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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA INEXISTENTE, CONFLICTO DE.

Tipo de asunto: CONFLICTO COMPETENCIAL 21/97. · Registro digital (IUS): 4217
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SUSCITADA ENTRE EL JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA PENAL EN EL DISTRITO FEDERAL Y EL JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Abril de 1997, , Pág. 31.

COMPETENCIA 21/97. SUSCITADA ENTRE EL JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA PENAL EN EL DISTRITO FEDERAL Y EL JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 106 de la Constitución General de la República y 21, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de una controversia competencial en materia penal entre juzgadores federales.

SEGUNDO.- El Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal debe seguir conociendo de la causa penal 28/85 y sus acumulados instruidos en contra de los procesados de mérito, al resultar inexistente el conflicto competencial planteado.

En efecto, según se advierte de la interlocutoria dictada con fecha veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y seis, por el Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, la cual ha quedado transcrita en el resultando cuarto de este fallo, dicho juzgador declinó su competencia para conocer de la causa referida, con fundamento en el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, con base, esencialmente, en los siguientes argumentos:

a) Porque con fecha veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y seis, en cumplimiento a la sentencia de reenvío pronunciada por el Magistrado del Tercer Tribunal Unitario del Primer Circuito, dictada en acatamiento de la ejecutoria de amparo emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, se dejó insubsistente la sentencia condenatoria emitida dentro del proceso de mérito, ordenándose la reposición del procedimiento para que se lleven a cabo los careos constitucionales entre el procesado Rafael Caro Quintero y las personas indicadas, adoptándose para ello las medidas de seguridad pertinentes y, una vez realizado lo anterior, para que se celebre la audiencia a que se refiere el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Penales.

b) Porque los procesados Rafael Caro Quintero y Ernesto Rafael Fonseca Carrillo se encuentran privados de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, de Almoloya de Juárez, considerado de alta seguridad, el primero compurgando penas de prisión y sujeto, además, a proceso en diversas causas penales que se le instruyen en diversos órganos jurisdiccionales.

c) Porque en relación al procesado Ernesto Rafael Fonseca Carrillo, contrariamente a lo alegado por su defensor, en su proceso todavía no se ha citado para oír sentencia ya que aún está pendiente de recibirse una prueba documental pública ofrecida por él, y solicitada por el Juez de la causa al Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con fundamento en el artículo 269 del Código Federal de Procedimientos Penales, resultando por lo tanto inaplicable la tesis de la Primera Sala, bajo el rubro: "COMPETENCIA TERRITORIAL DE EXCEPCIÓN, NO SE SURTE LA, EN AQUELLOS JUICIOS PENALES EN QUE SE CITÓ PARA OÍR SENTENCIA.".

d) Porque en este sentido, si bien a su juicio resulta innecesario el traslado de los procesados al Distrito Federal, lo cierto es que, en cumplimiento a lo ordenado por el tribunal de alzada, en el sentido de que la autoridad actuante deberá disponer lo necesario para que se celebren las diligencias de careos y la audiencia de vista ordenados, y dado que las personas con las que se deben llevar a cabo dichos careos no se encuentran domiciliadas en su jurisdicción, declina su competencia al Juzgado de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México con residencia en Toluca, en turno, para conocer de la causa citada.

Por su parte, el Juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México con residencia en Toluca, no aceptó la competencia declinada a su favor argumentando, básicamente, que no se surtían los supuestos de excepción establecidos en los artículos 6o. y 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, en virtud de que el traslado de los procesados al Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, de Almoloya de Juárez, no se había realizado de conformidad con lo preceptuado por dichos numerales, además de que, en relación al procesado Ernesto Rafael Fonseca Carrillo ya se había cerrado la instrucción, debiéndose únicamente fijar hora y fecha para la audiencia de derecho prevista por el artículo 305 del ordenamiento legal mencionado, citando dicho juzgador en apoyo a sus consideraciones, las tesis sustentadas por esta Primera Sala, bajo los rubros "COMPETENCIA INEXISTENTE CONFLICTO DE." y "COMPETENCIA TERRITORIAL DE EXCEPCIÓN. NO SE SURTE LA. EN AQUELLOS JUICIOS PENALES EN QUE SE CITÓ PARA OÍR SENTENCIA.".

Ahora bien, los artículos 6o. y 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, vigentes a partir del primero de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, establecen:

"Artículo 6o. Es tribunal competente para conocer de un delito, el del lugar en que se comete, salvo lo previsto en los párrafos segundo y tercero del artículo 10.- Si el delito produce efectos en dos o más entidades federativas, será competente el Juez de cualquiera de éstas o el que hubiera prevenido."

"Artículo 10. Es competente para conocer de los delitos continuados y de los continuos o permanentes, cualquiera de los tribunales en cuyo territorio aquéllos produzcan efectos o se hayan realizado actos constitutivos de tales delitos.- En caso de concurso de delitos, el Ministerio Público Federal será competente para conocer de los delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales, y los Jueces Federales tendrán, asimismo, competencia para juzgarlos.- También será competente para conocer de un asunto, un Juez de Distrito distinto al del lugar de comisión del delito, si por razones de seguridad en las prisiones, atendiendo a las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado y a otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, el Ministerio Público Federal considera necesario llevar el ejercicio de la acción penal ante otro Juez. Lo anterior es igualmente aplicable para los casos en que, por las mismas razones, la autoridad judicial, de oficio o a petición de parte, estime necesario trasladar a un procesado a algún centro de reclusión de máxima seguridad, en los que será competente el tribunal del lugar en que se ubica dicho centro."

El alcance e interpretación de los artículos supratranscritos ha sido establecido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al conocer de la competencia número 222/94, suscitada entre el Juez Tercero de Distrito en el Estado de México y el Juez Sexto de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, resuelta en sesión del día diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros presidente Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga María Sánchez Cordero de García Villegas (ponente), en los siguientes términos:

"Del artículo 6o. transcrito, se desprende que el principio consagrado tradicionalmente para establecer la competencia en materia penal basado en la territorialidad, admite las excepciones a que se refieren los párrafos segundo y tercero del artículo 10 transcrito, deduciéndose de los argumentos hechos valer por el Juez Federal del Distrito Federal, que es en ese tercer párrafo en el que pretende fundar su incompetencia y del cual se obtiene que una autoridad judicial distinta a la del lugar de la comisión del delito puede conocer de la causa penal, cuando existen razones de seguridad en la prisión.- Al efecto debe mencionarse que el artículo 6o., segundo párrafo, de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, prevé que: 'Para la mejor individualización del tratamiento y tomando en cuenta las condiciones de cada medio y las posibilidades presupuestales, se clasificará a los reos en instituciones especializadas, entre las que podrán figurar establecimientos de seguridad máxima, media y mínima, colonias y campamentos penales, hospitales psiquiátricos y para infecciosos e instituciones abiertas.'.- Interpretando este precepto en relación con el último párrafo del 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, se llega al conocimiento de que si el sujeto a quien se atribuye el delito, durante el trámite del proceso debe permanecer privado de su libertad, y que la prisión donde se le ha de recluir por corresponder al lugar de comisión del ilícito, sea de media o mínima seguridad, atendiendo a las características del ilícito que se le atribuye, a sus circunstancias personales y a otras que impidieren el desarrollo adecuado del proceso, se puede determinar que su internamiento se lleve a cabo en un establecimiento de máxima seguridad.- Ahora bien, la resolución anterior de conformidad al código adjetivo de la materia, la puede adoptar tanto el Ministerio Público Federal como la autoridad judicial; por lo que para la mejor comprensión de la atribución del Ministerio Público en relación al tema a estudio, debe recordarse lo previsto en el dispositivo 136 del Código Federal de Procedimientos Penales, transcrito en seguida: 'En el ejercicio de la acción penal, corresponde al Ministerio Público: I. Promover la incoacción del proceso judicial; II. Solicitar las órdenes de comparecencia para preparatoria y las de aprehensión, que sean procedentes; III. Pedir el aseguramiento precautorio de bienes para los efectos de la reparación del daño; IV. Rendir las pruebas de la existencia de los delitos y de la responsabilidad de los inculpados; V. Pedir la aplicación de las sanciones respectivas, y VI. En general, hacer todas las promociones que sean conducentes a la tramitación regular de los procesos.'.- El contenido de este precepto alude tanto a la función persecutoria como a la acusatoria que integran la acción penal, siendo en la fase de la averiguación previa que el Ministerio Público prepara el ejercicio de la acción penal; por tanto, si al concluir tal periodo considera con base en las probanzas que obran al efecto, que el o los indiciados se ubican en la previsión del párrafo tercero del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, al consignar ante el Juez puede elegir razonadamente, a aquel dentro de cuya competencia territorial esté ubicado el establecimiento de máxima seguridad. Una vez iniciado el proceso penal, la autoridad judicial, de oficio o a petición de parte, y desde luego, estando satisfechas las exigencias del precepto en cita, puede ordenar el traslado del procesado a un centro de máxima seguridad; debiendo destacarse que en este periodo el representante social también podría estimar que el procesado deba ser trasladado al sitio indicado, pero en virtud de que ya no tiene el carácter de autoridad, sino que es una parte de la relación jurídico-procesal, debe solicitarlo a la autridad judicial, ya sea la de primera o la de segunda instancias, que de estimarlo procedente así lo ordenará.- Por lo que respecta al traslado de José Antonio Zorrilla Pérez al penal de máxima seguridad de Almoloya, Estado de México, se observa que no se llevó a cabo de la manera indicada, sino que se ordenó por el director general de Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Gobernación ... Como puede advertirse de la situación anterior, el Juez Sexto de Distrito en Materia Penal del Distrito Federal procedió a declarar su incompetencia ante el hecho consumado de que el interno puesto a su disposición para la instrucción del proceso 93/92, fue trasladado a una prisión de máxima seguridad, como lo es el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 del Estado de México, sin que tal proceder encuadre dentro del marco jurídico establecido en el párrafo tercero del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales que ha sido examinado en el cuerpo de esta resolución, para que exista motivo fundado para trasladar al sujeto a quien se instaura un procedimiento penal, y sea declarada la competencia del Juez dentro de cuya jurisdicción se ubica tal establecimiento.- En tales condiciones, no habiéndose planteado, ni sustanciado la incompetencia manifestada por el Juez Federal del Distrito Federal, con estricto apego a lo previsto por el artículo 10, tercer párrafo, de la ley adjetiva federal, no puede tenerse por legalmente entablado el conflicto competencial que a juicio de esta Sala es inexistente; sin que por otra parte pueda estimarse que la misma se pronuncie respecto a la legalidad o ilegalidad del traslado del acusado a la prisión de máxima seguridad, por no ser materia de esta resolución.- Consecuentemente, deberá ser el Juez Sexto de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal quien deberá continuar en el conocimiento de la causa, para lo cual se le devolverán los autos."

El asunto que antecede dio origen a la tesis sustentada por esta Primera Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo I, junio de 1995, páginas 63 y 64, que a la letra dice:

"COMPETENCIA INEXISTENTE. CONFLICTO DE.- Para que un juzgador pueda plantear su incompetencia en los términos del párrafo tercero del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, que establece una excepción al principio de territorialidad que rige en materia de competencia; debe surgir la necesidad de trasladar a un acusado a un establecimiento de máxima seguridad, por razones de seguridad en las prisiones, para lo cual debe atenderse a las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado y a otras que impidan el desarrollo adecuado del proceso, en cuyo caso resulta ser competente la autoridad judicial dentro de cuya jurisdicción territorial se ubica la prisión. Conforme al precepto sujeto a examen se surte esta competencia excepcional, cuando además de satisfacerse los requisitos mencionados, el Ministerio Público al consignar ante el Juez, elige a aquel dentro de cuya competencia territorial esté ubicado al establecimiento de máxima seguridad; o bien, cuando la autoridad judicial, actuando de oficio o a petición de parte, ordena el traslado del acusado a uno de esos centros; si a juicio del Ministerio Público durante el trámite del proceso, fuera necesario un traslado de esa naturaleza, dado su carácter de parte de la relación jurídica procesal, deberá solicitarlo a la autoridad judicial, la cual resolverá sobre la procedencia de su solicitud. En tal orden de ideas, la declinatoria del Juez para conocer de una causa penal, fundándose en el párrafo tercero, del precepto 10 del ordenamiento invocado, sin que su planteamiento y sustanciación se ajusten al mandato legal contenido en esa norma, en los términos del análisis precedente, tendrá como consecuencia que el supuesto conflicto competencial sea inexistente."

En situación análoga, esta Sala consideró inexistente el conflicto competencial número 274/94, suscitado entre los Jueces de Distrito Primero en el Estado de San Luis Potosí y Noveno en Materia Penal en el Distrito Federal, resuelto en sesión de veintiocho de abril de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros presidente Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga María Sánchez Cordero de García Villegas, y el conflicto competencial número 397/96, suscitado entre el Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal y el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, en sesión del día diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y siete, por unanimidad de cinco votos siendo ponente el señor Ministro Juan N. Silva Meza.

Ahora bien, en el caso concreto, según se desprende de las documentales que obran a fojas 388 y 389 del tomo XI, los procesados se encontraban internados en el Reclusorio Preventivo Norte del Distrito Federal y posteriormente, con fechas diecisiete de septiembre y treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y dos, fueron trasladados de ese reclusorio al Centro Federal de Readaptación Social de Almoloya de Juárez, Estado de México.

Dicho traslado obedeció al acuerdo tomado por la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación durante la tramitación de los procesos citados y de tal hecho tuvo conocimiento el Juez Federal por oficios números 08085 y 08083 emitidos por el subdirector jurídico del Reclusorio Preventivo Norte del Distrito Federal, de fechas dos de octubre de mil novecientos noventa y dos respectivamente.

Consecuentemente, al no haberse planteado ni sustanciado la declinación de competencia en términos de lo previsto por el numeral en comento, a juicio de esta Sala no puede tenerse por legalmente planteado el conflicto competencial a que este asunto se refiere, resultando por ende inexistente.

No es óbice a lo anterior, la circunstancia de que el traslado de los procesados al Centro Federal de Readaptación Social multicitado se haya realizado con fechas diecisiete de septiembre y treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y dos, es decir, con anterioridad a la entrada en vigor de las reformas a los artículos 6o. y 10 del Código Federal de Procedimientos Penales invocados, en virtud de que, al tratarse de normas de carácter procesal, la solución del presente conflicto se debe realizar atendiendo a su contenido, actualizándose la competencia excepcional ahí prevista, siempre y cuando se cumplan los supuestos jurídicos en tales numerales establecidos, máxime que dicho conflicto competencial se plantea estando en vigor los preceptos mencionados.

La consideración que antecede resulta acorde con la resolución sustentada por esta Sala al conocer del conflicto competencial número 209/95, suscitado entre el Juez Segundo de Distrito en el Estado de México y la Juez Décimo de Distrito en Materia Penal del Distrito Federal, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros presidente Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga María Sánchez Cordero de García Villegas.

Por otra parte, cabe advertir que las razones expuestas por el Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal en el sentido de que en cumplimiento de una ejecutoria de amparo se deben llevar a cabo los careos ordenados entre el procesado Rafael Caro Quintero y las personas indicadas, adoptando para ello las medidas de seguridad pertinentes, no son válidas en sí mismas para que se surta la competencia de excepción establecida en el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, debido a que no se debe prejuzgar sobre el debido cumplimiento de la ejecutoria citada, ya que ello no es materia del presente incidente.

Finalmente, sólo resta mencionar que independientemente de lo anterior, por lo que se refiere al procesado Ernesto Rafael Fonseca Carrillo, contrariamente a lo afirmado por el Juez declinante sí resulta aplicable la tesis sustentada por esta Sala, bajo el rubro: "COMPETENCIA TERRITORIAL DE EXCEPCIÓN, NO SE SURTE LA, EN AQUELLOS JUICIOS PENALES EN QUE SE CITÓ PARA OÍR SENTENCIA.", debido a que, según se desprende de la resolución de la queja 94/96, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, dictada el quince de noviembre de mil novecientos noventa y seis, dicho recurso se declaró fundado, para el efecto de que el Juez de la causa, dejando insubsistente el acuerdo recurrido, fijara hora y fecha para la celebración de la audiencia final del juicio, lo que implica que el actuar del juzgador respectivo se encuentra constreñido, precisamente, a citar a las partes a la audiencia a que se refiere el artículo 305 del código adjetivo penal federal.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 106 de la Carta Magna y 21, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.- No existe el conflicto competencial planteado entre el Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal y el Juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México para conocer de la causa penal 28/85 y sus acumuladas instruidas en contra de Rafael Caro Quintero y Ernesto Rafael Fonseca Carrillo.

SEGUNDO.- El Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal debe seguir conociendo del proceso penal 28/85 y sus acumulados instruidos en contra de Rafael Caro Quintero y Ernesto Rafael Fonseca Carrillo.

TERCERO.- Con testimonio de esta resolución, remítanse los autos al juzgado de referencia y asimismo envíese testimonio de la presente resolución al Juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, para su conocimiento.

Notifíquese; y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los Ministros presidente Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga María Sánchez Cordero de García Villegas (ponente).

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4217-17e00628/competencia-inexistente-conflicto-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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