SEGURIDAD PÚBLICA. LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, EN LA SENTENCIA QUE RESUELVE EL JUICIO EN EL QUE SE IMPUGNA LA REMOCIÓN DE UN POLICÍA CESADO ANTES DE SU VIGENCIA, NO ES RETROACTIVA SI SE DICTA CUANDO YA ENTRÓ EN VIGOR. SEGURIDAD PÚBLICA. LA PROHIBICIÓN DE REINSTALAR EN SU CARGO A LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, PREVISTA POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, ES APLICABLE EN TODOS LOS CASOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RAZÓN QUE MOTIVÓ EL CESE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS DEL NOVENO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES.
SECRETARIO: FRANCISCO GORKA MIGONI GOSLINGA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo 5/2001 del Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de criterios sustentados en materia administrativa, cuyo conocimiento corresponde a esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
El primer párrafo del artículo 197-A de la Ley de Amparo dispone:
"Artículo 197 A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. ..."
Como se ve, entre los sujetos legitimados para denunciar una contradicción de tesis se encuentran las partes que intervinieron en los juicios de amparo en los que se hubiesen sustentado los criterios que se denuncian como contradictorios. En el caso, la denuncia fue formulada por el presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de San Luis Potosí, carácter que acredita con copia certificada del Periódico Oficial de veintitrés de abril de dos mil cinco en el que obra el Decreto 281 por el que se le designa Magistrado numerario y acta de cuatro de enero de dos mil diez en la que se hizo constar su designación como presidente. Dicho tribunal fue autoridad responsable en los juicios de amparo directo en los que se sostuvieron los criterios que se denunciaron como contradictorios. Siendo así, es claro que está legitimado.
TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito conoció del juicio de amparo directo 460/2009, el cual tiene los siguientes antecedentes:
1. El once de marzo de dos mil ocho, la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Pública del Ayuntamiento de San Luis Potosí dictó una resolución en la que determinó la baja de Marco Polo Pascacio Molina, en el cargo de policía preventivo municipal.
2. Inconforme con tal resolución Pascacio Molina promovió juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de dicha entidad federativa, el cual, mediante sentencia de veintiuno de mayo de dos mil nueve, determinó que la baja del actor en el cargo que ocupaba fue ilegal. Una vez adoptada esta decisión, sostuvo lo siguiente:
"... Ahora bien, el dieciocho de junio de dos mil ocho, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó la denominada reforma judicial ... con ésta se reformaron diversos preceptos de la Constitución ... el nuevo texto del artículo 123, apartado B, fracción XIII, establece que los militares, marinos, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se rigen por sus propias leyes, así como que, cuando sean separados o removidos del cargo por no cumplir con los requisitos de permanencia o porque incurrieron en responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, no podrán ser reincorporados al servicio y sólo tendrán derecho a la indemnización, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa promovido.
"...
"... el derecho a la restitución es un derecho procesal, es decir, un derecho que se adquiere durante el proceso y solamente en el caso de obtener una sentencia anulatoria, por consiguiente, el derecho a la restitución no es un derecho adquirido con el inicio del juicio, pues depende de que se obtenga una sentencia favorable, en esa medida, mientras no exista una sentencia anulatoria del acto impugnado, la restitución es una mera expectativa de derecho para el actor, razón por la cual esta Sala debe resolver en términos de la legislación aplicable al caso concreto y vigente al momento de emitir sentencia.
"...
"En este contexto, si a la fecha de la emisión de la sentencia (la reforma al artículo 123, apartado B, fracción XIII) está vigente, esta Sala debe aplicarla, pues es hasta este momento que nace el derecho a la restitución, propio de la sentencia definitiva en que se resuelve la anulación de un acto administrativo."
3. Inconforme con la sentencia antes citada Pascacio Molina promovió juicio de amparo directo. En uno de sus conceptos de violación sostuvo que la reforma al artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución General de dieciocho de junio de dos mil ocho se le aplicó retroactivamente en su perjuicio, toda vez que entró en vigor al día siguiente y la demanda de nulidad en la que exigió la restitución en el cargo fue presentada el dieciséis de mayo de dos mil ocho. Siendo así, es claro que la litis se fijó con anterioridad a la mencionada reforma, motivo por el cual no fue correcto que se le aplicara el Texto Constitucional reformado.
4. El veintinueve de octubre de dos mil nueve el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito dictó sentencia en la que concedió al quejoso la protección constitucional solicitada. Dicha sentencia en lo que interesa dice:
"... el tribunal responsable (considera que) el derecho a la restitución es un derecho procesal que se adquiere durante el proceso y, por ende, no es un derecho adquirido con el inicio del juicio, ya que para ello se requiere que se obtenga una sentencia favorable, razón por la cual debe resolverse en términos de la legislación aplicable al caso concreto y vigente al momento de dictar la correspondiente sentencia, consideraciones por demás desafortunadas del tribunal responsable, al partir de una premisa falsa para arribar a una conclusión equivocada ... es inexacto que si a la fecha de la emisión de la sentencia por la responsable, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública está vigente, ésta debe aplicarse en virtud de que hasta ese momento es que nace el derecho a la restitución, propio de la sentencia definitiva en que se resuelve la anulación de un acto administrativo, perdiendo de vista el tribunal responsable que lo que llama ‘proceso’ concluyó precisamente con la determinación que dio lugar a que el ahora quejoso acudiera a demandar la nulidad de la misma, y no al procedimiento que se sigue ante dicho tribunal para obtener, en su caso, la nulidad del acto impugnado ... y, por tanto, es ésta (la resolución que determinó la baja del quejoso) la que fue materia del procedimiento contencioso ante la responsable, cuyo estudio debió realizarse de acuerdo con la normatividad vigente en la época que fue resuelto tal procedimiento administrativo seguido ante la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal ... esto es, debe restituirse al actor en el pleno goce de sus derechos indebidamente afectados en virtud del acto impugnado cuya nulidad se decretó, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de su emisión, ello de conformidad, como ya se dijo, con las disposiciones legales vigentes en la época en que se emitió la resolución impugnada ..."
CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito resolvió el juicio de amparo directo 216/2009, el cual tiene los siguientes antecedentes:
1. Gelacio Martínez Bautista promovió juicio de nulidad en contra del "cese de su trabajo, que en forma verbal le fue manifestado el día 10 de marzo del 2008, venía desempeñando (sic) como agente ‘B’ de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tamazunchale, S.L.P.".
2. La demanda de que se trata se radicó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de San Luis Potosí, el cual, en sentencia de doce de febrero de dos mil nueve, declaró la nulidad de la resolución impugnada. Es importante mencionar que aun cuando el referido tribunal anuló el cese verbal que fue reclamado por el actor, de manera destacada sostuvo que al momento de resolver el juicio de nulidad ya había entrado en vigor la reforma al artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional que se publicó en el Diario Oficial de la Federación de dieciocho de junio de dos mil ocho que impide reincorporar al policía en el cargo que ocupaba, por lo que únicamente condenó a la autoridad demandada a indemnizar al actor.
3. Inconforme con la sentencia a que se alude en el apartado anterior, Martínez Bautista promovió juicio de amparo que se resolvió en el sentido de negar la protección constitucional solicitada. Esta sentencia en lo que interesa dice:
"En su segundo concepto de violación, el impetrante del amparo refiere que la resolución reclamada es violatoria de garantías, al determinar la responsable que no es procedente la reinstalación en las funciones que venía desempeñando ... Agrega que no es conforme con esa decisión, porque tanto el texto de la Norma Constitucional, como la disposición federal secundaria le fueron aplicados en forma retroactiva en su perjuicio, lo que desde su perspectiva no es posible, debido a que su demanda de nulidad la presentó antes de las citadas reformas.
"Es infundado dicho concepto de violación, porque a pesar de que la baja al puesto que desempeñaba como agente de policía de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tamazunchale, San Luis Potosí, ocurrió en el mes de marzo de dos mil ocho, y que el primero de abril de esa anualidad demandó la nulidad de ese acto de autoridad ... lo cierto es que cuando ese órgano jurisdiccional resolvió en definitiva la controversia natural y declaró la ilegalidad y nulidad de la baja del demandante, éste ya no tenía dentro de su esfera jurídica el derecho a ser reinstalado en el cargo del cual fue separado, por tanto, el tribunal responsable no podía imprimir esa orden en su resolución. En efecto ... dicha reforma entró en vigor al día siguiente de su publicación (dieciocho de junio de dos mil ocho) ... Así pues, ese tramo normativo ya se encontraba vigente el doce de febrero de dos mil nueve cuando el tribunal responsable emitió la sentencia reclamada.
"De tal manera que si en términos de la disposición constitucional en comento (artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional) cuando cualquier autoridad judicial o jurisdiccional declare que la separación, cese o reposición de un elemento policiaco fue injustificada, no podrá bajo ninguna circunstancia ordenarse la reinstalación o reincorporación al servicio, entonces es palmario que la autoridad responsable obró con acierto jurídico ...
"Sin que la aplicación de esa disposición constitucional pueda estimarse retroactiva en perjuicio del quejoso, dado que cuando se dictó la sentencia correspondiente, esto es, para cuando la autoridad responsable resolvió la controversia natural, ya se encontraba vigente y válidamente podía aplicarse.
"De lo contrario implicaría desdeñar el propósito de la reforma constitucional, que no fue otro más que el de hacer prevalecer el régimen especial al que están sujetos los policías, anteponiendo la norma constitucional el interés de la sociedad de contar con mejores elementos que coadyuven con ésta en el combate a la delincuencia, al interés del particular de continuar en el cargo."
Es importante mencionar que el referido Tribunal Colegiado también resolvió el amparo directo 459/2009, sin embargo, se estima innecesario exponer la sentencia que se dictó en dicho juicio en virtud de que es similar a la reseñada en este considerando.
QUINTO. El Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito conoció del juicio de amparo directo 423/2009, el cual tiene los siguientes antecedentes:
1. Por escrito de treinta y uno de octubre de dos mil seis, ********** y otros, promovieron juicio de nulidad en contra de la "baja por cese a sus puestos como elementos de la Dirección de Seguridad Pública del Estado dependiente del Gobierno del Estado y que en forma verbal les fue notificada por el ... subdirector de la Sección Primera de Personal de la Dirección de Seguridad Pública del Estado, dependiente del Gobierno del Estado" de San Luis Potosí.
2. El asunto se radicó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la mencionada entidad federativa, el cual, por sentencia de catorce de mayo de dos mil nueve, declaró la nulidad "del acto impugnado ... consistente en el cese verbal de que fueron objeto" los actores. Cabe precisar que en la referida sentencia el Tribunal de lo Contencioso Administrativo determinó que en atención a la reforma del artículo 123 constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho (en vigor al momento de dictar sentencia) no procedía ordenar la reinstalación de los demandantes.
3. Inconformes con la anterior resolución, los actores promovieron juicio de amparo directo que se resolvió mediante sentencia de veinticuatro de septiembre de dos mil nueve, la cual en lo conducente dice:
"De la transcripción podemos colegir, que el tribunal administrativo ordenador estableció que si el acto impugnado era un cese verbal que les fue comunicado a los actores ... y que tal notificación de cese al no derivar de un procedimiento disciplinario instrumentado por la respectiva Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública del Estado, era evidente que dicho acto resultaba ilegal, porque contravenía lo establecido en la Ley de Seguridad Pública del Estado y en particular vulneraba el derecho de permanencia en el cargo de los aludidos demandantes.
"Por lo que de ello se seguía que en el caso se actualizaba la causal de ilegalidad ... que se refiere a los casos en que el acto administrativo se dictaba en contravención a normas jurídicas aplicables.
"Sin embargo, y no obstante que en los términos vistos, el Tribunal Contencioso responsable estimó que en el caso, sin motivo fundado aparente, la Dirección de Seguridad Pública del Estado cesó a los actores, no determinó que éstos fueran reinstalados en sus cargos, dado que el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución General de la República, establece, en lo que hoy interesa, que si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de la terminación del servicio fue injustificada y demás prestaciones a que tengan derecho (sic), sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.
"Ahora, manifiestan medularmente los solicitantes de la protección federal, que de la interpretación literal, causal y teleológica de lo dispuesto en el precepto constitucional indicado, se advierte que la imposibilidad de reinstalar a los miembros de las instituciones policiales federales, estatales o municipales que hubieren sido removidos de su cargo, únicamente es aplicable a los casos en que la norma prevé.
"Argumentos que como se anticipó devienen fundados.
"Los artículos 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 74 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, disponen lo siguiente (resulta innecesaria su transcripción).
"Pues bien, de los numerales 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 74 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se desprende, en lo que interesa, que los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, serán separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones, y que si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio.
"Conforme a lo anterior, se advierte que el acto reclamado es violatorio de las garantías de los peticionarios en la medida de que no se observa que resulten aplicables las normas citadas en la sentencia impugnada en lo relativo a la no reincorporación al servicio, pues no se advierte que la baja de los quejosos hubiese ocurrido por haber incumplido con los requisitos que las leyes vigentes señalan para permanecer en las instituciones policiales o por haber incurrido en responsabilidad en el desempeño de sus funciones.
"...
"Por consiguiente, resulta evidente lo fundado del concepto de violación donde los quejosos aducen que la autoridad responsable violó sus garantías individuales ... pues como se advierte, la litis del asunto se centró en que el vínculo entre los impetrantes y la Dirección de Seguridad Pública del Estado se dio por terminado por no haber presupuesto necesario para cubrir los sueldos de aquéllos por el ejercicio de su encargo, y no así por haber incumplido con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalan para permanecer en dichas instituciones o por haber incurrido en responsabilidad en el desempeño de sus funciones.
"Lo anterior así se afirma, tomando en cuenta que la improcedencia de la reincorporación al servicio que resolvió la autoridad responsable, tiene como sustento el hecho de que los elementos incumplen con los requisitos que las leyes vigentes señalen para permanecer en las instituciones de seguridad pública, o por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones; sin embargo, la baja o cese reclamado en el juicio contencioso de origen, no se alegó porque hubiese ocurrido alguna de estas dos situaciones, sino porque la autoridad demandada director general de la Dirección de Seguridad Pública del Estado, les informó que ya no había presupuesto para cubrirles sus emolumentos."
Cabe precisar que el Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el diverso juicio de amparo directo 262/2009, sostuvo el mismo criterio que el contenido en la sentencia transcrita, motivo por el cual resulta innecesario reseñar los antecedentes de dicho juicio.
SEXTO. En el caso se actualiza la contradicción de tesis denunciada.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, emitió la tesis visible en la página 68 del Tomo XXX, correspondiente al mes de julio de dos mil nueve, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 26/2001, DE RUBRO: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’). De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpe la jurisprudencia citada al rubro, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ impide el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
Del criterio transcrito se desprende que la contradicción de tesis se configura cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, con independencia de que las cuestiones fácticas de los asuntos en los que se sostienen tales criterios no sean idénticas.
En el caso, según quedará demostrado, los órganos jurisdiccionales cuyos criterios dieron lugar al presente asunto sostuvieron posturas disímiles sobre dos puntos concretos de derecho, por lo que se actualiza la contradicción de tesis. Con el objeto de demostrar este aserto es necesario mencionar que de lo expuesto en los considerandos tercero y cuarto de la presente resolución se aprecia que tanto el Primero como el Segundo Tribunales Colegiados del Noveno Circuito conocieron de sendos juicios de amparo directo que se promovieron en contra de diversas sentencias, emitidas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de San Luis Potosí. En dichas sentencias, el referido órgano jurisdiccional local estableció que aun cuando los actores (policías municipales) fueron cesados de sus cargos antes de que entrara en vigor la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho al artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución General (conforme a la cual los policías que hubiesen sido separados de sus cargos por no cumplir con los requisitos de permanencia o por haber incurrido en responsabilidad no tendrán derecho a la reinstalación), lo cierto es que para las fechas en que se emitieron las respectivas sentencias la reforma de que se trata ya había entrado en vigor, motivo por el cual resultaba plenamente aplicable.
En las demandas que dieron origen a los juicios de amparo que se promovieron en contra de las sentencias de que se trata, los quejosos manifestaron que el referido artículo constitucional reformado les fue aplicado retroactivamente en su perjuicio. Lo anterior, porque la demanda de nulidad en la que exigieron la restitución en el cargo se presentó antes de la aludida reforma, es decir, cuando tenían el derecho constitucional de ser reincorporados.
Ahora bien, el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 460/2009, declaró fundado el concepto de violación planteado por el quejoso al considerar, sustancialmente, que el juicio contencioso administrativo debió resolverse conforme a las disposiciones constitucionales vigentes en la fecha en la que se resolvió el procedimiento administrativo que culminó con el cese del quejoso. Lo anterior, porque el efecto del amparo es restituir las cosas al estado que guardaban antes de la emisión de la resolución administrativa.
Por otra parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el juicio de amparo 216/2009, desestimó el concepto de violación aducido por los quejosos al considerar, esencialmente, que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de San Luis Potosí actuó ajustado a derecho al aplicar el artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional reformado para resolver el conflicto sometido a su conocimiento, toda vez que para la fecha en que dictó sentencia la reforma de que se trata ya estaba vigente.
Como se ve, en el caso se actualiza la contradicción de tesis denunciada toda vez que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito considera que el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución General reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de dieciocho de junio de dos mil ocho, conforme al cual los policías que hubiesen sido separados de su cargo por no cumplir con los requisitos de permanencia o por haber incurrido en responsabilidad no tendrán derecho a la reinstalación, no resulta aplicable a los casos en los que la separación del cargo se haya dado con anterioridad a la entrada en vigor de la mencionada reforma (diecinueve de junio del citado año), pues lo contrario implicaría una aplicación retroactiva en perjuicio del justiciable. En cambio, el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito determinó que la reforma de que se trata puede válidamente aplicarse en los casos en los que tal separación se haya dado con anterioridad a aquélla, siempre que la sentencia definitiva que resuelva el conflicto suscitado por la remoción se emita cuando dicha reforma haya entrado en vigor.
Así, el primer problema jurídico que debe desentrañarse en la presente contradicción de tesis se constriñe en determinar si la aplicación del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución reformado mediante decreto de dieciocho de junio de dos mil ocho, en la sentencia que resuelve el juicio en el que se impugna la remoción de un policía, es o no retroactiva cuando tal remoción acaeció con anterioridad a la referida reforma pero la mencionada sentencia se emitió cuando aquélla ya estaba en vigor.
No es obstáculo para considerar que en el caso se actualiza la contradicción de tesis el hecho de que por oficio de ocho de febrero de dos mil nueve, el secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito haya informado a este Alto Tribunal que con posterioridad al dictado de la sentencia en el juicio de amparo directo 460/2009 (en el que se sustentó uno de los criterios que configura la contradicción de tesis) resolvió en un sentido diverso el juicio de amparo directo 518/2009, cuyo problema jurídico es similar al analizado en el primero de los juicios mencionados. Se afirma que tal oficio no es obstáculo toda vez que del análisis de la sentencia que se emitió en el juicio de amparo directo 518/2009 se aprecia que la resolución por la que el policía quejoso fue cesado del cargo se emitió el veintiuno de noviembre de dos mil ocho, es decir, después de que entró en vigor el decreto de reforma al artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución General (diecinueve de junio de dos mil ocho).
En efecto, el fallo constitucional de que se trata en lo que interesa dice:
"... dada la fecha en que entró en vigor tal dispositivo constitucional, en el caso a estudio, no se aplica retroactivamente al ahora quejoso, en virtud de que la resolución con la que culminó el procedimiento interno que determinó la baja o cese como miembro de la Dirección de Seguridad Pública del Estado, determinada por la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, se pronunció el día 21 de noviembre de dos mil ocho, esto es, luego de la referida reforma del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, de dieciocho de junio de ese año, cuando ya no era prerrogativa la reinstalación para los agentes policiacos cesados, separados o destituidos, ante la evidente intención legislativa de que, en tales casos, de ser favorable algún medio de defensa o incluso el juicio de garantías, sólo procediera la indemnización correspondiente."
La anterior transcripción revela que en el juicio de amparo directo 518/2009 se sostuvo que en la sentencia reclamada no existió problema alguno de retroactividad, toda vez que la b
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22364-ce13e2a1/seguridad-publica-la-aplicacion-del-articulo-123-apartado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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