive el monto de la garantía que estime pertinente, para que la suspensión definitiva concedida continúe surtiendo sus efectos, sin tomar en consideración el monto del daño patrimonial causado y bajo los lineamientos establecidos en el artículo 124 Bis de la Ley de Amparo.

"No es obstáculo para lo anterior, el hecho de que el a quo mediante proveído de treinta y uno de enero de dos mil dos, haga saber a este órgano colegiado que se dictó sentencia definitiva en el cuaderno principal, pues en todo caso no se tiene conocimiento de que esa resolución haya causado estado; lo mismo acontece en relación al hecho de que haya dejado sin efectos la suspensión definitiva otorgada al quejoso, bajo el argumento de que este último no dio cabal cumplimiento a lo ordenado en la interlocutoria que se revisa; es decir, no exhibió la garantía exigida; puesto que si bien tal proceder deja expedita la jurisdicción de la autoridad responsable para la ejecución del acto reclamado, aun cuando se haya interpuesto el presente recurso, esto no implica (sic) quede sin materia, ya que el párrafo segundo del artículo 139 de la Ley de Amparo, interpretado en forma analógica, conlleva a establecer que los términos apuntados en esta ejecutoria deben retrotraerse a la fecha en que fue otorgada esa medida cautelar, en virtud de que la naturaleza del acto lo permite; sin que pueda concluirse que en el caso se ha dejado sin materia el recurso de revisión intentado, pues eso equivale a una total denegación de justicia, al permitir se revoque el otorgamiento de esa suspensión, cuando el quejoso se duele de que se le exige una elevada garantía para que continúe surtiendo efectos la medida suspensional otorgada, la que precisamente este tribunal ha estimado ilegal. Lo anterior en términos del segundo párrafo del artículo 139 de la ley de la materia que establece:

"‘... El auto en el que se niegue la suspensión definitiva deja expedita la jurisdicción de la autoridad responsable para la ejecución del acto reclamado, aun cuando se interponga el recurso de revisión; pero si el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del recurso revocare la resolución y concediere la suspensión, los efectos de ésta se retrotraerán a la fecha en que fue notificada la suspensión provisional o lo resuelto respecto a la definitiva, siempre que la naturaleza del acto lo permita.’

"Ahora bien, aun y cuando tal precepto se refiere al supuesto en el que se niega la suspensión definitiva, de una interpretación teleológica, armónica y analógica, es posible establecer que si en esos casos procede se retrotraigan los efectos de la medida preventiva a que se refiere esta ejecutoria al momento en que fue resuelto respecto a la definitiva, por mayoría de razón, debe resolverse en el mismo sentido cuando la medida cautelar fue otorgada desde su inicio, y sólo estuvo en entredicho uno de sus requisitos fijados por el Juez de Distrito, el que por cierto fue calificado de ilegal; pues es evidente que estamos en presencia de un acto cuya naturaleza lo permite y además resulta favorable al recurrente."(4)

De la anterior ejecutoria, derivó la tesis de jurisprudencia de rubro y texto siguientes:

"SUSPENSIÓN DEFINITIVA DECRETADA POR EL TRIBUNAL COLEGIADO. SUS EFECTOS DEBEN RETROTRAERSE AUN CUANDO EL A QUO HAYA ORDENADO DEJAR SIN EFECTOS LA DECRETADA EN PRIMERA INSTANCIA. El artículo 139, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que los efectos de la resolución del Tribunal Colegiado que revoca la interlocutoria del Juez de Distrito que niega la suspensión definitiva, deben retrotraerse al momento en que se notificó la mencionada interlocutoria; por tanto, al interpretar dicho precepto en forma analógica, no debe declararse sin materia el recurso interpuesto contra aquella que concede la suspensión definitiva y fija una garantía excesiva, por la circunstancia de que el a quo haya determinado dejarla sin efectos, pues ello equivale a una denegación de justicia, ya que el quejoso se duele precisamente de que se le exigió una garantía excesiva, a efecto de que continuara surtiendo efectos la suspensión; en consecuencia, al resultar favorable al recurrente la ejecutoria del Tribunal Colegiado que consideró ilegal el monto de la garantía fijada, sus efectos deben retrotraerse al momento de la notificación de la resolución recurrida si la naturaleza del acto lo permite y no debe declararse sin materia el recurso interpuesto."(5)

CUARTO. Existencia de la contradicción. De conformidad con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la nueva mecánica para abordar la procedencia de las contradicciones de tesis no necesita ya pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la tesis de jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, cuyo rubro dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA",(6) puesto que dicho criterio fue ya interrumpido.

Una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúnan una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados.

Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente será indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo. Dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales.

Resumiendo: si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios, y si el problema radica en los procesos de interpretación -que no en los resultados- adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

2. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

El discernimiento expuesto, es tomado y resulta complementario del criterio sustentado por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL.(7)

Por otro lado, cabe señalar que aun cuando uno de los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituye jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer, siendo aplicable la tesis L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.", emitida por el Pleno de esta Suprema Corte.(8)

Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se desprende de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes, las cuales se detallaron en el considerando tercero de la resolución.

Segundo requisito: razonamiento y diferendo de criterios interpretativos. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que en los ejercicios interpretativos realizados por los Tribunales Colegiados contendientes existió un razonamiento con respecto a la figura jurídica de la revisión de una interlocutoria por medio de la cual se determina otorgar una suspensión definitiva dentro del juicio de amparo.

De acuerdo con lo anterior, esta Primera Sala considera que en el caso sí existe la contradicción de tesis denunciada. En efecto, los órganos colegiados abordaron el estudio de la misma cuestión jurídica, que fue determinar si, estando en trámite el incidente de revisión interpuesto en contra de la interlocutoria que otorga la suspensión definitiva dentro de un juicio de amparo el Juez de Distrito, deja sin efectos dicha suspensión por no haberse exhibido la garantía requerida, debe quedar sin materia dicha revisión o se debe proseguir en su estudio.

Así, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito consideró que la revisión interpuesta en contra de una interlocutoria dictada dentro de un juicio de amparo, mediante la cual se otorga una suspensión definitiva del acto de autoridad debe quedar sin materia si en el transcurso del mismo el Juez de Distrito deja sin efectos dicha suspensión por no haberse cumplido los requisitos, por parte del quejoso, para que surtiera sus efectos; por el contrario, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito estableció que la revisión interpuesta en contra de una interlocutoria dictada dentro de un juicio de amparo, mediante la cual se otorga una suspensión definitiva del acto de autoridad no debe quedar sin materia si en el transcurso del mismo el Juez de Distrito deja sin efectos dicha suspensión por no haberse cumplido los requisitos, por parte del quejoso, para que ésta surtiera sus efectos.

Para efectos ilustrativos, es conveniente presentar un cuadro comparativo que nos muestre, de forma sintetizada, los elementos que tuvieron que examinar los órganos colegiados para emitir sus resoluciones, así como las consideraciones esenciales que sustentaron en ellas:

Ver cuadro comparativo

Una vez establecida la existencia de la presente contradicción, el tema a tratar es el siguiente: si estando en trámite el incidente de revisión interpuesto en contra de la interlocutoria que otorga la suspensión definitiva dentro de un juicio de amparo, el Juez de Distrito deja sin efectos dicha suspensión por no haberse exhibido la garantía requerida, debe quedar sin materia dicha revisión o se debe proseguir con su estudio y resolverse.

QUINTO. Determinación del criterio a prevalecer. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio que se sustenta en el presente fallo, de conformidad con los siguientes razonamientos:

La suspensión definitiva dictada dentro de un juicio de amparo es una medida cautelar que tiene por objeto preservar el estado que guardan las cosas al momento de interponerse el amparo, hasta el momento en que se resuelva el juicio en lo principal y así conservar la materia del juicio de garantías.

Para la misma, existen tanto requisitos de procedencia como aquellos necesarios para que ésta, una vez que sea otorgada, surta sus efectos.

Como apoyo a este análisis se transcriben los artículos de la Ley de Amparo correspondientes para evidenciar los elementos que se requieren para que la suspensión definitiva sea concedida o sea procedente, y algunos en donde se establecen los requisitos para que, una vez que haya sido procedente dicha suspensión, ésta surta sus efectos.

Requisitos de procedencia.

"Artículo 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes:

"I. Que la solicite el agraviado;

"II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.

"Se considera, entre otros casos, que sí se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando de concederse la suspensión:

"a) Se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes;

"b) Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos;

"c) Se permita el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario;

"d) Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza;

"e) Se permita el incumplimiento de las órdenes militares;

"f) Se produzca daño al medio ambiente, al equilibrio ecológico o que por ese motivo afecte la salud de las personas, y

"g) Se per

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22192-4b58e61a/revision-contra-la-resolucion-que-concede-la-suspension · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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