DELITOS CONTRA LA SALUD EN LA MODALIDAD DE NARCOMENUDEO. MIENTRAS NO FENEZCA EL PERIODO DE UN AÑO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES, ENTRE OTRAS, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 20 DE AGOSTO DE 2009, LOS TRIBUNALES LOCALES CARECEN DE COMPETENCIA PARA CONOCER SOBRE AQUÉLLOS Y, POR TANTO, SUBSISTE A FAVOR DE LOS TRIBUNALES FEDERALES.
COMPETENCIA 26/2009. SUSCITADA ENTRE EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO Y EL JUZGADO SEGUNDO PENAL DE PARTIDO DE IRAPUATO, AMBOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Establecida la existencia del conflicto competencial, se determina ahora que corresponde al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato conocer del proceso penal instruido a **********, por su probable responsabilidad en la comisión del delito contra la salud en la modalidad posesión de marihuana, previsto en el artículo 477, en relación con la tercera línea de la tabla contemplada en el artículo 479, ambos dispositivos de la Ley General de Salud.
En efecto.
El decreto objeto de interpretación por ambos juzgadores ciertamente hace una diferenciación entre la modalidad de narcomenudeo y la comisión del delito contra la salud a una mayor escala, dejando a las autoridades locales, en principio, el conocimiento de aquella modalidad.
Los puntos principales del decreto en cuestión son los siguientes:
1. Se inserta en la Ley General de Salud un capítulo especial de delitos relativos al narcomenudeo.
2. Se establece la concurrencia de la Federación y los Estados en materia de delitos de narcomenudeo, empero, dejando en principio a éstos el conocimiento, y se reserva a la Federación esa facultad, o bien, deberá hacerlo de manera obligada cuando coexistan otras circunstancias, entre las que se destaca la concurrencia de delincuencia organizada.
3. Se definen conceptos en materia de drogadicción, como farmacodependiente, consumidor y otros.
4. Se institucionaliza la existencia de programas y centros para superar la adicción a las drogas.
5. Resalta el establecimiento de que al tercer reporte a la Secretaría de Salud del no ejercicio de la acción penal en contra de un farmacodependiente, su tratamiento en contra de las adicciones a las drogas será obligatorio; antes era potestativo.
6. A las autoridades locales corresponde, en principio, el combate de los delitos contra la salud, cuando los narcóticos previstos en la tabla contenida en el artículo 479 de la Ley General de Salud sea inferior de lo que resulte de multiplicar las cantidades de las drogas ahí expresamente señaladas por mil, y a condición de que no se presuma delincuencia organizada.
7. Corresponde a la Federación conocer de delitos contra la salud, aun cuando se trate de cantidades inferiores a las mencionadas, cuando exista delincuencia organizada, o bien, cuando los narcóticos no estén incluidos en la tabla aludida; o incluso cuando el Ministerio Público de la Federación prevenga en el conocimiento del asunto o decida voluntariamente atraerlo.
8. Se reducen, en general, las penas en materia de delitos contra la salud.
9. Farmacodependientes y consumidores no son sancionados cuando posean las cantidades especificadas en la tabla citada.
10. Se establece una tabla con pocos narcóticos.
11. Para fines de investigación de los delitos, se permite a los policías comprar drogas.
12. El dictamen pericial sobre la naturaleza de las drogas puede ser rendido incluso dentro del término constitucional.
13. El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
14. Para efecto de lo dispuesto en el artículo 474 de la Ley General de Salud, las Legislaturas Locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal contarán con el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente decreto para realizar las adecuaciones a la legislación que corresponda.
La Federación y las entidades federativas contarán con el plazo de tres años, a partir de la entrada en vigor del decreto, para realizar las acciones necesarias, según sea el caso, a fin de dar el debido cumplimiento a las atribuciones contenidas en el citado decreto.
Ahora, en este último punto, se advierte que el legislador quiso conceder una vacatio legis para dos fines específicos.
Veamos.
La vigencia de las normas supone el periodo temporal en el que adquieren el carácter de obligatorio para sus destinatarios. En tanto que el periodo en que tales normas -de conocimiento para todos por haberse publicado en el órgano oficial- permanecen inactivas recibe el nombre de vacatio legis, el cual tiene como propósito dar certeza jurídica de la ley, no sólo de su pleno conocimiento a quienes va dirigido, sino para que cuenten con el tiempo que el legislador estime razonablemente prudente para tomar las providencias necesarias con el fin de su efectivo cumplimiento.
Así tenemos que la vacatio legis a que se refiere el decreto en mención, como se dijo, persigue dos finalidades. La primera de un año para que los órganos legislativos locales realicen las adecuaciones que estimen pertinentes a sus legislaciones. La segunda para que tanto la Federación como las entidades federativas provean administrativamente las acciones necesarias para el debido cumplimiento del decreto.
Por ello, aun cuando dicho periodo de inactividad de las normas en cuestión, no se dirige directamente a los órganos jurisdiccionales, sí les aplica a éstos por vía de consecuencia, pues en tanto el órgano legislativo de una determinada entidad federativa tenga la posibilidad, por virtud de estar transcurriendo la vacatio legis mencionada, de establecer una determinada regulación a los asuntos en materia de narcomenudeo, aquéllos no podrán sustanciar los juicios en cuestión.
Lo anterior sin ponderar la diversa vacatio de tres años para fines de orden administrativo, a efecto de proveer las medidas conducentes para la debida atención de esos asuntos por parte de los tribunales locales.
En consecuencia, al margen de que los tribunales locales cuenten o no con los instrumentos jurídicos y materiales necesarios para atender a los asuntos en materia de narcomenudeo en los términos del decreto señalado, lo cierto es que al no fenecer aún el periodo de vacatio legis, carecen a la fecha de competencia legal para su conocimiento y, por tanto, subsiste la competencia legal a favor de los tribunales federales.
Por los fundamentos expuestos, este Tribunal Colegiado ha resuelto:
PRIMERO.-Sí existe conflicto de competencia.
SEGUNDO.-En el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado recae la competencia legal para conocer del proceso penal instruido a **********, por su probable responsabilidad en la comisión del delito contra la salud, en la modalidad de posesión de marihuana, previsto en el artículo 477, en relación con la tercera línea de la tabla contemplada en el diverso 479, ambos de la Ley General de Salud.
Notifíquese; con testimonio de esta sentencia remítanse los autos del proceso penal ********** al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad; además, envíese copia al Juzgado Segundo Penal de Partido Judicial con residencia en Irapuato y, en su oportunidad, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados, presidente Alonso Galván Villagómez, Lorenzo Palma Hidalgo y Alberto Augusto de la Rosa Baraibar, siendo ponente el tercero de los nombrados.
En términos de lo previsto en el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en ese supuesto normativo.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22016-2673f567/delitos-contra-la-salud-en-la-modalidad-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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