EMPLAZAMIENTO. SE CUMPLE CON EL REQUISITO PREVISTO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 112 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, CUANDO EN EL ACTA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL O CÉDULA SE HACE CONSTAR LA ENTREGA DE LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS DEL AUTO O RESOLUCIÓN A NOTIFICAR.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 439/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de esta denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con los puntos sexto y octavo del Acuerdo 5/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en tanto que los asuntos de los que deriva el punto de contradicción son del orden civil, materia de la exclusiva competencia de esta Sala.
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo constitucional y 197-A, párrafo primero de la Ley de Amparo pues, en el caso, fue denunciada por el representante legal de la parte quejosa en el juicio de amparo directo 595/2010 radicado en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, por lo que formalmente se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO. Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.
Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. Al resolver el amparo en revisión 1/2010 en el que el acto reclamado se hizo consistir en el ilegal emplazamiento realizado a la sucesión demandada, dentro de un juicio ordinario civil donde se demandó la acción de usucapión de un bien inmueble, el Juez natural admitió a trámite la demanda y, posteriormente, se ordenó mediante exhorto realizar el emplazamiento del demandado, en virtud de que su domicilio se encontraba fuera de su jurisdicción.
Consecuentemente, el secretario del juzgado encargado de realizar el emplazamiento a la parte demandada se constituyó en el domicilio proporcionado por la parte actora, asentando en el acta respectiva que en ese lugar encontró al demandado, quien se identificó con la credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral, por lo que procedió a emplazarlo en los términos que ahí se señala, haciendo constar que no firmaba por no considerarlo necesario.
En diverso auto, el Juez de Primera Instancia declaró en rebeldía al demandado, ya que no contestó la demanda, y sustanciado el procedimiento de origen en sus demás etapas procedimentales, dictó sentencia condenatoria, con excepción al pago de costas procesales.
En desacuerdo con dicha determinación la parte actora interpuso recurso de apelación, en el cual la Sala responsable modificó la sentencia de primera instancia únicamente en la condena a costas; por tanto, una vez que fueron recibidos los autos por el Juez de Primera Instancia, se autorizó su ejecución, y se giró exhorto a efecto de que se llevara a cabo la protocolización de la propiedad del bien en disputa.
Inconforme con lo anterior, la sucesión demandada promovió juicio de amparo contra diversos actos y se ostentó como tercera extraña al juicio por equiparación, aduciendo haber sido llamada en forma ilegal al procedimiento natural de referencia, y que con tal proceder se transgredieron en su perjuicio las garantías de audiencia y legalidad que consagran los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna.
Lo anterior en virtud de que el notificador que realizó el emplazamiento, no señaló el nombre del funcionario público que dictó la resolución que cumplimentó, asimismo, ni en el acta de emplazamiento ni en la cédula correspondiente se hizo una breve relación de la resolución que supuestamente se notificó; el funcionario judicial que practicó la diligencia omitió identificarse, por lo que carecía de facultades para llevar a cabo ese acto, ya que quien se encuentra habilitado para realizarlo es el secretario adscrito al juzgado exhortado, por lo que al no existir autorización del Juez para practicarlo, carece de eficacia jurídica.
El Juez de Distrito que conoció del amparo dictó sentencia definitiva en la cual sobreseyó por un lado y, por otro, negó la protección constitucional, al considerar infundado lo alegado por la quejosa en el sentido de que el notificador no hizo una breve relación de la resolución que se notificó, pues estimó que de la cédula de notificación se advierte que sí se hizo una breve relación de la resolución que se notifica, así como también se agregó una copia de la demanda. Por tal circunstancia, determinó que dicho acto reclamado no era inconstitucional, ya que, contrario a lo manifestado por la quejosa, dicha exigencia se advierte satisfecha.
Inconforme con la resolución anterior, la quejosa interpuso recurso de revisión en donde el Tribunal Colegiado del conocimiento revocó la sentencia recurrida con base en las siguientes consideraciones:
"SÉPTIMO. Son sustancialmente fundados los agravios de violación en la medida en que se suple la deficiencia de la queja como se muestra enseguida.
"De inicio, cabe precisar que el acto reclamado en el juicio de amparo que se revisa, se constriñe en el emplazamiento y todo lo actuado con posterioridad en el juicio en el juicio civil ordinario 382/2007 del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Segundo Partido Judicial en el Estado de Jalisco con sede en Chapala, promovido por ********** contra ********** también conocido como ********** y otro; ello en atención a que la sucesión del citado demandado, a través de su albacea niega que hubiera sido emplazada, por lo que afirma ser tercera extraña por equiparación.
"En esa virtud, como la falta de emplazamiento per se entraña una violación a la garantía de audiencia, téngase presente también su contexto normativo.
"El dispositivo 14 constitucional cuya trasgresión es imputada a las responsables, establece en lo que interesa:
"‘Artículo 14.’ (se transcribe).
"De la cita anterior se deriva la ‘garantía de audiencia’, porque debe entenderse que previo a cualquier acto de autoridad -actos que sean unilaterales, imperativos y coercibles-, que puedan llegar a privar a un particular en sus derechos o posesiones, se le dé una oportunidad razonable para defenderse en el juicio, de probar y alegar lo que sea de su interés, ya sea ante tribunales independientes, imparciales y establecidos con anterioridad al hecho, dentro de un juicio o en un procedimiento seguido a manera de éste, ante las autoridades administrativas donde habrán de seguirse las fases procesales descritas por la ley aplicable al caso concreto, so pena de ser inconstitucional ese actuar, por lo que de exigirse su nulidad, será declarada en base al principio de que todos deben de ser oídos y vencidos en juicio antes de ser afectados en su esfera con un acto de privación.
"Apoya la anterior idea el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, Novena Época, que señala:
"‘FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga «se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento». Éstas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.’
"En la materia del reclamo, se destaca que el emplazamiento es el acto procesal a través del cual el juzgador hace del conocimiento de una persona la admisión de una demanda que ha sido enderezada en su contra, concediéndole el plazo legalmente establecido en la legislación aplicable, a fin de que tenga la oportunidad de contestarla y de ofrecer los medios probatorios que considere convenientes.
"La jurisprudencia de los actos tribunales de la Federación, como la que enseguida se invoca, ha considerado a esta actuación judicial de gran importancia ya que por su conducto, el juzgador establece la relación jurídica que vincula a las partes durante el juicio, otorgándose al demandado la oportunidad de comparecer a contestar la demanda instaurada en su contra, a fin de dilucidar sus derechos, por consiguiente, la estricta observancia de la normatividad procesal que le resulte aplicable, garantiza a aquél el cumplimiento de la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, evitando con ello que se le deje en estado de indefensión.
"Luego, el emplazamiento por su naturaleza y trascendencia, debe ser cuidadosamente practicado, pues cada una de las formalidades que en ella deben cumplirse permite al juzgador tener la plena certeza de que es a la persona contra quien se intenta una demanda a quien se le entregó ésta y que así tendrá pleno conocimiento de que en su contra se inicia una contienda a fin de que acuda ante el Juez a defenderse, de su correcta ejecución penden las demás garantías de defensa y legalidad que consagran los artículos 14 y 16 ya citados, porque sólo así, el demandado tendrá oportunidad de contestar la demanda, ofrecer pruebas, alegar y objetar las de la contraria, etcétera, por ende, la realización de tan importante actuación sin incumplir con todas y cada una de las formalidades que estableció el legislador se reitera, constituye una de las violaciones procesales de mayor magnitud, que impide al demandado la oportunidad de defenderse.
"La Suprema la Corte de Justicia de la Nación, en su interpretación judicial del tema, estableció que su examen constituía una cuestión de orden público y de estudio oficioso aun en las materias en que tradicionalmente impera el principio de estricto derecho, por ende, cuando en un juicio de garantías se señale como acto reclamado la primer notificación, ésta debe ser analizada, aun en suplencia de la queja, porque un emplazamiento practicado en forma incorrecta, hace suponer una violación manifiesta de la ley que produce indefensión, actualizándose el supuesto previsto en la fracción VI del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo.
"Ilustra al respecto la tesis de jurisprudencia emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificable con el número de registro 240531, consultable en la página 195, tomo 163-168 Cuarta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación que textualmente indica:
"‘EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PÚBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO. La falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, esto es, imposibilita al demandado para contestar la demanda y, por consiguiente, le impide oponer las excepciones y defensas a su alcance; además, se le priva del derecho a presentar las pruebas que acrediten sus defensas y excepciones y a oponerse a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la parte actora y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado oportunamente del fallo que en el proceso se dicte. La extrema gravedad de esta violación procesal ha permitido la consagración del criterio de que el emplazamiento es de orden público y que los Jueces están obligados a investigar de oficio si se efectuó o no y sí, en caso afirmativo, se observaron las leyes de la materia.’
"Asimismo, encuentra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J. 149/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, diciembre de 2000, página 22, cuyos rubro y texto señalan:
"‘SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón.’
"Ahora bien, analizado el agravio donde la inconforme alega que contrario a lo sostenido por el Juez Federal, para cumplir con los requisitos del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, en específico, que se informe el nombre del servidor público que haya dictado la resolución, es insuficiente que se haya indicado que la emitió la Juez Octavo de lo Civil, con sede en Guadalajara; pues al derivar el emplazamiento de una encomienda judicial vía exhorto, se debió informar que el citado juzgador era exhortado y el exhortante el Juez Primero de lo Civil de Chapala, Jalisco; resulta que tal argumento, suplido en su deficiencia, resulta fundado y suficiente para revocar la determinación del Juez Federal y ameritar la protección constitucional, conforme a las razones siguientes:
"En efecto, dado que el emplazamiento controvertido se practicó en forma personal, resulta indispensable analizar los requisitos del emplazamiento previstos por el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, en cuyos artículos vigentes a la fecha del emplazamiento se dispone:
"‘Artículo 70. Toda diligencia judicial de audiencia (sic), se asentará en un acta circunstanciada, en la que se deberá de hacer constar que se dio fe de conocimiento o de los medios sustitutos que se utilizaron para identificar a los comparecientes. Cuando no se conozca a los comparecientes, y siempre que no fuese posible su identificación por algún medio fehaciente, como documentos oficiales expedidos por autoridades federales, estatales, municipales, u organismos paraestatales, descentralizados o similares, a juicio del juzgador, intervendrán dos testigos, conocidos o identificados por aquél, que certifiquen la identidad de dichos comparecientes. El servidor público judicial podrá dar fe de conocimiento en los términos antes citados, cuando el compareciente, se hubiere identificado ante él con los documentos indicados en el párrafo anterior.’
"‘Artículo 111. La primera notificación se hará personalmente al interesado o a su representante o procurador en el domicilio designado; y no encontrándolo el notificador, cerciorado de que allí vive, le dejará instructivo en el que hará constar la fecha y hora en que lo entregue, el nombre y apellido del promovente, el Juez o tribunal que mande practicar la diligencia, el número de expediente o toca, la determinación que se mande notificar y el nombre y apellido de la persona a quien se entregue, recogiéndole la firma en el acta, o en su defecto la razón por la que se negó a hacerlo.’
"‘Artículo 112. La diligencia (sic) de emplazamiento se realiza personalmente con el demandado; el servidor público judicial, deberá de cerciorarse de la identidad del mismo en la forma prevista por el artículo 70 de este código, o, dar fe de que lo conoce; haciendo constar en el acta esa circunstancia. Si se trata de emplazamiento a juicio o de requerimiento y sólo si a la primera busca no se encuentra al demandado, se le dejará citatorio para hora fija del día siguiente; y si no espera, se le hará la notificación por cédula; en todo caso la notificación y la cédula contendrá: I. Nombre del servidor público que haya dictado la resolución; II. El juicio en que se pronuncia y número de expediente; III. Breve relación de la resolución que se notifica; IV. Día y hora en que se hace la notificación; V. Término para contestar la demanda o para cumplir el requerimiento; VI. Nombre de la persona en poder de quien se deja; y VII. Firma del servidor público que practique la notificación y de quien la recibe o expresión de su negativa. Para el caso de que el interesado se niegue a recibir la notificación y en el supuesto de que las personas que residan en el domicilio se rehúsen a recibir la cédula, ésta deberá fijarse en la puerta de entrada del domicilio y de ello se sentará razón en los autos, dejando copia simple de la demanda, de los documentos exhibidos con la misma y del auto que lo ordene, en los que se asentará la constancia prevista en el artículo anterior. Cuando la diligencia de emplazamiento se entienda personalmente con el demandado, el servidor público judicial, deberá de cerciorarse de la identidad del mismo en la forma prevista por el artículo 70 de este código, o, dar fe de que lo conoce; haciendo constar en el acta esa circunstancia.’
"Como se puede observar, de los preceptos legales antes transcritos se desprenden las reglas sobre las cuales se debe practicar una diligencia de emplazamiento en forma personal en el domicilio del interesado, y en aquellos en los que a la primera búsqueda no se le encuentre en el lugar designado y previa citación se le notifique a través de la cédula que se deje en el domicilio, en poder de persona diversa al buscado cuando no asista pese a la citación; además, se advierten los requisitos específicos que debe contener tanto el emplazamiento como la cédula.
"Por cuanto al emplazamiento personal, sólo se prevé en forma expresa que dejará constancia de que el funcionario judicial identificó a la persona a notificar; sin embargo, es dable considerar que la doctrina define a esa clase de emplazamiento como el acto de comunicación procesal que se efectúa informando directa y personalmente al interesado la tramitación de un juicio en su contra, lo cual es de gran relevancia desde el punto de vista procesal, por lo que el órgano jurisdiccional del conocimiento debe tener la presunción fundada de que la parte interesada conoció el contenido y consecuencias de la determinación judicial relativa, buscando ante todo dar certeza jurídica a las partes.
"Así, dado que la redacción de tales preceptos no es clara en torno a si los requisitos de la cédula también son exigibles para la notificación personal, es preciso acudir a la interpretación auténtica de tales normas derivadas del Decreto 20398, publicado el treinta de septiembre de dos mil tres, en el Periódico Oficial del Estado, por cual fueron reformados diversos preceptos del Código de Procedimientos Civiles del Estado, entre los que destacan los artículos 111 y 122.
"La iniciativa fue presentada por el diputado ********** con fecha catorce de octubre de dos mil tres, donde en su exposición de motivos justificó la necesidad de la reforma al señalar, en lo conducente:
"‘... VI. Por su parte, el artículo 111 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad, establece que las reglas para la primera notificación; sin embargo, es necesario expresar que en la primera notificación, además de los requisitos ya mencionados, se deberá señalar en el instructivo el número de expediente, o de toca en su caso, por el cual se está practicando la diligencia, ya que no basta con que se exprese el nombre y apellido del promovente, el Juez o tribunal que la mandó practicar y la determinación que se mandó notificar; puesto que el número de expediente, o de toca es un requisito indispensable para que las partes puedan dirigir correctamente sus escritos ante el órganos jurisdiccional, ya que, de lo contrario, se el dejaría en estado de indefensión, al no saber de qué número de juicio se trata. Por ejemplo, podemos establecer, que un Juzgado de Primera Instancia del Estado de Jalisco, ordena la notificación de una resolución, en el domicilio señalado para tal efecto, y el notificador, procede a efectuar la notificación correspondiente, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 111 del citado ordenamiento, omitiendo en ese acto, precisar el número de expediente o toca en su caso, de que se trata, ello conlleva serios perjuicios, porque provoca que el notificado tenga que ir a buscar en los libros de gobierno del órgano jurisdiccional, de qué número de expediente o toca se trata, para en su caso, dirigir escrito al órgano jurisdiccional correspondiente. También, hay que establecer, que la falta de precisión del número de expediente o toca, en su caso, por parte del notificador no invalida la notificación. pero sí acarrea molestias al notificado, porque el hecho de que no se le exprese en el instructivo el número de expediente o toca al cual deba dirigirse, le podría estar provocando un estado de indefensión, ya que no sabrá a qué expediente dirigir su escrito y de que éste sea acordado o no con los datos que le proporcionó el notificador. VIl. El artículo 112 del ordenamiento en cita, establece las reglas para el emplazamiento a juicio o el requerimiento. Dicho numeral resulta muy claro en cuanto a los requisitos que deberán observarse si el demandado no se encuentra para dejarle citatorio para el día siguiente; no obstante, omite señalar los requisitos que debe contener el emplazamiento en forma directa y personal con el demandado; es necesario adicionar dicho artículo, para que se establezca que el notificador, cuando entienda personalmente el emplazamiento con el demandado, además de cerciorarse de su identidad, conforme al artículo 70 del citado ordenamiento, deberá, dejar en poder del demandado, copia del acta de emplazamiento, que contenga los mismos requisitos previstos en el artículo 112 del enjuiciamiento civil de la entidad y que se establecen para el caso de notificación por cédula. A este respecto, existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece claramente que no basta correr traslado con la copia de la demanda y los documentos correspondientes para que el reo esté en aptitud de comparecer ante el Juez, sino que es necesario que en documento fehaciente se le haga saber quién es la autoridad, cuál su residencia, cuál es el juicio, bajo qué expediente se tramita, y quién o quiénes son las personas que lo demandan, así como cuál es el plazo que tiene para comparecer ante el juzgador. ...’
"En atención a la propuesta, la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, indicó que compartía el criterio expresado en la iniciativa y señaló:
"‘... Por lo que toca a los artículos 56 y 111, se considera adecuado establecer como requisito, el que todos los escritos y ocursos presentados por las partes en un litigio, señalen invariablemente, el número de expediente o de toca de revisión, esto, considerando que, de admitirse los documentos sin este requisito y como está la legislación vigente, le corresponde al juzgado o tribunal de conocimiento, la carga para que realice la búsqueda en los cuadrantes y acuerde los ocursos en el expediente respectivo; mientras que con la reforma propuesta le corresponde a las partes esta carga para que señalen el número de expediente y de no hacerlo, el juzgador no tendrá la obligación de acordar tal ocurso, pues no cuenta con los requisitos que la ley señala. En lo que toca al artículo 112 del mismo ordenamiento adjetivo, esta comisión, comparte la preocupación del diputado ponente, sin embargo, se considera que basta proponer una nueva redacción del artículo, sin alterar el fondo del mismo, pero, asegurándonos de que se cumplan con los mismos requisitos que se señalan para realizar las notificaciones a las partes, se entiendan éstas personalmente con el interesado o a través de las cédulas de notificación, así la propuesta, consiste en redactar el artículo de las disposiciones generales a las particulares; así, se comienza con la regulación de la notificación personal, continuando con la que se realiza a través de citatorio y cédula, y se establecen los requisitos que deben cumplirse, abarcando ambos tipos de notificación. ...’
"Posteriormente, la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, al realizar el proyecto de decreto de reforma, propuso el nuevo texto de los artículos 111 y 112, mismo que fue aprobado y que corresponde al que actualmente rige.
"En ese contexto, atendiendo a las razones expresadas durante el proceso legislativo de previa reseña, es claro que, para la debida práctica del emplazamiento personal, en el acta que se levante se deben contener los mismos requisitos de la cédula, por lo que se deberá dejar constancia de que el funcionario judicial identificó a la persona que notificó; además de asentar a detalle: I. Nombre del servidor público que haya dictado la resolución; II. El juicio en que se pronuncia y número de expediente; III. Breve relación de la resolución que se notifica; IV. Día y hora en que se hace la notificación; V. Nombre de la persona en poder de quien se deja; y VI. Firma del servidor público que practique la notificación y de quien la recibe o expresión de su negativa.
"En la inteligencia de que tales formalidades deben ser estrictamente acatadas por los funcionarios encargados de practicarlas, bajo pena de ser declaradas nulas, conforme al artículo 64 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco; que dispone:
"‘Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el capítulo V del título segundo de este código, serán nulas; pero si la persona que invoca la nulidad se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos, como si estuviese legítimamente hecha.’
"Sentado lo anterior, para el análisis del emplazamiento cuestionado, que obra foja 15 del legajo de copias certificadas del expediente natural, misma que de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio; se advierte que el acta relativa fue levantada bajo el tenor siguiente:
"‘Emplazamiento personal
"‘En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las quince horas con cuarenta minutos del día 09 nueve del mes de noviembre del año dos mil siete el suscrito notificador de este Juzgado Octavo de lo Civil de este primer partido judicial, con el fin de cumplimentar lo ordenado por auto que admite la demanda de fecha 17 diecisiete de abril del 2007, dictado por la Juez Octavo de lo Civil me constituí física y legalmente en ********** y ser el domicilio particular y actual del demandado (sic) **********, y previamente cerciorado del lugar en que me encuentro por así estar marcado el nombre de la calle en la nomenclatura visible, así como del número exterior de la finca, y también por así habérmelo manifestado bajo protesta de decir verdad el mismo demandado, y el cual si se identifica con credencial del Instituto Federal Electoral con folio ********** y encontrándose presente, procedo a emplazarlo con las copias simples de ley y cédula de notificación respectiva, teniendo un término legal de 08 ocho días para que de contestación a la demanda interpuesta en su contra, apercibido que de no hacerlo se le tendrá presuntamente confeso de los hechos, y se les seguirá en su rebeldía, acto seguido queda de esta forma debida y legalmente enterado, notificado y emplazado el referido demandado en los términos ordenados, por conducto del mismo quien atiende al suscrito, misma persona que recibe la cédula antes indicada y quien no firma por así considerarlo necesario. Siendo su media filiación una mujer adulta, de estatura mediana robusta, pelo negro ondulado al hombro morena. Así mismo firman como testigos de asistencia la C. ********** y ********** quien se identifica con credencial de la ********** con código ********** y el Lic. ********** quien se identifica con licencia de conducir No. **********. Conste.’
"Previo a su estudio, este tribunal aclara que no desconoce que también obre entre las copias del juicio natural, una cédula de emplazamiento entregada en la misma diligencia; misma que legalmente no es parte del emplazamiento personal transcrito, ya que conforme al artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, sólo se emplaza por este medio, cuando, al ordenarse una notificación personal, de no encontrar en el domicilio a la persona buscada en la primera oportunidad, se deje una citación que al no ser atendida, conlleve a emplazar al demandado a través de una ‘cédula’, que deje en poder de la persona que se encontrara en el domicilio. Razón por la cual,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23088-7f076281/emplazamiento-se-cumple-con-el-requisito-previsto-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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