Corpus
Modo: Corpus Pro

UTILIDADES. PARA RECLAMAR SU PAGO DEBE ACREDITARSE QUE SE LLEVÓ A CABO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 121 Y 125 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 974/2009. · Registro digital (IUS): 22249
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ********** (1).
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Junio de 2010, , Pág. 866.

AMPARO DIRECTO 974/2009. ********** (1).

CONSIDERANDO:

OCTAVO. Los conceptos de violación que se formulan son inoperantes, infundados y fundados.

De autos se advierte que ********** (1) demandó a ********** (2), denominada comercialmente ********** (2), de quien reclamó la indemnización constitucional, salarios caídos y diversos conceptos, los cuales quedaron transcritos en el considerando quinto de la presente resolución (fojas 1-2).

Como hechos fundatorios de su acción expresó, en lo que interesa, que ingresó a laborar al servicio de la demandada en fecha quince de febrero de dos mil cinco, con el puesto de ejecutivo de ventas de la división industria, con un salario base de $18,400.00 (dieciocho mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), más el 2.4% de comisión total de las ventas realizadas, lo que daba un promedio mensual de $12,387.56 (doce mil trescientos ochenta y siete pesos 56/100 M.N.), por lo que su salario integrado al mes era por la cantidad de $30,787.56 (treinta mil setecientos ochenta y siete pesos 56/100 M.N.), con una jornada de lunes a viernes, con un horario de 8:30 a las 13:30 horas y de las 14:00 a las 19:00 horas, y los sábados de las 9:00 a las 17:00 horas, con media hora de descanso. También manifestó que el dieciséis de enero de dos mil seis fue despedido por los ingenieros **********, ********** y ********** (fojas 1-2).

Mediante escrito de contestación al libelo inicial, la demandada se excepcionó en el sentido de que era inexistente la relación de trabajo que le atribuyó el actor, manifestando que el vínculo que les unía era de naturaleza mercantil, en virtud de un contrato de mediación mercantil, el cual celebraron el dieciséis de febrero de dos mil cinco, en el que se pactó como pago mensual por la prestación de la mediación mercantil la cantidad de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N.) más $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), como ayuda de gastos de viaje, en el caso de que saliera más de 100 kilómetros de la ciudad de Monterrey, por lo que era falso el salario y el resto de las condiciones que adujo el accionante en su demanda. Asimismo, señaló que en fecha dieciséis de enero de dos mil seis, el hoy quejoso dio por terminado voluntariamente dicho contrato. Además, opuso la excepción de prescripción (fojas 19-23).

Seguido el juicio en sus demás cauces legales, en fecha veintinueve de febrero de dos mil ocho, la Junta responsable dictó un primer laudo, en el que absolvió a la demandada de todos los conceptos reclamados (fojas 129-131).

Contra dicho laudo, la parte actora promovió demanda de garantías, la cual se radicó en este tribunal bajo el número **********, misma que fue resuelta en sesión de veinticinco de febrero de dos mil nueve, mediante la cual se le concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para el efecto siguiente:

"... que la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado y dicte otro en el que al analizar la naturaleza del nexo existente entre las partes, considere lo dispuesto por el artículo 285 de la Ley Federal del Trabajo y la jurisprudencia emitida por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘AGENTES DE COMERCIO Y DE SEGUROS. RELACIÓN LABORAL.’, confrontándolo con el contenido del contrato de comisión mercantil y demás pruebas allegadas por la demandada y, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que conforme a derecho corresponda." (fojas 155-179).

En acatamiento a lo anterior, en fecha veinticuatro de abril de dos mil nueve, la responsable emitió el laudo que en esta vía se impugna, del que se advierte que absolvió a la demandada de los conceptos de indemnización constitucional, salarios caídos, prima de antigüedad, séptimos días, días festivos, salarios retenidos, comisiones retenidas y tiempo extraordinario; asimismo, dejó a salvo los derechos del actor respecto del concepto de utilidades; y, le condenó al pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo (fojas 195-204).

Debe destacarse que a pesar de que en la especie pudiera surtirse una violación procesal en cuanto a la prueba grafoscópica que obra en autos, vinculada con la pericial propuesta en la presente vía constitucional, lo cierto es que la diversa violación tocante al fondo del asunto es fundada, lo que le origina mayor beneficio al promovente del amparo, motivo por el cual este órgano federal se abocará al estudio de esta última, por así permitirlo la jurisprudencia P./J. 3/2005, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 37/2003, sustentada entre la Primera y Segunda Salas de ese Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, febrero de 2005, página 5, que a la letra dice:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. De acuerdo con la técnica para resolver los juicios de amparo directo del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, con independencia de la materia de que se trate, el estudio de los conceptos de violación que determinen su concesión debe atender al principio de mayor beneficio, pudiéndose omitir el de aquellos que, aunque resulten fundados, no mejoren lo ya alcanzado por el quejoso, inclusive los que se refieren a constitucionalidad de leyes. Por tanto, deberá quedar al prudente arbitrio del órgano de control constitucional determinar la preeminencia en el estudio de los conceptos de violación, atendiendo a la consecuencia que para el quejoso tuviera el que se declararan fundados. Con lo anterior se pretende privilegiar el derecho contenido en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en garantizar a los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, esto es, que en los diversos asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de amparo se diluciden de manera preferente aquellas cuestiones que originen un mayor beneficio jurídico para el gobernado, afectado con un acto de autoridad que al final deberá ser declarado inconstitucional."

En el tercer concepto de violación, mismo que se analiza en primer término por cuestión de técnica jurídica, el quejoso alega en esencia, que desde la segunda etapa de la audiencia trifásica de ley, es decir, la de demanda y excepciones, debe acreditarse la personalidad jurídica de la demandada, lo que desde su perspectiva, no quedó justificado, dado que el apoderado jurídico de la demandada no acreditó tal evento, ya que los documentos exhibidos, consistentes en las escrituras ********** y **********, así como la carta poder conducente, carecen de eficacia para demostrar la personalidad con que se ostentó, por lo que la Junta debió decretar la sanción correspondiente.

Lo anterior es inoperante, pues como se estableció en párrafos que anteceden, el hoy quejoso promovió una demanda de amparo directo con anterioridad ********** y en la ejecutoria emitida por este órgano federal al resolver dicho juicio de garantías, se sostuvo lo siguiente:

"... El quejoso ********** (1) refiere que desde la etapa procesal oportuna en cualquier procedimiento laboral, se debe dejar claramente establecida la personalidad de cualquiera de las partes; que en el caso particular la demandada debe justificarla en la segunda etapa de la audiencia trifásica laboral, esto es, en la de demanda y excepciones, lo cual no ocurrió, ya que de la documentación exhibida consistente en las escrituras **********, ********** y carta poder agregadas, no se desprende elemento alguno tendente a justificar la personalidad del tercero perjudicado, en virtud de las anomalías hechas valer en la audiencia de tres de mayo de dos mil seis; aduce, además, que la responsable jamás debió continuar con el procedimiento, porque no se acreditó tal personalidad y debió decretar la sanción correspondiente. Son inoperantes los anteriores planteamientos, porque el reconocimiento de la personalidad por parte de la Junta, debió combatirse a través del juicio de amparo indirecto. Así es, el presupuesto procesal de la personalidad, no puede analizarse en amparo directo, puesto que como excepción, dicho estudio procedería, única y exclusivamente, en el supuesto de que haya existido pronunciamiento sobre la personalidad en el laudo que se combate, lo que no acontece en la especie. Por lo que, se reitera, las cuestiones relativas a la personalidad, deben combatirse en la vía indirecta, por constituir actos dictados dentro del juicio que tiene efectos cuya ejecución es de imposible reparación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, y no mediante el juicio de amparo directo como una violación a las leyes del procedimiento, porque, de considerarlo así, quedaría a elección de la parte interesada promover el juicio de amparo indirecto o esperar a la sentencia definitiva y hacer la impugnación en los conceptos de violación. Lo anterior se justifica, porque de lo contrario, dejaría de tener aplicación la regla general contenida en los artículos 21 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, consistente en que el juicio de garantías debe promoverse dentro de los quince días siguientes al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos actos. Y es que sólo procede el estudio de ese presupuesto procesal en amparo directo, cuando existe pronunciamiento específico en el laudo lo que, se insiste, no sucedió en el caso concreto. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 4/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, enero de 2001, Novena Época, página 11, de rubro: ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.’. De igual forma, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 7/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el mismo órgano de difusión, Tomo IX, febrero de 1999, Novena Época, visible en la página 169, del contenido literal siguiente: ‘PERSONALIDAD EN MATERIA LABORAL. POR REGLA GENERAL DEBE RECLAMARSE EN AMPARO INDIRECTO, EXCEPTO CUANDO LA JUNTA, DENTRO DEL JUICIO, DESCONOZCA O RECHACE LA DE QUIEN COMPARECE POR EL ACTOR, O CUANDO, EN EL LAUDO, HAGA PRONUNCIAMIENTO ESPECÍFICO SOBRE LA CUESTIÓN, CASOS EN LOS CUALES PROCEDE EL AMPARO DIRECTO.’." (fojas 170-173).

De lo transcrito se observa que en la citada ejecutoria **********, ya obra un pronunciamiento previo por parte de este tribunal en el que se determinó, medularmente, que dicho concepto de violación resultaba inoperante, dado que el reconocimiento de la personalidad por parte de la Junta debe combatirse a través del juicio de amparo indirecto, y no en la vía uniinstancial.

En esas condiciones, resulta claro que los argumentos que formula el promovente del amparo en cuanto a la personalidad jurídica con la que se ostentó el apoderado de la empresa demandada, devienen inoperantes, precisamente porque en la ejecutoria referida ya fue abordado tal concepto, el cual fue desestimado, lo que impide a este órgano colegiado emitir un nuevo pronunciamiento al respecto, en atención a la firmeza de las sentencias dictadas por la potestad federal.

Al efecto se comparte el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, tesis VII.1o.C. J/15 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, febrero de 2003, página 808, que dice:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, SI EN ELLOS SE COMBATEN CUESTIONES ANALIZADAS EN UNA EJECUTORIA DE AMPARO ANTERIOR. Si en los conceptos de violación que se hacen valer en un juicio constitucional promovido en contra de la resolución dictada en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, se combaten cuestiones que ya fueron analizadas en ésta, los argumentos formulados en la nueva demanda de garantías resultan inoperantes, pues la decisión pronunciada no puede ser cuestionada ni modificada en atención a la firmeza de las sentencias dictadas por la potestad federal al conocer de los juicios de amparo."

En otro orden de ideas, aduce el impetrante de garantías en una parte del primer motivo de disenso, que la responsable vulnera sus garantías constitucionales, ya que a pesar de que ella misma reconoció que quedó acreditada una relación laboral entre las partes, procedió a analizar una comunicación de dieciséis de enero de dos mil seis, que exhibió la demandada, consistente en una terminación voluntaria de un contrato de mediación mercantil, mismo que no reconoce haber firmado; pasando por alto que la defensa de la empresa en ningún momento consistió en alguna renuncia o terminación de la relación de trabajo, ya que únicamente señaló que le unió un vínculo de tipo mercantil y negó la relación laboral, por lo que es ilegal que la autoridad le otorgara el carácter de renuncia a dicho documento, pues además de que contiene una firma falsificada, en el mismo se alude a la terminación de un acto jurídico mercantil, pero no a la terminación de una relación de trabajo, lo que no fue materia de excepción.

Lo anterior es fundado, en la medida que a continuación se indica:

Como se asentó en párrafos que anteceden, la demandada se excepcionó negando la relación de trabajo y alegó que celebró con el actor un contrato de mediación mercantil, pero que en fecha dieciséis de enero de dos mil seis concluyó este último, porque el accionante terminó voluntariamente el citado contrato de mediación.

Ahora bien, del fallo que se reclama se desprende que la Junta determinó que la empresa no demostró que la relación que le unió al reclamante fuera de carácter mercantil, dado que no le beneficiaban las probanzas que ofreció para tal efecto, por lo que concluyó que la relación entre las partes era laboral.

A criterio de este órgano federal, es legal la anterior determinación, pues como lo sostuvo la autoridad responsable, en el caso, la demandada no demostró que el vínculo que le unía al actor, era de naturaleza mercantil, ya que la documental que ofreció, consistente en el contrato de dieciséis de febrero de dos mil cinco, no acredita tal extremo; motivo por el cual, debe concluirse que la verdadera relación que se pactó en dicho contrato es de carácter laboral, lo que permite establecer que las condiciones ahí acordadas regulan el nexo jurídico existente entre las partes.

Así también, del propio laudo se desprende que posteriormente la responsable estableció que en virtud de que la empresa adujo que el actor dio por terminado su contrato de trabajo en fecha dieciséis de enero de dos mil seis, le correspondía demostrar tal afirmación, citando en apoyo de su argumento, la tesis de rubro: "CARGA DE LA PRUEBA EN LA RENUNCIA AL TRABAJO.", pues al respecto sostuvo:

"... Planteada la controversia en los términos antes expuestos, este tribunal considera que corresponde a la parte demandada la carga de la prueba, a fin de que justifique que el actor renunció en forma voluntaria a su trabajo en fecha 16 de enero de 2006. Lo anterior por ser dicha parte la que cuenta con los documentos justificativos de dicha excepción, de conformidad con lo establecido por la tesis jurisprudencial que a la letra reza: ‘CARGA DE LA PRUEBA EN LA RENUNCIA AL TRABAJO (se transcribe). Del estudio de las pruebas de la parte demandada, (sic) sí cumple con el extremo procesal impuesto a su cargo, pues le resulta favorable la prueba documental, consistente en comunicación de fecha 16 de enero del 2006, consistente en una terminación voluntaria del contrato de mediación mercantil ...’." (foja 200).

La anterior conclusión es ilegal, para lo cual es necesario transcribir el contenido de la documental referida

Ver documental

Como puede apreciarse, en el documento transcrito el actor dio por terminado el contrato de mediación mercantil de dieciséis de febrero de dos mil cinco que le unía a la empresa demandada; sin embargo, dicho documento es ineficaz para demostrar que el accionante renunció a su empleo, pues para que ello suceda, es menester que la renuncia quede acreditada plenamente, lo que no acontece en el caso en estudio.

Ciertamente, al constituir la renuncia la manifestación unilateral de la voluntad por parte del trabajador para dar por concluido el nexo laboral, se requiere que al externarse dicha manifestación, no quede duda alguna de que en realidad es la voluntad del trabajador de poner fin al vínculo de trabajo.

En congruencia con lo expuesto, debe decirse, que si en la especie, en el documento transcrito consta que el actor dio por terminado un contrato de mediación mercantil que le unía a ********** (2), no puede considerarse que tal manifestación constituya la renuncia a su empleo, o que estuviera dando por concluido el nexo laboral que le unía a dicha empresa, pues para ello era necesario que se acreditara tal extremo de manera fehaciente e indubitable, lo que no ocurre en el caso, por lo que la conclusión de la Junta infringe las garantías del hoy quejoso.

Al respecto, se comparte en lo conducente, la tesis I.6o.T.29 L, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Novena Época, mayo de 1996, página 693, que puntualiza:

"RENUNCIA AL TRABAJO, DEBE CONSTAR DE MANERA INDUBITABLE. La renuncia consiste en la manifestación unilateral del trabajador, expresando su deseo o intención de ya no prestar sus servicios al patrón, según lo definió la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial por contradicción No. 37/94, publicada en la página 23, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 81, septiembre de 1994 que dice: ‘RENUNCIA VERBAL. VALIDEZ LEGAL DE LA. La renuncia a seguir prestando servicios representa el libre ejercicio de un derecho del trabajador y es un acto unilateral que por sí solo surte efectos, procediendo la terminación de la relación laboral. Dicha renuncia, sea oral o por escrito, no necesita del cumplimiento de posteriores formalidades o requisitos y, por lo mismo, para su validez no requiere de ratificación ni de aprobación por la autoridad laboral, puesto que no constituye un convenio de aquellos a los que alude el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, para que se tenga por actualizado ese supuesto de renuncia, la misma debe acreditarse de manera fehaciente e indubitable de modo tal, que no quede lugar a dudas en cuanto a esa manifestación unilateral de la voluntad con la que el trabajador decide poner fin a la relación laboral."

Ahora bien, como se precisó con anterioridad, al no demostrarse por la demandada que la relación que le unía al actor era de carácter mercantil, debe concluirse que es de naturaleza laboral y, por ello, las condiciones pactadas en el contrato de dieciséis de febrero de dos mil cinco, son las que acordaron las partes para que rigieran dicho vínculo de trabajo.

En otro contexto, es infundado el argumento que hace valer el quejoso en una parte del segundo concepto de violación, en el sentido de que es ilegal la determinación de la Junta en cuanto al concepto de utilidades; pues como lo sostuvo la responsable, en el caso no se señaló cantidad líquida del monto de dicho reclamo, y no se demostró haber seguido el procedimiento contenido en los artículos 121 y 125 del código laboral.

Lo anterior es así, en virtud de que, es a la parte actora a quien le corresponde acreditar los extremos de su acción, esto es, haber generado el derecho a las utilidades que adujo, sin que obre en autos probanza alguna tendente a justificar el derecho en cita, pues es menester que hubiese justificado que se encontraba satisfecho el procedimiento a que se contrae el artículo 125 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, que hubiese quedado en cantidad líquida y determinada la utilidad que aduce le corresponde, lo que en la especie no se surte, pues como ya se dijo, de los elementos de prueba que ofreció, no se desprende tal extremo.

Por tanto, si en el sumario no quedó acreditado que el hoy quejoso hubiese agotado el procedimiento a que se alude en líneas que anteceden, el actuar de la Junta responsable se ajusta a derecho, pues carece de elementos para decretar la condena por el pago de utilidades que reclamó el accionante, motivo por el cual su determinación en el sentido de dejar a salvo los derechos del actor para reclamar en su momento oportuno el concepto de utilidades, en nada transgrede las garantías constitucionales del quejoso.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 4a./J. 52/94, emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 85, enero de 1995, página 50, que puntualiza:

"PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. CARGA DE LA PRUEBA.-Los artículos 123, fracción IX, de la Constitución Federal y 117 al 127 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, establecen la obligación patronal de participar utilidades a los trabajadores y el procedimiento correspondiente, dentro del cual intervienen varias entidades, comisiones y personas conforme a diversos trámites hacendarios y administrativos que culminan, dentro de cada empresa, con la integración de una comisión de representantes del patrón y de los trabajadores que deben ponerse de acuerdo sobre el proyecto de reparto de utilidades, en el entendido de que si no se ponen de acuerdo decidirá el inspector del trabajo; dicho proyecto se fijará en lugar visible del establecimiento para que en el término de quince días los trabajadores puedan hacer observaciones que serán resueltas por la propia comisión, y pasado el término indicado o resueltas las objeciones, la determinación de la comisión o del inspector será definitiva y sólo hasta entonces nace para el patrón la obligación de pagar a cada trabajador el monto específico por concepto de participación de utilidades; por lo tanto, si en el procedimiento aludido no todos los aspectos se rigen por disposiciones laborales y, asimismo, no en todos los trámites interviene el patrón con facultades autónomas y decisorias, puesto que lo que fundamentalmente queda bajo la responsabilidad directa del patrón frente a cada trabajador es el pago del monto fijado en definitiva por la Comisión Mixta o por el inspector del trabajo, ha de considerarse que conforme a las reglas de las cargas probatorias que establece el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, hay que distinguir, por una parte, la determinación en cantidad líquida y definitiva del monto que corresponde al trabajador en concepto de participación de utilidades, cuya carga probatoria debe corresponder al trabajador, sin que baste para ello su simple afirmación, en virtud de que tal comisión o autoridad y no el patrón, son los que tienen los elementos que sirvieron de base para la fijación de la cantidad líquida repartible o los comprobantes de su definitividad cuando haya habido objeciones; por otra parte ya demostrada la cantidad líquida y definitiva, toca al patrón la carga de la prueba del pago de ese monto, como lo establece el artículo 784, fracción XIII, congruente con el artículo 804, fracción IV, ambos de la Ley Federal del Trabajo."

Asimismo, es de aplicar al caso, el criterio que sostiene este Tribunal Colegiado, en la tesis IV.3o.13 L, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, julio de 1995, página 283, que a la letra dice:

"UTILIDADES. PARA RECLAMAR SU PAGO. DEBE ACREDITARSE QUE SE LLEVÓ A CABO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 121 Y 125 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.-No es suficiente que el accionante reclame el pago por concepto de utilidades, sino que también debe acreditar que se llevó a cabo el procedimiento previo que señalan los artículos 121 y 125 de la Ley Federal del Trabajo, pues es de explorado derecho que el actor debe probar los extremos de su acción y al no acreditarse que se encontraba satisfecho el citado procedimiento previo, y por consecuencia el porcentaje que correspondía, de acuerdo al mismo, la Junta laboral carece de elementos para condenar al patrón a cubrir el reclamo de pago de utilidades."

Por otra parte, es infundada la inconformidad que se hace valer en el segundo agravio, en cuanto al salario mensual que la responsable declaró firme para efecto de las condenas decretadas, pues contrario a lo que sostiene el promovente del amparo, es legal que señalara que debía considerarse una percepción de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N.) mensuales, pues si bien, la demandada en ningún momento reconoció salario alguno, lo cierto es que señaló que por la prestación de la mediación mercantil se entregaría la cantidad de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N.) mensuales al actor, tal como se desprende del contrato de dieciséis de febrero de dos mil cinco, y como quedó expuesto, las condiciones ahí acordadas son las que rigen el vínculo laboral; motivo por el cual, debe concluirse que la percepción mensual del hoy quejoso por la prestación de sus servicios es por la cantidad de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N.), y por ende, la determinación del tribunal del trabajo no le depara perjuicio alguno.

Por otro lado, en relación a la absolución de las comisiones retenidas que se reclamaron, la determinación de la Junta no le irroga perjuicio al impetrante, porque aun cuando se aprecia que el actor señaló las cantidades que se le adeudaban por tal concepto, lo cierto es que tal como se estableció en líneas que anteceden, la parte demandada acreditó que la percepción mensual del accionante, por la prestación de sus servicios es la cantidad de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N.), por así establecerse en el contrato de dieciséis de febrero de dos mil cinco, no apareciendo en dicho documento que se hubiese pactado comisión alguna con el hoy quejoso; sin que la parte actora haya desvirtuado la percepción salarial acreditada por la empresa, por lo que la conclusión de la responsable no infringe sus garantías constitucionales.

En ese orden de ideas, también resulta correcta la absolución decretada por la autoridad laboral, en relación a los séptimos días y días festivos reclamados, habida cuenta que la demandada aportó, entre otras pruebas, diversas facturas signadas por el actor, de las que se desprende, como lo estableció la responsable, que el pago era quincenal, esto es, por unidad de tiempo, por lo que debe considerarse que el pago de los séptimos días y los días festivos se encuentra incluido en la percepción quincenal, precisamente porque el pago no se hace en atención al número de días trabajados, sino a la unidad de tiempo "quincena".

Encuentra apoyo lo anterior, en la jurisprudencia de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 151-156, Quinta Parte, página 217, que puntualiza:

"SALARIOS MENSUALES. FORMA DE COMPUTARLOS.-En los casos en que el salario del trabajador se paga mensualmente, no existe razón para aumentar, a este sueldo, el salario correspondiente al séptimo día, que debe considerarse incluido en el sueldo mensual, ya que pagándose al trabajador mensualidades, dicho pago no se hace en atención al número de días trabajados, sino a la unidad de tiempo ‘mes’, sueldo que es el mismo en los doce meses del año, no obstante la diferencia en el número de días de los mismos."

Asimismo, es aplicable al caso la jurisprudencia de este órgano colegiado, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 52, abril de 1992, página 54, que puntualiza:

"SÉPTIMO DÍA Y DÍAS FESTIVOS. PAGO DE. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE PACTA EL SALARIO EN FORMA QUINCENAL.-Al acreditarse que el actor devengaba su salario tanto en forma quincenal como mediante el cobro de honorarios, es inconcuso que no había razón legal para pagarle lo correspondiente al séptimo día y los días festivos, ya que tales conceptos deben tenerse por incluidos atento a que por un lado se liquidaba su sueldo por unidad de tiempo mes dividido en dos quincenas, y por otra parte su ingreso lo obtenía mediante el cobro de honorarios, caso en el que no estaba obligada la demandada a liquidarle los conceptos en cuestión, en virtud de que el propio quejoso era quien fijaba las cantidades que recibía por su trabajo."

Por otra parte, es fundado el argumento que se formula también en el segundo concepto, en relación con la absolución del tiempo extraordinario, ya que se advierte que el accionante reclamó el pago de dos horas extras comprendidas de lunes a viernes de cada semana, en el periodo del quince de febrero de dos mil cinco al dieciséis de enero de dos mil seis; lo que fue negado por la demandada, pues como se ha señalado repetidamente, negó la relación laboral con el reclamante y, por ende, la existencia de jornada alguna.

Sin embargo, no obstante que la responsable concluyó que la empresa no acreditó su excepción, en el sentido de que la relación que le unía al actor era de naturaleza mercantil; al analizar el tiempo extraordinario que se reclamó, estableció que no era creíble que el accionante hubiese laborado dos horas extraordinarias sin haber exigido el pago correspondiente, por lo que absolvió a la demandada de tal concepto.

A criterio de este Tribunal Colegiado, la anterior determinación es ilegal, pues contrario a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22249-2c3f2127/utilidades-para-reclamar-su-pago-debe-acreditarse-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.