QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA EL AUTO QUE RECONOCE EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO CUANDO LA INTERPONE QUIEN CONSIDERA QUE ERRÓNEAMENTE SE LE ATRIBUYÓ TAL CARÁCTER.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 55/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL TERCER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.
SECRETARIO: JONATHAN BASS HERRERA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno; ello, porque aun cuando la contradicción denunciada se refiere a criterios sustentados entre Tribunales Colegiados de Circuito, sobre materia común, es innecesaria la intervención del Tribunal Pleno, dado que existen criterios que orientan la solución del asunto.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues fue formulada por la Magistrada presidenta del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios que participan en la presente contradicción de tesis, por lo que se actualiza el supuesto previsto en el párrafo primero del artículo 197-A de la Ley de Amparo, que expresamente dispone:
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. ..."
TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja **********, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
"TERCERO. Es innecesario analizar el acuerdo impugnado y los agravios que hace valer el recurrente, en virtud de que el recurso de queja que nos ocupa es improcedente. A la conclusión anotada se arriba, al tener en cuenta que el numeral 95, fracción VI, de la Ley de Amparo estatuye lo siguiente: (lo transcribe). Del artículo reproducido se desprenden los supuestos de procedencia del mencionado recurso, que son los siguientes: a) El recurso de queja es procedente en contra de las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito o el superior del tribunal a quien se impute la violación en los casos a que se refiere el artículo 37 de la Ley de Amparo. b) Que la resolución que se combata sea dictada durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión. c) La resolución controvertida no debe admitir expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 de la Ley de Amparo. d) Que por su naturaleza trascendental y grave, tal resolución pueda causar daño o perjuicio a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva. e) Si la resolución es dictada después de fallado el juicio en primera instancia, no sea reparable el agravio por las mismas autoridades o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así las cosas, el proveído de un Juez de Distrito, durante la tramitación del juicio de amparo, reconoce al carácter de tercero perjudicado a persona o personas diversas y ordena su emplazamiento, no cumple con el requisito establecido en el inciso d) antes mencionado, relativo a que con tal acuerdo, por su naturaleza trascendental y grave, pueda causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva. Efectivamente el referido auto cumple con el requisito establecido en el inciso a), en la medida que la queja se interpone en contra de una resolución dictada por un Juez de Distrito. Se cumple con el supuesto mencionado en el inciso b), en tanto que el acuerdo es dictado durante la tramitación del juicio de garantías. El proveído de referencia cumple con la hipótesis prevista en el inciso c), en razón de que no admite expresamente el recurso de revisión, toda vez que el citado medio de defensa procede en los siguientes supuestos: ‘Artículo 83. Procede el recurso de revisión: I. Contra las resoluciones de los Jueces de Distrito o del superior del tribunal responsable, en su caso, que desechen o tengan por no interpuesta una demanda de amparo; II. Contra las resoluciones de los Jueces de Distrito o del superior del tribunal responsable, en su caso, en las cuales: a) Concedan o nieguen la suspensión definitiva; b) Modifiquen o revoquen el auto en que concedan o nieguen la suspensión definitiva, y c) Nieguen la revocación o modificación a que se refiere el inciso anterior; III. Contra los autos de sobreseimiento y las interlocutorias que se dicten en los incidentes de reposición de autos; IV. Contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito, o por el superior del tribunal responsable, en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley. Al recurrirse tales sentencias deberán, en su caso, impugnarse los acuerdos pronunciados en la citada audiencia. V. Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando decidan sobre la constitucionalidad de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o cuando establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución. La materia del recurso se limitará exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras. En todos los casos a que se refiere este artículo, la parte que obtuvo resolución favorable a sus intereses, puede adherirse a la revisión interpuesta por el recurrente, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha en que se le notifique la admisión del recurso, expresando los agravios correspondientes; en este caso, la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste.’. De la lectura del precepto anterior se advierte, como se ha indicado, que el proveído en que se reconoce el carácter de terceras perjudicadas a determinadas personas y ordena su emplazamiento, no admite expresamente el recurso de revisión, por no encontrarse en alguna de las hipótesis ahí contempladas. Empero, el referido auto, por su naturaleza, no se considera que sea trascendental y grave, y que pueda ocasionar daño o perjuicio a alguna de las partes no reparable en el fallo definitivo, pues si bien el proveído se ha dictado durante la tramitación del juicio de garantías, no limita la oportunidad ni el derecho del promovente del amparo para demostrar la inconstitucionalidad de los actos que reclama y tampoco origina la variación de la litis constitucional en la medida que esta última se integra con los expuesto en la demanda de garantías y los actos reclamados a las autoridades responsables. Igualmente, si la persona admitida como tercera perjudicada careciera de ese carácter, el mismo Juez de Distrito puede así considerarlo o desestimar dicho carácter al dictar la sentencia definitiva, o bien, el tribunal revisor podría hacerlo al revisar la sentencia en su caso ... En consecuencia, si como lo explicó, el proveído que reconoce como tercero perjudicado a diversa o diversas personas no cumple con uno de los requisitos establecidos en la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo, consistente en que dicha resolución, por su naturaleza trascendental y grave, pueda causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva, el recurso de queja es improcedente en su contra ... No es obstáculo a la anterior conclusión, la tesis que invoca la recurrente, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, de rubro: ‘QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE DICHO RECURSO CUANDO SE PROMUEVE POR UN TERCERO PERJUDICADO CONTRA EL AUTO QUE LE RECONOCE ESE CARÁCTER (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 168/2006).’, porque la misma no es obligatoria para este órgano jurisdiccional, habida cuenta que, por los motivos que enseguida se expondrán, no se comparte el criterio que de dicha tesis se desprende ... Empero, de acuerdo con el criterio del Tribunal Colegiado que emitió esa tesis, de la ejecutoria de la que emanó esa jurisprudencia del Alto Tribunal, se desprendería que ‘lo ahí analizado fue para el caso de que la parte quejosa se inconformara con tal proveído’, motivo por el cual si quien interpone el recurso de queja lo es la parte que se le reconoce ese carácter, esa jurisprudencia era inaplicable, por tratarse de situaciones jurídicas distintas, toda vez que en este último caso se impone la obligación de comparecer a un juicio en el que no se tiene interés, lo que dicho Tribunal Colegiado estima ‘si pudiera considerarse, acarrea un perjuicio irreparable a quienes promuevan ese recurso.’. Sin embargo, por la razón que más adelante se indicará, no se comparte dicho criterio; pero antes de exponerla, resulta pertinente reproducir la parte conducente de la sentencia de la que derivó la jurisprudencia del Alto Tribunal antes transcrita. (se transcribe). Pues bien, aunque es verdad que en los asuntos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron lugar a la contradicción de tesis de la que derivó la jurisprudencia de que se trata, el recurso de queja fue interpuesto por la parte quejosa, resulta que de lo reproducido se desprende que en la ejecutoria en la que se resolvió esa oposición de criterios, se determinó, expresamente, que la materia de dicha contradicción estribaría en establecer si era o no procedente el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, en contra de la resolución que reconoce y ordena emplazar a la parte tercera perjudicada; sin que en esa sentencia, para decidir la procedencia o improcedencia de tal recurso, se distinguiera al recurrente, esto es, la materia de la contradicción no se acotó a dilucidar si únicamente la procedencia de ese recurso, en el supuesto de que fuera interpuesto por el promovente del amparo ... En este orden de ideas, si en la aludida jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE RECONOCE EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO Y ORDENA SU EMPLAZAMIENTO.’; ni en la sentencia de la que derivó, se hace alguna distinción que permita advertir que esa tesis jurisprudencial sólo resulte aplicable en el caso de que el recurrente sea la parte impetrante de garantías, de ello resulta que dada su generalidad, a su enunciado debe atenderse y, consecuentemente, resolver que el recurso de que se trata es improcedente, tanto en el supuesto en que quien lo interponga sea la parte quejosa como cuando el que lo hace valer, es quien ha sido designado por el juzgador como tercero perjudicado o, inclusive, las autoridades responsables ..."
CUARTO. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 149/2007, sostuvo lo siguiente:
"En principio, conviene señalar que como lo refieren los inconformes, si bien la superioridad, al emitir la tesis de rubro: ‘QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE RECONOCE EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO Y ORDENA SU EMPLAZAMIENTO.’, sostuvo que es improcedente el recurso de queja que se interpone contra el auto que reconoce el carácter de tercero perjudicado, de la lectura de la ejecutoria de donde derivó tal criterio, se advierte que esto es así, cuando quien interpone ese medio de impugnación es el promovente del juicio de garantías, sin embargo, en el caso quien acude a esta instancia, son aquellos a quienes se les tuvo con ese carácter, por lo cual, este órgano colegiado estima que al analizar los agravios planteados, no se desatiende el aludido criterio. Ahora bien, aducen los recurrentes en sus agravios que se viola lo dispuesto en el inciso c), fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, en virtud de que ellos no gestionaron el acto reclamado que se hizo consistir en el procedimiento que se les instauró a ********** y ********** a fin de resolver sobre su ratificación o no como Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, el cual culminó con los Acuerdos Legislativos Números 209LVIII-07 y 213LVIII-07, emitidos el veintiocho de agosto del año en curso, mediante los cuales se determinó la no ratificación de aquéllos en ese cargo, así como el procedimiento llevado a cabo con la finalidad de elegir a los nuevos Magistrados que debían de sustituirlos. Refieren los inconformes, que ellos no fueron electos para ocupar las plazas de los quejosos, sino que su designación fue para cubrir a **********, **********, ********** y **********, por lo que resulta incuestionable que se actualiza la violación alegada, porque indebidamente se les tuvo como terceros perjudicados en el juicio de garantías, no obstante que no se actualizan los supuestos previstos en el citado numeral, porque no realizaron ninguna gestión en su favor, ni tienen interés directo en la subsistencia de los procedimientos reclamados y sus consecuencias y, por ende, no puede causarles afectación jurídica alguna la sentencia que se llegue a dictar, porque si bien, participaron como aspirantes en el procedimiento de elección de nuevos Magistrados, también lo es que esa participación no implica de ninguna forma que hubieran gestionado en su favor tal procedimiento. De lo anterior se puede concluir, que si bien es verdad que las plazas que desempeñaban los quejosos en el juicio de garantías, según se dijo en el acta de sesión antes referida, se encuentran ocupadas por ********** y **********, y no así por los aquí inconformes, ello de ninguna manera quiere decir que ante una eventual concesión del amparo solicitado, la autoridad responsable demandada, reincorpore a los quejosos en el mismo lugar que ocupaban anteriormente, pues se debe tomar en consideración que el nombramiento de los aquí inconformes guarda relación con el acto reclamado en el juicio de garantías, porque el procedimiento para designarlos tuvo como finalidad que ocuparan el lugar de los Magistrados removidos; por lo tanto, en este momento sería anticipado decidir si a éstos les reviste el carácter de terceros perjudicados, pues no se sabe cuáles serían los efectos que en caso de conceder el amparo solicitado, el Juez de Distrito le pudiera dar a la sentencia, o bien, de qué manera actuaría la autoridad responsable al momento de dar cumplimiento a ella, ni tampoco cuál es el procedimiento que se seguiría en caso de una posible reincorporación de los quejosos al cargo que venían desempeñando, por lo cual es evidente que la sentencia que otorga el amparo solicitado, de algún modo afecta a todos los Magistrados designados en sustitución de los quejosos, pues el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, tiene facultad de acordar el número, integración y competencia de las Salas, lo que da lugar a variar su integración para adscribirlos en el lugar que ocupaban hasta antes de no haber sido ratificados ... De ahí entonces, que resulte irrelevante lo que sostienen los inconformes, en el sentido de que ellos no gestionaron el acto reclamado y tampoco tienen interés directo en la subsistencia de los procedimientos reclamados y sus consecuencias, ya que se debe tomar en consideración que el nombramiento de los aquí recurrentes derivó de la no ratificación de los quejosos en su cargo, y con independencia de que en la sesión de treinta de agosto del año dos mil siete, se haya especificado a quién sustituían, como se dijo anteriormente, ello no implica que de concederse el amparo solicitado, a los quejosos en el juicio de garantías de donde emana este asunto, necesariamente se le reincorpore en el lugar que ocupan las personas que en un principio los sustituyeron o en otro diverso, por ello, los criterios que invocan los inconformes lejos de apoyar sus argumentos, robustecen lo aquí sostenido, en virtud de que en este momento, no es factible establecer si tienen o no el carácter de terceros perjudicados en el juicio, pues ello en todo caso depende de la actuación de la responsable, ante una eventual concesión del amparo solicitado ..."
QUINTO. De las ejecutorias señaladas en las anteriores consideraciones, en síntesis, los Tribunales Colegiados contendientes resolvieron:
1. El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver los recursos de queja ********** y **********, consideró que el recurso de queja previsto en la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo es improcedente contra el auto que reconoce el carácter de tercero perjudicado y ordena su emplazamiento, toda vez que éste no es de naturaleza trascendental y grave, al no causar daño o perjuicio irreparable en la sentencia definitiva.
2. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja **********, determinó que dicho recurso de queja es procedente contra el auto que reconoce el carácter de tercero perjudicado a una persona en el juicio de amparo, cuando quien lo interpone no es el promovente del juicio de garantías, sino a quien se le reconoció el carácter de tercero perjudicado.
SEXTO. Ahora bien, con el propósito de dilucidar si existe la contradicción de tesis denunciada, se toma en consideración, en primer lugar, lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, que regulan específicamente la hipótesis de tesis contradictorias entre Tribunales Colegiados de Circuito, al señalar lo siguiente:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales, o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. ..."
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer.
"...
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. ..."
Por otra parte, la determinación sobre la existencia de la contradicción se realiza al tenor del criterio contenido en la tesis aislada P. XLVI/2009, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 68 del Tomo XXX, julio de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, cuyos rubro y texto rezan:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 26/2001, DE RUBRO: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’). De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpe la jurisprudencia citada al rubro, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ impide el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
Así las cosas, del análisis de los elementos que integran los criterios sostenidos por los Tribunales Colegiados contendientes se advierte que sí existe la contradicción de tesis denunciada, toda vez que, sobre el mismo tema (la procedencia del recurso de queja en contra del auto que reconoce el carácter de tercero perjudicado cuando es recurrido por quien considera que erróneamente se le reputó con tal carácter), arribaron a criterios distintos derivados de la interpretación del artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo.
De todo lo anterior se desprende que el punto de contradicción del presente asunto consiste en determinar si contra el auto que reconoce el carácter de tercero perjudicado en un juicio de amparo indirecto procede el recurso de queja a que se refiere el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, cuando lo interpone quien considera que erróneamente se le reputó con tal carácter.
SÉPTIMO. Previo al estudio de fondo, no pasa inadvertido lo resuelto por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 152/2006-SS, en la cual emitió la jurisprudencia 2a./J. 168/2006, visible en la página 212 del Tomo XXIV, diciembre de 2006, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto rezan:
"QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE RECONOCE EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO Y ORDENA SU EMPLAZAMIENTO. La fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo establece como requisitos para la procedencia del recurso de queja que se interponga contra una resolución: a) Dictada por el Juez de Distrito o por el superior del tribunal a quien se impute la violación, en los casos a que se refiere el artículo 37 de la ley citada; b) Sea dictada durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión; c) No admita expresamente el recurso de revisión en términos del artículo 83 de la ley indicada; d) Por su naturaleza trascendental y grave pueda causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; y, e) Si es dictada después de fallado el juicio, en primera instancia, el agravio que genere no sea reparable por las mismas autoridades (de primer grado), o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de ahí que si falta uno de esos requisitos resulta improcedente. Por tanto, cuando se impugna el auto dictado por el Juez de Distrito durante la tramitación de un juicio de garantías, en el que reconoce el carácter de tercero perjudicado y ordena su emplazamiento, no se satisface el requisito relativo a que tal resolución sea de naturaleza trascendental y grave y que cause a la quejosa un daño o perjuicio irreparable en la sentencia definitiva, en tanto que tal determinación no limita su derecho a demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, ni implica variación alguna de la litis constitucional, la cual se integra con lo expuesto en la demanda de amparo y el acto reclamado de la autoridad responsable. Además, si el tercero perjudicado careciera de dicho carácter, el Juez de Distrito puede estimarlo así en la sentencia, o bien lo hará el Tribunal Colegiado al revisarla."
En relación con la anterior jurisprudencia, es menester hacer referencia a la ejecutoria de la citada contradicción de tesis, de la cual se transcribe, en lo que interesa, lo siguiente:
"... Sin embargo, cuando el Juez Federal estima que debe tenerse con el carácter de terceras perjudicadas a determinadas personas y ordena su emplazamiento y el promovente del juicio de garantías considera que carece del referido carácter y que por lo mismo no procede su emplazamiento, dicho auto por regla general no es recurrible en queja por las razones siguientes: ... Sin embargo, el referido auto, por su naturaleza, no se estima que sea trascendental y grave, y que pueda ocasionar daño o perjuicio a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva, pues si bien el proveído se ha dictado durante la tramitación del juicio de garantías, no limita la oportunidad ni el derecho del promovente del juicio de amparo para demostrar la inconstitucionalidad de los actos que reclama y tampoco origina la variación de la litis constitucional en la medida que esta última se integra con lo expuesto en la demanda de garantías y los actos reclamados a las autoridades responsables ... No es obstáculo a la conclusión alcanzada que una vez reconocido el carácter de la parte tercera perjudicada, el quejoso, en su caso, haya de enfrentarse a los intereses de aquella parte que defiende un interés contrario u opuesto al suyo en la medida que, como se ha indicado, tal circunstancia no limita su oportunidad de demostrar la inconstitucionalidad de los actos que reclama y tampoco varía la litis constitucional que se integra con lo expuesto en la demanda de amparo, en el acto reclamado a la autoridad responsable y, en su caso, en los informes que rinda ésta."
De la anterior transcripción se desprende que el criterio sustentado por esta Segunda Sala respecto a la improcedencia del recurso de queja en contra del auto que reconoce el carácter de tercero perjudicado y ordena su emplazamiento, se hizo en función de la afectación trascendental y grave que pudiera resentir la parte quejosa como recurrente en la queja; sin embargo, dada la generalidad con que fue redactada la tesis respectiva, pudiera pensarse que el citado criterio de improcedencia resultaría aplicable sin importar quién fuera el recurrente en la queja, cuando lo cierto es que de la ejecutoria de mérito no se desprende el análisis sobre la procedencia de dicho recurso cuando lo interpone la persona que no desea se le reconozca el carácter de tercero perjudicado, por lo que se estima necesario analizar la gravedad y trascendencia que ésta pudiera sufrir desde su perspectiva y no la de la parte quejosa, aspecto este último que fue materia de la contradicción de tesis ********** con independencia de lo genérico de la tesis finalmente redactada, por lo que debe estarse a la ejecutoria relativa, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 31/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22320-92f056fe/queja-prevista-en-la-fraccion-vi-del-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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