COMPETENCIA TERRITORIAL DE EXCEPCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 10, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DEBE RAZONARSE Y ACREDITARSE FUNDADAMENTE.
COMPETENCIA 95/98. SUSCITADA ENTRE EL JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN TOLUCA Y EL JUEZ DÉCIMO DE DISTRITO EN MATERIA PENAL EN EL DISTRITO FEDERAL.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-A efecto de tener una cabal comprensión del presente asunto se estima pertinente hacer una relación de hechos, los cuales se desprenden de autos:
1. Mediante pliego de consignación de diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y ocho, el agente del Ministerio Público Federal de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República consignó ante el Juez de Distrito en turno, con residencia en Toluca, Estado de México, la averiguación previa PGR/UCDO/23/97 y ejerció acción penal en contra de José Luis Morales y otros, como probables responsables de la comisión del delito de uso indebido de grados jerárquicos e insignias del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Mexicanas, ilícito previsto por el artículo 250, fracción IV, y sancionado por el párrafo primero de dicho artículo y parte final de la fracción cuarta del mismo numeral, solicitando, asimismo, las órdenes de aprehensión respectivas.
2. Las razones que argumentó el agente del Ministerio Público Federal para consignar la averiguación previa PGR/UCDO/23/97 ante el Juez de Distrito en turno con sede en Toluca, son las siguientes: "Ahora bien dada la naturaleza subjetiva de los probables responsables, en el sentido de que todos pertenecen a una empresa de seguridad privada, como lo es Inter-Con Servicios de Seguridad Privada, Sociedad Anónima de Capital Variable; y para garantizar el correcto desarrollo del proceso, con base en el artículo 10 párrafo tercero del Código Federal de Procedimientos Penales, es procedente ejercitar acción penal en contra de los referidos inculpados ante un Juez de Distrito distinto del lugar en donde se cometen los hechos, siendo el más cercano el que se encuentre en turno en la ciudad de Toluca, Estado de México.".
3. Con fecha veinte de febrero de mil novecientos noventa y ocho el Juez Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, declinó la competencia para conocer de la averiguación previa, por considerar que el titular de la acción penal, a efecto de fincar competencia en ese juzgado, estaba obligado a puntualizar el análisis de los hechos materia del ejercicio de la acción penal así como las peculiaridades de los inculpados, a efecto de concluir en forma razonada, lógica y congruente el motivo por el que fincaba competencia a ese juzgado, cuestión que no hizo, siendo por ello inatendible su escueta aseveración de que por la naturaleza subjetiva de los probables responsables y para garantizar el correcto desarrollo del proceso y razones de seguridad, sea factible ejercitar la acción penal en los términos en que lo hizo. Asimismo no se actualiza ninguna de las hipótesis de competencia excepcional establecidas en el párrafo tercero del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales.
4. Por su parte, el Juez Décimo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal mediante resolución de doce de marzo de mil novecientos noventa y ocho no aceptó la competencia declinada, por considerar que independientemente de que el agente consignador haya o no razonado abundantemente su decisión de llevar el ejercicio de la acción persecutoria ante Juez distinto, el artículo 10, en su párrafo tercero, del Código Federal de Procedimientos Penales, prevé que es suficiente para ello "el que dicho representante social considere que por razones de seguridad en las prisiones sea necesario consignar ante un juzgador que ejerza jurisdicción en lugar distinto al de comisión del hecho criminoso; y si precisamente éste es el motivo de haber elegido al Juez de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, es de concluir que sí se surte su competencia para conocer de la causa ...".
Los artículos 6o. y 10, tercer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Penales, establecen:
"Artículo 6o. Es tribunal competente para conocer de un delito, el del lugar en que se comete, salvo lo previsto en los párrafos segundo y tercero del artículo 10.-Si el delito produce efectos en dos o más entidades federativas, será competente el Juez de cualquiera de éstas o el que hubiera prevenido."
"Artículo 10. ...
"También será competente para conocer de un asunto, un Juez de Distrito distinto al del lugar de comisión del delito, si por razones de seguridad en las prisiones, atendiendo a las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado y a otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, el Ministerio Público Federal considera necesario llevar el ejercicio de la acción penal ante otro Juez. Lo anterior es igualmente aplicable para los casos en que, por las mismas razones, la autoridad judicial, de oficio o a petición de parte, estime necesario trasladar a un procesado a algún centro de reclusión de máxima seguridad, en los que será competente el tribunal del lugar en que se ubica dicho centro."
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estima que en la especie no se reúnen los requisitos que establece el párrafo tercero del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, para que sea competente para conocer de la averiguación previa PGR/UCDO/23/97 el Juez Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México.
Ello es así, ya que de autos no se advierten causas o razones lógicas que precisen o que sean indiciarias de que los inculpados deban ser recluidos en una prisión de máxima seguridad, pues de ellos sólo se sabe, según se desprende de autos, que son probables responsables de la comisión del delito de uso indebido de grados jerárquicos e insignias del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Por otra parte, tampoco existen elementos en autos que hagan suponer que las características de los hechos imputados sean de una gravedad tal que se precise que a los consignados deba recluírseles en una prisión de máxima seguridad. Asimismo, tampoco se desprende de autos que las circunstancias personales de los inculpados sean en tal forma peculiares o características distintivas de una persona a la que se precise recluir en una prisión de alta seguridad.
Asimismo, de autos no se desprende que exista causa alguna que impida garantizar el desarrollo adecuado del proceso.
No es óbice a lo anterior que, en el caso, el agente del Ministerio Público Federal aduzca, para fincar competencia en el Juez Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca "la naturaleza subjetiva de los probables responsables, en el sentido de que todos pertenecen a una empresa de seguridad privada y para garantizar el correcto desarrollo del proceso", ya que ni la naturaleza subjetiva de los sujetos responsables ni el hecho de que pertenezcan a una empresa de seguridad privada implica, por sí, que deban ser recluidos en una prisión de máxima seguridad. Además, tales argumentos no son relevantes en términos del tercer párrafo del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales.
Así pues, si de autos no se conoce ni se desprende la existencia de hipótesis alguna que surta el supuesto de excepción a que se refiere el artículo 10, párrafo tercero del código mencionado, es inconcuso que el Juez que debe conocer de la averiguación previa PGR/UCDO/23/97, es el Juez Décimo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, Juez competente del lugar en que se cometió el delito en los términos del artículo 6o. del código de mérito (cuestión que no está sujeta a controversia ya que aquel juzgador aceptó que el delito se cometió en el Distrito Federal).
Finalmente, atento a lo anteriormente mencionado, no es atendible el argumento del Juez Décimo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, en el sentido de que conforme al artículo 10, párrafo tercero del Código Federal de Procedimientos Penales, es suficiente para fincar la competencia en el Juzgado de Distrito en Toluca, el hecho de que el Ministerio Público Federal "considere que por razones de seguridad en las prisiones sea necesario consignar ante un juzgador que ejerza jurisdicción en lugar distinto al de la comisión del hecho criminoso", ya que si bien el numeral indicado permite que el Ministerio Público Federal consigne la averiguación ante un Juez distinto al del lugar de la comisión del delito "por razones de seguridad en las prisiones, atendiendo a las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado y otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso", también lo es que es su obligación el acreditar cada uno de los supuestos legales de dicho numeral, que justifiquen que se surte la competencia por excepción ahí establecida.
Ello es así, ya que el tercer párrafo del artículo 10 mencionado no debe entenderse en el sentido de que baste y sea suficiente para fincar la competencia por excepción ahí establecida, el que el Ministerio Público estime necesario llevar el ejercicio de la acción penal ante otro Juez de Distrito distinto al del lugar en que se cometió el delito, ya que al tratarse de una hipótesis de competencia por excepción, deben exponerse los motivos y razonamientos lógicos que acrediten los supuestos exigidos por dicho numeral, debiendo aportar las pruebas conducentes de sus afirmaciones, en virtud de que la actualización de la competencia por excepción de que se trata no puede derivar de una potestad indiscriminada, arbitraria, o meramente subjetiva por parte del consignador, lo que no sería lógico ni jurídico. Por el contrario, el ejercicio de esa potestad debe implementarse con irrestricto apego a las normas de orden legal establecidas, así como a los parámetros de la lógica y racionalidad a efecto de concluir en forma razonada, lógica y congruente, la necesidad de fincar competencia a un Juzgado de Distrito distinto al del lugar de comisión del delito. En consecuencia, la sola pretensión del Ministerio Público de llevar el ejercicio de la acción penal ante un Juez de Distrito distinto al del lugar en que se cometió el delito, sin razonar en forma suficiente y adecuada dicha solicitud, no basta para surtir el supuesto de competencia por excepción establecido en el tercer párrafo del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales.
Es aplicable al caso, por analogía, la tesis sustentada por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, septiembre de mil novecientos noventa y siete, página 252, que a la letra dice:
"COMPETENCIA TERRITORIAL DE EXCEPCIÓN (ARTÍCULO 10, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). REQUISITO DE SEGURIDAD EN LAS PRISIONES, PARA EL TRASLADO DE UN PROCESADO A UNO DE MÁXIMA SEGURIDAD.-Para que opere la competencia territorial de excepción a que alude el párrafo tercero del artículo 10 del código federal penal adjetivo, en cuanto refiere al requisito de seguridad en las prisiones, no se justifica trasladar a un procesado a un reclusorio de máxima seguridad, con la mera apreciación subjetiva del juzgador, sin motivo razonable del que se pueda derivar que el centro de reclusión en el que se encuentra el procesado, no sea seguro para llevar a cabo el proceso penal de que se trate y se tema la evasión del mismo, pues si bien es cierto que existen prisiones de máxima seguridad que poseen instalaciones más seguras o sistemas más modernos, no menos cierto es que los reclusorios preventivos fueron hechos precisamente para albergar en los mismos a personas sujetas a procesos y, por tanto, debe presumirse que se encuentran teóricamente con las medidas necesarias de seguridad para evitar la fuga de los procesados que ahí se encuentren, pues de aceptar que al existir un temor de que se evadan del mismo los individuos que se encuentren en proceso, sin fundamentar y razonar tal determinación, todas las causas penales de los juzgados de la República serían susceptibles de remitirse a las prisiones de máxima seguridad para el conocimiento de los Jueces penales que ahí se encuentren, por una mera estimación subjetiva del juzgador sin razonar al respecto, lo que no sería lógico ni jurídico.
"Competencia 190/97. Suscitada entre el Juez Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México y el Juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal. 6 de agosto de 1997. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Jesús Enrique Flores González."
Por lo expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO.-Es competente para conocer de la averiguación previa a que este toca se refiere el Juez Décimo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal.
SEGUNDO.-Con testimonio de esta resolución envíense los autos al Juez declarado competente para que asuma su competencia. Asimismo, envíese testimonio de esta resolución al Juez Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, para su conocimiento.
Notifíquese;
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros Juventino V. Castro y Castro, Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Humberto Román Palacios (ponente). Ausente el Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo previo aviso a la Presidencia.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6252-0ce70c0b/competencia-territorial-de-excepcion-contenida-en-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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