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Modo: Corpus Pro

PRUEBA CONFESIONAL EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. TIPOS CONFORME A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y SUS DIFERENCIAS.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 163/2010. · Registro digital (IUS): 22401
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, , Pág. 1123.

AMPARO DIRECTO 163/2010. **********.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Las violaciones al procedimiento que se hacen valer son: inatendible, la relativa a que no se exhibió documento alguno para justificar que ********** tuviera el cargo de subdirector de Recursos Humanos, en la diligencia señalada para el desahogo de la prueba confesional a su cargo. Infundadas, las que se refieren al desechamiento de la prueba confesional ofrecida a cargo de la licenciada **********, y de la prueba de cotejo relacionada con la documental consistente en una lista de nómina. En cambio, fundada la deserción de la prueba confesional a cargo de **********, y la que este órgano colegiado advierte, consistente en el indebido desahogo de la prueba pericial dactiloscópica ofrecida por las partes.

En la demanda laboral, el actor reclamó del Ayuntamiento de ********** Nuevo León, la reincorporación en las actividades que venía desempeñando desde febrero de mil novecientos setenta y dos, así como el pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, además de la reactivación en la Dirección de Servicios Médicos Municipales (Clínica de Burócratas Municipales Unidad Cumbres), como trabajador del Municipio demandado.

Como hechos fundatorios de su acción, expresó que ingresó a laborar para el Municipio demandado el tres de febrero de mil novecientos setenta y dos, que se desempeñaba a últimas fechas en el puesto de auxiliar de jardinería en la Dirección de Imagen y Mantenimiento Urbano de la Secretaría de Servicios Públicos del referido Municipio, que percibía un salario de $1,452.85 (mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 85/100 M.N.) a la quincena, y que tenía una jornada comprendida de las siete a las quince treinta horas de lunes a viernes, y los sábados de las siete a las trece horas; que su jefe inmediato era la licenciada **********, de quien ignora sus apellidos, pero que es la encargada o jefa de la Dirección de Imagen y Mantenimiento Urbano del Municipio demandado, por lo que a ella le constan las condiciones de trabajo del actor. Asimismo, que el diecisiete de junio de dos mil ocho, le mandó hablar el licenciado **********, quien labora en el departamento de Recursos Humanos, y que una vez que estuvieron en el interior de su oficina le informó que el Municipio decidió darlo de baja de la nómina y en la clínica municipal, que después tratarían lo de su finiquito, y que a principios de octubre de dos mil ocho se presentó en la oficina del mencionado ********** y éste le dijo que tenía que firmar una renuncia y le pagarían $16,800.00 (dieciséis mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) lo cual considera injusto, ya que trabajó por treinta y seis años para el demandado, agregando que en ese pago sólo estaban incluidos el aguinaldo y las vacaciones, sin ofrecérsele nada como liquidación, por lo que se negó a firmar, diciéndole la mencionada persona que entonces hasta ese día podía trabajar, que estaba despedido.

El demandado, al producir su contestación a la reclamación, señaló que el actor carece de acción y derecho para demandar la reincorporación en las actividades que venía desempeñando, y la reactivación en la clínica de Burócratas Municipales Unidad Cumbres como trabajador del Municipio, en virtud de que renunció voluntariamente a su trabajo el uno de junio de dos mil ocho, mediante escrito digitalizado por el propio trabajador. También sostuvo la improcedencia del pago de las vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, con base en que dichos conceptos se encuentran prescritos, de conformidad con el artículo 78 de la Ley del Servicio Civil.

En cuanto a los hechos, controvirtió de falsa la fecha de ingreso señalada en la demanda laboral, pues afirmó que el actor ingresó el uno de octubre de dos mil cuatro, habiendo desempeñado el puesto de auxiliar de jardinería en la Dirección de Imagen y Mantenimiento Urbano de la Secretaría de Servicios Públicos de este Municipio, y agregó que ingresó a prestar sus servicios única y exclusivamente al servicio del Municipio en la Dirección de Prevención, Reclusorio y Proyectos Estratégicos dependiente de la policía preventiva; que percibía como salario quincenal la cantidad de $1,322.85 (mil trescientos veintidós pesos 85/100 M.N.) más un subsidio al empleo por la cantidad de $129.86 (ciento veintinueve pesos 86/100 M.N.) quincenales; que laboraba dentro de una jornada comprendida de las siete a las quince treinta horas de lunes a viernes, y los sábados de las siete a las trece horas, gozando de media hora de descanso para ingerir alimentos fuera del centro de trabajo, y descansando los domingos; que resultan ciertas las actividades que dijo desempeñaba, pero que es falso que su jefe inmediato haya sido la licenciada **********, a quien le atribuye el carácter de encargada o jefa de la Dirección de Imagen y Mantenimiento Urbano, ya que en el Municipio demandado no existe designación formal, notarial ni protocolizada de los puestos de jefe inmediato y supervisión, por lo que también es falso que a esa persona le constaran las condiciones de trabajo del actor; también refutó de falso que el trabajador haya sido despedido por el licenciado ********** y los hechos relacionados con el supuesto despido, añadiendo que la realidad es que el actor renunció voluntariamente a su empleo el uno de junio de dos mil ocho, y que recibió el pago de sus partes proporcionales de aguinaldo y gratificación en fecha veinte de agosto de dos mil ocho, mediante un recibo digitalizado. Por último, hizo valer la excepción de prescripción con fundamento en el artículo 78 de la Ley del Servicio Civil.

Seguido el juicio por sus cauces legales, el ocho de diciembre de dos mil nueve, la Junta responsable dictó el laudo que constituye el acto reclamado en el presente juicio de garantías, en el que absolvió al Municipio demandado de todos y cada uno de los conceptos exigidos.

Sostiene el impetrante en su tercer concepto de violación, el cual se analiza en este apartado por cuestión de orden, que en la diligencia de veintidós de septiembre de dos mil nueve, señalada para el desahogo de la prueba confesional a cargo de **********, así como de quien hiciera las veces de subdirector de Recursos Humanos del Municipio demandado, el apoderado de la parte demandada exhibió un certificado médico para acreditar la incomparecencia del citado **********, quien hace las veces de subdirector de Recursos Humanos, a pesar de que en la contestación a la demanda, objetó la referida confesional en el sentido de que en el Municipio demandado no existe el puesto de subdirector de Recursos Humanos; asimismo, que en la mencionada diligencia no se exhibió documento alguno para justificar que ********** realmente hiciera las veces de subdirector de Recursos Humanos, por lo que el tribunal de arbitraje responsable debió negar valor al certificado médico y declarar confeso al absolvente.

Lo anterior es inatendible, pues no es lógico que el quejoso pretenda desconocer el carácter de **********, como subdirector de Recursos Humanos, que él mismo le atribuyó desde su libelo inicial, del que se advierte claramente que en el punto cuatro de hechos sostuvo, entre otras cosas, que el diecisiete de junio de dos mil ocho, le mandó hablar el licenciado **********, quien labora en el departamento de recursos humanos del Municipio demandado, y que al estar en el interior de la oficina de la mencionada persona, éste le informó que el Municipio decidió darlo de baja de la nómina, y que también lo iban a dar de baja de la clínica municipal, además, agregó que a principios del mes de octubre de dos mil ocho, se presentó en la oficina del licenciado **********, dentro del departamento de recursos humanos, y éste le dijo que tenía que firmar una renuncia y que se le pagaría la cantidad de $16,800.00 (dieciséis mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) correspondientes al pago de aguinaldo y vacaciones, sin ofrecerle nada como liquidación.

En la misma demanda ofreció, entre otras probanzas, la confesional por posiciones a cargo de **********, en su carácter de subdirector de Recursos Humanos, la cual si bien fue objetada por el Municipio demandado en cuanto a que no existe designación formal, notarial, ni protocolizada de dicho puesto, el tribunal de arbitraje responsable, en el acuerdo que recayó a la audiencia de pruebas, alegatos y resolución de once de septiembre de dos mil nueve, admitió la referida confesional para hechos propios a cargo de ********** así como de quien hiciera las veces de subdirector de Recursos Humanos, señalando para el desahogo de la misma las once horas del veintidós de septiembre de dos mil nueve.

En la fecha señalada, el apoderado del Municipio demandado exhibió un certificado médico para justificar la inasistencia de **********, quien hace las veces de subdirector de Recursos Humanos, al que se le otorgó valor probatorio por el tribunal de arbitraje responsable, mediante auto de veintinueve de septiembre de dos mil nueve, en el que se señalaron las once horas del quince de octubre siguiente para que se llevara a cabo el desahogo de la confesional de que se trata.

En la fecha señalada, se hizo constar que compareció el absolvente **********, identificándose con credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral, y acompañando original y copia simple de su nombramiento de subdirector de relaciones laborales.

En ese contexto, como ya se dijo, resulta inatendible lo alegado por el aquí quejoso en el sentido de que en la diligencia de veintidós de septiembre de dos mil nueve, se debió de tener por confeso a **********, de quien se exhibió certificado médico para justificar su inasistencia al desahogo de la confesional a su cargo, porque no se acreditó que éste hiciera las veces de subdirector de Recursos Humanos, pues al ofrecer la prueba de mérito, el propio trabajador le imputó dicho cargo, así como el haber sido la persona que lo despidió, y resulta inatendible que ahora lo desconozca como tal, amén de que en la diligencia posterior de quince de octubre de dos mil nueve, se hizo constar que éste justificó con original y copia de su nombramiento, haber sido designado subdirector de relaciones laborales.

Se duele el inconforme de que el tribunal responsable desechó la prueba confesional que ofreciera a cargo de la licenciada **********, en su carácter de encargada de la Dirección de Imagen y Mantenimiento del Municipio demandado, a pesar de que en la demanda laboral le imputó hechos y manifestó que a dicha persona le constan las condiciones en las que el trabajador prestó sus servicios, por lo que debió citársele a absolver posiciones.

Este argumento resulta infundado.

Para arribar a esa conclusión es necesario aludir al contenido de los artículos 776, 777 y 779 del código laboral, relativos a las reglas generales del capítulo correspondiente a las pruebas, mismos que, en lo que interesa, establecen:

"Artículo 776. Son admisibles en el proceso todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, y en especial los siguientes:

"I. Confesional; ..."

"Artículo 777. Las pruebas deben referirse a los hechos controvertidos cuando no hayan sido confesados por las partes."

"Artículo 779. La Junta desechará aquellas pruebas que no tengan relación con la litis planteada ..."

Del contenido de los numerales transcritos se concluye que las pruebas que se ofrezcan en el procedimiento laboral, entre ellas la confesional, deben referirse a los hechos controvertidos, los cuales constituyen la litis del juicio.

Luego, aquellas probanzas ofrecidas respecto a hechos que no fueron parte de la litis, por tratarse de hechos no controvertidos o que fueron confesados, no deben ser admitidas, ya que no existe materia para su desahogo, pues resultaría ocioso pretender acreditar hechos que fueron aceptados por las partes, ya sea expresamente, o por no haber sido controvertidos.

Por su parte, los artículos 786 y 787 de la Ley Federal del Trabajo, que regulan la prueba confesional, determinan:

"Artículo 786. Cada parte podrá solicitar se cite a su contraparte para que concurra a absolver posiciones.

"Tratándose de personas morales la confesional se desahogará por conducto de su representante legal; salvo el caso a que se refiere el siguiente artículo."

"Artículo 787. Las partes podrán también solicitar que se cite a absolver posiciones personalmente a los directores, administradores, gerentes y, en general, a las personas que ejerzan funciones de dirección y administración, en la empresa o establecimiento, así como a los miembros de la directiva de los sindicatos, cuando los hechos que dieron origen al conflicto les sean propios y se les hayan atribuido en la demanda o contestación, o bien, que por razones de sus funciones les deban ser conocidos."

Como puede apreciarse, el legislador previó dos hipótesis tratándose de la prueba confesional; la primera, contenida en el artículo 786 citado, en el cual estableció que cada parte podrá solicitar se cite a su contraparte a absolver posiciones y que, tratándose de personas morales, debe comparecer el representante legal.

Tomando en cuenta lo previsto en los artículos 776, 777 y 779 analizados, resulta obvio que la materia de esta prueba debe referirse a todos los hechos controvertidos que constituyen la litis, pues el citado numeral no señala limitación alguna.

La segunda hipótesis es la prevista en el artículo 787, en el que el legislador estableció que también se puede citar a absolver posiciones a los directores, administradores, gerentes y, en general, a las personas que ejerzan funciones de dirección y administración en la empresa o establecimiento.

Sin embargo, esta prueba confesional sí la limita el legislador, ya que señaló que tal citación sólo es posible en dos casos; el primero, cuando a las personas que ocupan los puestos citados se les atribuyen, en la demanda o contestación, como propios, los hechos que dieron origen al conflicto; y, el segundo cuando por razón de sus funciones, esos hechos (los que dieron origen al conflicto) les deban de ser conocidos.

Hecha la anterior precisión se concluye, que la materia de la prueba confesional prevista en el artículo 786 a cargo del representante legal, tratándose de personas morales, es en general respecto a todos los hechos controvertidos, ya sea condiciones laborales, como lo son puesto, salario, jornada y prestaciones accesorias legales y contractuales, así como en relación a los hechos que dieron origen al conflicto (despido, rescisión, etcétera).

Por otro lado, la materia de la prueba confesional prevista en el artículo 787, es específica a los hechos que dieron origen al conflicto y que se atribuyeron como propios a los puestos antes mencionados, o que por razón de sus funciones les debieron ser conocidos.

Ello, dado que no es congruente suponer que el legislador haya previsto dos hipótesis de la prueba confesional, si ambas iban a tratar sobre la misma materia, ya que no tendría sentido duplicar un medio de convicción; es decir, si el legislador estableció dos hipótesis para una misma probanza, es evidente que ello obedeció a que la materia de cada una de ellas no es exactamente la misma, diferencia que se presenta por alguna particularidad que las hace distintas.

En el caso, la diferencia entre ambas pruebas, como ya se dijo, radica en que, en la primera, no existe limitación alguna, razón por la cual el representante legal puede ser examinado en relación a todos los hechos controvertidos, ya sea que éstos traten sobre condiciones laborales o sobre los hechos que dieron origen al conflicto, aun cuando estos últimos no le hayan sido atribuidos como propios al citado representante legal.

En cambio, en la segunda sí existe limitación, dado que los directores, administradores, gerentes y, en general, las personas que ejerzan funciones de dirección y administración deben ser examinadas en relación a los hechos que dieron origen al conflicto y los cuales se les atribuyen como propios, y le fueron imputados en la demanda o contestación, o que, por razón de sus funciones, les deben ser conocidos.

Luego, se reitera que la prueba confesional prevista en el artículo 786 a cargo del representante legal de la persona moral demandada comprende todos los hechos controvertidos en el juicio; y, por su parte, la confesional prevista en el artículo 787 sólo comprende los hechos que dieron origen al conflicto.

Ahora bien, en la especie, en el capítulo tres de hechos de su escrito inicial de demanda, el actor señaló de manera textual:

"3. Mi jefe inmediato era la Lic. **********, ignorando sus apellidos, quien es la encargada o jefa de la Dirección de Imagen y Mantenimiento Urbano del Municipio demandado, por tanto, a esta persona le constan las condiciones en las cuales el suscrito prestó sus servicios para el Municipio ya mencionado." (foja 1).

En la misma demanda, la parte actora ofreció la confesional por posiciones para hechos propios a cargo de la Lic. ********** en su carácter de encargada de la Dirección de Imagen y Mantenimiento Urbano del Municipio demandado.

El tribunal de arbitraje responsable en el acuerdo que recayó a la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, no admitió la citada confesional con base en que no se encontraba ofrecida conforme a derecho.

La anterior determinación deviene correcta, aunque por diversas razones a la señaladas por el tribunal de trabajo, pues si tomamos en consideración que en los términos apuntados, la confesional a que alude el artículo 787 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de directores, administradores, gerentes y, en general, personas que ejerzan funciones de dirección y administración en la empresa o establecimiento, procede únicamente cuando a dichas personas se les imputan hechos propios relacionados con el origen del conflicto (en este caso el despido), la circunstancia de que el actor en su libelo inicial haya referido que a la mencionada Lic. ********** le constaran las condiciones en las cuales prestó sus servicios, es insuficiente para concluir que el tribunal responsable debió admitir la confesional para hechos propios ofrecida a su cargo, pues tal imputación no versa sobre los hechos que dieron origen al conflicto, que en este caso el actor señala que fue el despido, ni tampoco puede concluirse que, por razón de la función de dicha persona, tales hechos le debieran ser conocidos, por lo que no resulta procedente la confesional para hechos propios a que alude el multicitado artículo 787 de la Ley Federal del Trabajo.

Tiene aplicación al respecto, la tesis aislada IV.3o.T.264 L, de este propio Tribunal Colegiado, que se reitera, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, enero de dos mil nueve, página 2791, que precisa:

" Tratándose de la prueba confesional en el procedimiento laboral, el legislador previó en la Ley Federal del Trabajo dos tipos de ella; la primera se contiene en el artículo 786, que establece que cada parte podrá solicitar se cite a su contraparte para absolver posiciones, y respecto de personas morales su desahogo debe verificarse por conducto de su representante legal, por lo que la materia de dicha probanza podrá referirse a todos los hechos controvertidos que constituyen la litis, sin limitación alguna; y la segunda, se prevé en el numeral 787, que señala que también podrá citarse a absolver posiciones personalmente a los directores, administradores, gerentes y, en general, a las personas que ejerzan funciones de dirección y administración, en la empresa o establecimiento, así como a los miembros de la directiva de los sindicatos, lo que significa que la materia de la confesional se referirá a los hechos que originaron el conflicto, siempre y cuando les sean propios y se les hayan atribuido en la demanda o contestación, o bien, que por razones de sus atribuciones deban ser de su conocimiento. De donde se concluye que la diferencia entre dichas pruebas radica en que en la primera no existe limitación sobre su materia, pues tanto el absolvente físico como el representante legal de la persona moral pueden ser examinados en relación con todos los hechos controvertidos, ya sea que traten sobre condiciones laborales (puesto, salario, jornada, prestaciones accesorias, legales y contractuales u otras), o sobre hechos que dieron origen al conflicto (despido, rescisión u otros); en cambio, en la segunda, las personas que realicen actividades de dirección y administración podrán ser examinadas en cuanto a los hechos, pero únicamente respecto de los que originaron el conflicto, y se les hayan atribuido como propios en la demanda o contestación, o que por razones de sus funciones les deban ser conocidos."

En esas condiciones, la circunstancia de que la autoridad responsable haya desechado la prueba confesional por posiciones ofrecida por la parte actora a cargo de la Lic. **********, no es contraria a la ley, ni por ende, violatoria de garantías.

Afirma el quejoso que el tribunal de trabajo le desechó la prueba de cotejo o compulsa que ofreciera en relación a la documental de catorce de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, consistente en una lista de nómina, con apoyo en que dicho documento no contiene firma ni sello que lo haga auténtico, a pesar de que el artículo 798 de la Ley Federal del Trabajo, aplicado en forma supletoria, exige que para la prueba de cotejo solamente se señale el lugar donde el documento original se encuentre, requisito que fue satisfecho al momento del ofrecimiento del medio de convicción de que se trata, por lo que el mismo debió admitirse, ya que no era suficiente para su desechamiento, que el Municipio alegara que no lleva ni existen dichos documentos.

Lo anterior deviene infundado, toda vez que aun cuando es cierto que el precepto legal a que alude el quejoso dispone que si el documento privado consiste en copia simple o fotostática se podrá solicitar, en caso de ser objetado, la compulsa o cotejo con el original y que para ese efecto el oferente deberá precisar el lugar donde el documento original se encuentre, en la especie, tal como lo consideró el tribunal responsable, el documento exhibido por el actor en el juicio, el cual obra a foja 7 de autos, cuyo cotejo o compulsa se ofreció, se trata de una copia fotostática en la que aparecen diversos nombres, puestos, sueldos y altas del departamento de ornato y forestación, pero de la misma no se desprende ni sello ni rúbrica, ni denominación alguna que vincule el mismo con el Municipio demandado, o con persona u organismo alguno, por lo que sería ilógico pretender que se lleve a cabo el cotejo o compulsa de una documental de la que no se desprende por quién fue expedida para poder obligar a dicha persona física o moral, que presente su original; de ahí que resulta ajustada a derecho la determinación de la Junta responsable de no admitir el referido cotejo.

En cambio, resulta fundada la violación procesal que hace consistir el impetrante en que la Junta responsable ilegalmente declaró desierta la prueba confesional a cargo de **********, por la incomparecencia de representación jurídica de la parte oferente, sin tomar en cuenta que ya obraba el pliego de posiciones correspondiente desde el veintidós de septiembre de dos mil nueve.

En efecto, se dice que es fundada la violación al procedimiento de que se trata, toda vez que de las constancias de autos se advierte que en la demanda laboral el actor ofreció, entre otros medios de convicción, la confesional para hechos propios a cargo de ********** en su carácter de subdirector de Recursos Humanos, a quien cabe destacar, le imputó el despido.

El tribunal de arbitraje responsable admitió dicha confesional, y señaló las once horas del veintidós de septiembre de dos mil nueve para que tuviera verificativo su desahogo.

En la fecha señalada, el apoderado jurídico de la parte demandada exhibió certificado médico para justificar la incomparecencia del absolvente, por lo que el tribunal de arbitraje, mediante acuerdo de veintinueve de septiembre siguiente, señaló de nueva cuenta las once horas del quince de octubre de la anualidad referida, para que se llevara a cabo el desahogo de la confesional a cargo de **********.

En la hora y fecha señaladas, se hizo constar que se encontraba presente el absolvente **********, quien se identificó con credencial de elector y acompañó su nombramiento de subdirector de relaciones laborales en original y copia simple; sin embargo, ante la incomparecencia del apoderado jurídico de la parte trabajadora, oferente de la prueba, el tribunal de arbitraje declaró desierta la misma.

La determinación anterior es ilegal, por lo siguiente.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia número 2a./J. 34/99, al resolver la contradicción de tesis 89/98, visible en la página 51 del Tomo IX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y nueve, que dice:

"CONFESIONAL EN MATERIA LABORAL. ES IMPROCEDENTE DECLARARLA DESIERTA POR LA INCOMPARECENCIA DEL OFERENTE QUE PREVIAMENTE A LA AUDIENCIA RELATIVA PRESENTÓ EL PLIEGO DE POSICIONES FIRMADO. De la interpretación armónica de lo dispuesto en los artículos 685 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con los diversos 786 a 794 del propio ordenamiento legal, se concluye que es improcedente declarar desierta la prueba confesional cuando el oferente, en un procedimiento laboral, ha presentado el pliego de posiciones firmado conforme al cual debe desahogarse dicha probanza, fundando dicho proceder en que aquél omitió comparecer a la audiencia de desahogo respectiva; ello es así, en razón de que el elemento esencial para llevar a cabo el desahogo de la prueba no lo constituye la presencia física de las partes sino el pliego firmado, de las posiciones conforme al cual deberá desahogarse, aunado al hecho de que debe facilitarse a la Junta laboral el allegarse los medios de convicción que le permitan llegar al conocimiento de la verdad, sin obstaculizar su desahogo con exigencias que no se encuentran previstas en la Ley Federal del Trabajo pues en dicho ordenamiento no se establece alguna consecuencia procesal para la no comparecencia de las partes a la audiencia de desahogo respectiva, de tal manera que la determinación de la Junta laboral en el sentido apuntado implica distinguir donde no lo hizo el legislador y contrariar lo dispuesto en el artículo 779 de la ley de la materia que confiere facultades a éstas para desechar únicamente aquellas pruebas que no tengan relación con la litis planteada, o bien porque resulten inútiles o intrascendentes, mas no por causas diversas."

De conformidad con la jurisprudencia transcrita, si en un procedimiento laboral ya se ha presentado el pliego de posiciones firmado, conforme al cual debe desahogarse la prueba confesional, es improcedente declarar desierta la misma, con base en que el oferente omitió comparecer a la audiencia de su desahogo, ya que el elemento esencial para llevarla a cabo no lo constituye la presencia física de las partes, sino el pliego de posiciones firmado conforme al cual deba desahogarse, por lo que la junta no puede obstaculizar dicho desahogo con exigencias que no se encuentran previstas en la ley.

Ahora bien, si en el caso concreto en la fecha señalada en primer término (veintidós de septiembre de dos mil nueve), para el desahogo de la confesional a cargo de **********, en su carácter de subdirector de Recursos Humanos, el oferente de la prueba presentó el pliego de posiciones firmado, el cual aparece a foja sesenta y dos de autos, empero, la misma no se llevó a cabo debido a que el apoderado jurídico de la parte demandada justificó la incomparecencia del absolvente con certificado médico; y, en la nueva fecha para el desahogo de la confesional debió llevarse a cabo la misma conforme al pliego de posiciones ya exhibido, sin importar que no compareciera persona alguna por la parte actora, y al no hacerlo así y declarar su deserción, el tribunal de arbitraje responsable violó en perjuicio del quejoso las leyes del procedimiento, en términos del artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo; violación que trascendió al resultado del laudo reclamado, toda vez que en el mismo se absolvió de las prestaciones exigidas, especialmente de la reinstalación y pago de salarios caídos, lo que pudo ser distinto de haberse desahogado la confesional de que se trata.

Por último, este Tribunal Colegiado advierte, en suplencia de la deficiencia de la queja, que el tribunal laboral violó las leyes procesales en perjuicio del quejoso, al llevar a cabo en forma incorrecta el desahogo de la prueba pericial dactiloscópica ofrecida por las partes.

En efecto, la parte demandada ofreció, entre otros medios de convicción, la documental privada consistente en una carta renuncia de uno de junio de dos mil ocho, así como un recibo de veinte de agosto del mismo año.

Las anteriores probanzas fueron objetadas por la parte actora en cuanto a su autenticidad, con base en que la huella digital que aparece al calce de las mismas no fue estampada por el trabajador.

Dada la objeción anterior, las partes ofrecieron la prueba pericial dactiloscópica, para lo cual la parte actora solicitó se le designara un perito oficial, lo que fue acordado de conformidad designándosele al licenciado **********. Por su parte, el Municipio demandado designó como perito al licenciado **********, respecto de quienes se evidencia que no acreditaron en el juicio laboral de origen tener conocimiento en la técnica sobre la que versa su dictamen, no obstante la obligación legal contenida en el artículo 822 de la Ley Federal del Trabajo.

En efecto, obran en autos los dictámenes rendidos por los citados peritos; sin embargo, no obstante haber realizado una revisión minuciosa de las constancias de dicho expediente, no se advierte que dichos expertos hayan demostrado plenamente estar autorizados para emitirlos, pues al inicio d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22401-af04aeca/prueba-confesional-en-el-procedimiento-laboral-tipos-conforme · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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