DELITOS CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO. SI LOS HECHOS MATERIA DE LA CONSIGNACIÓN FUERON DEL CONOCIMIENTO INICIAL DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN SE ACTUALIZA LA COMPETENCIA EXCEPCIONAL DE LAS AUTORIDADES FEDERALES A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN IV, INCISO A), DEL ARTÍCULO 474 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, POR LO QUE EL CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO QUE SE INSTAURE POR AQUELLOS ILÍCITOS COMPETE A UN JUEZ DE DISTRITO Y NO A UN JUEZ DEL FUERO COMÚN.
COMPETENCIA 4/2009. SUSCITADA ENTRE EL JUZGADO OCTAVO PENAL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN Y EL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN LA CITADA ENTIDAD FEDERATIVA.
CONSIDERANDO:
QUINTO. De la lectura de las resoluciones transcritas resulta evidente la existencia de un conflicto competencial para conocer de la causa penal instruida en contra de ********** como probable responsable de la comisión del delito contra la salud en su modalidad de posesión atenuada de cannabis sativa L, previsto y sancionado por el numeral 477, en relación con el diverso 479, ambos de la Ley General de Salud, derivada de la averiguación previa **********, iniciada por el agente del Ministerio Público de la Federación, puesto que la Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, ante quien la representación social federal consignó el asunto, declinó su competencia legal para seguir conociendo del mismo a los Juzgados Penales del Fuero Común de la citada entidad federativa; la cual fue rechazada por el Juez Octavo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, quien considera que no corresponde a la potestad común conocer de dicho asunto, sino al fuero federal; lo que evidencia la oposición de ambos órganos para conocer de la causa penal de mérito.
Ahora bien, dadas las particularidades del presente caso, este Tribunal Colegiado estima que el órgano jurisdiccional competente para conocer de la causa penal antes señalada, es el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, como se verá a continuación.
Para explicar lo anterior, resulta conveniente señalar, en forma concisa, en qué hace descansar cada uno de los órganos contendientes su rechazo para sustanciar el proceso en contra de **********.
La Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, básicamente aduce lo siguiente:
I. Que en el Diario Oficial de la Federación de veinte de agosto del año dos mil nueve se publicaron modificaciones, reformas y adiciones de diversas leyes, entre ellas, de la Ley General de Salud.
II. Que en el artículo 474 de dicha disposición legal se establece la competencia de las autoridades de impartición de justicia de los Estados, para conocer y resolver los delitos relacionados con el narcomenudeo.
III. Que en el primer párrafo del referido precepto legal se obtiene una hipótesis genérica de competencia para los órganos estatales cuando se reúnan tres requisitos, que son: 1. Que los narcóticos de que se trate estén previstos en la tabla contenida en la misma ley; 2. Que la cantidad de la droga sea inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las previstas en dicha tabla; y 3. No existan elementos suficientes para presumir delincuencia organizada.
IV. Que de lo anterior se evidencia que el legislador federal estableció, sin duda alguna, que las autoridades de impartición de justicia de las entidades federativas conocerán y resolverán de los delitos, siempre que se actualicen estas tres condiciones, lo cual se corrobora con la demás redacción del precepto legal en comento, en el que se establece, en tres fracciones, que las autoridades federales conocerán de los delitos en cualquiera de los casos siguientes: I. En los casos de delincuencia organizada; II. Cuando la cantidad del narcótico sea igual o mayor a la referida en el primer párrafo de dicho artículo; y III. Cuando el narcótico no esté contemplado en la tabla; supuestos que corroboran los tres puntos señalados en el inciso anterior.
V. Que por lo que respecta a la fracción IV del artículo 474 en comento, en el que literalmente se otorga competencia al Ministerio Público de la Federación, no es aplicable a los tribunales de impartición de justicia, sino sólo a los de procuración, concretamente a la representación social federal, apoyándose en la jurisprudencia 1a./J. 26/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, titulada: "ORDEN DE APREHENSIÓN. DEBE PROVENIR DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE.", argumentando que en dicha tesis, la Corte definió el primer párrafo del artículo 16 de la Carta Magna y garantiza la protección de la persona, al exigir que todo acto que implique una afectación a ésta, debe provenir de autoridad competente, señalando que en la ejecutoria que dio luz a dicha tesis, la Primera Sala estableció que la garantía de competencia de la autoridad está relacionada con el conjunto de facultades con que la propia ley inviste a los órganos del Estado, de tal suerte que por autoridad competente se entiende aquélla que está facultada para emitir el acto de que se trata, ya que dentro de su ámbito competencial, otorgado por las leyes que regulan sus atribuciones, está la emisión de ese acto dirigido a los gobernados.
VI. Que al aplicar el contenido de la jurisprudencia de mérito al caso particular, se tiene que si la fracción IV del artículo 474 de la Ley General de Salud, expresamente faculta al agente del Ministerio Público de la Federación a conocer en los casos previstos en los incisos a) y b) señalados en la propia fracción, resulta incuestionable que no puede servir de fundamento legal para fundar la competencia de un tribunal federal para conocer de los casos en que tal agente del Ministerio Público prevenga en el conocimiento del asunto o solicite al Ministerio Público del fuero común la remisión de la investigación, pues para ello se requiere que exista una norma que expresamente faculte al tribunal federal para conocer y resolver los delitos en esos casos, sin que sea válido arribar a la determinación en sentido contrario con base en la interpretación, cuenta habida, que la competencia sólo es válida cuando es legal, es decir, que esté expresamente contenida en la ley.
VII. Que lo anterior se corrobora con lo previsto en el párrafo siguiente del propio artículo 474 de la Ley General de Salud, que establece: "... en los casos de la fracción IV de este artículo se aplicará este capítulo y demás disposiciones aplicables."; de donde se sigue que si en el propio capítulo y numeral se estableció la competencia de las autoridades de impartición de justicia de las entidades federativas para conocer y resolver de los delitos en los casos allí previstos, es incuestionable que es a dichos tribunales a quien corresponde conocer y resolver este asunto, en el que se emitió un auto de formal prisión por el delito previsto y sancionado en el artículo 477 del mismo ordenamiento legal. Máxime que dichos numerales cobraron vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, según se estableció en el primer párrafo del artículo primero transitorio de dicho decreto, el cual debe ser interpretado conjuntamente con el tercero transitorio que establece que a las personas que hayan cometido un delito de los contemplados en dicho decreto, con anterioridad a su entrada en vigor, incluidas las procesadas y sentenciadas, les serían aplicables las disposiciones vigentes en el momento en que se haya cometido éste; por tanto, interpretado a contrario sensu, el citado transitorio, previene que las personas que cometan un delito de los contemplados en el decreto con posterioridad a su entrada en vigor, le serán aplicables las disposiciones de éste; en el entendido de que los hechos delictivos en cuestión se cometieron bajo la vigencia del decreto de mérito.
VIII. Que no pasa inadvertido para la Juez declinante que el segundo y tercer párrafos del primer transitorio del decreto, en los que se establece que para efectos de lo dispuesto en el artículo 474 de la Ley General de Salud, las Legislaturas Locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal contarán con el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del decreto para realizar las adecuaciones a la legislación que corresponda, y que estos mismos órganos legislativos contarán con el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor del decreto para realizar las acciones necesarias, según sea el caso, a fin de dar el debido cumplimiento a las atribuciones contenidas en el mismo; sin embargo, ello no constituye un obstáculo legal para la vigencia de las adiciones hechas a la Ley General de Salud que la legislatura local aún no realice las adecuaciones a la ley, en razón de que la ley adicionada es de aplicación concurrente a la Federación y a los Estados, además de que emanó del Congreso de la Unión, cuyas facultades se encuentran previstas en el artículo 73 de la Constitución Federal y en la fracción XXI de dicho numeral, se establece que en las leyes federales se establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales; de ahí que la competencia establecida por el legislador federal en la Ley General de Salud es originaria, pues está establecida en la Constitución.
Por su parte, el Juez Octavo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, al rechazar la competencia planteada sostiene:
I. Que no es el momento idóneo para que los órganos de impartición de justicia locales conozcan de los delitos contra la salud, porque aún no se han realizado las adecuaciones legales que requiere el marco jurídico para efectos de lo dispuesto en el numeral 474 de la Ley General de Salud, para poder instrumentar las acciones, los mecanismos y las reglas jurídicas necesarias para que las reformas de mérito puedan surtir efecto lo más eficazmente posible; y porque las autoridades federales, aun con la reforma, continúan con la facultad de conocer de dicho antijurídico, debido a que la reforma no elimina la naturaleza del delito federal, sino tan solo amplió el ámbito de su persecución y punición, pues confirió una facultad de competencia concurrente entre la Federación, los Estados y el Distrito Federal, es decir, la reforma no es excluyente sino incluyente, lo que permite concluir que la Juez Cuarto de Distrito sí es competente para conocer de la causa penal de mérito, con independencia de la cuantía del narcótico incautado, máxime que el agente del Ministerio Público de la Federación previno en el conocimiento del mismo, lo que actualiza el supuesto normativo imbíbito en el inciso a) de la fracción IV del artículo 474 de la Ley General de Salud.
II. Que lo anterior es así, porque se está en el supuesto del segundo párrafo del transitorio primero del decreto de mérito que establece un periodo de un año para que las Legislaturas de los Estados realicen las adecuaciones a las leyes locales; lo que implica una etapa de vacatio legis para que se cumplan dichas modificaciones, en la inteligencia, que conforme a la exposición de motivos de esa reforma, se estableció la necesidad de realizar convenios de cooperación entre los Estados y la Federación; por tanto, para que la potestad común pueda conocer de los delitos a que se refiere la Ley General de Salud, es indispensable que se legisle en el fuero común respecto de la materia, concretamente sobre temas como son:
A. Si el delito debe dirimirse conforme a las reglas del procedimiento sumario u ordinario, ya que en la legislación yucateca el primero es una regla genérica de excepción cuando el ilícito de que se trate merezca una pena privativa de libertad que no exceda de tres años, sea alternativa o la aplicable no sea privativa de libertad; en tanto que en el Código Federal de Procedimientos Penales se establece la vía sumaria atendiendo a diversos motivos; lo que podría generar una violación en los derechos adjetivos del implicado.
B. Falta legislar en lo relativo al artículo 112, último párrafo, del Código Penal del Estado, porque si bien hace nugatorios los beneficios de libertad anticipada a los responsables de delitos graves, lo cierto es que dichos beneficios no podrían ser negados a los responsables de los delitos contra la salud, en vista de que dicho injusto social no está comprendido en el artículo 13 de la norma sustantiva local, lo que permitiría que se les concediera dicho beneficio, no obstante que en términos del artículo 194, fracción XV, del Código Federal de Procedimientos Penales es considerado como grave.
C. Que existe divergencia de las disposiciones legales estatales y la federal, lo que impide homologar su aplicación, ya que el decreto de mérito no establece las pautas para determinar la forma en la que operará la supletoriedad de esas leyes, lo que evidencia la necesidad de legislar en la materia durante la vacatio legis para poder establecer la institución supletoria en las leyes locales y los alcances de las mismas; explicando ampliamente el Juez del fuero común algunos aspectos relativos a la supletoriedad de las leyes.
D. Que se debe legislar en cuanto a los requisitos que deben considerarse para la concesión o no de los sustitutivos de sanción privativa de libertad, así como para el ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas; siendo estos tópicos sólo uno de los que requieren una maquila legislativa, además de muchas otras adaptaciones por realizar.
III. Que por lo anterior, el Constituyente Federal estableció un plazo prudente para que las entidades federativas efectúen las adecuaciones necesarias a sus marcos jurídicos, lo cual se desprende del contenido del dictamen de la minuta, respecto del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Federal de Procedimientos Penales; y que de acuerdo con la primera ley que establece los tipos penales que serán sancionados por las autoridades judiciales estatales, pero sobre lo prescrito en el artículo 480 de la propia ley que señala que los procedimientos penales se regirán conforme a las leyes locales, lo que permite sostener que la implementación de la reforma en lo concerniente a las autoridades del fuero común no es factible instrumentarla en forma inmediata.
IV. Que es inexacto lo dicho por la Juez de Distrito, en el sentido de que la reforma de mérito excluye a los órganos judiciales federales para conocer de asuntos como el que nos ocupa (narcomenudeo), debido a que del proceso legislativo que dio lugar a las reformas en cuestión, obra el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, de Salud y de Estudios, en el que se señala la concurrencia de la Federación y de los Estados para conocer de ese tipo de asuntos, consolidando la vigencia de un sistema que descansa sobre la base de la cooperación y el auxilio recíproco. Que de lo anterior resulta claro que lo que motivó el decreto de referencia es estipular un supuesto de ley sobre el cual la autoridad judicial local podrá conocer de un delito de índole federal; por tanto, en el artículo 474 de la Ley General de Salud se estipuló que las autoridades federales conocerán de los delitos en cualquiera de los casos siguientes: delincuencia organizada; cuando la cantidad del narcótico sea igual o mayor a la referida en el primer párrafo de dicho numeral; cuando el narcótico no esté contemplado en la tabla; e independientemente de la cantidad del narcótico, el Ministerio Público de la Federación prevenga en el conocimiento del negocio, o bien, solicite al Ministerio Público del fuero común la remisión de la investigación. Que lo anterior evidencia que las autoridades federales conocerán de los delitos independientemente de la cantidad del narcótico, incluso en los casos en que pueda conocer la autoridad del fuero común, lo que implica una dualidad de competencias (concurrencia), razón por la cual, no es posible que el juzgador federal decline su competencia al conocer de un asunto de esta naturaleza, máxime cuando en este caso el Ministerio Público de la Federación fue el que previno en el conocimiento de los hechos.
V. Que en relación con lo argumentado por la Juez de Distrito respecto de la fracción IV del artículo 474 de la Ley General de Salud, que impone al Ministerio Público Federal la competencia para investigar el delito que aquí se acusa, lo cierto es que ello no impide ni limita en forma alguna, ya sea tácita o expresamente, a la autoridad judicial federal para conocer del delito en comento, por el contrario, la faculta para hacerlo en términos del propio dispositivo legal de donde emana la fracción IV, el cual establece que las autoridades federales conocerán del tipo penal de mérito cuando se actualice alguno de los supuestos comprendidos en dicha fracción, independientemente de la cantidad del narcótico asegurado; competencia federal que se hace más evidente del contenido de los artículos 194, 195, segundo párrafo y 195 bis, último párrafo, todos reformados del Código Penal Federal, que previenen que el comercio y suministro de narcóticos y la posesión de éstos podrán ser investigados, perseguidos y, en su caso, sancionados por las autoridades del fuero común en los términos de la Ley General de Salud, cuando se colmen los requisitos del numeral 474 de esta última norma legal; empleándose el vocablo podrán, que sugiere una potestad de las autoridades locales, no una prerrogativa exclusiva de éstas, pues se establece que las autoridades de ambos fueros podrán conocer de dichos delitos, lo que implica la existencia de una competencia concurrente.
VI. Que la Juez Cuarto de Distrito, al emitir el auto de bien preso de veintiséis de agosto de dos mil nueve, en contra de **********, como probable responsable de la comisión del delito contra la salud, en la modalidad de posesión atenuada de cannabis sativa L, previsto y sancionado en el artículo 474 en relación con el diverso 479, ambos de la Ley General de Salud, lo hizo observando en su totalidad a las leyes adjetivas y sustantivas federales, a pesar de que consideró que el Juez competente era uno del fuero común, por lo que de ser así, entonces lo procedente era aplicar las normas locales vigentes, y aplicar en forma supletoria la legislación procesal federal tratándose del destino y destrucción de narcóticos, y la clasificación de los delitos como graves para los fines del otorgamiento de la libertad provisional bajo caución, lo que convalida que es necesario realizar adaptaciones a las leyes locales.
En el acuerdo mediante el cual la Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán ordenó remitir los autos a este Tribunal Colegiado, para que dirima el conflicto competencial de mérito, consideró lo siguiente:
I. Que las consideraciones vertidas por la autoridad del fuero común no atañen a la cuestión de competencia por razón de fuero, las cuales son de orden público, y no cabe prórroga ni renuncia de jurisdicción, por lo que sólo hay que atender al delito por el cual se dictó el auto de bien preso.
II. Que no existe una vacatio legis porque en el primer transitorio se establece que el decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, además de que en la exposición de motivos se propusieron tres meses para que entrara en vigor, con el propósito de que los Estados adecuaran su legislación, en tanto que, en la diversa propuesta, se aludió a seis meses, pero en realidad, en la disposición transitoria el inicio de la vigencia se estableció para el día siguiente de la publicación del decreto en el citado medio de difusión.
III. Que de la discusión del proyecto de modificación a la ley transcrita por el Juez del fuero común se advierte la voluntad del legislador de respetar y mantener los principios establecidos en los artículos 124 y 133 de la Ley Suprema, de lo que se desprende que, al emitirse el diverso 474 de la Ley General de Salud, fue con las características del proceso penal que lo revisten, en relación con el correlativo principio de legalidad y el sistema de competencias asignadas que rigen en nuestro país, conforme al cual ninguna autoridad puede actuar sin atribuciones específicas para ello. Que en tal virtud, no es suficiente que el capítulo que se analiza esté inmerso en una ley federal para establecer la competencia de las autoridades judiciales federales para conocer del caso, además de que no es suficiente que sea materia concurrente, ya que con esa interpretación se desvirtúa la estructura del sistema federal y el principio de distribución de competencias establecido en la propia Constitución, además de ser contrario a lo asentado en la exposición de motivos y en la discusión del proyecto de reformas en cuestión, en el que se señaló que dichas reformas no desvirtúan la estructura del sistema federal ni el principio de distribución de competencias, de ahí que el legislador tuvo en cuenta que existe una dualidad de competencias, la del fuero común que lo rige todo y la federal que es de excepción.
IV. Que en relación con el artículo 474 de la Ley General de Salud, la autoridad legislativa delimitó exactamente la competencia de las entidades federativas en materia de impartición de justicia en su primer párrafo y, de las autoridades federales, en las fracciones I, II y III, en tanto que en la diversa IV establece la exacta competencia del agente del Ministerio Público de la Federación para conocer de los casos previstos en los incisos a) y b) señalados en la propia fracción, pero acorde con las garantías de legalidad, de seguridad jurídica y con el sistema de exacta competencia que rige en materia penal, por lo que dicha fracción no puede servir de fundamento legal para determinar la competencia de un tribunal federal para conocer de los casos en que el representante social federal prevenga del asunto o solicite a su correlativo del fuero común la remisión de la investigación, ya que para ello es necesario que exista una norma que expresamente faculte al tribunal federal para conocer y resolver los delitos en esos casos.
V. Que lo anterior se corrobora con lo previsto en el párrafo siguiente del artículo 474 de la Ley General de Salud, al establecer el legislador que el Código Penal Federal es aplicable en el caso de las fracciones II y III, pero en el caso de la fracción IV será aplicable el propio capítulo y demás disposiciones aplicables, de donde se sigue que en la ley federal se estableció la parte sustantiva del delito y la competencia exacta de las autoridades federales; distinguiendo la competencia ordinaria del fuero común y la excepcional del federal y, con base en la coordinación de las procuradurías, tanto de la República como de las entidades federativas, se estableció una facultad de atracción del Ministerio Público, pero no incluyó alguna vinculación para los tribunales federales.
VI. Que la parte adjetiva también fue prevista en el artículo 474 en comento, al remitir a las autoridades federales al Código Penal Federal y demás disposiciones aplicables en ese orden federal y, a los casos previstos en la fracción IV, la aplicación sustantiva del capítulo donde se encuentra inmerso tal precepto legal y, de modo adjetivo, las disposiciones aplicables del fuero común; por tanto, el segundo párrafo del primer transitorio no se refiere al rubro de impartición de justicia, sino al de seguridad pública, procuración de justicia y ejecución de sanciones. Que respecto de los dos primeros tópicos ya existe coordinación entre ambos órdenes y, aun cuando en materia de ejecución de sanciones es necesario que se legisle, lo cierto es que la oscuridad de la ley no exime su aplicación, sobre todo en el ámbito sustantivo penal.
Ahora bien, del análisis a las consideraciones que ambos órganos jurisdiccionales emitieron para sostener su incompetencia legal para conocer del asunto de mérito, de las disposiciones legales aplicables al caso, del proceso legislativo que se llevó a cabo previo a la emisión de éstas, así como de las particularidades que el caso reviste, este Tribunal Colegiado estima que el órgano competente para conocer de la causa penal instruida en contra de ********** por su probable comisión del delito contra la salud, en su modalidad de posesión atenuada de cannabis sativa L, previsto y sancionado por el artículo 477, en relación con el 479, ambos de la Ley General de Salud, es el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, debido a que se actualiza el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 474, fracción IV, de la Ley General de Salud, que establece la competencia de las autoridades federales para conocer de los delitos en cuestión (narcomenudeo) cuando el agente del Ministerio Público de la Federación haya prevenido en el conocimiento del asunto, tal como sucede en el caso que se analiza.
En efecto, el artículo 474 de la Ley General de Salud aplicable es del tenor literal siguiente:
"Artículo 474. Las autoridades de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, así como de ejecución de sanciones de las entidades federativas, conocerán y resolverán de los delitos o ejecutarán las sanciones y medidas de seguridad a que se refiere este capítulo, cuando los narcóticos objeto de los mismos estén previstos en la tabla, siempre y cuando la cantidad de que se trate sea inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las previstas en dicha tabla y no existan elementos suficientes para presumir delincuencia organizada. Las autoridades federales conocerán de los delitos en cualquiera de los casos siguientes: I. En los casos de delincuencia organizada. II. La cantidad del narcótico sea igual o mayor a la referida en el primer párrafo de este artículo. III. El narcótico no esté contemplado en la tabla. IV. Independientemente de la cantidad del narcótico el Ministerio Público de la Federación: a) Prevenga en el conocimiento del asunto, o b) Solicite al Ministerio Público del fuero común la remisión de la investigación. La autoridad federal conocerá de los casos previstos en las fracciones II y III anteriores, de conformidad con el Código Penal Federal y demás disposiciones aplicables. En los casos de la fracción IV de este artículo se aplicará este capítulo y demás disposiciones aplicables. Para efecto de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción IV anterior, bastará con que el Ministerio Público de la Federación solicite a la autoridad competente de la entidad federativa, le remita la investigación correspondiente. Las diligencias desahogadas hasta ese momento por las autoridades de las entidades federativas gozarán de plena validez. En la instrumentación y ejecución de los operativos policíacos que se realicen para cumplir con dichas obligaciones las autoridades se coordinarán en los términos que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás disposiciones aplicables. El Ministerio Público de la Federación podrá solicitar a las autoridades de seguridad pública de las entidades federativas le remitan informes relativos a la investigación de los delitos a que se refiere este capítulo. El Ministerio Público de las entidades federativas deberá informar oportunamente al Ministerio Público de la Federación del inicio de las averiguaciones previas, a efecto de que éste cuente con los elementos necesarios para, en su caso, solicitar la remisión de la investigación en términos de la fracción IV inciso b) de este artículo. En los casos a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, el Ministerio Público del fuero común podrá practicar las diligencias de averiguación previa que correspondan y remitirá al Ministerio Público de la Federación, dentro de los tres días de haberlas concluido, el acta o actas levantadas y todo lo que con ellas se relacione. Si hubiese detenidos, la remisión se hará sin demora y se observarán las disposiciones relativas a la retención ministerial por flagrancia. Cuando el Ministerio Público de la Federación conozca de los delitos previstos en este capítulo podrá remitir al Ministerio Público de las entidades federativas la investigación para los efectos del primer párrafo de este artículo, siempre que los narcóticos objeto de los mismos estén previstos en la tabla, la cantidad de que se trate sea inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las previstas en dicha tabla y no se trate de casos de la delincuencia organizada. Si de las constancias del procedimiento se advierte la incompetencia de las autoridades del fuero común, remitirá el expediente al Ministerio Público de la Federación o al Juez Federal que corresponda, dependiendo de la etapa procesal en que se encuentre, a fin de que se continúe el procedimiento, para lo cual las diligencias desahogadas hasta ese momento por la autoridad considerada incompetente gozarán de plena validez." (El subrayado es de este tribunal).
De la lectura del artículo transcrito se evidencia que en el primer párrafo se contempla la facultad otorgada por el legislador federal a las autoridades de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, así como de ejecución de sanciones de las entidades federativas, para conocer y resolver de los delitos, la ejecución de sanciones y medidas de seguridad en los casos ahí prescritos; en el segundo párrafo, se establecen las hipótesis en que las autoridades federales conocerán del delito contra la salud.
Pues bien, dentro de los diversos supuestos de competencia para que las autoridades federales conozcan de los delitos contra la salud, se encuentra el previsto en la fracción IV (modalidad de narcomenudeo) que puede surgir por dos motivos, uno de ellos, que es el que nos interesa y se actualiza, cuando con independencia de la cantidad del narcótico, el agente del Ministerio Público de la Federación prevenga en el conocimiento del asunto.
Hipótesis la anterior, que se actualiza en el caso concreto, porque del examen que se practica a los autos de la causa penal **********, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, se evidencia que la averiguación previa correspondiente inició el veintiuno de agosto de dos mil nueve, con motivo de la puesta a disposición ante la representación social de la Federación, por parte de agentes federales de investigación, de **********, como presunto responsable de la comisión del delito contra la salud; radicando la agente ministerial de la Federación la averiguación previa **********, con lo que se evidencia la prevención de dicho órgano en
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21918-ea21af89/delitos-contra-la-salud-en-su-modalidad-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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