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Modo: Corpus Pro

COSTAS. LA HIPÓTESIS DE SU CONDENA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 140, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, NO REQUIERE QUE EL JUEZ DETERMINE SI DEL PROCESO SE ADVIERTE UNA PRESUNCIÓN IURIS TANTUM QUE INFIERA TEMERIDAD O MALA FE, A LA LUZ DEL ARTÍCULO 126 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 92/2010. · Registro digital (IUS): 22390
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, , Pág. 96.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 92/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de esta denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con los puntos sexto y octavo del Acuerdo 5/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en tanto que los asuntos de los que deriva el punto de contradicción son del orden civil, materia de la exclusiva competencia de esta Sala.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo pues, en el caso, fue denunciada por los Magistrados integrantes del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito dentro del juicio de amparo directo **********, por lo que formalmente se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO. Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.

Criterio del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Al resolver el juicio de amparo directo **********, conoció de un juicio en el que se demandó la rescisión de un contrato de arrendamiento respecto de un inmueble, el pago por concepto de rentas y el pago de gastos y costas; seguido el juicio en sus etapas se dictó sentencia definitiva en la que declaró procedente la vía de controversia de arrendamiento promovida por la actora; declaró terminado el contrato de arrendamiento; condenó a la parte demandada al pago de rentas insolutas, así como al pago de gastos y costas.

Inconforme con esa resolución, la demandada interpuso recurso de apelación, ante la instancia correspondiente, en donde la Sala responsable declaró infundados los agravios hechos valer por la apelante y confirmó la sentencia recurrida.

En contra de la anterior sentencia, el demandado promovió amparo directo, del cual conoció el Tribunal Colegiado de mérito bajo el número ********** de su índice, quien consideró que el artículo 126 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal no contiene ningún supuesto de condena en costas, y, por ende, no es aplicable a la fracción IV del dispositivo 140 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, puesto que en ésta el legislador previó una hipótesis de condena en costas taxativo, en que para imponer la sanción basta con la existencia de dos sentencias conformes de toda conformidad, sin interesar si el condenado actuó de manera temeraria o de mala fe, con base en los siguientes argumentos:

"En cuanto a que la condena en costas es improcedente, conforme con el artículo 126 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, no hay temeridad ni mala fe, pues si bien interpuso un recurso declarado infundado, lo que hizo fue interponer un recurso que la ley establece, además, la responsable no se pronunció respecto de la temeridad y mala fe, por lo que la resolución reclamada es ilegal al carecer de fundamentación y motivación y, no existe evidencia de que la solución jurídica del asunto se encontraba clara en la ley desde antes de plantearse a las responsables, de ahí que éstas a pesar de encontrar establecida en la ley la condena en costas al conjuntarse dos sentencias conformes de toda conformidad, al tratarse de presunciones legales deben considerarse iuris tantum y debió analizar las pruebas que acreditaran la existencia o inexistencia de temeridad y mala fe de su parte y como apoyo a su consideración invoca la tesis identificada como I.4o.C.130 C del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del este circuito, publicada en la página 2508 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVI, septiembre de 2007, del rubro siguiente: ‘COSTAS. LOS SUPUESTOS DE CONDENA FORZOSA CONSTITUYEN ACTUALMENTE PRESUNCIONES IURIS TANTUM DE TEMERIDAD O MALA FE (LEGISLACIÓN PROCESAL DEL DISTRITO FEDERAL.’).

"Dicho argumento es infundado, por las siguientes consideraciones:

"Sobre el tema de las costas y sus sistemas de condenación, es menester destacar el criterio que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 39/2008-PS entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero, Séptimo y Noveno en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: ‘COSTAS. PROCEDE SU CONDENA EN LA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE UN INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA, CUANDO EXISTAN DOS SENTENCIAS CONFORMES DE TODA CONFORMIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1084, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y 140, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL).’, que en lo que interesa se transcribe:

"En virtud de que la justa composición de la litis implica exigencias de diversa índole, las fuentes de la obligación procesal de indemnizar costas son variadas, pero derivan de uno de los siguientes tres sistemas adoptados en nuestro ordenamiento jurídico, de conformidad con el criterio reiterado de este Alto Tribunal:

"- El sistema sancionador de la temeridad o mala fe del litigante, que consiste en aplicar una pena a quien sabiendo que no le asiste el derecho acude al tribunal provocando la actividad jurisdiccional, la de su contraria y la de terceros que se apersonan en el proceso, o bien, a quien provoca la actividad jurisdiccional, con el solo objetivo de causar un daño, independientemente de que le asista o no la razón desde el punto de vista sustantivo.

"Este sistema se explica por nuestra tradición romanista, en la que el dolo constituye siempre una fuente de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios que genera; y en materia de costas, puede hablarse de dolo en la causa, que se da cuando se litiga sin razón o de manera temeraria, o bien, de dolo procesal, que se da cuando se litiga con la intención de causar afectación al adversario. El principio de la justa composición de la litis exige, en este aspecto, que quien actúe dolosamente sea sancionado mediante la imposición de una condena indemnizatoria por el daño causado, obligación que deriva de un criterio de justicia.

"- El sistema del vencimiento puro, de conformidad con el cual, el triunfo en una controversia judicial, es por sí mismo, causa generadora suficiente de una pena adicional para la parte vencida, y esta penalidad no tiene como causa el eventual comportamiento procesal inapropiado del obligado, sino pura y simplemente el interés del Estado, de que en todo juicio se administre justicia completa, considerándose justo que el vencedor obtenga una retribución a cargo del vencido, como prestación adicional a las que fueron materia de la litis.

"- El sistema de la compensación o indemnización, sistema análogo al anterior, que responde al propósito de retribuir a quien injustificadamente ha sido obligado a actuar ante un tribunal, una indemnización por las erogaciones, gastos y menoscabos patrimoniales en que hubiere incurrido por razones del procedimiento; y aunque en este sistema es intrascendente que el deudor obre o no con dolo, pues se basa en el resultado consistente en que el acreedor haya sido obligado a litigar injustificadamente, se considera que genera la obligación de indemnizar la conducta del deudor consistente en la tramitación o prolongación del juicio, que resultaron injustificadas, pues a pesar de que el ejercicio de los derechos de acción o excepción son conductas lícitas, se pretende alcanzar de manera preventiva la finalidad, de que quien no tenga la suficiente certeza de que le asiste el derecho, no tramite ni prolongue los juicios injustificadamente. ...

"De esta manera, la doctrina ha concluido que la condenación en costas procede, por un lado, en la hipótesis genérica de dolo, esto es, temeridad o mala fe; y que en los demás supuestos, pero siempre dentro de procedimientos contenciosos, es el legislador el que taxativamente determina las hipótesis en las que debe condenarse en costas, atendiendo a su interés consistente en la justa composición de la litis.

"A esta estructura normativa obedece el texto del artículo 1084 del Código de Comercio y del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en lo que es materia de la presente contradicción, pues en dichos preceptos, en los que se encuentra la base de la regulación de la obligación procesal indemnizatoria de costas, se establece como regla general la facultad discrecional del Juez para condenar en costas a quien se conduzca con temeridad o mala fe, y además, se establece que también existirá condenación en todos los casos en que así lo determine la ley, precisando en las fracciones siguientes, las hipótesis de necesaria condenación en costas.

"... debe afirmarse que el supuesto normativo establecido en los preceptos que ocupan el presente estudio, se rigen por el sistema de la compensación o indemnización obligatoria, pues el sentenciado debe cubrir, por disposición expresa de estos mismos dispositivos, los gastos erogados por su contraparte a título de indemnización, al haberlo obligado injustamente a comparecer a juicio en la segunda instancia.

"Así lo consideró el Pleno de este Alto Tribunal, al resolver el amparo directo en revisión 1830/94, que dio origen a la tesis jurisprudencial número P./J. 48/95, publicada en la página noventa y nueve del Tomo II del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de mil novecientos noventa y cinco, bajo el rubro: ‘COSTAS. EL ARTÍCULO 140, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL QUE ESTABLECE LA CONDENA EN ELLAS, NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.’

"De la lectura de lo antes transcrito se obtiene, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó al hacer el estudio de los sistemas adoptados en el ordenamiento jurídico para indemnizar en costas, que la condenación procede, en la hipótesis genérica del dolo (temeridad o mala fe) y en los demás supuestos es el legislador que taxativamente determina las hipótesis en que debe condenarse sin importar la temeridad y mala fe del condenado, porque los supuestos normativos previstos en las fracciones IV de los artículos 140 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y 1084 del Código de Comercio, se rigen por el sistema de la compensación o indemnización obligatoria.

"Ahora bien, el artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal señala:

"‘Artículo 140. La condenación en costas, se hará cuando así lo prevenga la ley, o cuando, a juicio del Juez, se haya procedido con temeridad o mala fe.

"‘Siempre serán condenados:

"‘I. El que ninguna prueba rinda para justificar su acción o su excepción, si se funda en hechos disputados;

"‘II. El que presentare instrumentos o documentos falsos, o testigos falsos o sobornados;

"‘III. El que fuere condenado en los juicios ejecutivo, hipotecario, en los interdictos de retener y recuperar la posesión, y el que intente alguno de estos juicios si no obtiene sentencia favorable. En estos casos la condenación se hará en la primera instancia, observándose en la segunda lo dispuesto en la fracción siguiente;

"‘IV. El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso, la condenación comprenderá las costas de ambas instancias;

"‘V. El que intente acciones que resulten improcedentes por falta de uno de los requisitos de procedibilidad de la misma, o haga valer excepciones notoriamente improcedentes;

"‘VI. El que oponga excepciones procesales improcedentes o haga valer recursos e incidentes de este tipo, a quien no solamente se le condenará respecto de estas excepciones, recursos e incidentes, sino que si la sentencia definitiva le es adversa, también se le condenará por todos los demás trámites, y así lo declarará dicha resolución definitiva, y

"‘VII. Las demás que prevenga este código.’

"En la disposición legal transcrita, como ya lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se advierte la existencia de esos dos criterios genéricos distintos entre sí, en que procede la condenación en costas: objetivo, cuando así lo prevenga la ley, y subjetivo, cuando, a juicio del juzgador se haya procedido con temeridad o mala fe; de esta manera, si la ley establece la condenación en costas en un caso específico, criterio objetivo, procederá su condena con independencia de que las partes que intervienen en un procedimiento hayan procedido con temeridad o mala fe, pues como se dijo, son supuestos distintos.

"Corrobora la anterior consideración la siguiente tesis de jurisprudencia 7/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 345/2009, entre las sustentadas por el Octavo y Décimo Segundo Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito de 25 de noviembre de 2009, que dice:

"‘COSTAS. SU CONDENA CON BASE EN EL ARTÍCULO 139 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL CONSTITUYE UN SUPUESTO OBJETIVO.’ (se transcribe).

"Sobre tales consideraciones es inconcuso que en el caso de la fracción IV del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal la premisa para condenar en costas consiste en que el vencido sea condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, criterio objetivo, que no establece la condena en costas con base en el dolo, temeridad o mala fe, pues estas formas de actuar no ejercen influencia alguna en el sistema objetivo de condenación en costas, porque para ello basta la actualización de cualquiera de la hipótesis que taxativamente estableció el legislador, que constriñen al juzgador a imponer la condena en costas.

"Así las cosas, se ajusta a derecho la resolución reclamada, pues en el caso el demandado resultó vencido en dos instancias, porque en la primera se decretó la rescisión del contrato de arrendamiento y en la segunda se confirmó la sentencia definitiva, por lo cual ideológicamente ambas sentencias resolvieron lo mismo en cuanto a condenar a la parte demandada, hoy quejosa, a la prestación principal, por lo que procedía efectuar la condenación en costas en ambas instancias, toda vez que así lo prevé el artículo 140, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, condenación que se reitera, no requiere que el juzgador examine si el vencido actuó de buena o mala fe, o en forma temeraria durante la secuela del proceso.

"Por tanto, a juicio de este órgano colegiado resultan inaplicables el artículo 126 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y el criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, sustentado en la tesis I.4o.C.130 C, invocados por el quejoso, que dice: ‘COSTAS, LOS SUPUESTOS DE CONDENA FORZOSA CONSTITUYEN ACTUALMENTE PRESUNCIONES IURIS TANTUM DE TEMERIDAD O MALA FE (LEGISLACIÓN PROCESAL DEL DISTRITO FEDERAL).’ (se transcribe).

"Criterio de interpretación que este Tribunal Colegiado no comparte por las siguientes razones:

"El artículo 126 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal establece que:

"‘Las costas son la sanción impuesta en los términos de la ley a los litigantes que hayan actuado de mala fe, con falsedad o sin derecho, cuyo objeto es el pago de los gastos legales que el juicio implicó a la contraparte.’

"Este precepto legal remite al artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, pues así debe entenderse la porción de la disposición ‘... en los términos de la ley’, pues la ley que regula las costas es dicho código, y además, de acuerdo con su naturaleza procesal, porque se generan en el desarrollo del proceso, contempla un sistema mixto para la condena en costas (objetivo y subjetivo), el primero que establece en forma específica los casos en los que el juzgador está constreñido a imponer una condena en costas y el segundo, que faculta al juzgador a valorar la conducta de las partes para determinar si actuaron de manera temeraria o de mala fe y, en consecuencia, imponer condena en costas.

"Por lo anterior, no puede considerarse que en el supuesto de la fracción IV del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que impone condenar en costas al que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad, se requiera que el juzgador analice la conducta de las partes en el proceso, para determinar si actuaron de mala fe o temerariamente, porque estos aspectos no cobran influencia alguna en el supuesto, ya que se rige por el sistema de la compensación o indemnización obligatoria.

"Ciertamente, no puede sostenerse que la fracción IV del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, al indicar que siempre será condenado en costas el que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, necesite para su actualización una presunción relativa (iuris tantum) susceptible de destruirse con alguna clase de prueba, pues es incuestionable que el legislador estableció en el código procesal una forma taxativa de condenar en costas, el dictado de dos sentencias conformes de toda conformidad.

"En tales circunstancias y en atención a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que tratándose de la condena en costas previstas en el artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal operan dos sistemas de condena, uno objetivo y otro subjetivo, no es dable interpretar la fracción IV de dicho precepto legal a la luz de lo establecido en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para obtener que actualmente se sigue el sistema de la temeridad y mala fe.

"Menos aún puede encontrar justificación la interpretación realizada a la luz del principio del postulado del legislador racional. Es así, porque la noción de legislador racional parte de la base de entender al derecho como un sistema jurídico (ordenamiento jurídico -conjunto de normas jurídicas ordenadas-). En ese sentido, las normas jurídicas sólo forman parte de un sistema cuando no generan lagunas (no hay casos sin resolver), ni incurren en contradicciones (no hay ningún caso resuelto por más de una norma en forma incompatible) ni redundancias (no hay casos resueltos por más de una norma en forma coincidente). De ello resulta que el sistema normativo tiene propiedades de plenitud (ausencia de lagunas), consistencia (ausencia de contradicciones) y economía (ausencia de redundancias).

"La solución de los posibles conflictos que puedan surgir entre las normas pertenecientes a un mismo sistema, se opera a través de la aplicación de los criterios jerárquico, cronológico y de especialidad. Cuando ello resulta insuficiente, entonces, debe acudirse a otros argumentos que justifiquen la interpretación elegida. La plenitud, así, juega el papel de permitir el argumento de la analogía, cuya fuerza o legitimidad dependerá de la fuerza obtenida en la construcción de la identidad de razón; y en su versión contraria, da lugar al argumento a contrario; en tanto que el argumento a fortiori, se entiende como una extensión de la analogía.

"La coherencia da lugar a entender los documentos o normas más antiguas en relación con las más nuevas, así como da entrada al argumento de no redundancia y no contradicción.

"En tanto que el sistema también alude al criterio sedes materia, en el cual el texto tendrá el significado por el lugar topográfico o sitio que ocupe en el contexto o documento, en que también fluye el argumento a rúbrica (la interpretación queda trazada por el título o nombre del apartado o lugar en que el precepto se halle).

"La interpretación de las normas jurídicas queda dentro de la dinámica de las propiedades del sistema y así, cuando habrá de significar los contenidos de sus porciones intrincándola con el autor del texto, deviene coherente con la idea de que el significado de los términos jurídicos depende de las intenciones del autor. La concepción intencionalista contempla el núcleo o ser último del derecho contenido del pensamiento y la intención de ciertos sujetos dotados de autoridad, paradigmáticamente los legisladores. Así, las normas jurídicas no se agotan en sus enunciados lingüísticos, sino que la averiguación del significado legislativo exige, en última instancia, desentrañar las intenciones que su emisor ligó a dicho enunciado.

"Refugiarse en las intenciones del autor, en la intención del legislador (voluntas legislatoris), para sacar a la luz lo que éste quiso decir con sus palabras, supone la llamada interpretación subjetiva, en donde las palabras siempre permanecen unidas a los contenidos de conciencia de su emisor, sin que puedan desligarse de aquélla. Windscheid apunta que interpretar es la ‘fijación del sentido que el intérprete ha unido a sus palabras’.

"De otro lado, se halla la racionalidad subyacente a la racionalidad del sistema mismo, al comprender al derecho como técnica racional de organizar la convivencia, por lo cual la tarea creadora del derecho es racional, porque no puede querer resultados irracionales. La reconstrucción de un legislador ideal, contrapuesto al legislador histórico, es lo que esencialmente caracteriza esta racionalidad.

"Apuntar a la racionalidad sistémica, da lugar a que el texto se desligue de su autor: la ley una vez promulgada, se separa de su autor y alcanza una existencia objetiva (voluntas legis), aquí se trata de encontrar la voluntad objetiva e inmanente de la propia ley (las expectativas y los propósitos del legislador, que no han alcanzado expresión en la ley, carecen de obligatoriedad). Sólo vale la voluntad que resulta del texto. Esta interpretación objetiva, se encuentra conectada con el argumento sistemático que coincide con el teleológico, en su versión objetiva.

"En esta línea, para la interpretación objetiva, la atribución del sentido o de significado al texto legal o al signo normativo, o bien la búsqueda y el hallazgo del iustum concreto, o bien la reconstrucción de la norma, deben hacerse desde las circunstancias existentes y desde los postulados que tengan vigencia en el mundo en el que el intérprete se mueve.

"En el caso, no puede estimarse que la interpretación se haya realizado bajo el principio del legislador racional, pues el sistema jurídico en que se realizó la interpretación, no arroja en forma inmanente de las propias normas, que exista la inclinación por debilitar el sistema mixto establecido originariamente por la ley y su consiguiente significación jurisprudencial. A la sazón de ello, no se advierte que desde la óptica objetiva, se tomara en cuenta la realidad jurídica imperante al momento de llevarse a cabo la interpretación.

"Tampoco puede estimarse que hubieran acudido a desentrañar la intención de la norma, por la recreación de la voluntad del autor de la ley, porque a este respecto, la exposición de motivos, que dio lugar a la promulgación de la ley orgánica en cita, publicada el uno de enero de mil novecientos noventa y seis, tan sólo indica lo siguiente: ‘El título séptimo se refiere a los montos máximos de las costas y aranceles exigibles en pago por la intervención de procedimientos jurisdiccionales, así como la manera en que éstos se actualizarán a efecto de que las cuantías no queden obsoletas.’

"Luego, a partir de la versión subjetiva, sólo había la intención de regular o tasar las costas y fijar los mecanismos de actualización, nunca el modificar todo el sistema normativo regulatorio de las costas.

"El lugar que ocupan las disposiciones interpretadas, no dan cuenta del sentido que se les atribuyó, ni existe algún otro dato que revele en forma racional, apartarse del sistema mixto tantas veces indicado, máxime que ni el criterio cronológico puede servir de base al respecto, en tanto que la ley orgánica fue promulgada con anterioridad a la reforma del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, por decreto publicado el veinticuatro de mayo de dos mil seis, en la que se adicionaron supuestos de condenación en costas, objetivos, como la promoción de acciones o excepciones improcedentes, sin constreñir a su causación, para los casos de temeridad o mala fe.

"De lo expresado, se colige que no hay elementos objetivos para coincidir en la interpretación que merme el sistema mixto para la causación de costas, so pretexto de atender a un legislador racional que se advierte ausente.

"Ni siquiera puede tratarse del caso de atender a la razonabilidad de la ley, cuyo principio ha sido deducido del principio de legalidad, en relación al cual el legislador no puede actuar en exceso de poder o en forma arbitraria en perjuicio de los gobernados, para exigir que la producción normativa, se someta a tales postulados, conforme a la jurisprudencia 130/2007, publicada en la página 8 del Tomo XXVI, diciembre de 2007, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es de este tenor: ‘GARANTÍAS INDIVIDUALES. EL DESARROLLO DE SUS LÍMITES Y LA REGULACIÓN DE SUS POSIBLES CONFLICTOS POR PARTE DEL LEGISLADOR DEBE RESPETAR LOS PRINCIPIOS DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD JURÍDICA. De los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación se advierte que el cumplimiento de los principios de razonabilidad y proporcionalidad implica que al fijar el alcance de una garantía individual por parte del legislador debe: a) perseguir una finalidad constitucionalmente legítima; b) ser adecuada, idónea, apta y susceptible de alcanzar el fin perseguido; c) ser necesaria, es decir, suficiente para lograr dicha finalidad, de tal forma que no implique una carga desmedida, excesiva o injustificada para el gobernado; y, d) estar justificada en razones constitucionales. Lo anterior conforme al principio de legalidad, de acuerdo con el cual el legislador no puede actuar en exceso de poder ni arbitrariamente en perjuicio de los gobernados.’

"Bajo esas condiciones, es claro que ni a la luz del llamado postulado del legislador racional, ni en ocasión de la racionalidad de la ley, puede avalarse la interpretación que se propone en la tesis que no se comparte; máxime si una norma es interpretable cuando contiene porciones normativas que son ambiguas o vagas, pero como ya se vio ese artículo no contiene tales conceptos, como se dejó visto con anterioridad.

"Al haberse desestimado los argumentos expresados en los conceptos de violación procede negar el amparo, sin que sea el caso suplir la deficiencia de los motivos de inconformidad, ya que no se surte para ello alguna de las hipótesis previstas por el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo.

"La negativa del amparo se hace extensiva a los actos de ejecución de la sentencia reclamada, atribuidos al Juez Séptimo del Arrendamiento Inmobiliario del Distrito Federal, en términos de la jurisprudencia doscientos noventa y ocho, consultable en la página 518 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, que dice:

"‘AUTORIDADES EJECUTORAS, NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de jerarquía.’

"VII. Toda vez que en el considerando que antecede este órgano jurisdiccional concluyó, que no comparte el criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, sustentado en la tesis I.4o.C.130 C, de rubro: ‘COSTAS, LOS SUPUESTOS DE CONDENA FORZOSA CONSTITUYEN ACTUALMENTE PRESUNCIONES IURIS TANTUM DE TEMERIDAD O MALA FE (LEGISLACIÓN PROCESAL DEL DISTRITO FEDERAL).’, ya que de manera sucinta se consideró que el artículo 126 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal remite al artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que la ley que regula las costas es dicho código, el cual como ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación contempla un sistema mixto para su condenación (objetivo y subjetivo), el primero que es taxativo al indicar los supuestos en los que el juzgador está constreñido a imponer costas y el segundo que faculta al juzgador a valorar la conducta de las partes para determinar si actuaron de manera temeraria o de mala fe y en consecuencia, imponer condena en costas.

"Así, se arribó a la convicción de que no es dable interpretarse la fracción IV del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que señala que siempre será condenado en costas el que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, bajo la premisa de que para su actualización necesite una presunción relativa (iuris tantum), susceptible de destruirse con alguna clase de prueba, puesto que en la fracción en análisis se estableció una forma taxativa de condenar en costas.

"En cambio, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo **********, promovido por **********, por ejecutoria de diez de mayo de dos mil siete, sostuvo una tesis contraria a la desarrollada en este fallo, puesto que concluyó que

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22390-149a4765/costas-la-hipotesis-de-su-condena-que-preve · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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