COMPETENCIA EN AMPARO INDIRECTO PARA CONOCER DE LA NEGATIVA DE CONDONACIÓN DE UNA MULTA FISCAL. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE TIENE SU DOMICILIO FISCAL EL CONTRIBUYENTE.
COMPETENCIA 8/2010. SUSCITADA ENTRE LOS JUZGADOS PRIMERO Y OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, CON RESIDENCIA EN GUANAJUATO Y CELAYA, RESPECTIVAMENTE.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-Estudio de fondo. De acuerdo con lo relatado en el apartado de resultandos, las posturas contendientes evidencian que existe conflicto competencial en razón de territorio, ya que ambos Jueces de Distrito estiman que no pueden conocer de la demanda de amparo promovida por **********, pues mientras el Juez Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato considera que el acto impugnado es de naturaleza declarativa y fue emitido por una autoridad ubicada en Celaya, Guanajuato, el Juez Octavo de Distrito adopta la postura contraria, esto es, afirma que el acto reclamado sí tiene ejecución material, pues la responsable ordenó expresamente realizar el pago del crédito fiscal y advirtió que, en caso de no hacerse así, se continuaría con el procedimiento administrativo de ejecución.
Ahora, el artículo 36 de la Ley de Amparo es la norma que establece las reglas de competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito para conocer de los juicios de garantías que se someten a su potestad, el cual dispone lo siguiente:
"Artículo 36. Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado.
"Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente.
"Es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material."
El citado precepto establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber:
I. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado;
II. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y,
III. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada.
Lo que distingue a las dos primeras reglas competenciales, que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no es que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello ocurra en la jurisdicción de uno o de varios Jueces de Distrito, pues la primera regla se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se efectúe en el territorio donde un Juez tiene competencia; en cambio, la segunda se refiere a la ejecución en dos o más distritos diferentes, al precisar que el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro.
La tercera regla prevé el caso en el que el acto o resolución reclamada no requiera ejecución material, lo que da competencia al Juez de Distrito donde resida la autoridad responsable.
De esto se sigue que la intención del legislador, al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos o resolución reclamada, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito, al más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos, cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en uno y siga ejecutándose en otro, pues sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que, por su naturaleza, son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley relativa; intención que queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, donde se establece que si el acto no requiere ejecución material será competente el Juez de Distrito donde resida la autoridad.
Desde otra perspectiva, la aplicación de la primera regla prevista en el artículo 36 de la Ley de Amparo comprende los supuestos relativos a que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, en tanto que la tercera regla es aplicable cuando el acto no requiera ejecución material.
En el caso concreto, el acto reclamado por la quejosa es la resolución negativa de condonación de fecha quince de abril de dos mil diez.
De las constancias que adjuntó el solicitante de garantías a su demanda de amparo, se advierte que el veintisiete de noviembre de dos mil diez, el subadministrador de la Aduana de Toluca determinó un crédito fiscal a **********, por la cantidad de cuatrocientos cincuenta y un mil trescientos treinta y seis pesos, por concepto de multa, como consecuencia de no haber declarado a la empresa transportista que extraía del país cantidades en efectivo o documentos por cobrar superiores a diez mil dólares de los Estados Unidos de América, conducta sancionada por el artículo 185, fracción VII, de la Ley Aduanera vigente en ese momento.
En contra de esa determinación, el ahora quejoso promovió demanda de nulidad ante la Primera Sala Regional Hidalgo México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quien determinó sobreseer en el juicio por considerar que la presentación fue extemporánea.
Por otra parte, el veinte de enero de dos mil diez el contribuyente presentó solicitud de condonación de la multa ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente de Celaya, Guanajuato, a la cual, el quince de abril de dos mil diez recayó resolución emitida por la Administración Local de Recaudación de Celaya, negando la condonación solicitada en los siguientes términos:
"... se niega la condonación solicitada por lo que deberá pagar los créditos antes mencionados originados por concepto de multa actualizada al momento de realizar el pago ya que de no realizar el mismo se continuará con el procedimiento administrativo de ejecución hasta lograr la recuperación del mismo."
Sobre el particular, este Tribunal Colegiado estima que esa resolución que negó al quejoso la condonación de la multa relativa al crédito número ********** y que, además, advirtió que, en caso de no hacerse el pago, se continuaría con el procedimiento administrativo de ejecución hasta lograr su recuperación en el domicilio fiscal del contribuyente, ciertamente no es la que requiere una ejecución material directa, por no ser la que de origen impuso el gravamen, como sí lo hizo la de veintisiete de noviembre de dos mil diez, del subadministrador de la Aduana de Toluca.
Desde esa perspectiva, también es correcto que el único efecto de la condonación de un crédito o multa, es precisamente conceder un beneficio fiscal al contribuyente, pero no implica la ejecución del crédito que previamente se le había impuesto.
No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha analizado casos con problemática similar, en los que presuntamente existe una afectación primigenia a los derechos del particular y, seguidamente, otro acto de autoridad posterior que le niega algún tipo de beneficio.
De manera más concreta, se analizó lo relativo a si pueden considerarse que atentan contra la libertad personal las resoluciones que resuelven desfavorablemente un incidente de traslación del tipo o bien, se niega o no se da trámite a una solicitud de otorgamiento de sustitutivos de prisión.
Ambos casos tienen el común denominador de que ya existe una afectación preexistente (sentencia condenatoria) y el siguiente acto sólo rechaza o niega dar curso a una solicitud para que esa afectación se modifique; esto es, la misma relación que ahora acontece entre la multa primigenia y la negativa de condonación de adeudo que constituye el acto reclamado.
Lo resuelto por el Máximo Tribunal fue lo siguiente:
"Novena Época.
"Instancia: Primera Sala.
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
"Tomo XXVII, enero de 2008.
"Tesis: 1a./J. 164/2007.
"Página: 196.
"INCIDENTE DE TRASLACIÓN DEL TIPO Y ADECUACIÓN DE LAS PENAS. LA INTERLOCUTORIA QUE LO RESUELVE CONSTITUYE UN ACTO QUE AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL, POR LO QUE PUEDE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SIN NECESIDAD DE AGOTAR PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PREVISTOS EN LA LEY.-La interlocutoria que resuelve el incidente de traslación del tipo y adecuación de las penas constituye un acto que afecta la libertad personal del individuo, pues aun cuando la privación de su libertad es a causa de la sentencia condenatoria dictada en el proceso penal, continuará privado de su libertad como consecuencia positiva de dicha resolución. En ese tenor, se concluye que al afectarse la libertad personal del individuo, la determinación que resuelve el mencionado incidente es impugnable a través del juicio de amparo indirecto sin necesidad de agotar previamente los recursos ordinarios establecidos en la ley, en virtud de que se actualiza la excepción al principio de definitividad, contenida en la fracción XII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el numeral 37 de la Ley de Amparo."
"Novena Época.
"Instancia: Primera Sala.
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
"Tomo XXI, junio de 2005.
"Tesis: 1a./J. 48/2005.
"Página: 5.
"COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN.-Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario."
Como puede verse, en ambas jurisprudencias y, particularmente, en la segunda transcrita, la Suprema Corte definió que no sólo el acto afectatorio original rige la situación jurídica del gobernado, sino también la resolución que le niega algún tipo de beneficio, pues esta última se traduce en un efecto positivo de la primera y, en ese sentido, también condiciona su ejecución.
En atención a la referida orientación jurisprudencial puede considerarse que de no concederse la protección constitucional a la parte quejosa, no se removerá el obstáculo que pretendió interponer entre la multa original y el procedimiento administrativo de ejecución y, por tanto, las consecuencias legales de ambas resoluciones habrán de materializarse simultáneamente en el Municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato.
Ello, porque el domicilio fiscal del quejoso se encuentra en ese Municipio, en la calle **********, lo cual se desprende tanto por el dicho del quejoso en su escrito de presentación de la demanda, como de los documentos dirigidos al quejoso emitidos por diversas autoridades del Servicio de Administración Tributaria, que enseguida se enumeran:
Ver documentos dirigidos al quejoso emitidos por diversas autoridades del Servicio de Administración Tributaria
Con lo anterior se evidencia que el acto reclamado posibilita la actuación material del ente hacendario, tal como se constata en su mismo texto, en el que se lee que el particular "... deberá pagar los créditos ... ya que de no realizar el mismo se continuará con el procedimiento administrativo de ejecución ..."; motivo por el cual, en acato al principio establecido por el legislador en el sentido de que el gobernado debe poder acudir al Juez de Distrito más cercano al del lugar donde se le va a afectar, se concluye que, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo de la fracción XVI del apartado cuarto del Acuerdo General 57/2006, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, el competente debe ser el Juez Primero de Distrito en el Estado con residencia en esta ciudad.
Ello, porque el apartado en mención dispone:
"Cuarto. La jurisdicción territorial de los Juzgados de Distrito es la siguiente:
"...
"XVI. Décimo Sexto Circuito. Los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los Municipios de: Abasolo, Allende, Atarjea, Cuerámaro, Doctor Mora, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Huanímaro, Irapuato, Pueblo Nuevo, Romita, San Diego de la Unión, San José Iturbide, San Luis de la Paz, Santa Catarina, Tierra Blanca, Victoria y Xichú."
Por lo anteriormente expuesto y fundado, además, en el artículo 52 de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO.-Sí existe conflicto competencial.
SEGUNDO.-El Juez Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer del juicio de amparo número I-652/2010 de su índice, promovido por **********, en contra del acto reclamado al administrador local de recaudación de Celaya.
Notifíquese; anótese en el libro de registro correspondiente y, con testimonio de esta ejecutoria, vuelvan los autos respectivos a su lugar de origen; en su oportunidad, archívese el expediente, el cual se clasifica como relevante en cumplimiento a lo previsto en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
Así, por unanimidad de votos y sin discusión, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Jesús de Ávila Huerta, Ariel Alberto Rojas Caballero y Víctor Manuel Estrada Jungo, siendo ponente el segundo de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 8, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 47 de su reglamento, así como 2, fracciones XXI y XXIII, y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22387-0ba101e3/competencia-en-amparo-indirecto-para-conocer-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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