CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. PARA LA OBTENCIÓN DE LA PENSIÓN CORRESPONDIENTE EN TÉRMINOS DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL EN EL CASO DE TRABAJADORES QUE HAYAN COTIZADO EN EL RÉGIMEN ANTERIOR, ÉSTOS DEBEN ACREDITAR ESTAR LEGITIMADOS PARA ELLO. CONSERVACIÓN DE DERECHOS. ES VÁLIDO QUE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA ANALICE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 182 DE LA DEROGADA LEY DEL SEGURO SOCIAL EN EL CASO DE QUE LOS TRABAJADORES DEMANDEN EL OTORGAMIENTO DE LA PENSIÓN DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA CON BASE EN EL ACTUAL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL. CONSERVACIÓN DE DERECHOS. ES VÁLIDO QUE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA ANALICE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 182 DE LA DEROGADA LEY DEL SEGURO SOCIAL EN EL CASO DE QUE LOS TRABAJADORES DEMANDEN EL OTORGAMIENTO DE LA PENSIÓN DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA CON BASE EN EL ACTUAL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL.
AMPARO DIRECTO 799/2009. **********.
CONSIDERANDO:
CUARTO. El análisis del único concepto de violación propuesto, permite definir lo siguiente:
El quejoso sostiene la ilegalidad del laudo, ya que argumenta por qué no estudió todas y cada una de las prestaciones reclamadas, así como el capítulo de derecho, de las que se advertía que el actor se acogió a la Ley del Seguro Social vigente a partir del primero de julio de mil novecientos noventa y siete, en especial a los artículos 154, 155, 156 y undécimo transitorio; que el instituto demandado no fue claro al contestar la demanda, pues no se refirió a cada una de ellas de manera específica, no acreditó sus excepciones y defensas, ya que incluso reconoció que en caso de ser condenado debía tomarse en cuenta el salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización; que mucho menos desvirtuó la procedencia de la acción, y por el contrario, el actor sí la demostró con la documental privada que ofreció en el apartado 4 de su ocurso relativo, consistente en la hoja de certificado de derechos de cuatro de febrero de dos mil cuatro, misma que no fue objetada, y de la que se desprendían las 1312 (mil trescientas doce) semanas que cotizó para el organismo de salud, por lo que debió otorgar plena eficacia probatoria.
Que de manera indebida la Junta declaró procedente la excepción opuesta en términos del artículo 182 de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación de doce de marzo de mil novecientos setenta y tres, vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, la cual no era aplicable al caso concreto, en razón de que su acción la fundó en la nueva legislación, y no como incorrectamente lo hizo valer el instituto demandado.
Lo que así se aduce es infundado, en atención a las consideraciones que a continuación se exponen:
En primer término se analiza la aplicabilidad o no del artículo 182 de la otrora Ley del Seguro Social; esto es, si la Junta del conocimiento estuvo en lo correcto en fundar su determinación en la legislación abrogada, en la cual no se sustentó la acción.
Como acertadamente lo refiere el amparista, de su escrito inicial se advierte que demandó del ********** el otorgamiento y pago de la pensión por cesantía en edad avanzada, y otras prestaciones accesorias, basándose en la Ley del Seguro Social vigente a partir del primero de julio de mil novecientos noventa y siete, específicamente en los artículos 154, 155 y 156 de dicha legislación.
En la narrativa de los hechos adujo, en lo que interesa, que se encontraba inscrito en el régimen obligatorio del Seguro Social con el número de afiliación ********** adscrito a la ********** que cotizó para el demandado 1312 (mil trescientas doce) semanas; que nació el veinticinco de junio de mil novecientos cuarenta y cuatro; y que el dieciocho de enero de mil novecientos setenta y dos contrajo matrimonio civil con **********.
El ********** al contestar la demanda, negó acción y derecho al actor, en lo que interesa, porque se encontraba fuera del periodo de conservación de derechos, señalado en el artículo 182 de la Ley del Seguro Social (150 de la ley vigente); además porque no reunía los requisitos señalados en los artículos 143 y 145, fracciones I, II y III de la Ley del Seguro Social. En cuanto a los hechos, aceptó parcialmente el uno, sólo en cuanto al número de afiliación y al número de semanas cotizadas, negando el resto.
Seguido el juicio por sus instancias procesales, la Junta dictó un primer laudo el veintidós de enero de dos mil ocho, en cuyos puntos resolutivos determinó:
"PRIMERO. La parte actora no acreditó su acción y la demandada sí justificó sus excepciones y defensas. SEGUNDO. Se absuelve al ********** de todas y cada una de las prestaciones reclamadas por el actor en el presente juicio, en términos del último considerando de esta resolución." (foja cincuenta y cinco).
Inconforme con lo resuelto en dicho laudo ********** por conducto de su apoderado, promovió juicio de amparo directo, del que tocó conocer a este Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, bajo el DT. ********** mismo que en sesión celebrada el veintiséis de septiembre de dos mil ocho, resolvió conceder el amparo y protección constitucional solicitados para el efecto de que: "... la Junta deje insubsistente el laudo y reponga el procedimiento a efecto de que emita una nueva resolución, que deberá firmar el secretario de Acuerdos que dé fe de esos actos, especificando su nombre." (foja sesenta y cuatro vuelta).
En cumplimiento a dicha ejecutoria, la Junta dictó laudo el veintidós de octubre de dos mil ocho, que es el que ahora se combate, en el que resolvió absolver al instituto demandado, bajo los siguientes argumentos:
"VI. Analizando primeramente la instrumental pública de actuaciones consistente en todo lo actuado y que nos lleva a la presuncional legal y humana para la impartición de justicia propuestas en este juicio, tenemos en el presente asunto le corresponde la carga de la prueba a la parte actora, quién ofreció como prueba aquella que fue propuesta en la audiencia de 9 de marzo de 2006 consistente en la copia certificada del acta de nacimiento con número de folio ********** y de fecha 8 de junio de 2001 (fojas 28 y vuelta), a la que se le da pleno valor probatorio por tratarse de un documento público, es decir, de aquellos previstos en el artículo 795 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, respecto a la prueba documental propuesta por la parte actora y descrita en el párrafo que antecede, se considera que con la misma únicamente acredita haber nacido el 2 de julio de 1944 y que al día 3 de marzo de 2005, fecha de la presentación de la demanda, contaba con 60 años de edad, con lo cual tan solo satisface el requisito previsto en la fracción II del artículo 145 de la Ley del Seguro Social. Sin embargo, el instituto demandado ofrece como prueba bajo el numeral III inciso a), la documental consistente en hoja de certificación de vigencia de derechos de fecha 4 de mayo de 2005 (foja 34), expedida por la institución demandada a nombre del actor y a la que se le otorga pleno valor probatorio por tratarse de un documento original elaborado en papelería del propio instituto y que contiene firmas y sellos auténticos, mismo que la parte actora hizo suya en términos de lo manifestado a foja 45 de autos; con el documento descrito, la parte demandada desvirtúa las pretensiones del reclamante pues con la referida hoja de certificación de vigencia de derechos el demandado logra acreditar que el actor fue dado de baja del régimen de seguridad social el día 26 de junio de 1995 y que su conservación de derechos feneció el 8 de octubre de 2001, razón por la cual se considera que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 182 de la Ley del Seguro Social; lo anterior encuentra apoyo en la prueba documental privada que la parte actora ofreció bajo el numeral 5 de su escrito de pruebas, consistente en la ‘copia fotostática de la hoja de certificado de derechos de fecha 4 de febrero de 2004 ...’ (sic), misma que hizo suya el instituto demandado y de la que se desprenden los mismos datos antes mencionados (foja 29). Por lo que considerando todo lo mencionado anteriormente, lo procedente es absolver al instituto demandado de la pensión de cesantía en edad avanzada que se le reclamó así como de las demás prestaciones demandadas y reclamadas del inciso b) al e) del escrito inicial de demanda."
Lo resuelto por la autoridad de instancia en cuanto a la aplicación de la anterior Ley del Seguro Social al caso concreto, se estima correcto, por los siguientes motivos:
La Ley del Seguro Social vigente establece para los trabajadores que hayan cotizado en el régimen de la anterior legislación, y que soliciten la obtención y disfrute de cualquiera de las pensiones, la posibilidad de acogerse a los beneficios de cualquiera de los dos esquemas.
Así lo establecen los artículos tercero y undécimo transitorios de la Ley del Seguro Social en vigor a partir del primero de julio de mil novecientos noventa y siete, cuyos textos se transcriben a continuación:
"Tercero. Los asegurados inscritos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta ley, así como sus beneficiarios, al momento de cumplirse, en términos de la ley que se deroga, los supuestos legales o el siniestro respectivo para el disfrute de cualquiera de las pensiones, podrán optar por acogerse al beneficio de dicha ley o al esquema de pensiones establecido en el presente ordenamiento."
"Undécimo. Los asegurados inscritos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta ley, al momento de cumplirse los supuestos legales o el siniestro respectivo que, para el disfrute de las pensiones de vejez, cesantía en edad avanzada o riesgos de trabajo, se encontraban previstos por la Ley del Seguro Social que se deroga, podrán optar por acogerse a los beneficios por ella contemplados o a los que establece la presente ley."
Sin embargo, cuando un asegurado que haya cotizado para el régimen de la derogada Ley del Seguro Social, solicita una pensión en términos del actual esquema, es válido que la autoridad laboral analice, como principio de procedibilidad, si es viable la aplicación de una u otra legislación.
Lo anterior, porque el actor soporta su petición en las semanas que cotizó ante dicho régimen, y pretende hacer valer sus derechos adquiridos conforme a la nueva legislación.
Dicho en otras palabras, es correcto que el juzgador de instancia examine si el actor está legitimado para fundar su reclamo en términos de la actual ley o en la derogada, lo cual resulta lógico, pues si bien es cierto que existe la posibilidad legal del asegurado para escoger la legislación que desea que se le aplique llegado el momento en que solicite la pensión, esa facultad no siempre resulta procedente.
En efecto, el hecho de considerar tener derecho a obtener el beneficio de una pensión por cesantía en edad avanzada en términos de la nueva Ley del Seguro Social, invariablemente significa que el actor debe aportar los elementos necesarios de la acción ejercitada.
Lo anterior, porque si quien se dice con derecho a alcanzar una pensión dada su edad y por encontrarse desempleado en términos de las vigentes disposiciones de la ley de seguridad social, debe demostrar, como presupuesto de la acción y requisito de procedibilidad, estar legitimado en la causa para su reclamo, esto es, reunir los requisitos establecidos para ello.
Sobre el particular, la vigente Ley del Seguro Social señala en los numerales que a continuación se transcriben:
"Artículo 154. Para los efectos de esta ley existe cesantía en edad avanzada cuando el asegurado quede privado de trabajos remunerados a partir de los sesenta años de edad.
"Para gozar de las prestaciones de este ramo se requiere que el asegurado tenga reconocidas ante el instituto un mínimo de mil doscientas cincuenta cotizaciones semanales.
"El trabajador cesante que tenga sesenta años o más y no reúna las semanas de cotización señaladas en el párrafo precedente, podrá retirar el saldo de su cuenta individual en una sola exhibición o seguir cotizando hasta cubrir las semanas necesarias para que opere su pensión.
"En este caso, si el asegurado tiene cotizadas un mínimo de setecientas cincuenta semanas tendrá derecho a las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, en los términos del capítulo IV de este título."
"Artículo 155. La contingencia consistente en la cesantía en edad avanzada, obliga al instituto al otorgamiento de las prestaciones siguientes:
"I. Pensión;
"II. Asistencia médica, en los términos del capítulo IV de este título;
"III. Asignaciones familiares, y
"IV. Ayuda asistencial."
"Artículo 156. El derecho al goce de la pensión de cesantía en edad avanzada comenzará desde el día en que el asegurado cumpla con los requisitos señalados en el artículo 154 de esta ley, siempre que solicite el otorgamiento de dicha pensión y acredite haber quedado privado de trabajo, si no fue recibido en el instituto el aviso de baja."
"Artículo 157. Los asegurados que reúnan los requisitos establecidos en esta sección podrán disponer de su cuenta individual con el objeto de disfrutar de una pensión de cesantía en edad avanzada. Para tal propósito podrá optar por alguna de las alternativas siguientes:
"I. Contratar con la institución de seguros de su elección una renta vitalicia, que se actualizará anualmente en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, y
"II. Mantener el saldo de su cuenta individual en una administradora de fondos para el retiro y efectuar con cargo a éste, retiros programados.
"Ambos supuestos se sujetarán a lo establecido en esta ley y de conformidad con las reglas de carácter general que expida la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
"El asegurado que opte por la alternativa prevista en la fracción II podrá, en cualquier momento, contratar una renta vitalicia de acuerdo a lo dispuesto en la fracción I. El asegurado no podrá optar por la alternativa señalada si la renta mensual vitalicia a convenirse fuera inferior a la pensión garantizada."
"Artículo 159. Para efectos de esta ley, se entenderá por:
"I. Cuenta individual, aquella que se abrirá para cada asegurado en las administradoras de fondos para el retiro, para que se depositen en la misma las cuotas obrero-patronales y estatal por concepto del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como los rendimientos. La cuenta individual se integrará por las subcuentas: de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; de vivienda y de aportaciones voluntarias.
"Respecto de la subcuenta de vivienda las administradoras de fondos para el retiro deberán hacer entrega de los recursos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en los términos de su propia ley.
"II. Individualizar, el proceso mediante el cual se identifica la parte que se abona a las subcuentas correspondientes a cada trabajador de los pagos efectuados por el patrón y el estado, así como los rendimientos financieros que se generen.
"III. Pensión, la renta vitalicia o el retiro programado.
"IV. Renta vitalicia, el contrato por el cual la aseguradora a cambio de recibir los recursos acumulados en la cuenta individual se obliga a pagar periódicamente una pensión durante la vida del pensionado.
"V. Retiros programados, la modalidad de obtener una pensión fraccionando el monto total de los recursos de la cuenta individual, para lo cual se tomará en cuenta la esperanza de vida de los pensionados, así como los rendimientos previsibles de los saldos.
"VI. Seguro de sobrevivencia, aquel que se contrata por los pensionados, por riesgos de trabajo, por invalidez, por cesantía en edad avanzada o por vejez, con cargo a los recursos de la suma asegurada, adicionada a los recursos de la cuenta individual a favor de sus beneficiarios para otorgarles la pensión, ayudas asistenciales y demás prestaciones en dinero previstas en los respectivos seguros, mediante la renta que se les asignará después del fallecimiento del pensionado, hasta la extinción legal de las pensiones.
"VII. Monto constitutivo es la cantidad de dinero que se requiere para contratar los seguros de renta vitalicia y de sobrevivencia con una institución de seguros.
"VIII. Suma asegurada es la cantidad que resulta de restar al monto constitutivo el saldo de la cuenta individual del trabajador.
"La renta vitalicia y el seguro de sobrevivencia, que otorguen de acuerdo a lo previsto en los seguros de riesgos de trabajo, invalidez y vida y retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, las instituciones de seguros se sujetarán a las reglas de carácter general que expida la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, oyendo previamente la opinión de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro."
De los anteriores artículos se desprende que, en términos de la nueva ley (en la que el actor fundó su reclamo), para acceder a la pensión de cesantía en edad avanzada, quien la pretende debe acreditar cualquiera de estos dos aspectos:
1) Estar vigente en sus derechos al momento de instar la demanda laboral y, reunir los requisitos consistentes en haber quedado privado de trabajos remunerados a partir de los sesenta años de edad así como tener reconocidas ante el instituto un mínimo de mil doscientas cincuenta cotizaciones semanales; o
2) Haber cotizado al régimen de seguridad social bajo la tutela de la nueva Ley del Seguro Social.
En el caso, ninguno de estos dos supuestos se colmaron por el actor, pues las probanzas que aportó al sumario no tuvieron ese alcance, como se verá a continuación.
En su escrito relativo, el actor ofreció los siguientes medios de convicción:
1. La instrumental pública de actuaciones.
2. La presuncional legal y humana.
3. Copia certificada del acta de matrimonio del asegurado con **********.
4. Copia certificada del acta de nacimiento del actor.
5. Copia fotostática de la hoja de certificado de derechos, de cuatro de febrero de dos mil cuatro, con el que demostró las 1312 semanas cotizadas.
6. La solicitud de pensión de veintiocho de junio de dos mil cuatro (en copia fotostática).
7. La resolución de negativa de pensión de cesantía, número ********** de quince de julio de dos mil cuatro.
De las pruebas indicadas con los numerales 1, 2, 3, 4, 6 y 7, no se desprenden elementos para evidenciar que el actor en el momento de solicitar la pensión de mérito, estuviera cotizando bajo el nuevo régimen de seguridad social, o que estuviera vigente en sus derechos.
Ahora, respecto a la documental ofrecida en el punto 5, la cual hizo suya el instituto demandado en audiencia de veintidós de septiembre de dos mil cinco (fojas cuarenta y cuatro y cuarenta y cinco), debe decirse que tampoco demuestra los extremos pretendidos, pues de esta prueba se aprecia que el asegurado fue dado de baja el 26/06/1995 (veintiséis de junio de mil novecientos noventa y cinco).
En este sentido, al constituir una probanza aportada por el actor, obra en su contra y, por ende, es suficiente para evidenciar que posterior a la fecha referida no cotizó para el régimen de seguridad social, y mucho menos en términos de la nueva legislación.
También se advierte de la citada documental, que el actor cotizó 1312 semanas, las cuales reconoció el demandado, pero que sus derechos estuvieron vigentes hasta el 07/10/2001 (siete de octubre de dos mil uno), por lo que al promover su demanda el tres de marzo de dos mil cinco, tampoco cumplía con la segunda condición para verse beneficiado de la aplicación de la Ley del Seguro Social vigente a partir del uno de julio de mil novecientos noventa y siete.
Por tanto, es dable concluir que la Junta responsable acertadamente resolvió aplicar en este caso en particular, la anterior Ley del Seguro Social para analizar la excepción de falta de conservación de derechos establecida en el artículo 182 de la invocada ley.
Otra razón por la que se considera acertada la determinación de la responsable, consiste en que los derechos de seguridad social se incorporaron en beneficio del trabajador bajo la tutela de la derogada ley y, por ende, a la luz de ella es que se debe examinar esa defensa.
Una vez establecido lo anterior, a continuación se analiza si en la especie resultaba procedente o no la señalada excepción.
En su escrito inicial ********** demandó del ********** el otorgamiento y pago de la pensión por cesantía en edad avanzada, y otras prestaciones accesorias, basándose en la Ley del Seguro Social vigente a partir del primero de julio de mil novecientos noventa y siete, específicamente en los artículos 154, 155 y 156 de dicha legislación.
En la narrativa de los hechos adujo, en lo que interesa, que se encontraba inscrito en el régimen obligatorio del Seguro Social con el número de afiliación ********** adscrito a la ********** que cotizó para el demandado 1312 semanas; que nació el veinticinco de junio de mil novecientos cuarenta y cuatro; y que el dieciocho de enero de mil novecientos setenta y dos contrajo matrimonio civil con **********.
El ********** al contestar la demanda, negó acción y derecho al actor, en lo que interesa, porque se encontraba fuera del periodo de conservación de derechos, en términos del artículo 150 de la vigente Ley del Seguro Social (182 de la ley anterior); señalando textualmente lo siguiente: "en este caso, el asegurado estuvo inscrito al régimen obligatorio desde el mes de enero de mil novecientos noventa y cinco y fue dado de baja el veintiséis de junio de mil novecientos noventa y cinco, en tal sentido si se calcula la cuarta parte de sus semanas cotizadas, tenemos que el periodo de conservación de su derecho feneció el día ocho de octubre de 2001, y si la presente demanda fue presentada por Oficialía de Partes de esta Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el día 3 de marzo de 2005, las acciones a que tenía derecho el actor, han fenecido en exceso ..." (foja 19).
En cuanto a los hechos, aceptó el número de afiliación y la cantidad de semanas cotizadas (1312), negando el resto de los demás hechos.
De lo anterior se colige que, como bien entendió la autoridad de instancia, era procedente la excepción de falta de conservación de derechos, en primer término, porque el demandado proporcionó los elementos básicos, consistentes en:
a) El tiempo cubierto de cotizaciones semanales, que en el caso, aceptó que eran 1312 (mil trescientas doce);
b) La fecha en que el asegurado causó baja en el régimen de seguro obligatorio, lo cual adujo que fue el veintiséis de junio de mil novecientos noventa y cinco; y,
c) La fecha en que feneció el derecho del actor para demandar el otorgamiento y pago de la pensión, lo que señaló ocurrió el ocho de octubre de dos mil uno.
Apoya esta determinación, la tesis 2a./J. 4/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis 160/2005-SS, consultable en la página setecientos treinta y dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de dos mil seis, cuyos rubro y contenido son:
"SEGURO SOCIAL. AL OPONER LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE CONSERVACIÓN DE DERECHOS, DEBE PRECISAR LOS ELEMENTOS QUE LA SUSTENTAN.-Conforme al artículo 878, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, en la contestación de la demanda deberán oponerse las excepciones, y su objetivo será conseguir la ineficacia de la acción intentada por la actora. En ese sentido, la excepción que aduzca el Instituto Mexicano del Seguro Social tendente a destruir la acción de la actora hecha valer para la obtención y pago de una pensión, debe ser específicamente la de falta de conservación de derechos del asegurado para acceder a tal beneficio, lo que conlleva que al oponerla deberá precisar todos los elementos necesarios en que se sustenta, pues en términos del artículo 182 de la Ley del Seguro Social, vigente hasta el 30 de junio de 1997, la conservación del derecho para obtener el pago de una pensión depende del tiempo de cotizaciones semanales cubiertas por el asegurado, y en atención a éste, se computa el periodo durante el cual conserva ese derecho, cuya duración es igual a la cuarta parte del tiempo que se haya cotizado, contándose a partir de la fecha de baja, y el cual no podrá ser menor de 12 meses. Esto es, el mencionado órgano al oponer la citada excepción deberá precisar: a) el tiempo cubierto de cotizaciones semanales; b) la fecha en que el asegurado causó baja en el régimen de seguro obligatorio; y, c) la fecha en que feneció el derecho del actor para demandar el otorgamiento y pago de la pensión. Lo anterior, independientemente de que el indicado instituto haya rendido la certificación de derechos correspondiente, en la que se precisen los mencionados elementos, ya que para que esta probanza sea debidamente valorada, debe estar referida a los hechos controvertidos en el juicio, atento a los artículos 777 y 779 de la Ley Federal del Trabajo."
Para demostrar su excepción, el ********** ofreció, entre otras pruebas, la hoja de certificación de vigencia de derechos, datada el cuatro de mayo de dos mil cinco, la cual obra en original a foja treinta y cuatro del expediente laboral, misma que no fue desvirtuada por el actor en la secuela procesal.
En ella se aprecia como fecha de baja del asegurado la de 26/06/95 (veintiséis de junio de mil novecientos noventa y cinco) que coincide con la documental aportada por el actor, y como vencimiento en la conservación de sus derechos 08/10/01 (el ocho de octubre del mismo año), que coincide con lo expuesto por el demandado al contestar el reclamo.
Por tanto, si el actor instó la demanda el tres de marzo de dos mil cinco, es irrefutable que la excepción opuesta por el ********** en cuanto a que el actor estaba fuera de la conservación de sus derechos, se actualizó y, por ende, la acción de otorgamiento y pago de la pensión por cesantía en edad avanzada, era improcedente, así como las prestaciones accesorias.
En mérito de lo expuesto, es inatendible el argumento que vierte el amparista en el sentido de que el artículo 150 de la nueva Ley del Seguro Social tampoco era aplicable, en virtud de que la acción intentada fue el otorgamiento de la pensión de cesantía en edad avanzada, la cual no establecía el requisito de conservación de derechos, pues conforme a dicho precepto, únicamente se refería a los rubros de invalidez y vida, pero no a la reclamada.
Lo anterior, porque según se estudió en párrafos precedentes, en el caso procedió la excepción de falta de conservación de derechos en términos de la anterior ley de seguridad social; que fue la legislación bajo la cual cotizó y a la luz de sus prevenciones son los derechos que le confirió el legislador de la materia.
Finalmente, arguye el amparista que la responsable incorrectamente absolvió de lo reclamado, puesto que en el caso colmó los requisitos contemplados en los artículos 154, 155 y 156 de la vigente Ley del Seguro Social, pues acreditó estar privado de trabajo remunerado, tener más de sesenta años de edad y 1312 semanas de cotización, además de haber presentado ante el organismo de salud la solicitud correspondiente.
Es infundado lo que así se arguye, porque en el juicio no se demostró que el asegurado hubiera cotizado bajo el régimen de la nueva Ley del Seguro Social y, por ende, no se pueden dar los supuestos contenidos en los artículos 154, 155 y demás relativos, para el otorgamiento y pago de la pensión por cesantía en edad avanzada.
Consecuentemente, al ser infundado el único concepto de violación propuesto, y no advertirse, por distinto motivo, deficiencia de la queja que suplir, en términos del artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la protección constitucional impetrada.
Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 79, 184, 188 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve:
ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********** contra el acto de la Junta Especial Número Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, consistente en el laudo de veintidós de octubre de dos mil ocho, en el juicio laboral ********** seguido por el quejoso contra el **********.
Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria, vuelvan los autos al lugar de origen; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este tribunal y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así, con las adiciones y reformas propuestas en la sesión, lo resolvió el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, por mayoría de votos del Magistrado Héctor Landa Razo y de la licenciada Yolanda Rodríguez Posada, en funciones de Magistrada, autorizada para tal efecto por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio SEPLE./GEN./003/6420/2009, en términos de lo dispuesto por el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en contra del voto del Magistrado José Manuel Hernández Saldaña, mismo que al final se transcribe.
En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21915-13c8197f/cesantia-en-edad-avanzada-para-la-obtencion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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