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Modo: Corpus Pro

EMPLAZAMIENTO EN MATERIA LABORAL. EL ARCHIVO DEL ASUNTO POR INCUMPLIR EL TRABAJADOR CON ACUDIR CON EL ACTUARIO PARA LA PRÁCTICA DE AQUELLA DILIGENCIA, O BIEN, HABER PROPORCIONADO UN DOMICILIO INCORRECTO O FALSO, IMPLICA LA REVOCACIÓN DEL ACUERDO ADMISORIO DE LA DEMANDA Y, POR TANTO, ES ILEGAL.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 797/2009. · Registro digital (IUS): 22234
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Junio de 2010, , Pág. 756.

AMPARO DIRECTO 797/2009. **********.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO. Previo al análisis de los conceptos de violación conviene destacar para mejor comprensión del asunto, los antecedentes de la resolución de archivo que constituye el acto reclamado.

En escrito presentado el once de abril de dos mil seis, **********, por conducto de su representante legal, demandó por diversas prestaciones a las empresas denominadas, ********** y **********.

El veinte de abril de dos mil seis, la autoridad laboral señalada como responsable admitió a trámite la demanda, y ordenó el emplazamiento a juicio.

En razón actuarial de quince de noviembre de dos mil seis, el actuario adscrito a la Junta laboral asentó que no pudo llevar a cabo el emplazamiento de **********, toda vez que al constituirse en el domicilio número ********** de la calle ********** de la colonia ********** de ciudad **********, Campeche, fue informado por una persona de sexo masculino que atendió la diligencia, que en ese domicilio no existe la citada empresa.

En diversa constancia actuarial de la misma fecha, respecto la codemandada **********, el fedatario adscrito asentó que no fue posible su emplazamiento en razón de que se constituyó en la calle ********** de la colonia ********** y no localizó el número **********, de ciudad **********, Campeche.

El veintidós de noviembre de dos mil seis, fecha en la cual tendría verificativo la audiencia trifásica, en desahogo a la vista que se le dio respecto a la imposibilidad del actuario de efectuar el emplazamiento ordenado, el actor señaló diverso domicilio; motivo por el que se comisionó de nueva cuenta al actuario para que llevara a cabo el emplazamiento en el nuevo domicilio señalado para tal efecto.

Mediante razón actuarial de veintinueve de marzo de dos mil siete, de nueva cuenta el fedatario adscrito a la junta responsable, hizo constar que no fue posible realizar el emplazamiento ordenado, en razón de que en el nuevo domicilio proporcionado, fue informado que las empresas buscadas no tenían asentamiento en ese lugar.

En atención a lo anterior, la Junta responsable en proveído de dieciséis de abril de dos mil siete, dio tres días hábiles a la parte actora para que proporcionara domicilio donde pudieran ser emplazadas las partes demandadas con el apercibimiento que de no hacerlo se archivaría el expediente.

Desahogada la vista mencionada, en proveído de quince de agosto de dos mil siete, se señaló fecha y hora para la audiencia trifásica ordenándose al actuario el emplazamiento a juicio de las partes demandadas, lo cual no fue posible ante la imposibilidad de dicho funcionario de efectuar el emplazamiento en el domicilio ubicado en la calle ********** número ********** de la colonia ********** de ciudad **********, Campeche.

En diverso proveído de dieciocho de abril de dos mil ocho, se dio vista a la parte actora de la imposibilidad que tuvo el actuario de realizar el emplazamiento ordenado, de ahí que al señalar el número ********** de la calle ********** de la colonia ********** de ciudad **********, Campeche, se fijó nueva fecha y orden de emplazamiento.

Ante lo infructuoso del emplazamiento en dicho domicilio y atendiendo que durante la audiencia de siete de abril de dos mil nueve, la parte actora en uso de la voz señaló como nuevo domicilio el ubicado en la calle ********** número ********** de la colonia ********** de ciudad **********, Campeche, la autoridad laboral programó como nueva fecha para que tenga verificativo la audiencia de conciliación demanda y excepciones, de ofrecimiento y admisión de pruebas, el trece de julio de dos mil nueve, de tal suerte que se comisionó al actuario para efectuar el emplazamiento, con el apercibimiento para la parte actora que de resultar falso el domicilio proporcionado se archivaría el expediente de manera definitiva por falta de interés.

En razón actuarial de veintinueve de junio de dos mil nueve, la fedataria adscrita a la Junta, hizo constar que no fue posible emplazar a **********, y **********, en el domicilio ubicado en la calle ********** número ********** de la colonia ********** de ciudad **********, Campeche, porque al constituirse en él fue informada que no tenían allí su asentamiento.

Lo que precede dio lugar a la emisión del acto reclamado, en virtud de que en proveído de trece de julio de dos mil nueve, se ordenó el archivo del expediente de manera definitiva por falta de interés.

En contra de dicha determinación, argumenta el impetrante de garantías:

Que el proceder de la Junta es violatorio de garantías individuales al no tener sustento legal. Además que hacer efectivo el apercibimiento decretado implica la revocación del acuerdo admisorio, lo que considera contraviene los artículos 686 y 848 de la Ley Federal del Trabajo.

Que el numeral 712 de dicho ordenamiento sólo regula la hipótesis tocante a cuando el trabajador ignore el nombre del patrón, caso en el cual el emplazamiento se realizará en el domicilio donde prestó sus servicios, por tanto, la Junta debe emplear los medios legales que tenga a su alcance para emplazar a la demandada, como lo es, solicitar informes a autoridades administrativas a fin de que proporcionen el domicilio para notificar a la parte demandada.

Lo alegado es fundado en términos de lo que a continuación se apunta.

Los artículos 685, 871 a 873 de la Ley Federal del Trabajo establecen:

"Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso.

"Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta, en el momento de admitir la demanda, subsanará ésta. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea obscura o vaga se proceda en los términos previstos en el artículo 873 de esta ley."

"Artículo 871. El procedimiento se iniciará con la presentación del escrito de demanda, ante la Oficialía de Partes o la Unidad Receptora de la Junta competente, la cual lo turnará al Pleno o a la Junta Especial que corresponda, el mismo día antes de que concluyan las labores de la Junta."

"Artículo 872. La demanda se formulará por escrito, acompañando tantas copias de la misma, como demandados haya. El actor en su escrito inicial de demanda expresará los hechos en que funde sus peticiones, pudiendo acompañar las pruebas que considere pertinentes, para demostrar sus pretensiones."

"Artículo 873. El Pleno o la Junta Especial, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes al en que se haya recibido el escrito de demanda. En el mismo acuerdo se ordenará se notifique personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda, y ordenando se notifique a las partes con el apercibimiento al demandado de tenerlo por inconforme con todo arreglo, por contestada la demanda en sentido afirmativo, y por perdido el derecho de ofrecer pruebas, si no concurre a la audiencia.

"Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda, o que estuviere ejercitando acciones contradictorias, al admitir la demanda le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y lo prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días."

Lo anterior permite establecer que el procedimiento del derecho del trabajo es público, gratuito, predominantemente oral y se inicia a instancia de parte; que el mismo comienza con la presentación de la demanda, en la cual deben precisarse los hechos en que se funden las peticiones, acompañando el promovente, si lo desea, las pruebas que estime pertinentes; que la Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que reciba el ocurso, dictará un acuerdo en el que aparte de señalar fecha para la celebración de la audiencia de ley, la que se efectuará dentro de los quince días siguientes, ordenará la notificación personal a las partes, apercibiendo al demandado de tenerlo por inconforme con todo arreglo, por contestado el libelo en sentido afirmativo y por perdido el derecho a ofrecer pruebas si no concurre a la audiencia; además, se impone a la Junta la obligación de que si advirtiera alguna irregularidad en la demanda, al admitirla, debe indicar los defectos u omisiones en que se haya incurrido, previniendo para que se subsane dentro del término de tres días.

Entonces, para resolver sobre la admisión de la demanda laboral no se exige a la Junta que examine si el domicilio proporcionado por los actores en su demanda fue correcto; de ahí que una vez recibida la demanda que cumpla las exigencias previstas en la Ley Federal del Trabajo, dicha autoridad está obligada a admitirla, señalando fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas, sin que sea procedente en ese momento o en algún otro previo al dictado del laudo determinar el archivo del asunto, porque ninguno de los preceptos reguladores del inicio del procedimiento laboral autoriza a las Juntas a desechar o no dar trámite a la demanda ordenando su archivo como total y definitivamente concluido, ya que sólo se les faculta a indicar a los actores los defectos u omisiones que haya advertido en el escrito de demanda previniéndolos para que los corrijan, por lo cual, carece de fundamento lo determinado por la autoridad laboral para negar el inicio del procedimiento por el hecho de que la demanda no cumple alguno de los requisitos contenidos en la ley.

En efecto, si la Junta responsable no sólo se limitó a requerir al actor para que proporcionara el domicilio correcto de la parte demandada, sino que también lo apercibió con archivar la demanda, ese proceder es violatorio de garantías individuales al no tener sustento legal. Además, como la parte quejosa lo sostiene, el hacer efectivo el apercibimiento decretado implica la revocación del acuerdo admisorio de la demanda y ello, contraviene lo dispuesto en la parte final del segundo párrafo del artículo 686 de la Ley Federal del Trabajo, que determina: "... Las Juntas ordenarán que se corrija cualquier irregularidad u omisión que notaren en la sustanciación del proceso, para el efecto de regularizar el procedimiento, sin que ello implique que puedan revocar sus propias resoluciones, según lo dispone el artículo 848 de la presente ley."

Bajo esa perspectiva y tomando en consideración que la Ley Federal del Trabajo no establece el procedimiento que debe seguirse cuando se ignore el domicilio del patrón, conviene destacar que los artículos 17, 740 y 782 de la Ley Federal del Trabajo establecen:

"Artículo 17. A falta de disposición expresa en la Constitución, en esta ley o en sus reglamentos, o en los tratados a que se refiere el artículo 6o., se tomarán en consideración sus disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales que deriven de dichos ordenamientos, los principios generales del derecho, los principios generales de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad."

"Artículo 740. Cuando en la demanda no se haya expresado el nombre del patrón o de la empresa en que trabaja o trabajó el trabajador, la notificación personal de la misma se sujetará al procedimiento establecido en el artículo 743 en lo conducente debiendo cerciorarse el actuario de que el lugar donde efectúa la notificación es precisamente el de el centro de trabajo donde presta o prestó sus servicios el demandante, y la notificación se entenderá hecha al patrón, aunque al hacerla se ignore el nombre del mismo."

"Artículo 782. La Junta podrá ordenar con citación de las partes, el examen de documentos, objetos y lugares, su reconocimiento por actuarios o peritos y, en general, practicar las diligencias que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad y requerirá a las partes para que exhiban los documentos y objetos de que se trate."

Así la interpretación armónica de dichos preceptos permite obtener:

Que a falta de disposición expresa en la Constitución, en la propia ley o en sus reglamentos, se deberán tomar en consideración los principios generales que deriven de esos ordenamientos, los principios de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución Federal, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad.

Que el emplazamiento a la parte demandada se podrá efectuar en el centro donde prestó sus servicios el demandante, y la notificación se entenderá hecha al patrón, aunque al hacerla se ignore el nombre del mismo, sin soslayar por supuesto las formalidades que en lo conducente el fedatario se encuentra obligado a observar, conforme a las reglas de notificación contenidas en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo.

Que en el caso de la inexistencia de dicho centro de trabajo, la Junta responsable debe emplear los medios legales que tenga a su alcance para emplazar a la parte demandada, a fin de no contravenir las normas legales relativas a las facultades que para mejor proveer le son otorgadas para el esclarecimiento de la verdad.

En ese contexto, se estima que cuando la parte actora omita señalar el domicilio donde puede ser emplazada la parte patronal, la Junta responsable, en primer orden, cuenta con la facultad de ordenar que corrija esa omisión y, en su caso, podrá ordenar que se le notifique al patrón en el centro de trabajo donde labora o laboró el trabajador, para lo cual requerirá a este último, para que señale el domicilio correcto; y en el hipotético caso que resulte infructuoso, ya sea por cambio de domicilio, o se encuentre desocupado el lugar, podrá solicitar informes a las autoridades administrativas o de empresas particulares, por señalar algunas (IMSS, ISSSTE, SAT, Comisión Federal de Electricidad, Teléfonos de México), para que proporcionen el domicilio de la parte demandada, y así proceder a su emplazamiento.

Sirve de aplicación a lo anterior, la tesis de jurisprudencia IV.2o.T. J/38 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, que este Tribunal Colegiado comparte y que aparece publicada en el Tomo XVIII, julio de 2003, página 856, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 183853, de rubro y texto siguientes:

"DEMANDA LABORAL. ES ILEGAL ORDENAR EL ARCHIVO DEL ASUNTO POR NO CUMPLIR EL ACTOR CON EL APERCIBIMIENTO DE PROPORCIONAR EL DOMICILIO DE LA PARTE DEMANDADA. Resulta ilegal la resolución de la Junta laboral en la que ordena el archivo del expediente con base en que la parte actora no allegó algún elemento o medio de convicción que acreditara el domicilio de la parte demandada, ni señaló uno diverso en el que se le pudiera emplazar, dado que antepone razones de índole práctico a las jurídicas, en virtud de que no existe disposición en la Ley Federal del Trabajo que autorice a las Juntas a ordenar el archivo del asunto, so pretexto de que la parte actora hubiera incumplido con el requerimiento de proporcionar el domicilio exacto de la demandada; además, porque el hacer efectivo el apercibimiento decretado implica la revocación del acuerdo admisorio de la demanda, y ello contraviene lo dispuesto por el artículo 686, párrafo segundo, in fine, de la Ley Federal del Trabajo, en relación con el diverso 848 del propio ordenamiento."

Asimismo, es aplicable por analogía la jurisprudencia 2a./J. 98/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XII, diciembre de 2000, página 272, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:

"CONDENA EN CONTRA DE LA FUENTE DE TRABAJO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IGNORA EL NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL PATRÓN, DEBIENDO LA JUNTA LABORAL, EN USO DE SUS FACULTADES PARA MEJOR PROVEER, ORDENAR LAS PROVIDENCIAS NECESARIAS PARA DETERMINAR LA IDENTIDAD DE AQUÉL. No es posible legalmente decretar en el laudo una condena en contra de la fuente de trabajo, entendida como el lugar en donde el trabajador presta sus servicios, cuando se desconoce el nombre, razón social o denominación del patrón, en primer lugar, porque sólo las personas físicas y morales son titulares de derechos y obligaciones jurídicas y sólo a ellas puede exigirse el cumplimiento de una condena; en segundo lugar, porque la identidad de la persona responsable de la fuente de trabajo constituye un presupuesto de la acción laboral, sin el cual no puede prosperar. No es obstáculo a lo anterior el que el artículo 951, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo disponga que el requerimiento de pago y embargo para la ejecución de un laudo pueda llevarse a cabo en el domicilio donde se practicó el emplazamiento cuando en la demanda no se haya señalado el nombre del patrón, pues de ello no se sigue que en el laudo pueda establecerse condena contra persona indeterminada. Asimismo, el que conforme a los artículos 712 y 740 del ordenamiento citado, proceda admitir la demanda con el solo señalamiento del domicilio en que se labora o laboró y de la actividad del patrón, cuando el trabajador desconozca el nombre, razón social o denominación de aquél, caso en que procede el emplazamiento en ese domicilio, únicamente hace patente la intención del legislador de evitar que el trabajador quede indefenso por desconocer la identidad de su patrón, permitiéndole ejercer su derecho de acción y ordenándose el emplazamiento con el propósito de que la persona responsable de la fuente de trabajo comparezca al procedimiento. Sin embargo, cuando ello no ocurre así, a fin de respetar el espíritu proteccionista de la ley a favor del trabajador y evitar que éste quede indefenso cuando el patrón no comparece al procedimiento, por no poderse decretar condena en contra de persona indeterminada, la Junta laboral debe, si advierte en la fase de arbitraje que no compareció la parte demandada y que no existen elementos para determinar su identidad, haciendo uso de la facultad para mejor proveer prevista en los artículos 782 y 886 de la Ley Federal del Trabajo, ordenar la investigación que permita conocer a la persona física o moral responsable de la fuente de trabajo para decretar, en su caso, la condena en su contra, lo que puede lograr a través del conocimiento que tiene del domicilio en que labora o laboró el trabajador y la actividad a que se dedica el patrón, pues con esos elementos está en posibilidad de solicitar los informes pertinentes a las autoridades administrativas (sanitarias, fiscales, etcétera), a fin de que le proporcionen el nombre de la persona responsable de la fuente de trabajo."

También tiene razón la parte quejosa cuando señala que la Junta responsable radicó de manera indebida la demanda, toda vez que llama a juicio a ********** y como demandada señaló a ********** y, por tanto, con dicho error se continuó por todo el procedimiento.

Para sostener lo anterior, conviene destacar en primer orden que el actor señala en su demanda: "... en tiempo y forma y en la vía ordinaria laboral vengo demandando a la (sic) persona morales denominada ********** ..."

Sin embargo, la junta responsable al radicar la demanda y ordenar el emplazamiento a la parte demandada citó en el proemio de su acuerdo los datos de identidad de las partes contendientes en el conflicto laboral, y señala como contrario del actor, a la empresa denominada **********.

Por tanto, si el actuario adscrito con el pretendido de dar cumplimiento a lo ordenado, hizo constar en la razón actuarial de quince de noviembre de dos mil seis, "... me constituí al domicilio en la calle ********** número ********** de la colonia ********** de esta ciudad, a notificar a la empresa **********, y estando presente en dicho domicilio me manifestó una persona de sexo masculino que ahí en ese domicilio no existe dicha empresa ...", es evidente, que no acudió en búsqueda de la persona ciertamente demandada y de algún modo trascendió al archivo definitivo impugnado, pues la persona buscada no es la señalada por el actor como demandada.

En esa medida y, atendiendo que en actuaciones posteriores la Junta responsable continuó con la misma apreciación, pues incluso la razón actuarial que precedió a la orden de archivo fue donde el actuario hizo constar que no pudo notificar a **********; es inconcuso que amerita reparación, porque es indiscutible que de ser emplazada como demandada una persona moral que no fue señalada como tal (en el hipotético caso que exista con la denominación que indebidamente fijó la responsable), acudiría en defensa de sus intereses y, por ende, generaría retraso innecesario en el asunto.

En consecuencia, procede conceder el amparo para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el auto reclamado, subsane el auto de radicación en cuanto a la parte demandada **********; y siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, provea lo necesario para emplazar a los demandados y, hecho lo anterior, continúe con el procedimiento.

Por lo expuesto, y con fundamento además, en los artículos 76, 77, 78, 80, 184, 190 y 192 de la Ley de Amparo, 34 y 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión Ampara y Protege a **********, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Cincuenta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en ciudad **********, Campeche, en términos del último considerando de esta sentencia.

Notifíquese como corresponda; anótese en el libro de gobierno correspondiente; devuélvanse los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.

Así lo resolvió el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados José Atanacio Alpuche Marrufo y David Alberto Barredo Villanueva, así como del licenciado José Rubén Ruiz Ramírez, secretario de este tribunal, en funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 52, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio consejo, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de doce de agosto de dos mil nueve, según oficio SEPLE./GEN./007/6425/2009 de la propia fecha; siendo presidente el primero de los nombrados y ponente el segundo de ellos.

En términos de lo previsto en el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en ese supuesto normativo.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22234-55393367/emplazamiento-en-materia-laboral-el-archivo-del-asunto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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