CONFESIONAL EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL O FAMILIAR. EL PROVEÍDO POR EL QUE SE REQUIERE A UNA DE LAS PARTES CON RESIDENCIA EN LUGAR DISTINTO DE AQUEL EN QUE SE ENCUENTRA EL JUZGADO, PARA QUE COMPAREZCA PERSONALMENTE A DESAHOGAR LA PRUEBA RELATIVA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 479/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, constitucional, 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de una denuncia de posible contradicción de criterios que fueron emitidos por Tribunales Colegiados sobre un tema de materia civil, la cual es del conocimiento exclusivo de esta Primera Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos del artículo 197-A, de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló el presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.
TERCERO. En primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, pues sólo en tal supuesto es factible que esta Sala emita un pronunciamiento en cuanto al fondo de esta denuncia.
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apoya en el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, al resolver, por unanimidad de diez votos, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la contradicción de tesis 36/2007-PL, en cuanto a que, de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho.
Es de precisar que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas.
De lo anterior se sigue que la actual integración del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la existencia de la contradicción de tesis debe estar condicionada a que las Salas de esta Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien:
a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; y,
b) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo origina no sean exactamente iguales.
La finalidad de dicha determinación, es definir puntos jurídicos que den seguridad jurídica a los gobernados, pues para ello fue creada desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la figura jurídica de la contradicción de tesis.
Sirven de apoyo a lo expuesto las tesis aisladas emitidas por el Tribunal Pleno, cuyos datos y texto son del tenor literal siguiente:
"No. Registro: 166993
"Tesis aislada
"Materia(s): Común
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XXX, julio de 2009
"Tesis: P. XLVI/2009
"Página: 68
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 26/2001, DE RUBRO: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’). De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpe la jurisprudencia citada al rubro, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ impide el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución.
"Contradicción de tesis 36/2007-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 30 de abril de 2009. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala.
"El Tribunal Pleno, el diecinueve de junio en curso, aprobó, con el número XLVI/2009, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a diecinueve de junio de dos mil nueve."
"No. Registro: 166996
"Tesis aislada
"Materia(s): Común
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XXX, julio de 2009
"Tesis: P. XLVII/2009
"Página: 67
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan.
"Contradicción de tesis 36/2007-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 30 de abril de 2009. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala.
"El Tribunal Pleno, el diecinueve de junio en curso, aprobó, con el número XLVII/2009, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a diecinueve de junio de dos mil nueve."
CUARTO. Precisado lo anterior, lo que procede es examinar si en la especie, existe o no la contradicción de tesis sustentada entre los Tribunales Colegiados de Circuito.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el recurso de revisión 406/2009 (improcedencia), confirmó el auto mediante el cual el Juez de Distrito desechó por notoriamente improcedente una demanda de amparo. Los quejosos reclamaron la resolución dictada en un recurso de revocación que confirmó la determinación del Juez Civil consistente en requerir a los quejosos -que tienen su residencia en un lugar distinto de aquel en el que se sustancia el juicio- a efecto de que comparecieran personalmente al juzgado en una fecha y hora determinada para que se desahogara la prueba confesional, con el apercibimiento que de no hacerlo serían declarados confesos.
La resolución que el referido Tribunal Colegiado emitió en el mencionado recurso de revisión (en la que sustentó uno de los criterios que se denuncian como contradictorios) se apoya en las consideraciones fundamentales siguientes:
• La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los actos dentro de juicio tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de modo directo e inmediato algún derecho sustantivo, de modo tal que la afectación causada no puede repararse ni aun en el supuesto de que se obtenga sentencia favorable.
• El proveído mediante el cual se requirió a los ahora quejosos (cuyo domicilio se ubica en un lugar distinto de aquel en el que se encuentra el juzgado civil) para que comparecieran personalmente al órgano jurisdiccional a efecto de que se desahogara la prueba confesional no es un acto de imposible reparación, toda vez que el hecho de que dicha prueba se deba desahogar en el lugar del juicio y no vía exhorto ante el Juez del lugar de residencia de los inconformes únicamente se refleja hacia el interior del procedimiento, es decir, solamente afecta derechos procesales y no sustantivos, porque la consecuencia es que se desahogue la confesional a cargo de los demandados.
• El requerimiento de que se trata en todo caso podría constituir una violación procesal que tendría que controvertirse en la demanda de amparo directo que se llegara a promover en contra de la sentencia definitiva que se dictara en el juicio civil, según se desprende de la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO."
• El requerimiento que se formuló a los ahora quejosos no produce una afectación en grado predominante que haga procedente el juicio de amparo indirecto, toda vez que no se trata de un acto de gran trascendencia que implique una situación relevante para el procedimiento de cuya decisión dependa la suerte de todo el juicio natural.
• El hecho de que para dar cumplimiento al requerimiento los ahora quejosos tengan que hacer gastos de traslado no hace procedente el juicio de amparo indirecto. Esto es así, porque la tramitación de un procedimiento judicial implica para las partes contendientes diversas obligaciones que no pueden estimarse de imposible reparación.
• Dado que el proveído emitido en un juicio civil en el que se requiere a una de las partes cuyo domicilio se ubica en un lugar diverso de aquel en el que se encuentra el juzgado, para que comparezca personalmente a éste con el objeto de desahogar la prueba confesional no constituye un acto de imposible reparación, es claro que el juicio de amparo indirecto es improcedente en términos del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, de la Ley de Amparo.
El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito al resolver el recurso de revisión 37/2007 (improcedencia), revocó el auto mediante el cual el Juez de Distrito desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo en la que se reclamó la resolución dictada en el recurso de revocación que confirmó la determinación del Juez Familiar, consistente en requerir a los quejosos -que tienen su residencia en un lugar distinto de aquel en el que se sustancia el juicio- para que comparecieran personalmente al juzgado en una fecha y hora determinada para que se desahogara la prueba confesional.
Para revocar el proveído impugnado el mencionado Tribunal Colegiado sostuvo los razonamientos torales siguientes:
• El requerimiento que se formuló a los ahora quejosos, que los obliga a trasladarse de su lugar de residencia a aquel en el que se encuentra el juzgado ante el cual se tramita el juicio civil a efecto de que se desahogue la prueba confesional, contrariamente a lo sostenido por el Juez de Distrito, constituye una resolución que no únicamente tiene efectos intraprocesales susceptibles de extinguirse con la sentencia definitiva, sino que se trata de un acto irreparable que afecta derechos sustantivos.
• Los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan en forma inmediata y directa algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales. En el caso, el requerimiento que se formuló a los ahora quejosos afecta un derecho de esa naturaleza, toda vez que los obliga a comparecer a una ciudad distinta de aquella en la que radican cuando la prueba confesional podría válidamente desahogarse mediante exhorto ante el Juez que se ubique en el lugar de residencia de los quejosos, dado que se coarta su libertad al obligárseles a comparecer en lugar distinto del que se reside.
• Dado que el proveído emitido en un juicio civil en el que se requiere a una de las partes cuyo domicilio se ubica en un lugar diverso de aquel en el que se encuentra el juzgado, para que comparezca personalmente a éste con el objeto de desahogar la prueba confesional constituye un acto de imposible reparación, es claro que el juicio de amparo indirecto es procedente en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo.
Lo anteriormente expuesto, permite establecer que con base en los razonamientos antes expuestos, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito concluyó que el requerimiento que un juzgador formula a alguna de las partes cuya residencia se ubica en un lugar distinto de aquel en el que se sustancia el juicio correspondiente, consiste en que comparezca personalmente en una hora y fecha determinada para que se desahogue la prueba confesional, no constituye un acto de imposible reparación que sea reclamable en amparo indirecto.
Por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito sostuvo la conclusión relativa a que el requerimiento que formula un Juez a alguna de las partes cuya residencia se encuentra en un lugar distinto de aquel en el que se ubica el juzgado ante el cual se sustancia el juicio, consiste en que se presente en una hora y fecha determinada para que pueda desahogarse la prueba confesional, constituye un acto de imposible reparación susceptible de ser reclamado, desde luego, mediante el juicio de amparo indirecto.
De lo hasta aquí expuesto, se aprecia que el Segundo y el Quinto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito analizaron el mismo problema jurídico y adoptaron soluciones discrepantes. En efecto, la materia de los recursos de revisión (improcedencias) que fueron del conocimiento de dichos cuerpos colegiados consistió en determinar si el proveído que desechó por notoriamente improcedente una demanda de amparo indirecto estaba o no ajustado a derecho. Cabe precisar que en las demandas de garantías los quejosos reclamaron la resolución que confirmó el acuerdo emitido por un Juez de lo Civil y uno Familiar en el que se requirió a una de las partes cuya residencia se ubica en un lugar distinto de aquel en el que se encuentra el juzgado para que compareciera personalmente a éste en una hora y fecha determinadas a efecto de que tuviera verificativo el desahogo de la prueba confesional.
De acuerdo con lo anterior, la materia de la presente contradicción de tesis se constriñe a determinar si el proveído que se emite en un juicio civil y familiar mediante el cual se requiere a una de las partes cuya residencia se ubica en un lugar distinto de aquel en el que se encuentra el juzgado, para que comparezca personalmente a éste en una hora y fecha determinada para llevar a cabo el desahogo de la prueba confesional, constituye o no un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto.
QUINTO. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio que se sustenta en esta resolución.
Dada la materia de la presente contradicción de tesis resulta necesario analizar las reglas básicas que rigen la procedencia del juicio de amparo. Para tal efecto, debe invocarse el artículo 107, fracciones III, V, inciso c) y VI de la Constitución General, así como los artículos 114, fracciones III, IV y V y 158 de la Ley de Amparo que disponen:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:
"a) Contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; siempre que en materia civil haya sido impugnada la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Estos requisitos no serán exigibles en el amparo contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten al orden y a la estabilidad de la familia;
"b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y
"c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio.
"...
"V. El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, conforme a la distribución de competencias que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en los casos siguientes:
"...
"c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común.
"En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y ..."
"Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito:
"...
"III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido.
"Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso.
"Lo anterior será aplicable en materia de extinción de dominio.
"Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben;
"IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación;
"V. Contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas a él, cuando la ley no establezca a favor del afectado algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos, siempre que no se trate del juicio de tercería; ..."
"Artículo 158. El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados.
"Para los efectos de este artículo, sólo será procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales civiles, administrativos o del trabajo, cuando sean contrarios a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales de derecho a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa.
"Cuando dentro del juicio surjan cuestiones, que no sean de imposible reparación, sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio."
Del análisis de las disposiciones transcritas se aprecia, para lo que a este asunto interesa, que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio que no admitan recurso ordinario alguno por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea por violaciones cometidas en el propio fallo o en la secuela del procedimiento, siempre que estas últimas afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo. De los mismos preceptos se desprende que el juicio de amparo indirecto excepcionalmente procede en contra de resoluciones judiciales dictadas dentro del juicio. Se afirma que tal procedencia es excepcional en virtud de que está condicionada a que el acto dictado dentro del juicio tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación.
En relación con lo expuesto en el párrafo anterior, debe decirse que el Pleno de este Alto Tribunal ha establecido criterio en el sentido de que los actos en juicio tienen una ejecución de imposible reparación, para efectos de la procedencia del amparo indirecto, cuando de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución.
Al respecto, conviene citar la tesis aislada emitida por el Tribunal Pleno, cuyos datos y texto son del tenor literal siguientes:
"No. Registro: 180415
"Tesis aislada
"Materia(s): Común
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XX, octubre de 2004
"Tesis: P. LVII/2004
"Página: 9
"ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo.
"Solicitud de modificación de jurisprudencia 1/2003. Magistrados del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 10 de agosto de 2004. Mayoría de siete votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Israel Flores Rodríguez.
"El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy treinta de septiembre en curso, aprobó, con el número LVII/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación no es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a treinta de septiembre de dos mil cuatro."
Como se ve, el Pleno de este Alto Tribunal sostuvo que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Ley Fundamental, de manera que tal afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio. Asimismo, dicho cuerpo colegiado determinó que los actos procesales tienen una ejecución de dicha naturaleza cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior.
Sobre el particular, debe decirse que la afectación en grado predominante o superior se actualiza cuando el acto que se reclama es de tal entidad que implica una situación relevante para el procedimiento, de manera tal que de su decisión depende todo el trámite del juicio natural, ya sea para asegurar que éste se sustancie con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso o para evitar la tramitación ociosa e innecesaria del procedimiento.
Al caso es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de datos y texto siguientes:
"No. Registro: 180217
"Tesis aislada
"Materia(s): Común
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XX, octubre de 2004
"Tesis: P. LVIII/2004
"Página: 10
"VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECT
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22335-4cf5e1e0/confesional-en-el-procedimiento-civil-o-familiar-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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