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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA LABORAL. DEBE DECLARARSE A FAVOR DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE CUANDO SE DEMANDA AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.

Tipo de asunto: CONFLICTO COMPETENCIAL 80/96. · Registro digital (IUS): 3585
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SUSCITADA ENTRE LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Y EL JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MEXICO (ACTUALMENTE JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA DE PROCESOS PENAL
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Mayo de 1996, , Pág. 154.

COMPETENCIA 80/96. SUSCITADA ENTRE LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Y EL JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MEXICO (ACTUALMENTE JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE MEXICO).

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.- Con el propósito de decidir la competencia, se toma en cuenta lo siguiente:

El actor demandó del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el pago de la segunda parte del aguinaldo correspondiente a mil novecientos noventa y cuatro, en términos del artículo 42 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado "b" del Artículo 123 Constitucional, que dice:

"Artículo 42 bis.- Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que estará comprendido en el Presupuesto de Egresos, el cual deberá pagarse en un 50% antes del 15 de diciembre y el otro 50% a más tardar el 15 de enero, y que será equivalente a 40 días de salario cuando menos, sin deducción alguna. El Ejecutivo Federal dictará las normas conducentes para fijar las proporciones y el procedimiento para los pagos en caso de que el trabajador hubiere prestado sus servicios menos de un año."

Igualmente demandó el pago de salarios devengados a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y cinco.

Lo reclamado son, pues, prestaciones de carácter laboral.

Procede ahora el examen de la naturaleza jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para así estar en aptitud de determinar el ámbito material de validez al que estará sujeto el conflicto laboral de origen tomando como punto de referencia a la propia Institución demandada.

Al efecto, se tiene en cuenta el contenido del artículo 123 constitucional, que en lo conducente dice:

"Artículo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.

"El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

"A. Entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos, y de una manera general, todo contrato de trabajo;

"B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:

"XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

"a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.

"b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley."

En este orden de ideas, e independientemente de que el nexo laboral se encuentre o no regulado por el apartado "B" del artículo 123 constitucional, lo cierto es que lo reclamado por el actor está encaminado a obtener una resolución que declare que tiene el derecho al pago del aguinaldo y salarios devengados que solicita, lo cual, al margen de su procedencia o no, debe atenderse, para el efecto de la determinación del órgano competente para dirimir este conflicto, acorde con el apartado del precepto constitucional en cita, en que se ubica realmente el Instituto demandado.

Al respecto, esta Segunda Sala al resolver la competencia 36/95, en sesión celebrada el veintiocho de abril de mil novecientos noventa y cinco, al abordar el tema relacionado con la naturaleza jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, determinó en lo esencial, por mayoría de votos, la competencia de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje.

Esto porque, el artículo 123, apartado "A", fracción XXXI, inciso b), punto 1 de la Constitución General de la República, de similar redacción al diverso 527 de la Ley Federal del Trabajo, dispone:

"La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las autoridades federales en los asuntos relativos a: (...) b) Empresas: 1. Aquellas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal."

De la transcripción precedente se aprecia que, por regla general, corresponde a las autoridades de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, la aplicación de las leyes del trabajo y, por excepción, a las autoridades federales en los asuntos que expresamente señala la propia norma constitucional, entre los que se comprenden los relacionados con las empresas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal.

De igual manera, los referidos artículos, tanto el constitucional como el de la ley secundaria, determinan la competencia de las autoridades del orden federal, tratándose de conflictos relacionados con aquellas empresas administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal.

Bajo este contexto, procede ahora determinar si el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es una empresa administrada en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal, para lo cual ante todo, es menester determinar si participa de las características inherentes a las entidades de esa naturaleza, a fin de establecer si encuadra o no dentro de la hipótesis que señala el artículo 123, fracción XXXI, inciso b), punto 1 de la Constitución General de la República, de texto similar al 527, fracción II, punto 1 de la Ley Federal del Trabajo; al respecto conviene transcribir los artículos 1o. y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que señalan:

"Art. 1o.- La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal.- La Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la Procuraduría General de la República integran la administración pública centralizada.- Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal."

"Art. 45.- Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten."

Del artículo 1o. se observan las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal y, asimismo, que la administración pública paraestatal se integra por los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y fianzas y los fideicomisos.

A su vez, el artículo 45 señala cuáles son las características que como personas jurídicas colectivas de derecho público, deben reunir los organismos descentralizados, a saber:

1) Que sean creados por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, de donde surge su personalidad jurídica por virtud del acto que los crea.

2) Que cuenten con un régimen jurídico propio. Este régimen generalmente lo constituye su Ley Orgánica, que puede ser, bien una ley emanada del Congreso o un decreto del Ejecutivo, con base en lo cual se regula su personalidad, patrimonio, denominación, objeto y actividad.

3) Que tengan personalidad jurídica propia, esto es, la que les es otorgada en el acto de su creación.

4) Que tengan patrimonio propio, el cual se integra por el conjunto de bienes con que cuentan para el cumplimiento de su objeto, comprendiéndose dentro de ellos los ingresos propios del organismo derivados del ejercicio de su actividad, esto es, los que obtiene por los servicios o bienes que presta o produce.

Ahora bien, en la especie, se encuentran satisfechos los precitados elementos, en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo, de fecha dieciséis de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete siguiente, fue abrogada la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de veintiocho de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve, expidiéndose la que actualmente rige y que entró en vigor el uno de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, misma que, en los artículos que interesan, establecen:

"Artículo 1o.- La presente Ley es de orden público, de interés social y de observancia en toda la República; y se aplicará: I. A los trabajadores al servicio civil de las dependencias y de las entidades de la Administración Pública Federal que por ley o por acuerdo del Ejecutivo Federal se incorporen a su régimen, así como a los pensionistas y a los familiares derechohabientes de unos y otros; II. A las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de los Poderes de la Unión a que se refiere esta Ley; III. A las dependencias y entidades de la Administración Pública en los Estados y Municipios y a sus trabajadores en los términos de los convenios que el Instituto celebre de acuerdo con esta Ley, y las disposiciones de las demás Legislaturas Locales; IV. A los diputados y senadores que durante su mandato constitucional se incorporen individual y voluntariamente al régimen de esta Ley; y V. A las agrupaciones o entidades que en virtud de acuerdo de la Junta Directiva se incorporen al régimen de esta Ley."

"Artículo 3o.- Se establecen con carácter obligatorio los siguientes seguros, prestaciones y servicios: I. Medicina preventiva; II. Seguro de enfermedades y maternidad; III. Servicios de rehabilitación física y mental; IV. Seguros de riesgos del trabajo; V. Seguro de jubilación; VI. Seguro de retiro por edad y tiempo de servicios; VII. Seguro de invalidez; VIII. Seguro por causa de muerte; IX. Seguro de cesantía en edad avanzada; X. Indemnización global; XI. Servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil; XII. Servicios integrales de retiro a jubilados y pensionados; XIII. Arrendamiento o venta de habitaciones económicas pertenecientes al Instituto; XIV. Préstamos hipotecarios y financiamiento en general para vivienda, en sus modalidades de adquisición en propiedad de terrenos y/o casas habitación, construcción, reparación, ampliación o mejoras de las mismas; así como para el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos; XV. Préstamos a mediano plazo; XVI. Préstamos a corto plazo; XVII. Servicios que contribuyan a mejorar la calidad de vida del servidor público y familiares derechohabientes; XVIII. Servicios turísticos; XIX. Promociones culturales, de preparación técnica, fomento deportivo y recreación; XX. Servicios funerarios; y XXI. Sistema de Ahorro para el Retiro."

"Artículo 4o.- La administración de los seguros, prestaciones y servicios de que trata el artículo anterior, así como las del Fondo de la Vivienda, estarán a cargo del organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con domicilio en la ciudad de México.- Para el cumplimiento de sus fines el Instituto contará con delegaciones, las cuales como unidades desconcentradas, estarán jerárquicamente subordinadas a la administración central y tendrán las facultades específicas para resolver sobre la materia y la competencia territorial que se determine en su caso."

"Artículo 149.- El Instituto tendrá personalidad jurídica para celebrar toda clase de actos y contratos, así como para defender sus derechos ante los tribunales o fuera de ellos, y para ejercitar las acciones judiciales o gestiones extrajudiciales que le competen. El Instituto deberá obtener la autorización previa del Gobierno Federal, por conducto de las Secretarías de Programación y Presupuesto y de la Contraloría General de la Federación, para desistirse de las acciones intentadas o de los recursos interpuestos, así como para dejar de interponer los que las leyes le concedan, cuando se trate de asuntos que afecten el Erario Federal."

"Artículo 150.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tendrá las siguientes funciones: I. Cumplir con los programas aprobados para otorgar las prestaciones y servicios a su cargo; II. Otorgar jubilaciones y pensiones; III. Determinar, vigilar y cobrar el importe de las cuotas y aportaciones, así como los demás recursos del Instituto; IV. Invertir los fondos y reservas de acuerdo con las disposiciones de esta Ley; V. Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de sus fines; VI. Establecer la estructura y funcionamiento de sus unidades administrativas; VII. Administrar las prestaciones y servicios sociales, así como desarrollar las promociones señaladas en las fracciones XI, XII, XVII, XVIII y XIX del artículo 3o. de esta Ley; VIII. Difundir conocimientos y prácticas de previsión social; IX. Expedir los reglamentos para la debida prestación de sus servicios y de organización interna; X. Realizar toda clase de actos jurídicos y celebrar los contratos que requiera el servicio; y XI. Las demás funciones que le confiere esta Ley y sus Reglamentos."

"Artículo 151.- Los órganos de gobierno del Instituto serán: I. La Junta Directiva; II. El director general; III. La Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda; y IV. La Comisión de Vigilancia."

"Artículo 152.- La Junta Directiva se compondrá de once miembros; cinco serán los respectivos titulares de las Secretarías siguientes: De Programación y Presupuesto, Hacienda y Crédito Público, de Salubridad y Asistencia, Desarrollo Urbano y Ecología y Trabajo y Previsión Social; el director general que al efecto designe el presidente de la República; los cinco restantes serán designados por la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado.- El presidente de la República designará de entre los miembros de la Junta Directiva, a quien deba presidirla."

"Artículo 174.- El patrimonio del Instituto lo constituirán: I. Sus propiedades, posesiones, derechos y obligaciones; II. Las cuotas de los trabajadores y pensionistas, en los términos de esta Ley; III. Las aportaciones que hagan las dependencias y entidades conforme a esta Ley; IV. El importe de los créditos e intereses a favor del Instituto y a cargo de los trabajadores o de las dependencias y entidades a que se refiere esta Ley; V. Los intereses, rentas, plusvalías y demás utilidades que se obtengan de las inversiones que conforme a esta Ley haga el Instituto; VI. El importe de las indemnizaciones, pensiones caídas e intereses que prescriban en favor del Instituto; VII. El producto de las sanciones pecuniarias derivadas de la aplicación de esta Ley; VIII. Las donaciones, herencias y legados a favor del Instituto; IX. Los bienes muebles e inmuebles que las dependencias o entidades destinen y entreguen para los servicios y prestaciones que establece la presente Ley, así como aquellos que adquiera el Instituto y que puedan ser destinados a los mismos fines; y X. Cualquier otra percepción respecto de la cual el Instituto resulte beneficiario."

A propósito de las prestaciones de tipo social, dicha Ley señala:

"Artículo 137.- El Instituto atenderá de acuerdo con esta Ley, a las necesidades básicas del trabajador y su familia a través de la prestación de servicios que contribuyan al apoyo asistencial, a la protección del poder adquisitivo de sus salarios, con orientación hacia patrones racionales y sanos de consumo."

De los preceptos transcritos precedentemente se aprecia, que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, es de orden público, de interés social y de observancia obligatoria en toda la República y se aplicará a los sujetos que la misma refiere; que los seguros, prestaciones y servicios que establece son obligatorios; que la administración de los servicios que brinda estará a cargo del organismo descentralizado denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; que cuenta con un órgano de dirección, administración y representación llamado Junta Directiva, de la cual, seis de sus integrantes, incluyendo su presidente, serán nombrados por el titular del Ejecutivo; y que tiene personalidad, patrimonio y régimen jurídico propios.

De lo anterior se colige que el Instituto de Seguridad para los Trabajadores al Servicio del Estado es un organismo público descentralizado que fue creado por el Ejecutivo Federal, para la prestación de un servicio público de asistencia y seguridad social, en cuya administración interviene en forma descentralizada el Gobierno Federal, por ser éste quien establece las bases que han de regir entre otras, su constitución, los fines específicos para los que fue creado y el órgano de su gobierno, teniendo incluso la facultad de nombrar a la mayor parte de quienes lo integran, a todo lo cual debe agregarse que esta relación no destruye la unidad del Estado ni los vínculos necesarios de control de la administración, lo cual permite al organismo descentralizado un manejo administrativo autónomo y responsable.

Las consideraciones precisadas imponen determinar a continuación, las razones por las cuales no puede estimarse que la normatividad que ha de aplicarse en los conflictos donde se vea involucrado el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sea la establecida en el régimen burocrático.

En efecto, a propósito de las relaciones que deben regirse por el apartado "B", el artículo 123 constitucional establece:

"...El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: ...B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores;..."

Sobre el particular, en ninguna de las hipótesis previstas en el apartado "B", del citado precepto constitucional se contempla, como parte integrante de los Poderes de la Unión, así como del Gobierno del Distrito Federal, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para estimar que las controversias laborales suscitadas entre éste y sus trabajadores tengan que sujetarse a la reglamentación del apartado "B", quedando excluidas del "A", del precepto constitucional en cita.

En efecto, aun cuando la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, forma parte de la legislación a que se refiere el precitado apartado "B", su aplicación debe entenderse en el sentido de que únicamente regirá tratándose de las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal con sus trabajadores, mas de ninguna manera en lo atinente a los vínculos de un organismo descentralizado con sus trabajadores, pues en su texto nada dice en este último sentido y, finalmente, porque tal Instituto participa de las características de una empresa administrada en forma descentralizada por el Gobierno Federal, aunque no sea el lucro su objetivo o finalidad, ya que para efectos laborales por empresa debe entenderse la organización de una actividad económica dirigida a la producción o al intercambio de bienes o de servicios, aunque no persiga fines de lucro, tal como en su tiempo lo consideró la antes Cuarta Sala de este alto tribunal, al resolver por unanimidad de cinco votos, el diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y uno, el amparo en revisión 1601/90, promovido por Alfredo Juárez Avila, que motivó la emisión de la tesis jurisprudencial número 4a. XVII, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo VII, junio, página 109, que dice:

"COMPAÑIA NACIONAL DE SUBSISTENCIAS POPULARES (CONASUPO). LAS RELACIONES LABORALES CON SUS TRABAJADORES SE RIGEN POR EL APARTADO `A' DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL.- La fracción XXXI, inciso b), subinciso 1, del artículo 123 constitucional, reserva a la competencia exclusiva de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, el conocimiento de los asuntos laborales relativos a empresas que sean administradas en forma descentralizada por el Gobierno Federal, características que corresponden al referido organismo descentralizado aunque no sea el lucro su objetivo o finalidad, ya que de acuerdo con el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo y precedentes jurisprudenciales de esta Sala, por empresa, para efectos laborales, se entiende la organización de una actividad económica dirigida a la protección o al intercambio de bienes o de servicios, aunque no persiga fines lucrativos."

Ahora bien, cabe señalar que tanto la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, como la del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, disponen que las relaciones de trabajo entre el Instituto y su personal se regirán por el apartado "B" del artículo 123 constitucional.

El ordenamiento burocrático citado en primer término dispone:

"ARTICULO 1o.- La presente Ley es de observancia general para los titulares y trabajadores de las dependencias de los Poderes de la Unión, del Gobierno del Distrito Federal, de las instituciones que a continuación se enumeran: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado..."

Y en su artículo 124 estatuye:

"El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje será competente para: I. Conocer de los conflictos individuales que se susciten entre titulares de una dependencia o entidad y sus trabajadores;..."

Por su parte, la Ley citada en segundo lugar dispone:

"Art. 14.- Los trabajadores del Instituto quedan incorporados al régimen de la presente Ley. Las relaciones de trabajo entre el propio Instituto y su personal, se regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado `B' del Artículo 123 Constitucional."

No obstante lo señalado en los transcritos preceptos legales, el Tribunal Pleno al resolver asuntos similares a éste, es decir tratándose de organismos públicos descentralizados ha resuelto en cinco ejecutorias no interrumpidas por otra en contrario, que los conflictos suscitados entre esas empresas y los trabajadores a su servicio no se regulan por el apartado "B" sino por el apartado "A" del artículo 123 constitucional, criterio que aun cuando ya constituye jurisprudencia, su texto y rubro están pendientes de ser aprobados, sin embargo cabe citarlo textualmente para todos los efectos legales que procedan.

Pues bien, el criterio sustentado por el Tribunal Pleno, en los diversos precedentes que más adelante se citan, establece lo que a la letra dice:

"En efecto, el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

"Art. 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empresas y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.- El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: A. Entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo,... B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores.

"Como se ve, el apartado `B' del artículo 123 constitucional no incluye como objeto de regulación los organismos descentralizados, pues la facultad que el precepto constitucional otorga al Congreso de la Unión consiste en expedir la legislación respectiva en materia de trabajo, únicamente en lo que corresponde a los Poderes de la Unión y al Gobierno del Distrito Federal con sus respectivos trabajadores, de tal manera que si al expedir la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el legislador incluyó en su artículo 1o., a organismos descentralizados, ello implica que el órgano legislativo se extralimitó en sus funciones, por lo que el precepto en cuestión sí está afectado de inconstitucionalidad.

"Por consiguiente, la tercera perjudicada Aeropuertos y Servicios Auxiliares, fue creada por Decreto Presidencial de fecha diez de junio de mil novecientos sesenta y cinco publicado en el Diario Oficial de la Federación el día doce del mismo mes y año. Decreto que le otorga el carácter de organismo descentralizado.

"Consecuentemente, ha de considerarse que Aeropuertos y Servicios Auxiliares no se encuentra comprendido dentro del apartado `B' del artículo 123 constitucional, pues dada la naturaleza de la misma, no existe base jurídica para considerar que se encuentra comprendido dentro de los Poderes de la Unión o el Gobierno del Distrito Federal cuyo régimen laboral regula el citado precepto constitucional.

"Por ello, debe decirse que la fracción XXXI, apartado `A' delartículo 123 constitucional, cuando se refiere a empresas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal, abarca los organismos que como Aeropuertos y Servicios Auxiliares fueron constituidos por la Federación para que se encarguen de proporcionar o administrar un servicio público.

"En esas condiciones, debe señalarse que la facultad otorgada al legislador en el apartado `B' del mencionado artículo 123 es limitativa, puesto que sólo lo autoriza para expedir la legislación en materia de trabajo en lo que atañe a las relaciones entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal, con sus respectivos trabajadores, de lo que lógicamente se infiere que fuera de esas hipótesis, incluso en lo que corresponde a los organismos descentralizados con funciones de servicio público, se rigen por lo dispuesto en el apartado `A' del artículo 123 constitucional; así, resulta que el artículo 1o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado al incluir a otros organismos descentralizados similares a las instituciones que menciona, que tengan a su cargo función de servicios públicos, no se ajusta a la disposición de la Ley Fundamental.

"Confirma la conclusión anterior, la circunstancia de que cuando el Constituyente Permanente ha estimado oportuno que las relaciones de servicio de instituciones no pertenecientes al Poder Ejecutivo Federal, se rijan por el apartado `B' del artículo 123 constitucional, ha considerado necesario incluirlas de modo expreso en dicho apartado, como lo ha hecho en la fracción XIII bis, donde antes de la reforma de veintiséis de junio de mil novecientos noventa establecía que las relaciones laborales de las sociedades nacionales de crédito con sus trabajadores se regirían por dicho apartado `B', y también de manera expresa señaló ese régimen para los trabajadores de las entidades de la Administración Pública Federal que formaban parte del sistema bancario mexicano.

"Un criterio similar sostuvo el Tribunal Pleno en la tesis número XLIII/91, publicada en la página diez del Tomo VIII, correspondiente al mes de octubre de mil novecientos noventa y uno, Octava Epoca, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"`ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. SU INCLUSION EN EL ARTICULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL.- El apartado `B' del artículo 123 constitucional establece las bases jurídicas que deben regir las relaciones de trabajo de las personas al servicio de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal, otorgando facultades al Congreso de la Unión para expedir la legislación respectiva que, como es lógico, no debe contradecir aquellos fundamentos porque incurriría en inconstitucionalidad; en este vicio incurre el artículo 1o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado porque sujeta al régimen laboral burocrático no sólo a los servidores de los Poderes de la Unión, sino también a los trabajadores de organismos descentralizados que, como la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), aunque integran, con otros entes, la Administración Pública Federal descentralizada, no forman parte del Poder Ejecutivo Federal, cuyo ejercicio corresponde conforme a lo establecido en los artículos 80, 89 y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al presidente de la República, según atribuciones que desempeña directamente o por conducto de las dependencias de la administración pública centralizada, como son las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos. Por tanto las relaciones de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares con sus servidores, no se rigen por las normas del apartado `B' del artículo 123 constitucional.

"`PRECEDENTES:

"`Amparo en revisión 1911/94.- José Luis Rodríguez González.- 11 de julio de 1995.- Mayoría de diez votos.- Ponente: Juventino V. Castro y Castro.- Secretario: Martín Angel Rubio Padilla.

"`Amparo en revisión 4784/70.- Tomás Rivas Urbán.- 11 de julio de 1995.- Unanimidad de once votos.- Ponente: Juventino V. Castro y Castro.- Secretario: Ernesto Aguilar Gutiérrez.

"`Amparo en revisión 1575/93.- Armando Montes Mejía.- 14 de agosto de 1995.- Mayoría de nueve votos.- Ponente: Juventino V. Castro y Castro, en ausencia de él hizo suyo el proyecto el Ministro Mariano Azuela Güitrón.- Secretario: Martín Angel Rubio Padilla.

"`Amparo en revisión 1559/94.- Sergio Morales.- 19 de septiembre de 1995.- Mayoría de nueve votos.- Ponente: Juventino V. Castro y Castro.- Secretario: Hilario Sánchez Cortés.

"`Amparo en revisión 1702/94.- Angel Martín Osorio García y otros.- 19 de septiembre de 1995.- Mayoría de nueve votos.- Ponente: Juventino V. Castro y Castro.- Secretario: Martín Angel Rubio Padilla.'"

Atento a lo anterior, al decidir este órgano jurisdiccional que la competencia se surte a favor de una autoridad que no intervino en el conflicto de que se trata, cobra aplicación la jurisprudencia 4, sustentada por la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3585-75e8b5e1/competencia-laboral-debe-declararse-a-favor-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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