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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA TERRITORIAL DE EXCEPCIÓN (ARTÍCULO 10, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). REQUISITO DE SEGURIDAD EN LAS PRISIONES, PARA EL TRASLADO DE UN PROCESADO A UNO DE MÁXIMA SEGURIDAD.

Tipo de asunto: CONFLICTO COMPETENCIAL 190/97. · Registro digital (IUS): 5524
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SUSCITADA ENTRE EL JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO Y EL JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA PENAL EN EL DISTRITO FEDERAL.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, , Pág. 6.

COMPETENCIA 190/97. SUSCITADA ENTRE EL JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO Y EL JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA PENAL EN EL DISTRITO FEDERAL.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.-Esta Primera Sala, estima que la competencia radica en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, para seguir conociendo de la causa penal 12/97, instruida en contra de Víctor Manuel Ruiz Vargas, Tiberio Moreno Cota, Sixto Soto Uribe, José Morales Arrañaga, Sigfredo Gutiérrez Cárdenas y Armando González Torres, por la comisión de los delitos contra la salud, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, asociación delictuosa y uso de documento falso, en atención a las siguientes consideraciones:

El conflicto competencial planteado se hace depender de la competencia territorial que como excepción a la regla general establece el artículo 10, párrafo tercero del Código Federal de Procedimientos Penales, para lo cual previamente al análisis del conflicto, procede transcribir los artículos 6o. y 10 del ordenamiento legal en cita.

"Artículo 6o. Es tribunal competente para conocer de un delito, el del lugar en que se comete, salvo lo previsto en los párrafos segundo y tercero del artículo 10.

"Si el delito produce efectos en dos o más entidades federativas, será competente el Juez de cualquiera de éstas o el que hubiera prevenido."

"Artículo 10. Es competente para conocer de los delitos continuados y de los contínuos o permanentes, cualquiera de los tribunales en cuyo territorio aquéllos produzcan efectos o se hayan realizado actos constitutivos de tales delitos.

"En el caso de concurso de delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales y los Jueces Federales tendrán, asimismo, competencia para juzgarlos.

"También será competente para conocer de un asunto, un Juez de Distrito distinto al del lugar de la comisión del delito, si por razones de seguridad en las prisiones, atendiendo a las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado y a otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, el Ministerio Público Federal considera necesario llevar el ejercicio de la acción penal ante otro Juez. Lo anterior es exactamente aplicable para los casos en que, por las mismas razones, la autoridad judicial de oficio o a petición de parte, estime necesario trasladar a un procesado a algún centro de reclusión de máxima seguridad, en los que será competente el tribunal del lugar en que se ubica dicho centro."

De la transcripción del tercer párrafo del artículo 10 del código federal penal adjetivo, se desprende que para que opere la excepción de competencia territorial a que alude el artículo 6o. del mismo ordenamiento legal, deben atenderse a las siguientes exigencias:

1. A las razones de seguridad de las prisiones;

2. A las características del hecho imputado;

3. A las circunstancias personales del hecho imputado;

4. A otras que impidan garantizar el desarrollo del proceso.

Exigencias que las puede hacer valer tanto el agente del Ministerio Público Federal como la autoridad judicial; el primero, al concluir la averiguación previa, y consignar ante el Juez. Y el segundo, una vez iniciado el proceso penal, de oficio o a petición de parte, pero en ambos casos deberán satisfacer tales exigencias, ya que de no cumplir con alguno de estos requisitos resultará inexistente el conflicto planteado.

De las constancias que obran en la averiguación previa 048/MPINCD/97, que quedaron relacionadas en la resolución de veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y siete en el incidente de incompetencia por declinatoria y cuyo análisis para determinar la incompetencia territorial de excepción, así como la probable responsabilidad de los inculpados manifestada en el auto de formal prisión, se colige que no se satisfacen todos los requisitos antes mencionados para determinar que la competencia territorial por excepción radica en el Juez Segundo de Distrito en Materia de Procesos en el Estado de México, conforme a lo siguiente:

En términos generales, de la averiguación previa de que se trata, se advierte que los hechos sucedieron el día siete de febrero del presente año, en que recibieron una llamada anónima los agentes de la Policía Judicial Federal Antidrogas a las veintiuna horas, en que se les informó que varios individuos a las afueras del bar "Jemma" ubicado en la Avenida de los Insurgentes en el Distrito Federal, se encontraban armados y bajo los efectos de bebidas embriagantes, y que más tarde fueron detenidos por los elementos de la corporación policiaca antes mencionada y les fueron encontradas armas de fuego, municiones, droga, dos vehículos, documentos de identificación y objetos personales.

De conformidad con lo anterior, los hechos imputados a los procesados dieron lugar a la consignación de la averiguación previa de que se trata, por los delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de los estupefacientes denominados marihuana y cocaína, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, asociación delictuosa y uso de documento falso, por los que se les dictó el auto de formal prisión.

La Juez declinante sostiene en su interlocutoria de veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y siete, que conforme lo solicita el representante social federal, es procedente la declinatoria de la competencia en favor del Juez de Distrito que corresponda en Almoloya de Juárez, Estado de México, por tratarse los procesados de individuos que representan un alto grado de temibilidad y un riesgo inminente, de que dadas las características del centro de reclusión en el que actualmente se encuentran cinco de ellos, del que se pueden sustraer a la acción de la justicia, lo que conllevaría a no garantizar un desarrollo adecuado del proceso, ya que de conformidad con lo manifestado por el representante social federal, formaban parte de una banda o asociación organizada, con el fin de ejecutar hechos delictuosos, relacionados con el narcotráfico y armas de fuego. Ello sin tomar en consideración los demás procesos que se les instauraron, en virtud de que no consta el estado que guardan esas causas.

Por cuanto a la tramitación de la incompetencia que se plantea, se satisface el requisito consistente en que la autoridad judicial de oficio o a petición de parte, estime necesario el traslado de los procesados a un centro de reclusión de máxima seguridad, como se dejó asentado en el párrafo precedente.

Pero por cuanto hace a los demás requisitos no se satisface la pretensión solicitada, pues, por razón de seguridad de las prisiones, señalado con el número uno, no se encuentra justificado, ya que sólo se trata de una mera apreciación subjetiva de la Juez declinante, sin motivo razonable del que se pueda derivar que el Reclusorio Oriente de esta capital, en que se encuentran los procesados, no sea una prisión segura para llevar a cabo el proceso penal de que se trata y se tema la evasión de los mismos, pues si bien es cierto que existen prisiones de máxima seguridad, que poseen mejores instalaciones más seguras o sistemas más modernos, no menos cierto, es que los reclusorios preventivos de esta capital fueron hechos precisamente para albergar en los mismos a personas sujetas a procesos y por tanto, debe presumirse que se encuentran teóricamente con las medidas necesarias de seguridad para evitar la fuga de los procesados que ahí se encuentren. Pues de aceptar que al existir un temor de que se evadan del mismo los individuos que se encuentren en proceso sin fundamentar y razonar tal determinación, todas las causas penales de los juzgados de la República, serían susceptibles de remitirse a las prisiones de máxima seguridad para el conocimiento de los Jueces Penales que ahí se encuentren, por una mera estimación subjetiva del juzgador sin razonar al respecto, lo que no sería lógico ni jurídico.

Precisado lo anterior, que fue el motivo hecho valer por la Juez declinante respecto al temor de que se impida garantizar el desarrollo adecuado del proceso, y no existiendo algún otro, debe estimarse en consecuencia que este requisito tampoco se cumple.

Por cuanto hace al tercer requisito, consistente en las circunstancias personales de los inculpados, si bien las conductas desplegadas que configuraron los delitos que se les imputan, de los cuales algunos son graves, no aparece que tengan antecedentes penales, y las causas que sostiene la Juez declinante les fueron instauradas, no precisa cuáles son ni por qué delitos se les persigue, lo cual no acredita el alto grado de peligrosidad que se sostiene, además que como lo refiere el Juez Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales en el Estado de México, de conformidad con los estudios criminológicos elaborados por el criminólogo Noé Aguilar Reynoso, perteneciente a la Dirección General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social del Distrito Federal, adscrito al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, calificó a los inculpados con una peligrosidad media, fojas 252 a 274.

Por último, el segundo requisito, relativo a las características del hecho imputado debe precisarse que se encuentra satisfecho, pues dentro de los delitos por los que se les acusa, se encuentra el de la portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea previsto y sancionado por el artículo 83, fracciones II y III, en relación con los artículos 8o. y 11 inciso d) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, sin la autorización correspondiente, que es un delito grave en los términos del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, toda vez que afecta de manera importante los valores fundamentales de la sociedad como lo es la paz y seguridad pública que es el bien jurídico que se protege.

Consecuentemente, al haber quedado acreditado el segundo de los requisitos y no así los demás a que hace alusión el párrafo tercero del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, procede determinar que debe seguir conociendo de la causa penal 12/97, instruida en contra de Víctor Manuel Ruiz Vargas, Tiberio Moreno Cota, Sixto Soto Uribe, José Morales Arrañaga, Sigfredo Gutiérrez Cárdenas y Armando González Torres, por los delitos contra la salud, en su modalidad de posesión de los estupefacientes denominados marihuana y cocaína a Víctor Manuel Ruiz Vargas, Tiberio Moreno Cota y Sixto Soto Uribe, al primero también por posesión de cocaína y suministro a Tiberio Moreno Cota, Víctor Manuel Ruiz Vargas, Tiberio Moreno Cota, Sixto Soto Uribe, José Morales Arrañaga, Sigfredo Gutiérrez Cárdenas y Armando González Torres por los delitos de portación de armas de fuego reservadas para uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como el de asociación delictuosa; y a Tiberio Moreno Cota por el delito de uso de documento falso, la Juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal.

Sirve de apoyo la tesis jurisprudencial 13/97 sostenida por esta Primera Sala, cuyo texto es el siguiente:

"COMPETENCIA INEXISTENTE. CONFLICTO DE.-Para que un juzgador pueda plantear su incompetencia en los términos del párrafo tercero del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales que, por razones de seguridad, establece una excepción al principio de territorialidad que rige en materia de competencia; debe surgir la necesidad de trasladar a un acusado a un establecimiento de máxima seguridad, para lo cual debe atenderse a las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado y a otras que impidan el desarrollo adecuado del proceso, en cuyo caso resulta ser competente la autoridad judicial dentro de cuya jurisdicción territorial se ubica la prisión. Conforme al precepto sujeto a examen se surte esta competencia excepcional, cuando además de satisfacerse los requisitos mencionados, el Ministerio Público al consignar ante el Juez, elige a aquél dentro de cuya competencia territorial esté ubicado el establecimiento de máxima seguridad; o bien, cuando la autoridad judicial, actuando de oficio o a petición de parte, ordena el traslado del acusado a uno de esos centros, si a juicio del Ministerio Público durante el trámite del proceso, fuera necesario un traslado de esa naturaleza, dado su carácter de parte en la relación jurídica procesal, deberá solicitarlo a la autoridad judicial, la cual resolverá sobre la procedencia de su solicitud. En tal orden de ideas, la declinatoria del Juez para conocer de una causa penal, fundándose en el párrafo tercero, del precepto 10 del ordenamiento invocado, sin que su planteamiento y sustanciación se ajusten al mandato legal contenido en esa norma, en los términos del análisis procedente, tendrá como consecuencia que el supuesto conflicto competencial sea inexistente, aun cuando se hubiera efectuado el traslado del detenido por las autoridades administrativas."

Por lo expuesto y fundado se resuelve:

PRIMERO.-Se declara que la Juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, es competente para seguir conociendo de la causa penal 12/97.

SEGUNDO.-Remítanse los autos al juzgado precisado en el resolutivo primero que antecede y, comuníquese esta ejecutoria al Juez Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México.

Notifíquese; y en su oportunidad archívese el expediente.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, ponente, José de Jesús Gudiño Pelayo, Olga María del Carmen Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza.

Nota: La tesis de rubro: "COMPETENCIA INEXISTENTE, CONFLICTO DE.", citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, abril de 1997, página 29, tesis 1a./J. 13/97.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5524-fdbd6bd1/competencia-territorial-de-excepcion-articulo-10-parrafo-tercero · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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