ORDEN DE APREHENSIÓN. CUANDO LA AVERIGUACIÓN PREVIA SE CONSIGNE POR DELITOS GRAVES SIN DETENIDO, DEBE SER LIBRADA POR AUTORIDAD COMPETENTE, PUES NO SE ESTÁ EN PRESENCIA DE UNA DILIGENCIA URGENTE DE LAS QUE NO ADMITEN DEMORA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 436/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno; por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos que son de naturaleza penal de la exclusiva competencia de esta Sala.
SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en virtud de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, que es uno de los órganos colegiados entre los que se suscitó la probable contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:
A) El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el veintiuno de febrero de dos mil ocho, el amparo en revisión penal 205/2007, determinó lo siguiente:
"SÉPTIMO. Este Tribunal Colegiado, en términos de lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, advierte la violación de las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 de la Ley Suprema en perjuicio del ahora recurrente, toda vez que el acto materia de la litis proviene de una autoridad jurisdiccionalmente incompetente. A fin de explicar lo anterior, es pertinente reseñar los antecedentes del caso: a) El dieciocho de diciembre de dos mil seis, el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Procuraduría General de la República, ejerció acción penal sin detenido contra el aquí quejoso y otros, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito previsto y sancionado por el artículo 112, párrafo cuarto, fracción III, inciso c), de la Ley de Instituciones de Crédito, solicitando se librara la orden de aprehensión correspondiente (fojas 9955 a 10636, tomo XIII). b) Del pliego de consignación tocó conocer al Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales en el Distrito Federal, quien mediante resolución de veinte de diciembre de dos mil seis, negó la orden de captura solicitada, señalando, entre otras cuestiones, que los hechos imputados al solicitante del amparo y otros, acontecieron en el Estado de México, por tanto, fuera de la jurisdicción del Juzgado a su cargo (fojas 10642 a 10774, tomo XIV). c) El veinte de febrero del año próximo pasado, el citado agente del Ministerio Público investigador, nuevamente ejerció acción penal sin detenido contra el impetrante de garantías y otros por el citado ilícito y por otra persona por los diversos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, solicitando se emitiera la orden de captura respectiva (foja 1-871, tomo XXIV). d) En el pliego de consignación los hechos imputados al impetrante de garantías, entre otros, se hicieron consistir en: (transcribe). e) Del pliego de consignación tocó conocer al Juez antes mencionado, quien a pesar de considerarse legalmente incompetente para conocer del asunto, estimando que se trataba de una diligencia que no admitía demora por referirse a delito grave, libró la orden de aprehensión solicitada por el injusto previsto y sancionado en el artículo 112, fracción III, inciso c), de la Ley de Instituciones de Crédito, declinando competencia en favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en esa determinación, en las partes conducentes señaló: (transcribe). f) Como se asentó en los resultandos primero y segundo, contra ese mandato de captura, el aquí inconforme promovió juicio de amparo, negándosele éste. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que el análisis de la competencia en el juicio de amparo en materia penal de ningún modo requiere que previamente se haya deducido esa cuestión, ya sea de oficio o a petición de parte, toda vez que la misma constituye un presupuesto procesal, de conformidad con la jurisprudencia doscientos sesenta y tres, publicada en la página ciento noventa y tres del tomo II, Materia Penal, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: ‘PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. PUEDE ANALIZARSE EN AMPARO INDIRECTO AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO SE HAYA PRONUNCIADO AL RESPECTO.’ (transcribe). Criterio que con anterioridad había sido plasmado en la tesis aislada de la citada Sala, consultable en la página seiscientos veintisiete del tomo CXIX, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: ‘COMPETENCIA CONSTITUCIONAL ESTUDIO DE LA, EN EL AMPARO.’ (transcribe). Como se puede advertir, existen dos clases de competencia: la constitucional y la jurisdiccional, entendiéndose por la primera la capacidad de un tribunal de determinado fuero para juzgar sobre ciertas materias, y por la segunda, la capacidad de un órgano perteneciente a un tribunal para resolver en asuntos específicos en forma exclusiva; la carencia de la primera tiene por consecuencia que ningún otro órgano pueda intervenir, y de la segunda, que el asunto deba juzgarse no por el órgano jurisdiccionalmente incompetente sino por el que está capacitado para ello, perteneciente al mismo tribunal. Ilustra esta conclusión, en lo conducente, la tesis seiscientos noventa y nueve, sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, visible en la página trescientos treinta, tomo II, volumen 1, Materia Penal, sección precedentes relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que indica: ‘COMPETENCIA CONSTITUCIONAL Y JURISDICCIONAL. DIFERENCIAS.’ (transcribe). Ahora bien, la competencia constitucional se involucra con dos principios fundamentales, el de legalidad y el de seguridad jurídica. En torno al primero, porque es un presupuesto sin el cual no puede existir el proceso, de ahí que la Constitución subordine la eficacia de la actuación de las autoridades, en la especie, las judiciales, a las facultades (competenciales) que expresamente la ley les confiere, esto es, sólo pueden hacer lo que la ley les permite de modo expreso. En relación con el segundo, la competencia es presupuesto jurídico para el ejercicio pleno de la jurisdicción, es decir, que el tribunal ante el que se sustancie una causa, sea competente para conocer del procedimiento respectivo, observando los criterios aplicables, como puede ser la materia, grado, territorio, cuantía, penalidad aplicable o conexidad, y desde luego el fuero. Este Tribunal Colegiado estima que el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales carece de competencia jurisdiccional, por razón de territorio, para librar la orden de aprehensión combatida. Así se considera toda vez que el artículo 6 del Código Federal de Procedimientos Penales, establece que es tribunal competente para conocer de un delito, el del lugar en el que se comete, salvo los casos que en tal precepto se precisan. Por su parte los artículos 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracciones IV, VI, XX y XXIV; 144 y 145, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen que son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal, determinar el número y los límites territoriales de los circuitos en que se divida el territorio de la República Mexicana, así como el número, delimitación territorial y, en su caso, especialización por materia, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito en cada uno de los mencionados circuitos. Asimismo, que cada uno de los circuitos comprenderá los distritos judiciales cuyo número y límites territoriales determine el Consejo de la Judicatura Federal, y que en cada distrito deberá establecerse cuando menos un Juzgado. En uso de tal facultad, el aludido Consejo emitió el Acuerdo General 57/2006, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En tal acuerdo (punto primero), se establece que el territorio de la República se divide en veintinueve circuitos, el primero corresponde al Distrito Federal y el segundo al Estado de México. Asimismo, se establece (punto segundo) que el Segundo Circuito, en lo que se refiere a Juzgados de Distrito, estará conformado por veintidós Juzgados de Distrito: seis especializados en Materia de Procesos Penales Federales y cinco especializados en Materia de Amparo y Juicios Civiles Federales, todos con residencia en Toluca; ocho Juzgados de Distrito Mixtos con sede en Naucalpan de Juárez y tres con sede en Nezahualcóyotl. En el punto cuarto del Acuerdo en cita, se establece que la jurisdicción territorial de los Juzgados de Distrito es la siguiente: (transcribe). En el caso, como ya se dijo, los hechos por los que se libró el mencionado mandato de captura, según se estableció en tal determinación, consistieron en que el impetrante de garantías y otros sujetos: (transcribe). Y acorde a lo que se desprende de la ampliación de dictamen contable (anexo uno del tomo I), el impetrante de garantías intervino en el otorgamiento de ciento cincuenta y nueve créditos, en las sucursales... En esas condiciones, como en la materia penal la competencia se fija atendiendo a los hechos imputados al indiciado, como ya se dijo, el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales carece de competencia jurisdiccional para librar la orden de aprehensión combatida, y como lo refirió el propio juzgador, para conocer de los hechos, y al haberse soslayado lo anterior, se transgredieron en perjuicio del recurrente las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 de nuestra Ley Fundamental. Esto es así, porque la garantía constitucional prevista en el párrafo segundo del artículo 16 de nuestra Ley Fundamental, relativa a que: ‘No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado.’, debe engarzarse con lo dispuesto en el primer párrafo del citado precepto, para concluir que la autoridad judicial que libre la orden de captura deberá ser la competente para conocer del proceso que en su caso se llegare a instruir. Tiene sustento lo anterior en la jurisprudencia doscientos veintitrés, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas ciento sesenta y cuatro y siguiente del tomo II, Materia Penal, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: ‘ORDEN DE APREHENSIÓN. DEBE PROVENIR DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE.’ (transcribe). Por otra parte, si bien el precepto 432 del Código Federal de Procedimientos Penales, establece que la competencia por declinatoria no podrá resolverse hasta después de que se practiquen las diligencias que no admitan demora y el numeral 142, párrafo tercero, de la legislación en cita prevé que tratándose de los delitos que el dispositivo 194, del mismo ordenamiento, califica como graves, la radicación se hará de inmediato y el Juez ordenará o negará la aprehensión solicitados por el Ministerio Público, dentro de las veinticuatro horas a partir del momento en que se haya acordado la radicación; no puede considerarse que el mandamiento de captura tenga el carácter de diligencia que no admite demora, en términos del precepto citado en primer término y por tanto, que constituya una excepción al principio de autoridad competente, porque la misma no tiene por objeto proteger derecho fundamental alguno, como cuando un gobernado está privado de su libertad y es urgente que el Juez que lo tiene a su disposición, aun siendo incompetente para conocer del proceso, resuelva su situación jurídica, luego de lo cual, podrá declinar la competencia. Por otro lado, la posibilidad de que una persona se sustraiga a la acción de la justicia, tampoco puede tomarse como base para estimar que la orden de aprehensión es una diligencia que no admite demora y por tanto, que opere la excepción al principio aludido, porque tal objetivo no tiende a proteger un derecho fundamental y el Ministerio Público investigador cuenta con mecanismos constitucionales y legales para impedir tal evasión. En todo caso, el plazo aludido rige para el Juez competente. No se inadvierte que para justificar la emisión de la orden de aprehensión reclamada, se citó la tesis aislada de rubro: ‘COMPETENCIA POR DECLINATORIA EN MATERIA PENAL. DELITOS GRAVES. LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTÁ IMPEDIDA PARA RESOLVERLA SI NO SE OBSERVÓ EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO.’, transcrita con antelación, sin embargo, este Tribunal Colegiado considera que en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, el criterio contenido en la jurisprudencia doscientos veintitrés antes citada, es el que debe prevalecer, además, se observa que la ejecutoria de la que derivó el criterio aislado, fue emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión (sic) el seis de mayo de mil novecientos noventa y ocho y aquélla de la que emanó la jurisprudencia referida, el siete de abril de mil novecientos noventa y nueve. Así las cosas, en suplencia de la queja deficiente, en términos de lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es modificar la sentencia recurrida y conceder la protección de la justicia de la unión al quejoso, para que en términos de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, el Juez señalado como responsable deje insubsistente el acto reclamado y, como se advierte que actualmente conoce de la causa en la que se emitió el mismo, pronuncie la determinación que en derecho proceda (en su caso, con relación a las operaciones bancarias en las que el impetrante de garantías intervino)."
Este asunto, originó la emisión de la tesis siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXVII, abril de 2008
"Tesis: I.2o.P.154 P
"Página: 2393
"ORDEN DE APREHENSIÓN POR DELITO GRAVE. POR NO TRATARSE DE UNA DILIGENCIA QUE NO ADMITE DEMORA, NO ES UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE AUTORIDAD COMPETENTE, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. El precepto 432 del código adjetivo penal federal establece que la competencia por declinatoria no podrá resolverse hasta después de que se practiquen las diligencias que no admitan demora. Aun cuando el numeral 142, párrafo tercero, de la legislación en cita prevé que tratándose de los delitos que el dispositivo 194 del mismo ordenamiento califica como graves, la radicación se hará de inmediato y el Juez ordenará o negará la aprehensión solicitados por el Ministerio Público, dentro de las veinticuatro horas a partir del momento en que se haya acordado la radicación; no puede considerarse que tal disposición contiene una excepción al principio de autoridad competente, dado el breve plazo que otorga para la emisión del mandamiento de captura, porque la misma no protege derecho fundamental alguno, como cuando un gobernado está privado de su libertad y es urgente que el Juez que lo tiene a su disposición, aun siendo incompetente para conocer del proceso, resuelva su situación jurídica, luego de lo cual, podrá declinar la competencia, lo que obedece al criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 26/99 de rubro ‘ORDEN DE APREHENSIÓN. DEBE PROVENIR DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE.’, la cual no hace distingo alguno. Por otro lado, aun ante la posibilidad de que una persona se sustraiga a la acción de la justicia, no puede estimarse que la orden de aprehensión es una diligencia que no admite demora y por tanto, que opere la excepción al principio aludido, porque tal objetivo no tiende a proteger derecho fundamental alguno y el Ministerio Público investigador cuenta con mecanismos constitucionales y legales para impedir tal evasión. En todo caso, el plazo aludido rige para el Juez competente.
"SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
"Amparo en revisión 205/2007. 21 de febrero de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Irma Rivero Ortiz de Alcántara. Secretaria: Laura Olivia Sánchez Aguirre."
El citado Tribunal Colegiado, mismo criterio sostuvo al resolver, el día trece de agosto de dos mil nueve, el conflicto competencial 11/2009.
B) Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, al resolver el veintisiete de agosto de dos mil nueve, el conflicto competencial 16/2009, sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:
"SEGUNDO. En el presente caso, aun cuando se actualiza la existencia de un conflicto competencial por la manifestación expresa de los Jueces de Distrito contendientes, en el sentido de no aceptar conocer del asunto sometido a su jurisdicción, lo que procede es resolverlo atendiendo no al fondo de la controversia de declinatoria planteada, sino efectuando pronunciamiento en el sentido de que debe ser el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit quien debe conocer del negocio, a fin de evitar dejar dicho proceso en inseguridad jurídica y para el efecto de que resuelva sobre la orden de aprehensión solicitada por el agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Mesa Sexta, Agencia Segunda Investigadora de Procedimientos Penales, Zona Centro, residente en Hermosillo, Sonora, al ejercitar acción penal en la averiguación previa ********** y el auto de formal prisión correspondientes, al atender a dos situaciones relevantes que concurren en el caso concreto, siendo la primera, que se consideran como graves por el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales algunos de los delitos que fueron materia de esa consignación y por ende, tanto la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público, como el auto de término constitucional que en su caso habrá de dictarse, son medidas que no admiten demora en el proceso penal; y la segunda, que existe prohibición expresa en el último párrafo del artículo 10 del ordenamiento federal adjetivo indicado y en los Acuerdos Generales 21/2008 y 18/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para que el Juez a cuyo favor se finca la competencia la decline para conocer de la causa penal de origen en la etapa procesal en que lo hizo. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. XXIII/95, visible en la página cincuenta y dos, del Tomo II, correspondiente a julio de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: ‘CONTROVERSIA POR RAZÓN DE COMPETENCIA. INEXISTENCIA DE LA.’, ha sostenido el criterio consistente en que para la existencia de un conflicto competencial ‘es presupuesto indispensable que los órganos jurisdiccionales contendientes manifiesten de manera expresa, en ejercicio de su autonomía y de su potestad, que no aceptan conocer de determinado asunto sometido a su jurisdicción’; lo que en el caso se actualiza, dado que el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit y el Juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, han expuesto que no aceptan conocer de la causa penal derivada de la consignación de la averiguación previa número ********** iniciada en contra de ********** por su probable responsabilidad penal en la comisión de los delitos de violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, con la finalidad de cometer delito contra la salud, acopio y tráfico de armas, previsto y sancionado por los artículos 2, fracciones I y II, 4, fracciones I y II, inciso b), de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado en los artículos 11, inciso b), y, 83, fracción II, ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; posesión de cartuchos del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado por el artículo 83 Quat, fracción I, en relación con el 11, inciso f), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y robo equiparado previsto y sancionado por el artículo 368 bis del Código Penal Federal, así como en contra de ... como probable responsable de la comisión de los ilícitos de violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, con la finalidad de cometer delito contra la salud, acopio y tráfico de armas, previsto y sancionado por los artículos 2, fracciones I y II, 4, fracciones I y II, inciso b), de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado en los artículos 11, inciso d), y, 83, fracción III, ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; posesión de cartuchos del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado por el artículo 83 Quat, fracción II, en relación con el 11, inciso f), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y robo equiparado previsto y sancionado por el artículo 368 bis del Código Penal Federal. Empero, debe declararse que la declinatoria a que el presente conflicto se refiere se encuentra planteada indebidamente, por cuanto el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit estaba legalmente imposibilitado para declinar su competencia en la etapa procesal en que lo hizo, lo que se traduce en un impedimento de orden público para efectuar pronunciamiento sobre la base de los argumentos jurídicos expuestos por los Jueces discrepantes, los cuales giraron en torno a si el Ministerio Público precisó o no las razones por las que consideró necesario llevar ante un Juez de Distrito, distinto al del lugar de la comisión de los delitos; si de las constancias de la averiguación previa consignada se advertía o no que se estuviera en el supuesto de excepción competencial contemplado en el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales; y a si el hecho de que el Centro de Reclusión número 4 ‘El Rincón’ se encuentre a su máxima capacidad impide o no el conocimiento del asunto por parte del Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit. Para llegar a la anterior determinación, resulta procedente, en primer término, precisar los antecedentes que enmarcaron el presente conflicto competencial, los cuales son los siguientes: 1. Mediante determinación ministerial de ********** pronunciada en la averiguación previa ********** el agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Mesa Sexta, Agencia Segunda Investigadora de Procedimientos Penales, Zona Centro, en Hermosillo, Sonora, acordó consignar dicha indagatoria al Juzgado de Distrito en turno con residencia en esta ciudad de Tepic, Nayarit, en términos del Acuerdo General 21/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se dota de competencia a los Juzgados de Distrito que en el mismo se precisan para conocer de delitos cometidos en lugar distinto al de su jurisdicción, por razones de seguridad en las prisiones y ejercitó acción penal en contra de ********** por los delitos anteriormente enunciados y, al considerar que estaban reunidos los requisitos del artículo 16 constitucional, le solicitó librar la orden de aprehensión respectiva en contra de los inculpados de mérito y en su momento, que dictara el auto de formal prisión correspondiente. 2. Una vez recibida la consignación en el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit, con fecha trece de julio de dos mil nueve, su titular acordó la radicación del asunto y formó el expediente relativo a la causa penal número ********** y seguidamente, procedió a verificar su competencia, razonando en esencia, que de las constancias que obran en autos advertía que no se actualizaba el supuesto de excepción competencial previsto en el tercer párrafo del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, al no precisar el Ministerio Público Federal por qué consideró necesario llevar el ejercicio de la acción penal ante un Juez de Distrito distinto al del lugar de comisión del delito, por razones de seguridad en las prisiones, atendiendo a las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado y a otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado de un proceso; y por otra parte, debido a que advertía que no se contribuye a superar la situación en que se encuentra la seguridad pública de la nación; o se brindan respuestas más ágiles y eficientes que permitan atender con mayor calidad y rapidez los procesos judiciales; mucho menos se impulsa la celeridad de aquéllos, ni se facilita la concentración de personas sometidas a procesos penales por delincuencia organizada y narcotráfico en los reclusorios de alta seguridad, reduciendo con ello el riesgo de traslados que implica para la sociedad. Además, agregó que el representante social a pesar de que fue informado por parte del comisionado del organismo administrativo desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, que el Centro de Reclusión número 4 ‘El Rincón’ se encontraba a su máxima capacidad, no expuso las razones o motivos por los cuales consideró que los Juzgados Federales ubicados en dicho centro de reclusión tendrían que conocer de la indagatoria; aunado a que de la citada averiguación, no se advertía que se estuviera en el supuesto de excepción competencial referido y tampoco se observaba que fuera por razones de seguridad en las prisiones, dado que dicha circunstancia no fue atendida por el representante social, quien de motu proprio hizo la consignación a ese Juzgado Federal ubicado en el anexo del Cefereso número 4, cuando estaba en aptitud de ejercer acción penal ante cualquiera de los Juzgados de Distrito con sede en Hermosillo, Sonora, ciudad en la cual incluso existe un centro de prevención de mediana seguridad. En consecuencia, el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit, se declaró legalmente incompetente para conocer de la causa penal y resolver sobre el pedimento de orden de aprehensión solicitado por el agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Mesa Sexta Agencia Segunda Investigadora de Procedimientos Penales Zona Centro, residente en Hermosillo, Sonora y, ordenó que se devolviera la indagatoria en comento al representante social de la Federación consignador por conducto de su homólogo adscrito, quien debería realizar los trámites que conforme a derecho correspondieran. 3. Por su parte, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, mediante acuerdo del quince de julio de dos mil nueve, al que por razón de turno le tocó conocer de la indagatoria ********** resolvió no aceptar la competencia para conocer del proceso penal respectivo, pues a su criterio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, el quinto punto considerativo del Acuerdo 21/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; el cuarto y quinto de los considerandos y punto único del Acuerdo 18/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; así como el cuarto y quinto de los considerandos del Acuerdo 19/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, no resultaba legalmente competente para conocer del asunto, porque las características de los hechos imputados a los indiciados (delincuencia organizada, narcotráfico y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos), revelan la necesidad advertida por el agente del Ministerio Público de la Federación de llevar el ejercicio de la acción penal a uno de los órganos jurisdiccionales de procesos penales federales, distinto al del lugar en el que se llevaron a cabo las conductas ilícitas que se le atribuyen a dichos inculpados, por lo que ese juzgador no compartía la consideración expuesta por el Juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit, en la que sostuvo que no se acredita la excepción de competencia prevista por el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, destacando además que el hecho de que los centros de reclusión se encontraran a su máxima capacidad no infería en las funciones y determinaciones de la autoridad jurisdiccional, pues tales aspectos corresponde en exclusiva resolverlos a las autoridades administrativas, quienes deben, en el ámbito de sus atribuciones, proveer lo necesario al respecto y porque además, si el agente del Ministerio Público de la Federación llevó el ejercicio de la acción penal a ese Juzgado de Distrito de Procesos Penal
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22277-90b4b445/orden-de-aprehension-cuando-la-averiguacion-previa-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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