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Modo: Corpus Pro

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. TÉCNICA PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE CARÁCTER GENERAL, IMPUGNADOS POR SU SOLA ENTRADA EN VIGOR O CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 31/2010. · Registro digital (IUS): 22236
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Junio de 2010, , Pág. 936.

AMPARO DIRECTO 31/2010. **********.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Deben desestimarse los conceptos de violación hechos valer, cuyo estudio, por razón de técnica jurídica, se realizará en un orden distinto a aquel en el que fueron planteados conforme al principio de mayor beneficio en el examen de los argumentos de la quejosa, de conformidad con lo dispuesto por la jurisprudencia P./J. 3/2005, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XXI, febrero de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. De acuerdo con la técnica para resolver los juicios de amparo directo del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, con independencia de la materia de que se trate, el estudio de los conceptos de violación que determinen su concesión debe atender al principio de mayor beneficio, pudiéndose omitir el de aquellos que, aunque resulten fundados, no mejoren lo ya alcanzado por el quejoso, inclusive los que se refieren a constitucionalidad de leyes. Por tanto, deberá quedar al prudente arbitrio del órgano de control constitucional determinar la preeminencia en el estudio de los conceptos de violación, atendiendo a la consecuencia que para el quejoso tuviera el que se declararan fundados. Con lo anterior se pretende privilegiar el derecho contenido en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en garantizar a los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, esto es, que en los diversos asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de amparo se diluciden de manera preferente aquellas cuestiones que originen un mayor beneficio jurídico para el gobernado, afectado con un acto de autoridad que al final deberá ser declarado inconstitucional."

Igualmente, sirve de apoyo al caso la tesis VI.1o.A.128 A, sustentada por este tribunal colegiado, publicada en la página 746 del Tomo XVI, diciembre de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente:

"AMPARO DIRECTO. TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, INCLUIDOS AQUELLOS QUE VERSEN SOBRE UN TEMA DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. Al tenor de lo dispuesto en los artículos 158 y 166, fracción IV, segundo párrafo, de la ley de la materia, cuando en amparo directo se ataque la sentencia definitiva, el laudo o la resolución que hubiere puesto fin al juicio, tildando de inconstitucional la ley, el tratado o el reglamento que según el caso se haya aplicado en el acto reclamado, la impugnación respectiva se hará sólo en el capítulo de conceptos de violación de la demanda de garantías, sin señalar como acto combatido la ley, el tratado o el reglamento, pues en la vía directa únicamente puede reclamarse la sentencia definitiva, el laudo o la resolución que ponga fin al juicio. En ese sentido debe decirse que, al momento de analizar los conceptos de violación propuestos, se ha de proceder bajo la premisa de preferir aquellos argumentos que conduzcan a la obtención de mayores beneficios para la parte quejosa, reservando para un examen posterior los planteamientos de menores logros, a fin de hacer efectiva la garantía de acceso a la justicia prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal. Para conseguirlo, es necesario atender al momento procesal en el que se ubique la pretendida violación, es decir, debe seguirse un orden cronológico en el que tenga prelación un vicio cometido al inicio del procedimiento de origen, por encima de otro situado en una etapa ulterior, o bien, en la resolución con que culmine pues, lógicamente, destruido el procedimiento desde el principio, ello traerá como consecuencia que también queden sin efecto las actuaciones posteriores, generándose así un provecho mayor al que se lograría de haberse analizado una transgresión acaecida al emitirse la resolución final del procedimiento, porque en esta última hipótesis los actos previos continuarían siendo válidos. Por consiguiente, observando esa interpretación, un vicio de incompetencia presentado en el origen con alcances de nulidad lisa y llana, tiene prioridad y produce un beneficio superior al que se alcanzaría por otra violación situada en una fase posterior o final, incluso, a pesar de que el planteamiento respectivo versara sobre un tema de constitucionalidad de leyes."

Antes de realizar el estudio respectivo, conviene señalar que en el juicio de nulidad de origen, la empresa denominada **********, por conducto de su representante legal, demandó la nulidad de las siguientes resoluciones:

"II. Resolución impugnada. Tienen tal carácter las siguientes: 1. La resolución administrativa contenida en el oficio número de folio 2201/1CC/A18/00049/0024/2008 de fecha 1 de diciembre de 2008, determinante de los créditos fiscales 089041417, 089041418, 089041419, 089041420, 089041421, 086003924, 086003925, 086003926, 086003927, 089041408, 089041409, 089041410, 089041411, 089041412, 089041413, 089041414, 089041415 y 089041416, emitido por la Subdelegación Puebla Norte de la Delegación Estatal en Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social. 2. La resolución contenida en el oficio número AP/055/08, de fecha 27 de noviembre de 2008, emitida por la Subdelegación Puebla Norte de la Delegación Estatal en Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social, que impone a mi mandante una sanción en cantidad de $1,051.80 por no proporcionar la documentación solicitada mediante oficio 2201/1CC/A18/00049/2008 fecha 23 de mayo de 2008. 3. El aviso mediante el cual se dan a conocer los costos de mano de obra por metro cuadrado para la obra privada, así como los factores (porcentajes) de mano de obra de los contratos regidos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para 2007 y 2008, publicados en el Diario Oficial de la Federación de fechas 4 de mayo de 2007 y 28 de marzo de 2008." (foja 2).

Seguido el trámite respectivo, la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto, dictó sentencia definitiva el día veintidós de octubre de dos mil nueve (fojas 1224 a 1235), en la que resolvió lo siguiente:

- Declaró la nulidad lisa y llana de las resoluciones contenidas en los oficios AP/055/08 y 2201/1CC/A18/00049/0024/2008, de respectivas fechas veintisiete de noviembre y primero de diciembre, ambas de dos mil ocho, al considerar que éstas tuvieron como sustento el procedimiento de determinación presuntiva previsto en el artículo 18 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, siendo que en el caso concreto la contribuyente demostró que sus trabajadores tenían el carácter de permanentes y no de eventuales, por lo que al acreditarse la debida inscripción y pagos de las cuotas de aquéllos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, la accionante demostró que el reglamento en cita le era inaplicable, de tal modo que las resoluciones mencionadas se sustentaron en hechos que fueron distintos o que se apreciaron en forma equivocada, actualizándose los supuestos de los artículos 51, fracción IV y 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

- Posteriormente, la Sala Fiscal desestimó el décimo noveno concepto de impugnación de la demanda fiscal y, en consecuencia, reconoció la validez de los avisos mediante los cuales se dan a conocer los costos de mano de obra por metro cuadrado para la obra privada, así como los factores (porcentajes) de mano de obra de los contratos regidos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para los años de dos mil siete y dos mil ocho, publicados en el Diario Oficial de la Federación, respectivamente, los días cuatro de mayo de dos mil siete y veintiocho de marzo de dos mil ocho.

Dicho fallo constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo directo.

Ahora bien, inicialmente se procederá al examen conjunto del segundo y tercer conceptos de violación de la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de Amparo, dada su estrecha vinculación.

En el marcado como segundo (fojas 15 a 21 de este expediente), la quejosa sostiene en esencia que la sentencia reclamada es violatoria de los artículos 14 y 16 constitucionales, así como del numeral 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que la Sala responsable violentó el principio de congruencia de los fallos fiscales.

Lo anterior, porque en el considerando cuarto de la sentencia combatida la Sala responsable declaró la nulidad lisa y llana de las resoluciones contenidas en los oficios AP/055/08 y 2201/1CC/A18/00049/0024/2008, y posteriormente, reconoció la validez de los avisos mediante los cuales se dan a conocer los costos de mano de obra por metro cuadrado para la obra privada, así como los factores (porcentajes) de mano de obra de los contratos regidos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para los años de dos mil siete y dos mil ocho, lo que a decir de la impetrante resulta ilegal porque los avisos no pueden subsistir dada la nulidad decretada respecto de la resolución determinante de los créditos fiscales, que se fundamentó en ellos.

Agrega que en la sentencia reclamada, la Sala Fiscal sostuvo que el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado era inaplicable para la entonces actora y, que en consecuencia, en todo caso la Sala debió considerar que los avisos reclamados eran igualmente inaplicables para la contribuyente, lo que conduciría al sobreseimiento en el juicio pero no a reconocer la validez de éstos, pues de no ser así el fallo combatido carece de congruencia.

Asimismo, la impetrante refiere que los avisos mediante los cuales se dan a conocer los costos de mano de obra por metro cuadrado para la obra privada, así como los factores (porcentajes) de mano de obra de los contratos regidos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para los años de dos mil siete y dos mil ocho, son contrarios a derecho pues a través de ellos se pretenden incluir aspectos que inciden en la determinación de contribuciones.

Por su parte, en el tercer concepto de violación (fojas 21 a 26), la impetrante aduce que la Sala valoró ilegalmente el décimo noveno concepto de impugnación de la demanda fiscal, en el que se adujo que los avisos impugnados resultaban violatorios de los artículos 33 y 39 del Código Fiscal de la Federación, puesto que tales numerales prevén la facultad del Ejecutivo Federal para crear regulaciones de carácter general, pero sin que con tales atribuciones reglamentarias o acuerdos se pueda ir más allá de lo previsto en la ley, como sucede con los avisos de referencia, en los que se prevé el procedimiento para que el Instituto Mexicano del Seguro Social determine el costo de la mano de obra de acuerdo a sus experiencias, lo que no está contemplado en la ley de dicho Instituto.

En consecuencia, la impetrante sostiene que si los avisos mediante los cuales se dan a conocer los costos de mano de obra por metro cuadrado para la obra privada, así como los factores (porcentajes) de mano de obra de los contratos regidos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para los años de dos mil siete y dos mil ocho, resultan violatorios de los artículos 33 y 39 del Código Fiscal Federal, son también inconstitucionales pues violentan los artículos 16 y 89, fracción I, de la Ley Fundamental, pues no es facultad del Instituto Mexicano del Seguro Social determinar los supuestos valores de la mano de obra de un trabajador, que se emplean para la determinación del monto de las aportaciones de seguridad social, siendo que los elementos de esas contribuciones no están en ley, sino en los avisos emitidos al respecto por el Instituto, lo que es contrario a la garantía de legalidad.

Aunado a ello, la quejosa sostiene que los avisos en cuestión no se crearon para que la autoridad administrativa aplique el procedimiento establecido en el artículo 18 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, sino que regulan en cambio el objeto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por lo que no tienen que ver con el entero de contribuciones ni pueden tener consecuencias de tipo tributarias, en las que se violente la garantía constitucional de legalidad.

Deben desestimarse los argumentos anteriores.

En efecto, en primer término conviene distinguir que en los conceptos de violación antes referidos, la quejosa plantea sustancialmente tres cuestiones diversas, a saber: 1. La incongruencia de la sentencia reclamada; 2. La ilegalidad de los avisos impugnados por violentar el contenido de los artículos 33 y 38 del Código Fiscal de la Federación; y, 3. Su inconstitucionalidad por resultar contrarios a los artículos 16 y 89, fracción I, así como a la garantía de legalidad tributaria prevista en el artículo 31, fracción IV, todos de la Carta Magna.

Precisado lo anterior, inicialmente debe desestimarse lo sostenido por la quejosa en el argumento antes indicado con el número 3, en el sentido de que los avisos mediante los cuales se dan a conocer los costos de mano de obra por metro cuadrado para la obra privada, así como los factores (porcentajes) de mano de obra de los contratos regidos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para los años de dos mil siete y dos mil ocho, son violatorios de los artículos 16 y 89, fracción I, además del 31, fracción IV, todos de la Ley Fundamental, que establece el principio de legalidad tributaria.

Efectivamente, en primer término es inoperante lo sostenido por la quejosa, en cuanto refiere que los avisos mencionados son violatorios del artículo 16 constitucional, pues respecto de dicho numeral de la Ley Fundamental, la impetrante no expone razonamiento alguno tendente a demostrar la violación a alguna de las garantías contenidas en éste, lo que resulta insuficiente para realizar un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de tales resoluciones frente al mencionado precepto de la Ley Fundamental.

Tiene aplicación al caso, por igualdad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 58/99 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 150, Tomo X, noviembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. LA IMPUGNACIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD DE DISPOSICIONES LEGALES PRECISA DE REQUISITOS MÍNIMOS A SATISFACER. La impugnación suficiente de una norma jurídica, en función del aspecto de su constitucionalidad, requiere que se base en premisas esenciales mínimas a satisfacer en la demanda de amparo directo. Esto es, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166, fracciones IV y VII de la Ley de Amparo, se advierte la necesidad de que la norma jurídica señalada como reclamada, deba ser impugnada en confrontación expresa con una disposición específica de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante concepto de violación suficiente. La causa requerida en tal situación se apoya en los siguientes elementos imprescindibles: a) señalamiento de la norma de la Carta Magna; b) invocación de la disposición secundaria que se designe como reclamada y, c) conceptos de violación en los que se trate de demostrar, jurídicamente, que la ley impugnada resulta contraria a la hipótesis normativa de la norma constitucional, en cuanto al marco de su contenido y alcance. A partir del cumplimiento de precisión de esos requisitos esenciales, surgirá la actualización del problema constitucional, así como la procedencia de la declaración respectiva en torno a la ley secundaria. Si no se satisfacen los requisitos medulares que se han indicado, el señalamiento de la ley reclamada y el concepto de violación que no indique el marco y la interpretación de una disposición constitucional que pueda transgredir aquélla, resultan motivos de insuficiencia, que desestiman la actualización de un verdadero problema de constitucionalidad de ley. En este orden, a la parte quejosa, dentro de la distribución procesal de la carga probatoria, incumbe la de demostrar la inconstitucionalidad de la ley o de un acto de autoridad, excepción hecha de los casos en que se trate de leyes que hayan sido declaradas inconstitucionales en las que exista jurisprudencia obligatoria sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o cuando se esté en presencia de actos que sean inconstitucionales por sí mismos. Así la situación, deberá considerarse carente de la conformación de un verdadero concepto de violación, la simple enunciación como disposiciones constitucionales dejadas de aplicar, pues de ello no puede derivarse la eficiente impugnación de la constitucionalidad de leyes secundarias, en tanto que no existe la confrontación entre éstas y un específico derecho tutelado por la norma constitucional en su texto y alcance correspondientes."

En segundo lugar, los avisos de referencia no violentan el principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, ni lo dispuesto por el diverso 89, fracción I, ambos preceptos de la Ley Fundamental, por las siguientes razones.

Inicialmente, importa señalar que los avisos mediante los cuales se dan a conocer los costos de mano de obra por metro cuadrado para la obra privada, así como los factores (porcentajes) de mano de obra de los contratos regidos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para los años de dos mil siete y dos mil ocho, se aplicaron en perjuicio de la quejosa en la resolución determinante impugnada 2201/1CC/A18/00049/0024/2008, de fecha primero de diciembre de dos mil ocho, como se advierte de la siguiente transcripción que se hace en lo conducente a la citada resolución:

"... Décimo quinto. Que tomando en cuenta los incrementos de los salarios mínimos generales vigentes a partir del 1 de enero de 2007 y del 1 de enero de 2008, de conformidad con la resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, para el 2007 fue el 29 de diciembre de 2006 y para el 2008 fue el 27 de diciembre de 2007, así como el importe de la mano de obra por metro cuadrado para la obra privada o, el factor que represente dicha mano de obra sobre el importe de los contratos regidos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por lo que, para el ejercicio fiscal de 2007 y 2008, los resultados de los estudios técnicos formulados por el Instituto aplicando sus experiencias fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, para el 2007 el día 4 de mayo de 2007 y para el 2008 el 28 de marzo de 2008, tal y como lo ordena el multicitado artículo 18 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado. ...En mérito de lo expuesto y fundado, que esta Subdelegación Puebla Norte, Órgano Operativo de la Delegación Estatal Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social, organismo fiscal autónomo resuelve determinar, fijar en cantidad líquida, y de manera presuntiva, los siguientes créditos fiscales a su cargo como sigue: Resuelve: ...I. Se estimó el monto de mano de obra total empleado en la construcción, aplicando al importe total del contrato, los factores que representan la mano de obra correspondiente al tipo de obra de que se trata, establecidos en los factores de mano de obra publicados en el Diario Oficial de la Federación que estuvieron vigentes durante el periodo de realización de la obra de construcción..." (fojas 177 y 179 del juicio de origen).

Ahora bien, los avisos de referencia son del tenor literal siguiente:

Ver avisos

En los considerandos previos a la emisión de tales avisos, se sostuvo lo que se transcribe a continuación:

- AVISO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL CUATRO DE MAYO DE DOS MIL SIETE.

"CONSIDERANDO Primero. Que el artículo 18 del citado Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado prevé que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene la obligación de establecer en cada ocasión en que se incrementen los salarios mínimos generales y de acuerdo al tipo de obra de construcción, privada o pública, el importe de la mano de obra por metro cuadrado o, el factor que represente dicha mano de obra sobre el importe de los contratos normados por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Segundo. Que, asimismo, el H. Consejo Técnico del Instituto, mediante Acuerdo 58/92, establece. ‘...3. Que en el mismo artículo 18 del reglamento mencionado, se prevé que el Instituto establecerá en cada ocasión en que se incrementen los salarios mínimos generales y de acuerdo al tipo de construcción de que se trate, el importe de mano de obra por metro cuadrado o el factor que represente la mano de obra sobre el importe de los contratos regidos por la Ley de Obras Públicas y que los resultados de los estudios técnicos que formule el Instituto aplicando sus experiencias deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación...’. Tercero. Que mediante resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos; publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2006, se fijaron los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2007 ‘... SE RESUELVE: ... SEGUNDO. Los salarios mínimos generales que tendrán vigencia a partir del 1 de enero de 2007 en las áreas geográficas a que se refiere el punto resolutivo anterior, como cantidad mínima que deben recibir en efectivo los trabajadores por jornada ordinaria diaria de trabajo, serán los que señalan a continuación: Área geográfica ‘A’ $50.57. Área geográfica ‘B’ $49.00. Área geográfica ‘C’ $47.60...’, Cuarto. Que a efecto de cumplir con lo ordenado por el citado artículo 18 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, así como por el Acuerdo número 58/92, emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, ha tenido a bien expedir el siguiente: ...".

- AVISOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL OCHO.

"CONSIDERANDO Primero. Que el artículo 18 del citado Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado prevé que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene la obligación de establecer en cada ocasión en que se incrementen los salarios mínimos generales y de acuerdo al tipo de obra de construcción, privada o pública, el importe de la mano de obra por metro cuadrado o, el factor que represente dicha mano de obra sobre el importe de los contratos normados por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Segundo. Que, asimismo, el H. Consejo Técnico del Instituto, mediante Acuerdo 58/92, establece. ‘...3. Que en el mismo Artículo 18 del Reglamento mencionado, se prevé que el Instituto establecerá en cada ocasión en que se incrementen los salarios mínimos generales y de acuerdo al tipo de construcción de que se trate, el importe de mano de obra por metro cuadrado o el factor que represente la mano de obra sobre el importe de los contratos regidos por la Ley de Obras Públicas y que los resultados de los estudios técnicos que formule el Instituto aplicando sus experiencias deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación...’, Tercero. Que mediante Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2007, se fijaron los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2008, ‘...SE RESUELVE: ... SEGUNDO. Los salarios mínimos generales que tendrán vigencia a partir del 1 de enero de 2008 en las áreas geográficas a que se refiere el punto resolutivo anterior, como cantidad mínima que deben recibir en efectivo los trabajadores por jornada ordinaria diaria de trabajo, serán los que se señalan a continuación: Área geográfica ‘A’ $52.59. Área geográfica ‘B’ $50.96. Área geográfica ‘C’ $49.50...’, Cuarto. Que a efecto de cumplir con lo ordenado por el citado artículo 18 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, así como por el Acuerdo número 58/92, emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, he tenido a bien expedir el siguiente: ...".

De lo antes transcrito, se advierte que con la emisión de los avisos mediante los cuales se dan a conocer los costos de mano de obra por metro cuadrado para la obra privada, así como los factores (porcentajes) de mano de obra de los contratos regidos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para los años de dos mil siete y dos mil ocho, el Instituto Mexicano del Seguro Social se limitó a ejercer la facultad conferida al respecto en el artículo 18 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, cuyo contenido es el siguiente:

"Artículo 18. Cuando los patrones no cumplan con las obligaciones a su cargo previstas en la Ley y en sus reglamentos, serán notificados por el Instituto, para que dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos la notificación respectiva, le proporcionen los elementos necesarios para determinar el número de trabajadores, sus nombres, días trabajados y salarios devengados que permitan precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones incumplidas. Transcurrido dicho plazo sin que el patrón haya entregado tales elementos, el Instituto, en ejercicio de sus facultades, fijará en cantidad líquida los créditos cuyo pago se haya omitido, aplicando en su caso, los datos con los que cuente y los que de acuerdo con sus experiencias considere como probables, siguiendo a tal efecto, el procedimiento que a continuación se detalla: I. Se precisará el número de metros cuadrados de construcción, el tipo de obra de que se trate y el periodo de realización de la misma; II. Se estimará el monto de la mano de obra total utilizada en la construcción de que se trate, multiplicando la superficie en metros cuadrados de construcción, por el costo de la mano de obra por metro cuadrado que de acuerdo al tipo y periodo de construcción establezca el Instituto; III. El monto de la mano de obra total, se dividirá entre el número de días comprendidos dentro del periodo de construcción, estableciéndose de esta manera, el importe de la mano de obra diaria; IV. El importe de la mano de obra diaria, se multiplicará por el número de días que corresponda a cada uno de los meses transcurridos en el periodo no cubierto, obteniéndose el monto de los salarios base de cotización mensual, y V. A los salarios base de cotización mensuales respectivos se les aplicarán los porcentajes de las cuotas obrero patronales establecidas en la Ley, obteniéndose así los montos a cubrir por concepto de dichas cuotas. Por cuanto hace a las obras cuya contratación se rija por lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, el monto total de la mano de obra empleada se obtendrá aplicando el importe total del contrato, el factor que representa la mano de obra determinada por el instituto por tipo y periodo de construcción, aplicándose las fórmulas establecidas en las fracciones III, IV y V anteriores, a efecto de determinar el monto de la cuotas obrero patronales a cubrir. El Instituto establecerá en cada ocasión en que se incrementen los salarios mínimos generales y de acuerdo al tipo de construcción de que se trate, el importe de mano de obra por metro cuadrado o el factor que represente la mano de obra sobre el importe de los contratos regidos por la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas. Los resultados de los estudios técnicos que al efecto formule el Instituto aplicando sus experiencias, deberán ser publicados invariablemente en el Diario Oficial de la Federación. Respecto de las obras de construcción que por sus características especiales no puedan encuadrarse entre las tipificadas, se asimilarán a aquellas que, de acuerdo a las experiencias del Instituto, requiera una utilización de mano de obra semejante. Una vez formulada la liquidación respectiva por el Instituto, la notificará al patrón para que, dentro de los cinco días hábiles siguientes, aduzca las aclaraciones que estime pertinentes o para que, en su caso, entere las cuotas adeudadas con la actualización y los recargos correspondientes en términos del Reglamento para el Pago de Cuotas del Seguro Social.".

Dicho precepto reglamentario establece la facultad del Instituto Mexicano del Seguro Social para fijar en cantidad líquida los créditos cuyo pago se haya omitido, cuando los patrones no cumplan con las obligaciones en materia de aportación de cuotas de seguridad social, y no proporcionen los elementos necesarios para su determinación, pudiendo el Instituto aplicar los datos con los que cuente y los que de acuerdo con sus experiencias considere como probables, debiendo para ello, en primer lugar, en el caso de obras efectuadas por trabajadores de la c

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22236-43ec0eb2/juicio-contencioso-administrativo-tecnica-para-su-estudio-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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