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Modo: Corpus Pro

ACCIÓN DE USUCAPIÓN. NO LE ES APLICABLE LA FIGURA DE LA FECHA CIERTA PARA ACREDITAR LA CAUSA GENERADORA DE LA POSESIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO ABROGADA).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 9/2010. · Registro digital (IUS): 22844
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Mayo de 2011, , Pág. 834.

AMPARO DIRECTO 9/2010. **********.

CONSIDERANDO:

SEXTO. La quejosa señala que se le causan perjuicios con la sentencia reclamada, porque ahí se determinó que los agravios de su contraria fueron suficientes para revocar la sentencia apelada, al resolver la Sala responsable que ella no acreditó la acción principal de usucapión, toda vez que no demostró la causa generadora de la posesión como elemento de la acción, dado que el contrato exhibido en el procedimiento carece de fecha cierta, lo cual estima violatorio de sus garantías individuales.

Agrega que la ad quem aplicó de forma indebida los criterios legales y jurisprudenciales de la figura jurídica de la usucapión o prescripción adquisitiva, motivando incorrectamente su determinación, porque al aplicar los criterios jurisprudenciales invocados, determinó que no fue acreditada la causa generadora de la posesión, al considerar que el contrato privado de compraventa de cuatro de marzo de mil novecientos noventa y siete, celebrado entre **********, como vendedor y, **********, como compradora, respecto del departamento **********, no es de fecha cierta y que era necesario acreditar tal circunstancia, basándose la ad quem en la jurisprudencia 1a./J. 9/2008 de rubro: "PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. EL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA QUE SE EXHIBE PARA ACREDITAR EL JUSTO TÍTULO O LA CAUSA GENERADORA DE LA POSESIÓN, DEBE SER DE FECHA CIERTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN)."; sin embargo, la quejosa estima que dicho criterio no es aplicable al caso pues, el mismo, se refiere a que la fecha cierta debe acreditarse para demostrar la buena fe, y la acción de usucapión intentada por ella es de mala fe, por lo que no es posible que se le aplique el mismo.

Asimismo, refiere que la legislación aplicable es la del abrogado Código Civil para el Estado de México, en donde se permite adquirir un bien inmueble por usucapión al poseedor que tiene un título subjetivamente válido, exigiendo revelar y acreditar la causa generadora de la posesión, como señala que en el caso acontece, y que la exigencia de la fecha cierta resulta irrelevante y contraria a los fines perseguidos en la usucapión ya que, de conformidad con los artículos 911 y 912 del abrogado Código Civil para esta entidad, se establece que sólo se requiere que el poseedor del bien objeto de la misma acredite que lo ha usado y dispuesto de él como dueño durante el tiempo y condiciones ahí señaladas, por lo que, afirma, si el acto jurídico no es de fecha cierta, tal circunstancia no es suficiente para desestimar la acción de usucapión, ya que en los términos de la legislación aplicable sólo se tenía la obligación de justificar la existencia de la causa generadora de la posesión, por lo cual la ad quem debió analizar la calidad de tal posesión con los requisitos exigidos por la ley, porque la figura de la fecha cierta no se encuentra legislada, y así, el acto jurídico cumple la función de poner de manifiesto que la posesión no se disfruta en forma derivada sino en concepto de propietario, aun cuando el documento relativo carezca de fecha cierta.

En razón de lo precedente, la impetrante considera que acreditó el primer elemento de la acción de usucapión consistente en la causa generadora de la posesión, con el contrato privado de compraventa de cuatro de marzo de mil novecientos noventa y siete, el cual constituye un acto traslativo de dominio sobre el inmueble materia de prescripción, de ahí que dicho documento surtiera efectos jurídicos para el ejercicio de la acción, pues sólo se necesita un título subjetivamente válido que establezca la creencia fundada de que ella es la poseedora absoluta del bien inmueble en controversia.

También menciona que con su causa generadora de la posesión, esto es, con el contrato privado de compraventa exhibido, se pone de manifiesto el lugar y fecha en que aquél se suscribió, así como los sujetos que intervinieron y el inmueble objeto del mismo, todo ello no obstante que no haya sido presentado ante fedatario público en razón de su oficio, inscrito en el Registro Público de la Propiedad, o demostrado que falleció alguno de los firmantes, máxime que se alegó una posesión de mala fe, por lo que insistió en que la jurisprudencia citada no sea aplicable al presente caso, aunado a que existen medios de convicción con los cuales fue perfeccionado el contrato privado, como fue el reconocimiento de contenido y firma, y la confesional a cargo de *********, por lo que no fue necesario demostrar la fecha cierta que refirió la Sala responsable pues, reiteró, que sólo se exige acreditar el origen de la posesión, no como acto traslativo de dominio, sino como un hecho jurídico que produce consecuencias de derecho, ya que el cómputo del término legal de la prescripción puede realizarse por otros medios.

De igual manera, señala que el criterio invocado por la ad quem no le es aplicable, porque el mismo se emitió en fecha posterior a la instauración del juicio natural y, por lo tanto, no puede exigírsele que acredite situaciones que, al momento de presentar su demanda, no le eran exigibles, como es el caso de la fecha cierta del contrato privado de compraventa.

Asimismo, la solicitante del amparo sostiene que la aplicación del criterio jurisprudencial se hizo por encima de la ley, dado que la legislación civil abrogada para el Estado de México no establece tales requisitos, ya que permite adquirir un inmueble por usucapión al poseedor que tiene un título subjetivamente válido, sin que pueda desestimarse por el hecho de que no tenga fecha cierta.

Por otra parte, menciona que, si bien es cierto que fuera necesario demostrar la certeza de la fecha del contrato privado de compraventa, también lo es que tal circunstancia puede ser demostrada con otros medios de prueba existentes en el procedimiento y no únicamente con la inscripción en el Registro Público de la Propiedad, la presentación ante un fedatario público o la muerte de algunos de los firmantes por lo que, en todo caso, se deben analizar los medios probatorios aportados para tal circunstancia.

Los anteriores argumentos resultan esencialmente fundados.

En efecto, asiste razón a la quejosa en cuanto señaló con énfasis que la Sala responsable se equivocó al determinar que no se acreditó la causa generadora de la posesión por el solo hecho de que el contrato privado de compraventa base de la acción de usucapión no es de fecha cierta.

De la sentencia reclamada se advierte que la Sala responsable al momento de analizar los agravios esgrimidos por el demandado en la acción principal y actor en la reconvención de reivindicación, estimó fundados aquellos en los que se impugna la acción de usucapión en cuanto a la falta de la fecha cierta del documento fundatorio de dicha acción, consideración única y toral emitida para estimar que no se había acreditado el primer elemento de la acción, consistente en la causa generadora de la posesión y, para apoyar su determinación se basó en la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 9/2008, visible en la página 315, Tomo XXVII, abril de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son los siguientes:

"PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. EL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA QUE SE EXHIBE PARA ACREDITAR EL JUSTO TÍTULO O LA CAUSA GENERADORA DE LA POSESIÓN, DEBE SER DE FECHA CIERTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). De los artículos 806, 826, 1136, 1148, 1149, 1151 y 1152 del Código Civil del Estado de Nuevo León se advierte que son poseedores de buena fe tanto el que entra en la posesión en virtud de un título suficiente para darle derecho de poseer como quien ignora los vicios de su título que le impiden poseer con derecho; que la posesión necesaria para prescribir debe ser en concepto de propietario y con justo título, pacífica, continua y pública; y que sólo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño de la cosa poseída puede producir la prescripción. De manera que si para que opere la prescripción adquisitiva es indispensable que el bien a usucapir se posea en concepto de propietario, no basta con revelar la causa generadora de la posesión para tener por acreditado ese requisito, sino que es necesario comprobar el acto jurídico o hecho que justifique ese carácter, esto es, el justo título, entendiéndose por tal el que es o fundadamente se cree bastante para transferir el dominio. Ahora bien, los documentos privados adquieren certeza de su contenido a partir del día en que se inscriben en un Registro Público de la Propiedad, se presentan ante un fedatario público o muere alguno de los firmantes, pues si no se actualiza uno de esos supuestos no puede otorgarse valor probatorio frente a terceros. Así, se concluye que si el dominio tiene su origen en un instrumento traslativo consistente en un contrato privado de compraventa, para acreditar el justo título o la causa generadora de la posesión es indispensable que sea de fecha cierta, pues ese dato proporciona certidumbre respecto de la buena fe del acto contenido en el referido documento y otorga eficacia probatoria a la fecha que consta en él, para evitar actos fraudulentos o dolosos, ya que la exhibición del contrato tiene como finalidad la acreditación del derecho que le asiste a una persona y que la legítima para promover un juicio de usucapión; de ahí que la autoridad debe contar con elementos de convicción idóneos para fijar la calidad de la posesión y computar su término."

Ahora bien, este Tribunal Colegiado Federal estima fundados los argumentos de la aquí inconforme pues, efectivamente, la jurisprudencia anteriormente transcrita no es aplicable al presente caso, en principio, porque ahí se analizó una legislación diversa a la que rigió en el juicio natural, ya que se refiere al Código Civil del Estado de Nuevo León, mientras que la aplicable en el caso es el abrogado Código Civil para el Estado de México.

Así, en la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 9/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se analizaron los artículos 806, 826, 1136, 1148, 1149, 1151 y 1152 del Código Civil del Estado de Nuevo León, los cuales son del texto siguiente:

"Artículo 806. Es poseedor de buena fe el que entra en la posesión en virtud de un título suficiente para darle derecho de poseer. También es el que ignora los vicios de su título que le impiden poseer con derecho.

"Es poseedor de mala fe el que entra a la posesión sin título alguno para poseer; lo mismo que el que conoce los vicios de su título que le impiden poseer con derecho. Entendiéndose por título la causa generadora de la posesión."

"Artículo 826. Sólo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño de la cosa poseída puede producir la prescripción."

"Artículo 1136. Para los efectos de los artículos 826 y 827 se dice legalmente cambiada la causa de la posesión, cuando el poseedor que no poseía a título de dueño comienza a poseer con ese carácter y en tal caso la prescripción no corre sino desde el día en que se haya cambiado la causa de la posesión."

"Artículo 1148. La posesión necesaria para prescribir debe ser:

(REFORMADA, P.O. 13 DE OCTUBRE DE 2000).

"I. En concepto de propietario y con justo título;

"II. Pacífica;

"III. Continua;

"IV. Pública."

"Artículo 1149. Los bienes inmuebles se prescriben:

"I. En cinco años, cuando se poseen en concepto de propietario, con buena fe, pacífica, continua y públicamente;

"II. En cinco años, cuando los inmuebles hayan sido objeto de una inscripción de posesión;

"III. En diez años, cuando se poseen de mala fe, si la posesión es en concepto de propietario, pacífica, continua y pública;

"IV. Se aumentará en una tercera parte el tiempo señalado en las fracciones I y III si se demuestra, por quien tenga interés jurídico en ello, que el poseedor de finca rústica no la ha cultivado durante la mayor parte del tiempo que la ha poseído, o que por no haber hecho el poseedor de finca urbana las reparaciones necesarias, ésta ha permanecido deshabitada la mayor parte del tiempo que ha estado en poder de aquél."

"Artículo 1151. Cuando la posesión se adquiere por medio de violencia, aunque ésta cese y la posesión continúe pacíficamente, el plazo para la prescripción será de diez años para los inmuebles y de cinco para los muebles, contados desde que cese la violencia."

"Artículo 1152. La posesión adquirida por medio de un delito, se tendrá en cuenta para la prescripción, a partir de la fecha en que haya quedado extinguida la pena o prescrita la acción penal, considerándose la posesión como de mala fe."

Ahora bien, los artículos 781, 801, 911, 912, 914, 915 y 919 del abrogado Código Civil para el Estado de México, fueron transcritos por la Sala responsable, por considerarlos similares y afines a los de la legislación de Nuevo León, mismos que son del tenor literal siguiente:

"Artículo 781. Es poseedor de buena fe el que entra en la posesión en virtud de un título suficiente para darle derecho de poseer. También es el que ignora los vicios de su título que le impiden poseer con derecho.

"Es poseedor de mala fe el que entra a la posesión sin título alguno para poseer; lo mismo que el que conoce los vicios de su título que le impiden poseer con derecho.

"-Entiéndase por título la causa generadora de la posesión."

"Artículo 801. Sólo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño de la cosa poseída puede producir la usucapión."

"Artículo 911. La posesión necesaria para usucapir debe ser:

"I. En concepto de propietario;

"II. Pacífica;

"III. Continua;

"IV. Pública."

"Artículo 912. Los bienes inmuebles se adquieren por usucapión:

"I. En cinco años, cuando se poseen en concepto de propietario, con buena fe, pacífica, continua y públicamente;

"II. En cinco años, cuando los inmuebles hayan sido objeto de una inscripción de posesión;

"III. En diez años, cuando se poseen de mala fe, si la posesión es en concepto de propietario, pacífica, continua y pública;

"IV. Se aumentará en una tercera parte el tiempo señalado en las fracciones I y III, si se demuestra, por quien tenga interés jurídico en ello, que el poseedor de finca rústica no la ha cultivado durante la mayor parte del tiempo que la ha poseído, o que por no haber hecho el poseedor de finca urbana las reparaciones necesarias, ésta ha permanecido deshabitada la mayor parte del tiempo que ha estado en poder de aquél."

"Artículo 914. Cuando la posesión se adquiere por medio de violencia, aunque ésta cese y la posesión continúe pacíficamente, el plazo para la usucapión será de diez años para los inmuebles y de cinco para los muebles, contados desde que cese la violencia."

"Artículo 915. La posesión adquirida por medio de un delito, se tendrá en cuenta para la usucapión, a partir de la fecha en que haya quedado extinguida la pena o prescrita la acción penal, considerándose la posesión como de mala fe."

"Artículo 919. Para los efectos de los artículos 801 y 802 se entiende legalmente cambiada la causa de la posesión, cuando el poseedor que no poseía a título de dueño comienza a poseer con este carácter, y en tal caso el término de la usucapión no corre sino desde el día en que se haya cambiado la causa de la posesión."

De lo precedente, puede observarse que si bien es cierto que los preceptos de una y otra legislación son similares, también lo es que en el punto medular consistente en los requisitos necesarios para prescribir no son idénticos, toda vez que el artículo 1148 del Código Civil del Estado de Nuevo León establece que la posesión necesaria para prescribir debe ser en concepto de propietario y con justo título, pacífica, continua y pública, mientras que el artículo 911 del abrogado Código Civil del Estado de México, prescinde del requisito relativo al justo título, de ahí que si tales preceptos no son idénticos, entonces la mencionada jurisprudencia no es aplicable a la legislación del Estado de México.

Cierto es que existe la denominada jurisprudencia temática, empero, debe aclararse que ésta se actualiza única y exclusivamente cuando los preceptos analizados sean idénticos en redacción, exactos y concordantes en una y otra legislaciones, lo cual no sucede en el presente caso ya que, incluso, como la propia ad quem lo advirtió al hacer un análisis comparativo de ambas legislaciones, sólo se trata de preceptos con cierta similitud y afinidad entre el abrogado Código Civil del Estado de México y el de Nuevo León, mas no son iguales, lo cual es insuficiente para establecer la aplicación obligatoria de tal jurisprudencia.

Por otra parte y, en sentido adverso a lo que consideró la Sala de apelación, el hecho de que el contrato base de la acción de usucapión no sea de fecha cierta con motivo de que no se haya celebrado o presentado ante fedatario público en razón de su oficio, inscrito en el Registro Público de la Propiedad, o demostrado que falleció alguno de los firmantes, en modo alguno implica que, por ese solo motivo, no pueda justificarse la causa generadora de la posesión invocada como sustento de la acción de usucapión, como inexactamente lo consideró el tribunal de alzada.

En efecto, el artículo 801 del Código Civil del Estado de México, abrogado, pero aplicable al presente asunto, establece que sólo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño de la cosa poseída puede producir la usucapión.

Asimismo, el artículo 911, fracción I, del citado ordenamiento, establece que la posesión necesaria para usucapir debe ser en concepto de propietario.

Lo anterior implica que uno de los requisitos para que se haga operante la usucapión o prescripción adquisitiva, es que el bien a usucapir se posea con la calidad de propietario de la cosa, lo que implica que el actor, al ejercer tal acción se encuentra obligado a revelar o invocar la causa generadora de su posesión y, además, a justificar plenamente la misma, o sea, resulta indispensable que revele y pruebe el hecho o acto jurídico que lo hace adquirir el derecho y que entronca con la causa o documento en que conste ese acto o hecho adquisitivo, que así otorgue al actor la aptitud de ostentarse dueño de la cosa, todo ello para que se corrobore que el accionante tiene una posesión originaria del bien objeto de la litis, o sea, para verificar si se colma lo dispuesto por el artículo 801 del abrogado Código Civil del Estado de México, que establece, como ya se vio, que sólo la posesión que se adquiere y disfruta con base en un título suficiente en concepto de dueño de la cosa poseída, puede producir la usucapión, y así advertir que el origen de la posesión del actor no es derivado o precario, en cuyo caso la acción sería improcedente.

Por ello, si como en la especie sucedió, la actora invocó como origen de su posesión el contrato privado de compraventa que dijo haber celebrado el cuatro de marzo de mil novecientos noventa y siete con **********, entonces, lo que debió justificar plenamente y ser analizado por la Sala responsable es la existencia de dicho acto jurídico y, en su caso, que se trata de un título suficiente y auténtico, según el documento que se exhibiera al efecto, ello, se insiste, para probar la causa generadora de la posesión que invocó, y así evidenciar que ésta es originaria y no derivada, lo anterior en orden con la justificación del elemento de la acción de usucapión, consistente en que su posesión sea en concepto de propietario, lo cual no realizó la ad quem, ya que únicamente se basó en que no se encontraba acreditada la causa generadora de la posesión por la falta de fecha cierta en el documento.

Lo precedente en el entendido de que, tratándose de la acción de usucapión, el acto jurídico o hecho invocado como causa generadora de la posesión, en este caso el contrato privado de compraventa que la actora dijo haber celebrado respecto del inmueble objeto de la litis, no es la fuente que genera la propiedad del inmueble litigioso en favor del accionante, sino que la misma se actualiza cuando la parte actora con un título suficiente ha poseído el bien con las características y el tiempo que marca la ley para ese efecto; es decir, tratándose de la usucapión, es la posesión con tales cualidades la que, en un momento dado, genera la propiedad de la cosa a favor del usucapista, mas no el acto o hecho jurídico que constituye la causa de la posesión originaria, la cual únicamente debe revelarse y probarse para justificar esa causa que se indica generó la posesión y, en su caso, evidenciar que dicha posesión tiene la calidad de originaria y, por ende, apta para prescribir.

En tal orden de ideas, se estima que la circunstancia de que el contrato base de la acción exhibido en el caso no haya sido inscrito en el Registro Público de la Propiedad, presentado ante algún funcionario público en razón de su oficio o que haya acontecido la muerte de alguno de sus firmantes, no implica, como erróneamente lo estimó la Sala responsable, que el contrato base de la acción exhibido por la parte actora resultara ineficaz para acreditar la causa generadora de la posesión, dado que con independencia de que tal contrato de compraventa básico carezca de las circunstancias antes anotadas, sí es susceptible de ser corroborado en cuanto a su autenticidad, e incluso respecto a la fecha de su celebración, en su caso, con diversos elementos de prueba que lo perfeccionen en ese sentido, sin que sea indispensable, ineludible y absolutamente necesario que, para que se justifique la causa generadora de la posesión, el mismo deba ser de fecha cierta por haber sido inscrito en el Registro Público de la Propiedad, presentado ante un fedatario público en razón de su oficio, o por haberse demostrado la muerte de alguno de sus suscriptores, pues la figura jurídica de la certeza de la fecha del contrato básico en modo alguno sirve para justificar la usucapión cuando se invoca como tal, como en la especie, un acto traslativo de dominio dado que, como ya se vio, resulta factible que en ese caso se acredite la causa generadora de la posesión a través de un título suficiente, como lo es el contrato privado de compraventa, cuya autenticidad se corroborase, incluso, en lo relativo a la fecha de su celebración, con diversos medios de convicción.

Es decir, tratándose de la acción de usucapión que se sustenta en un acto traslativo de dominio, una de las hipótesis por virtud de las cuales puede quedar perfeccionada y probada tal causa generadora de la posesión, es mediante la presentación de un título suficiente relativo a un acto o hecho jurídico determinado; empero, ello en modo alguno implica que fuese exclusivamente a través de la exhibición de un documento de fecha cierta, dado que bien puede presentarse un contrato privado carente de fecha cierta, porque no haya sido inscrito ante el Registro Público de la Propiedad, presentado ante algún funcionario que tenga fe pública, o fallecido alguno de sus firmantes y, sin embargo, se corrobore su autenticidad a través de alguno o algunos de los distintos medios probatorios que permite la ley; es por ello que se estima violatorio de las garantías individuales de legalidad en agravio de la parte quejosa que, en el caso concreto, la Sala responsable haya desestimado la acción de usucapión, acudiendo al argumento de que el accionante, en orden con la causa generadora de la posesión que invocó, exhibió un contrato privado de fecha incierta, porque según consideró la Sala, el actor no justificó, con las pruebas que aportó, que el acuerdo de voluntades haya sido inscrito en el Registro Público de la Propiedad, presentado ante algún fedatario público en razón de sus funciones, o se hubiese actualizado el fallecimiento de alguno de sus suscriptores, no obstante que, en casos como éste, lo que debe tenerse por acreditado es la autenticidad del título, con todos los medios probatorios que se hubiesen aportado.

Con base en lo anterior, se estima que considerar como lo hizo la Sala responsable, en orden con la acción de usucapión para acreditar la causa generadora de la posesión vinculada con un acto traslativo de dominio, resultara indispensable que se presente un documento de fecha cierta y que, en caso contrario, la acción resulte, de entrada, injustificada, implica limitar, en ese supuesto, el éxito del ejercicio de la acción de usucapión a la exhibición de un título suficiente en orden con un acto jurídico que sea de fecha cierta, lo que lógica y jurídicamente no resulta sostenible pues, al ser lo relevante en estos casos que el documento sea auténtico, resulta factible que el contrato privado traslativo de dominio exhibido como causa generadora de la posesión, aunque carezca de fecha cierta por no tener las cualidades apuntadas, pueda ser corroborado y perfeccionado en cuanto a tal autenticidad, incluso, respecto a la fecha de su celebración, con otros medios probatorios; lo que implica que el dato de la fecha cierta de un documento que contiene un acto traslativo de dominio, invocado como causa generadora de la posesión de la acción de usucapión, no es el idóneo para tales fines.

Lo anterior es así, porque lo relevante para la procedencia de la acción de usucapión no es el acto del acreditamiento en sí de la certeza de la fecha del documento en que aquélla se funda, sino la justificación de la autenticidad y veracidad del propio documento, ya que sólo con ello es posible constatar si el acto ahí contenido que sirve como causa generadora de la posesión, realmente se celebró y, de ser así, también acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar que en el propio documento se contienen, a diferencia de lo que se prueba con la figura de la fecha cierta, cuyos alcances no sirven más que para justificar que, a partir de determinado momento, puede tenerse por acreditada la existencia de un documento en los términos de su contenido, sea que éste fuere auténtico o no.

En este orden, el hecho del acreditamiento de la certeza de la fecha únicamente sirve para tener por justificado que en el momento en que el documento se presenta ante notario público, se exhibe ante autoridad facultada para recibirlo, o cuando muere alguno de sus suscriptores, éste ya existía, pero deja pendiente de decidir el aspecto relativo a si tal documento, aun cumpliendo con dichas exigencias, es auténtico o falso, ya que esto último no puede ser corroborado con la sola satisfacción de aquellos requisitos, sino que tiene que ser justificado por medio del desahogo de pruebas que se dirijan a lograr tal objetivo, y siendo ello así, no es aplicable el criterio que restringe la procedencia de la acción de usucapión a través de la indiscriminada aplicación de los principios que rigen a la institución de la "fecha cierta" pues, como se ha reseñado previamente, lo que importa en la acción de usucapión es la demostración de la autenticidad del documento que contenga el acto jurídico invocado como causa generadora de la posesión, cuyo acreditamiento admite la posibilidad de ser efectuado de un modo diverso a la forma como se justifica la certeza de la fecha de un instrumento, esto es, esa autenticidad puede ser acreditada mediante la recepción de pruebas dirigidas a demostrar tales extremos.

Bajo la óptica jurídica anterior, se concluye que la institución de la fecha cierta, aplicada al documento base de la acción de usucapión, no es correcta ni idónea, toda vez que la certeza de la fecha no califica en forma alguna la autenticidad del título fundatorio de la acción, que es lo que verdaderamente interesa a tal acción, dado que el hecho de que un instrumento tenga fecha cierta no se traduce en que sea auténtico, o bien, por el contrario, los documentos que carezcan de esa certeza necesariamente sean falsos, ya que la mencionada figura jurídica sólo tiene el alcance de tener por acreditada la existencia del documento en los términos ahí contenidos, a partir de que se presenta ante notario público, se exhiba ante autoridad facultada para recibirlo, o a partir de la muerte de alguno de sus suscriptores, pero sin que esa característica sea la idónea para calificar su autenticidad o falsedad, puesto que un título, a pesar de ser de fecha cierta, puede no ser auténtico y viceversa, uno que carezca de esa certeza, puede ser legítimo, como ya se demostró.

Luego, las calidades de autenticidad o falsedad de un documento no derivan de que éste adquiera fecha cierta, sino dependen de otras circunstancias, razón por la que se estima que la figura de la fecha cierta no debe ser aplicada en la usucapión, puesto que no es apta para acreditar que el documento fundatorio de la acción de prescripción adquisitiva sea auténtico o falso, por lo que se considera que no puede ni debe ser tomada en consideración esa figura para descalificar dicho título o restarle entidad, pues lo que trasciende en la acción de prescripción adquisitiva es que el título exhibido sea auténtico, y tal autenticidad, se reitera, es posible que sea demostrada con otros medios de convicción, razón por la que no es pertinente resolver la acción de usucapión con base en la figura de la fecha cierta, sino, debe resolverse analizando la autenticidad o falsedad del documento fundatorio de la misma, tal como se ha pronunciado ya este Tribunal Colegiado Federal en los juicios de amparo directo 383/2009 y 720/2009, resueltos en sesiones de fechas veintitrés de junio de dos mil nueve y cuatro de mayo de dos mil diez.

Es aplicable, al respecto, la jurisprudencia I.4o.C. J/20 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo criterio se comparte, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, mayo de 2005, página 1279, que establece:

"DOCUMENTOS PRIVADOS DE FECHA CIERTA.-Es verdad que conforme a lo dispuesto por el artículo 2034, fracción III del Código Civil, y las tesis de jurisprudencia emitidas, respectivamente, por la otrora Tercera Sala y la actual Primera Sala, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros son: ‘DOCUMENTOS PRIVA

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22844-095474dd/accion-de-usucapion-no-le-es-aplicable-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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