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Modo: Corpus Pro

MULTA CONTENIDA EN UNA BOLETA DE INFRACCIÓN LEVANTADA POR LA POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA. PARA IMPUGNARLA ES INAPLICABLE LA DUPLICIDAD DEL PLAZO ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 168/2010. · Registro digital (IUS): 22238
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Junio de 2010, , Pág. 782.

AMPARO DIRECTO 168/2010. **********.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO. Se procede al estudio de los conceptos de violación, los cuales llevan a las consideraciones siguientes:

Parte de los motivos de disenso resultan inoperantes, al ser una reproducción casi literal de los agravios hechos valer por el hoy quejoso como actor en los autos del juicio de nulidad 5312/08-07-02-1, al interponer el recurso de reclamación contra el auto emitido el veintinueve de octubre de dos mil ocho, como se procede a evidenciar con el siguiente cuadro.

Ver cuadro

En efecto, el análisis comparativo de lo expuesto ante la Sala responsable y lo que ahora se hace valer en el concepto de violación que se analiza, evidencia la inoperancia del segundo, pues como se dijo, se trata de una repetición casi literal de lo sostenido por el actor en su recurso de reclamación y que fue materia de análisis del considerando primero de la sentencia combatida, en el que el impetrante, esencialmente, se dolió de que el acuerdo recurrido, es decir aquél que desechó por extemporánea su demanda de nulidad, contravenía en su perjuicio lo establecido por el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, en razón de que el Magistrado instructor, al contabilizar el plazo para la presentación de la referida demanda de nulidad, no consideró que en la resolución impugnada no se especificó cuál era el medio de defensa, el plazo y el órgano ante el que se podía demandar la nulidad de la sanción que se le impuso y, por tanto, con fundamento en el aludido numeral 23 de la ley en comento, contaba con la duplicidad del término para la promoción de la demanda; ello en atención, señaló el accionante, toda vez que dicha ley le resultaba aplicable a la autoridad emisora del acto impugnado.

Argumentos que la Sala responsable declaró infundados e insuficientes para revocar el acuerdo recurrido, al señalar esencialmente que la Policía Federal Preventiva no tiene carácter de autoridad fiscal, sino administrativa y que resulta desacertada la afirmación del recurrente en el sentido de que la boleta de infracción reclamada le causaba un agravio en materia fiscal, en razón de que dicho acto no impone obligación alguna de carácter tributario, y que por ello, no son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

Así, del contenido del concepto de violación que se estudia, se advierte lo inoperante del mismo pues, por una parte, como se apuntó, se reproduce en forma casi literal lo expuesto en el recurso de reclamación interpuesto contra el auto que desechó su demanda de nulidad y, por otra, con tal reiteración en forma alguna se combaten las consideraciones y fundamentos vertidos por la responsable para fijar la determinación sustancial de la sentencia reclamada; por lo que, consecuentemente, las razones expuestas por la juzgadora subsisten y continúan rigiendo el sentido del fallo reclamado.

Sirve de apoyo, la tesis IV.3o.A.42 K, de rubro y texto siguientes:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE EN LUGAR DE CONTROVERTIR LA OMISIÓN O INEXACTITUD DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL ANÁLISIS DE LOS AGRAVIOS EXPUESTOS EN SEGUNDA INSTANCIA, REPRODUCEN EL ARGUMENTO PLASMADO EN LA DEMANDA INICIAL. Los conceptos de violación en el amparo directo son inoperantes si lo alegado en ellos se limita a reproducir el planteamiento originario que se esbozó en la demanda inicial, en vez de controvertir la omisión o inexactitud de la autoridad responsable en el análisis de los agravios formulados en segunda instancia, pues el examen de la constitucionalidad de la determinación en esta etapa constituye la litis en el juicio de garantías, y no el tema controvertido en el contexto primario que se plasmó en la demanda inicial ante el juzgador natural."(2)

Ahora, el quejoso también alega que el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos de los Contribuyentes en relación con el diverso 3o. del Código Fiscal de la Federación (que otorga a las multas el carácter de créditos fiscales), no constituye una norma que establezca cargas a los particulares o excepciones a las mismas, pues no se refiere al sujeto, objeto, base y tasa o tarifa de una contribución o multa, sino de cuestiones de carácter procedimental, por lo que, su estudio, interpretación y aplicación pueden y deben ser estrictamente vinculados, a fin de establecer la procedencia o no de la posibilidad de que el gobernado se defienda siendo o no contribuyente inscrito en el padrón fiscal.

Así, agrega el quejoso que contrario a lo estimado por la responsable, la demanda en contra de la boleta de infracción fue presentada en tiempo, atendiendo al sentido del penúltimo párrafo del artículo 14, así como al artículo 31, fracción IV, constitucional y al principio de "in dubio pro actione" a favor del particular afectado por el acto de autoridad, el cual debe entenderse en el sentido que en caso de duda se debe favorecer la interpretación que mejor asegure el acceso a la justicia, buscando de esa manera que la persona pueda acceder a los mecanismos de tutela de sus derechos, como es el juicio contencioso administrativo federal.

El reseñado concepto de violación es infundado.

A fin de clarificar el anterior señalamiento, se tiene presente algunos de los antecedentes de la resolución reclamada, que se desprenden del juicio de nulidad 5312/08-07-02-1, que en lo que interesa son:

1.**********, promovió juicio contencioso administrativo mediante escrito presentado el veinticuatro de octubre de dos mil ocho, en la Oficialía de Partes Común para la Salas Regionales de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, contra la boleta de infracción con folio 1018317, determinante de sanción por el monto de 108 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, así como en contra del titular de la Unidad Jurídica Regional de la Comandancia de la Región Tlaxcala, en el cual, en el apartado de hechos señaló:

"IV. Hechos que dan motivo a la demanda. El 6 de agosto de 2008, fue incoado en mi contra como conductor del vehículo con placas 518DR7, un procedimiento administrativo sancionador mediante la detención sin justificación ni orden escrita del vehículo señalado por una persona que se ostentó como ‘suboficial’, de la comisaría de sector ‘Tlaxcala’, en Tlaxcala, de la Policía Federal Preventiva y es el caso que sin acreditar plenamente su cargo y facultades levantó boleta de infracción controvertida con la que imputa en forma genérica una supuesta infracción a la legislación de tránsito federal y cuya realización niego lisa y llanamente, sin que la firma del conductor y presunto infractor implique la aceptación de la incierta acusación o la legalidad de la diligencia, sino solamente su participación en la notificación de la multa. En ese mismo acto el emisor determinó sancionar el ilícito con sanción en monto de 108 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, señalando además que el vehículo infraccionado se constituía en garantía del crédito fincado."

2. El veintinueve de octubre de dos mil ocho, la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, desechó la referida demanda al estimar que fue presentada de manera extemporánea.

3. Inconforme con tal determinación el actor interpuso recurso de reclamación mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común para la Salas Regionales de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el trece de noviembre de dos mil ocho.

4. En resolución de seis de mayo de dos mil nueve, la Sala responsable determinó confirmar el auto de veintinueve de octubre de dos mil ocho, la cual constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo.

Ahora bien, en la resolución reclamada, se estableció que resultaba correcta la determinación que ahí se impugnó, en que se desechó por extemporánea la demanda de nulidad planteada, asimismo, que no resultaba aplicable lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, toda vez que el acto impugnado derivó de una autoridad administrativa que no tiene el carácter de autoridad fiscal, por lo que, declaró infundados los agravios de la recurrente para desvirtuar la legalidad de la resolución impugnada.

A fin de ilustrar el tema en estudio, se tiene presente el contenido de los artículos 2o. y 3o. del Código Fiscal de la Federación, los cuales establecen:

"Artículo 2o. Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos . . ."

"Artículo 3o. Son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal.

"Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 21 de este código, que se apliquen en relación con aprovechamientos, son accesorios de éstos y participan de su naturaleza.

"Los aprovechamientos por concepto de multas impuestas por infracciones a las disposiciones legales o reglamentarias que no sean de carácter fiscal, podrán ser destinados a cubrir los gastos de operación e inversión de las dependencias encargadas de aplicar o vigilar el cumplimiento de las disposiciones cuya infracción dio lugar a la imposición de la multa, cuando dicho destino específico así lo establezcan las disposiciones jurídicas aplicables.

"Son productos las contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado."

(Lo subrayado es por este tribunal).

De conformidad con los dispositivos legales transcritos, las multas decretadas, como en el caso la emitida por la Policía Federal Preventiva, pertenecen al concepto de aprovechamientos, definidos en el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, como los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público, distintos de los que obtiene por contribuciones o ingresos derivados de financiamientos y de los que obtienen los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal; inclusive, la afirmación de que las multas administrativas constituyen aprovechamientos, se ve corroborada por el hecho de que el artículo 2o. de ese código, clasifica a las contribuciones en impuestos, aportaciones de seguridad social y contribuciones de mejoras y derechos, siendo evidente que aquellas multas no están comprendidas en esta clasificación.

Por su parte, el artículo 4o. del citado código dispone:

"Artículo 4o. Son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de aprovechamientos o de sus accesorios, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus servidores públicos o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena."

Acorde con este artículo, los créditos fiscales que el Estado o sus organismos descentralizados tengan derecho a percibir, pueden provenir, entre otros rubros, de los aprovechamientos; por tanto, si bien es cierto que la multa impuesta por la Policía Federal Preventiva, puede tener el carácter de aprovechamiento, y que por ello, una vez determinada la cantidad líquida que corresponda al crédito fiscal constituido por dicha multa, el Estado está facultado a proceder a su cobro, inclusive a través del procedimiento económico-coactivo previsto en el capítulo III del título V del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que en su artículo 145 establece lo siguiente:

"Artículo 145. Las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la ley, mediante el procedimiento administrativo de ejecución ..."

No por ese sólo hecho es factible que resulte aplicable lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, en virtud de que, atendiendo al origen y naturaleza de la multa en comento, se establece que no se encuentra regida por alguna disposición tributaria, lo cual conlleva a su exclusión, por ello, inaplicable lo dispuesto en dicha norma, al no resultar propiamente una contribución, y por ende, no revestirle el carácter de contribuyente al hoy quejoso.

Aunado a lo anterior, es de tenerse en cuenta lo que establecen los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

"Artículo 1. La presente ley tiene por objeto regular los derechos y garantías básicos de los contribuyentes en sus relaciones con las autoridades fiscales. En defecto de lo dispuesto en el presente ordenamiento, se aplicarán las leyes fiscales respectivas y el Código Fiscal de la Federación.

"Los derechos y garantías consagradas en la presente ley en beneficio de los contribuyentes, les serán igualmente aplicables a los responsables solidarios."

"Artículo 2. Son derechos generales de los contribuyentes los siguientes:

"I. Derecho a ser informado y asistido por las autoridades fiscales en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así como del contenido y alcance de las mismas.

"II. Derecho a obtener, en su beneficio, las devoluciones de impuestos que procedan en términos del Código Fiscal de la Federación y de las leyes fiscales aplicables.

"III. Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte.

"IV. Derecho a conocer la identidad de las autoridades fiscales bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos en los que tengan condición de interesados.

"V. Derecho a obtener certificación y copia de las declaraciones presentadas por el contribuyente, previo el pago de los derechos que en su caso, establezca la ley.

"VI. Derecho a no aportar los documentos que ya se encuentran en poder de la autoridad fiscal actuante.

"VII. Derecho al carácter reservado de los datos, informes o antecedentes que de los contribuyentes y terceros con ellos relacionados, conozcan los servidores públicos de la administración tributaria, los cuales sólo podrán ser utilizados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

"VIII. Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por los servidores públicos de la administración tributaria.

"IX. Derecho a que las actuaciones de las autoridades fiscales que requieran su intervención se lleven a cabo en la forma que les resulte menos onerosa.

"X. Derecho a formular alegatos, presentar y ofrecer como pruebas documentos conforme a las disposiciones fiscales aplicables, incluso el expediente administrativo del cual emane el acto impugnado, que serán tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente resolución administrativa.

"XI. Derecho a ser oído en el trámite administrativo con carácter previo a la emisión de la resolución determinante del crédito fiscal, en los términos de las leyes respectivas.

"XII. Derecho a ser informado, al inicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, sobre sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que éstas se desarrollen en los plazos previstos en las leyes fiscales.

"Se tendrá por informado al contribuyente sobre sus derechos, cuando se le entregue la carta de los derechos del contribuyente y así se asiente en la actuación que corresponda.

"La omisión de lo dispuesto en esta fracción no afectará la validez de las actuaciones que lleve a cabo la autoridad fiscal, pero dará lugar a que se finque responsabilidad administrativa al servidor público que incurrió en la omisión.

"XIII. Derecho a corregir su situación fiscal con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación que lleven a cabo las autoridades fiscales.

"XIV. Derecho a señalar en el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como domicilio para recibir notificaciones, el ubicado en cualquier parte del territorio nacional, salvo cuando tenga su domicilio dentro de la jurisdicción de la Sala competente de dicho tribunal, en cuyo caso el señalado para recibir notificaciones deberá estar ubicado dentro de la circunscripción territorial de la Sala."

Del primero de los preceptos transcritos se colige que la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, tiene por objeto regular los derechos y garantías básicos de los contribuyentes en sus relaciones con las autoridades fiscales; en tanto que el segundo de dichos numerales, enuncia los diversos derechos generales de aquéllos.

Asimismo, conviene destacar lo que señala el artículo 23 de la ley en cita:

"Artículo 23. Los contribuyentes tendrán a su alcance los recursos y medios de defensa que procedan, en los términos de las disposiciones legales respectivas, contra los actos dictados por las autoridades fiscales, así como a que en la notificación de dichos actos se indique el recurso o medio de defensa procedente, el plazo para su interposición y el órgano ante el que debe formularse. Cuando en la resolución administrativa se omita el señalamiento de referencia, los contribuyentes contarán con el doble del plazo que establecen las disposiciones legales para interponer el recurso administrativo o el juicio contencioso administrativo."

El precepto transcrito contiene las siguientes disposiciones:

a) Reitera el derecho que tienen los contribuyentes para impugnar las determinaciones fiscales que les sean adversas.

b) Establece como obligación de las autoridades fiscales: 1. Señalar en la resolución el recurso o medio de defensa procedente en su contra, el plazo para su interposición y el órgano ante el que debe formularse; y 2. Al momento de notificar la determinación fiscal, la autoridad debe hacer del conocimiento al contribuyente las cuestiones referidas en el punto que antecede, relativas a la procedencia de los medios de defensa;

c) En caso de que en la resolución administrativa se omita informar al contribuyente el derecho, vía y plazo que tiene para combatir aquélla, se duplicará el plazo que las leyes prevén para interponer el recurso administrativo o el juicio contencioso administrativo.

Lo anterior permite concluir que la duplicidad de los plazos para impugnar una resolución fiscal única y exclusivamente se actualiza cuando la autoridad fiscal en la resolución omite señalar al contribuyente el recurso o medio de defensa procedente en su contra, el plazo para su interposición y el órgano ante el que debe formularse.

En relación al tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 194/2009, entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, determinó que el derecho que prevé el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente relativo a que cuando en la notificación de los actos de las autoridades fiscales no se indique cuál es el recurso o medio de defensa procedente en su contra, el plazo para su interposición y el órgano ante el que pueda hacerse valer, se duplicará a favor del contribuyente el plazo legal para impugnar, es aplicable a todos los actos de las autoridades fiscales y no sólo a los derivados del ejercicio de las facultades de comprobación, porque el diverso precepto 1 de la propia ley establece que el objeto de ésta es regular los derechos y garantías básicos de los contribuyentes en sus relaciones con las autoridades fiscales, lo que conlleva la aplicabilidad de ese cuerpo legal a todos los actos que aquéllas dicten.

Tal ejecutoria dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 113/2009, que dice:

"CONTRIBUYENTE. LA DUPLICIDAD DEL PLAZO PARA RECURRIR, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS RELATIVA, ES APLICABLE RESPECTO A TODOS LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES FISCALES, NO SÓLO EN RELACIÓN CON LOS DERIVADOS DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN.-El artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente establece que cuando en la notificación de los actos de las autoridades fiscales no se indique cuál es el recurso o medio de defensa procedente en su contra, el plazo para su interposición y el órgano ante el que pueda hacerse valer, se duplicará a favor del contribuyente el plazo legal para impugnar. Ahora bien, tal derecho es aplicable a todos los actos de las autoridades fiscales y no sólo a los derivados del ejercicio de las facultades de comprobación, porque el diverso precepto 1o. de la propia ley establece que el objeto de ésta es regular los derechos y garantías básicos de los contribuyentes en sus relaciones con las autoridades fiscales, lo que conlleva la aplicabilidad de ese cuerpo legal a todos los actos que aquéllas dicten; sin que obste para ello, lo dispuesto en el artículo segundo transitorio del ordenamiento invocado, en el sentido de que sus disposiciones sólo serán aplicables al ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, que inicien a partir de la entrada en vigor de la ley. Lo anterior es así, en virtud de que esa norma de tránsito sólo determina el ámbito temporal de aplicabilidad del ordenamiento, en relación con los actos iniciados a partir de su entrada en vigor, pero no puede tener el alcance de modificar su objeto y ámbito material de validez, en la medida en que las normas transitorias son disposiciones auxiliares para delimitar el inicio de vigencia del cuerpo legal, su aplicabilidad, la pervivencia, abrogación o derogación de ordenamientos anteriores y la ultractividad de las disposiciones abrogadas o derogadas a hechos o actos acaecidos con anterioridad a su vigencia; por tanto, las reglas transitorias son instrumentos para dar efectividad al ordenamiento creado, reformado o modificado, pero no deben contradecir los principios y postulados de la norma principal, debiendo prevalecer esta última, cuando la disposición transitoria la contravenga".(3)

Una vez puntualizado que la duplicidad de los plazos para impugnar una resolución fiscal a que se refiere el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, únicamente se actualiza cuando la autoridad fiscal omite señalar en su resolución, al contribuyente el recurso o medio de defensa procedente en su contra, el plazo para su interposición y el órgano ante el que debe formularse, es menester demostrar porqué en el caso a estudio, tal hipótesis no se actualiza.

En principio, debe indicarse qué autoridad fiscal es aquel órgano de autoridad investido con facultades para modificar de manera unilateral y coercible la situación jurídica de los particulares, que tiene atribuciones legales relacionadas con la recaudación de impuesto y supervisión del cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes.

Ahora bien, los artículos 1 y 4, fracción XI, de la Ley de la Policía Federal Preventiva establecen:

"Artículo 1. La presente ley es reglamentaria del artículo 21 constitucional en lo relativo a la seguridad pública a cargo de la Federación. Es de orden Público y de aplicación en todo el territorio nacional y tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de la Policía Preventiva.

"La Policía Federal Preventiva tendrá como función primordial salvaguardar la integridad y derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, en los términos de esta ley."

"Artículo 4. La Policía Federal Preventiva tendrá las atribuciones siguientes:

". . .

"XI. Levantar las infracciones e imponer las sanciones por violaciones a las disposiciones legales y reglamentarias relativas al tránsito en los caminos y puentes federales, así como a la operación de los servicios de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado cuando circulen en la zona terrestre de las vías generales de comunicación."

Como se advierte, la Policía Federal Preventiva tiene como función primordial salvaguardar la integridad y derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos; entre sus atribuciones se encuentra la relativa a levantar las infracciones e imponer las sanciones por violaciones a las disposiciones legales y reglamentarias relativas al tránsito en los caminos y puestos federales, así como la operación de los servicios de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado cuando circulen en la zona terrestre de las vías generales de comunicación.

Por tanto, el suboficial de la Comisaría de Sector Tlaxcala, de la Policía Federal Preventiva, que levantó la boleta de infracción impugnada, como se adelantó, tiene el carácter de autoridad administrativa, dado que no está encargado de recaudar impuestos ni supervisar el cumplimiento de obligaciones fiscales de los contribuyentes, sino que tiene como función primordial salvaguardar la integridad y derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, y entre sus atribuciones se encuentra la de levantar infracciones e imponer sanciones por violaciones a las disposiciones legales y reglamentarias relativas al tránsito en los caminos y puestos federales, como en el caso aconteció, por lo que no puede estimarse que tiene carácter de autoridad fiscal.

Cobra aplicación por las razones que la integran, la tesis II.2o.A.35 A, que se comparte por este tribunal, la cual señala:

"MULTAS NO FISCALES. LAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 122 DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO DEL ESTADO DE MÉXICO SON APROVECHAMIENTOS Y NO SE RIGEN POR LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.-De la interpretación del artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación se colige que las multas administrativas deben ser consideradas como aprovechamientos, pues se trata de ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público, distintos a los que obtiene por contribuciones o ingresos derivados de financiamientos y de los que obtienen los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, por lo que tomando en consideración que el orden social y la seguridad pública constituyen funciones primordiales del Estado, es inconcuso que cuando se impone y se hace efectiva una multa administrativa por infracciones cometidas a los reglamentos expedidos para tal efecto, el Estado recibe ingresos por concepto de aprovechamientos. Además, las referidas multas no tienen el carácter de fiscales, pues si bien es cierto que todas las multas, independientemente de su naturaleza, se ubican dentro de los cobros fiscales, en razón de que para hacerlas efectivas se sigue un procedimiento económico coactivo, también lo es que la naturaleza jurídica del crédito que implican varía según la materia del ordenamiento legal que las establece y la autoridad que las aplica. En ese sentido, si las multas previstas en el artículo 122 del Reglamento de Tránsito del Estado de México no pueden considerarse como contribuciones y, por ende, no se trata de multas fiscales, debe concluirse que las mismas no se rigen por los principios tributarios consagrados en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que en dichas multas no es necesario tomar en cuenta la capacidad contributiva, la proporcionalidad ni la equidad tributaria, ya que dichos principios son aplicables a las contribuciones y las multas en comento derivan del incumplimiento a normas administrativas y no a disposiciones fiscales."(4)

(Lo resaltado es por este tribunal).

De igual forma sobre el tema, se comparten las razones establecidas en la tesis I.6o.A.35 A, que dispone:

"MULTAS. SON FISCALES CUANDO SU ORIGEN ES UNA RESOLUCIÓN DE NATURALEZA FISCAL.-De conformidad con el artículo 2o., en relación con el diverso 1o., ambos del Código Fiscal de la Federación, debe estimarse que las multas que se imponen a un particular con motivo del incumplimiento de una obligación fiscal, necesariamente participan de la naturaleza de la resolución que le dio origen y al referirse a una cuestión de carácter fiscal, también tiene ese carácter la multa, pues por crédito fiscal debe entenderse todo lo que pueda percibir el Estado que provenga de contribuciones, aprovechamientos o de sus accesorios, razón por la cual la multa impuesta al quejoso, al derivar del incumplimiento de una obligación, sólo puede atenderse como un accesorio de naturaleza fiscal y, por ende, como un crédito de tal carácter."(5)

Así, en la especie la multa impuesta al quejoso por la Policía Federal Preventiva, que se pretendió nulificar en el juicio de origen, es de las comprendidas con el carácter de "multas no fiscales", pues sin desconocer que todas las multas se catalogan dentro de los cobros fiscales, en razón de que se sigue el procedimiento económico-coactivo para hacerlas efectivas, la naturaleza jurídica del crédito que implican, varía según la materia del ordenamiento legal que establece tales sanciones y la autoridad que las aplica (multas fiscales, administrativas, judiciales, penales, etcétera); sin embargo, por materia fiscal, para efectos de las multas, debe entenderse lo relativo a impuestos o sanciones aplicadas con motivo de infracciones a las leyes que determinen dichos impuestos.

Entonces, de acuerdo con lo expuesto, válidamente se puede arribar a la conclusión de que las multas impuestas por la Policía Federal Preventiva, no son de carácter fiscal, y por esa razón, es que dichas multas no causan recargos, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación .(6)

Cobra aplicación, la tesis 2a. CXCVI/2002, del tenor siguiente:

"MULT

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22238-b548c17b/multa-contenida-en-una-boleta-de-infraccion-levantada · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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