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Modo: Corpus Pro

TÁCITA RECONDUCCIÓN. ESTÁ PREVISTA EN EL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO PUBLICADO EN LA GACETA DEL GOBIERNO DE ESA ENTIDAD EL 7 DE JUNIO DE 2002.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 121/2009. · Registro digital (IUS): 22200
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, , Pág. 793.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 121/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo octavo, 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto, del Acuerdo Plenario 5/2001, en tanto que los asuntos de los que deriva el punto de contradicción son del orden civil, materia de la exclusiva competencia de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios en disputa.

TERCERO. Ante todo, es significativo tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados contendientes expusieron en las ejecutorias de las que derivaron los criterios presuntamente divergentes.

En ese sentido, en primer lugar, debe señalarse que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver el ocho de abril de dos mil ocho, el juicio de amparo directo 1022/2007, determinó, por mayoría de votos, en lo conducente, lo siguiente:

"...

"Resulta fundado y suficiente para obtener los efectos pretendidos, el argumento central del quejoso, por el que expresó que el contrato de subarrendamiento celebrado entre las partes subsistió una vez llegada la fecha pactada para su terminación, y que por ese hecho se actualizó en su beneficio el derecho que consideró establece el artículo 7.717 del Código Civil del Estado de México, ante el consentimiento tácito por parte de la actora respecto de la subsistencia del contrato. En principio debe destacarse el contenido de los artículos relacionados con el problema jurídico planteado, entre ellos, el artículo 7.717, el cual dispone: (se transcribe). Las disposiciones generales a las que se refiere el artículo transcrito, son las siguientes: (se transcriben). Ahora bien, es importante destacar que bajo ninguna circunstancia se puede poner en entredicho la coherencia del sistema jurídico, puesto que se debe partir de la base de que el legislador es un ser racional entre cuyos atributos esenciales está el que ‘el legislador no se contradice’, lo que lleva a concluir que la descripción que en abstracto realiza posee una lógica interna que la actividad interpretativa no puede destruir; de tal manera que el carácter sistemático y coherente del ordenamiento legal no es más que un valor presente de la interpretación. Bajo este tenor, se procede al análisis e interpretación del artículo 7.717, del Código de Civil del Estado de México, en base a un principio de coherencia legislativa, resultando lo siguiente: La tácita reconducción constituye una presunción de consentimiento para la renovación del arrendamiento, esto es, existe un consentimiento tácito que se deriva de hechos indubitables que demuestran la intención en el arrendatario de continuar en el uso o goce de las cosas y en el arrendador de permitir que se continúe en esa situación. En términos de lo anterior, los requisitos para que opere la tácita reconducción son la continuación del inquilino en el uso y disfrute de la cosa arrendada después de la conclusión del término del contrato, y, la falta de oposición del arrendador al respecto. Una interpretación auténtica, psicológica y teleológica del artículo 7.717, del Código Civil del Estado de México, permite concluir que la figura jurídica de la tácita reconducción subsiste en la legislación sustantiva civil vigente. En efecto, para estar en posibilidad de resolver el problema jurídico concreto resulta necesario analizar el ordenamiento legal en cita reconstruyendo los fines de la ley a partir del texto de la misma o de una clarificación de los fines e intereses que persigue, atendiendo además a la interpretación que el legislador pretendió dar en el texto de la ley y a la voluntad, intención, objetivos o razones de éste para emitir su texto legislativo, a partir de los trabajos preparatorios de la misma. Ciertamente, para desentrañar el sentido de la norma en cuestión deberá analizarse la voluntad de los hombres que históricamente participaron activamente en la redacción y aprobación del documento normativo de que se trate, a fin de atribuirle un significado, apelando a la finalidad del precepto, entendiendo que la norma es un medio para un fin, puesto que el legislador racional está provisto de unos fines de los que la norma es un medio, por lo que ésta deberá ser interpretada teniendo en cuenta esos fines. Por ello, este órgano colegiado deberá colocarse en el punto de vista del legislador y repetir artificialmente la actividad de éste, a través del examen de trabajos preparatorios (como pueden ser: la iniciativa de ley que será objeto de interpretación, los dictámenes que se hayan elaborado en relación con la iniciativa de ley, la exposición de motivos y examen del Diario de Debates). A partir de lo anterior se pretende atribuir al enunciado normativo previsto en el artículo 7.717, del Código Civil del Estado de México, aquel significado, de todos los posibles, más acorde con el fin concreto que persigue el precepto, con ello se pretende visualizar a la norma como un medio, un instrumento del legislador para alcanzar determinado objetivo, pues cuando el legislador promulga cualquier norma concreta lo hace pensando en un fin que ésta debe alcanzar, que es identificable aunque sea sólo un pequeño elemento de cara a la consecución de un objetivo más general y ambicioso. En términos de lo anterior, se procede al análisis de los trabajos preparatorios desplegados por el legislador ordinario al aprobar la iniciativa del Código Civil del Estado de México, específicamente el Diario de Debates derivado de la sesión pública ordinaria de la ‘LIV’ Legislatura celebrada el treinta y uno de mayo de dos mil dos, del que se desprende la lectura y discusión del dictamen formulado a la iniciativa del ordenamiento sustantivo de mérito, destacándose lo siguiente. En la fecha señalada, las Comisiones de Dictamen de Asuntos Constitucionales, Legislación y Administración de Justicia, de la Legislatura Local, recibieron para su estudio y formulación del dictamen respectivo, la iniciativa del Código Civil del Estado de México, procediendo a estudiar el proyecto de ley que les fue turnado. Hecho lo anterior, se formuló el dictamen correspondiente, en el que se destacaron primeramente los antecedentes de la iniciativa analizada, enunciando los aspectos relevantes de la exposición de motivos de la iniciativa de mérito, destacando el legislador entre éstos, los comentarios realizados en el apartado correspondiente a libro séptimo de la codificación en cuestión denominado ‘De las obligaciones’, por los cuales se dijo: (se transcribe). Posteriormente, en el apartado denominado ‘Consideraciones’, los integrantes de las comisiones de dictamen hicieron los siguientes pronunciamientos: (se transcribe). De lo expresado por el legislador secundario en el dictamen a estudio se resalta lo siguiente: Que a fin asegurar el principio de certeza y seguridad jurídica en la relación contractual, se consideró necesaria la modificación del capítulo referente al contrato de arrendamiento, para precisar su concepto y, principalmente, redefinir los plazos máximos de su vigencia, estableciendo además los plazos para los casos en que se omitiera estipular su duración, esto es, se pretendió el terminar con la inseguridad normativa derivada de un contrato de arrendamiento en el que no fue expresamente pactada su duración, lo cual generaba la falta de certeza sobre el plazo de terminación de la relación contractual. Se resaltó el hecho de que las disposiciones que regulan los derechos y obligaciones de las personas, sus bienes y relaciones, conservaban en esencia los principios e instituciones fundamentales del derecho civil. A su vez, se concluyó que resultaba necesaria la sistematización del apartado de obligaciones y contratos para actualizar sus contenidos y construir preceptos legales a partir de criterios jurisprudenciales y de las modernas opiniones doctrinarias. De lo considerado por el legislador ordinario se puede advertir que en ningún momento se contempló la desaparición de una institución fundamental del derecho civil como resulta ser la tácita reconducción, la cual debería permanecer, en lo esencial, en la reforma propuesta, esto es, en la posibilidad de prolongar en el tiempo una relación jurídica que subsistiera después del plazo fijado en el contrato pactado, con la salvedad de que, con la finalidad de asegurar el principio de certeza y seguridad jurídica en la relación contractual, se matizara su duración, a efecto de terminar con la inseguridad que produce un contrato de arrendamiento de tiempo indeterminado en el que no fue expresamente pactado plazo alguno. Bajo este tenor, se concluye que el legislador del Estado de México consideró necesario el que la figura jurídica de la tácita reconducción subsistiera en la legislación civil vigente, en el artículo 7.717, el cual establece que al vencimiento del plazo, el contrato termina en el día prefijado, y que si ha subsistido, se observará lo previsto en las disposiciones generales de dicho contrato, de ahí que conforme al numeral en cita, para el caso de que un contrato de arrendamiento continúe después del plazo fijado por las partes, a efecto de generar seguridad jurídica a éstas se tendrá que acudir a las disposiciones generales que rigen dicha relación contractual para establecer lo relativo a su duración, específicamente se aplicará la hipótesis normativa prevista por el ordinal 7.673, del Código Civil del Estado de México, el cual señala los plazos de duración de un contrato de arrendamiento para el caso en que las partes omitan establecer la temporalidad del mismo. Ciertamente, reconstruyendo los fines de la ley a partir del texto de la misma o de una clarificación de los fines e intereses que persigue, así como a la interpretación que el legislador pretendió dar en el texto de la ley y a la voluntad, intención, objetivos o razones de éste para emitir su texto legislativo, observada a partir de la sesión pública ordinaria de la ‘LIV’ Legislatura del Estado de México, celebrada el día treinta y uno de mayo de dos mil dos, necesariamente se debe concluir que la figura de la tácita reconducción continuó en la legislación vigente, pues de no ser así, ninguna razón tendría el que en el numeral 7.717, de la legislación sustantiva se hubiera utilizado la expresión ‘si ha subsistido’ y se efectuara la remisión a las disposiciones generales del contrato de arrendamiento en las que se encuentran los plazos que deben corresponder a las relaciones contractuales que en materia de arrendamiento hayan omitido establecer su duración. Así, la diferencia entre lo establecido en la legislación anterior y la vigente respecto de la figura de la tácita reconducción, radica en el hecho de que en la legislación abrogada, si el predio era urbano el arrendamiento se volvía indefinido, lo que en atención a los principios de certeza y seguridad jurídica que fueron tomados en consideración por el legislador al aprobar la iniciativa del Código Civil del Estado de México, no sucede actualmente, pues la ley sustantiva establece los plazos máximos de duración tratándose de casa habitación (un año), comercio (dos años) industria (tres años) y finca rústica (un año); por lo cual ya no se vuelve indefinido el contrato, sino determinado, al observarse los plazos que fija el artículo 7.673, del Código Civil del Estado de México, en virtud de la remisión expresa que hace el diverso 7.717, del mismo cuerpo de leyes, a las disposiciones generales del contrato de arrendamiento. En mérito de lo expuesto, como ya se dijo, resulta fundado el argumento central del quejoso, por el que se expresó que el contrato de subarrendamiento celebrado entre las partes subsistió una vez llegada la fecha pactada para su terminación, y que por ese hecho se actualizó en su beneficio el derecho que consideró establece el artículo 7.717, del Código Civil del Estado de México, ante el consentimiento tácito por parte de la actora respecto de la subsistencia del contrato. Efectivamente, en el caso que nos ocupa la actora demandó del aquí quejoso la terminación de un contrato de subarriendo celebrado el día quince de marzo de dos mil seis, respecto del local ubicado en la calle ***********, por haber fenecido. Al justificar las prestaciones reclamadas expresó que con fecha ************, las partes suscribieron el contrato de subarrendamiento materia de la litis, en el cual se fijó como plazo de duración un tiempo de doce meses, el que, a decir de la accionante, se cumplió el quince de marzo de dos mil siete y, por tanto, la relación contractual se debe tener por concluida y en términos del artículo 7.717, del Código Civil del Estado de México, resultando procedente la terminación del contrato de subarrendamiento fundamento de las pretensiones de la actora. Al dar contestación a la incoada en su contra, el ahora quejoso expuso que si bien resultaba cierto lo aseverado por su contraria respecto al tiempo de duración del contrato de subarrendamiento celebrado, también lo era que conforme a la segunda hipótesis del único párrafo del artículo 7.717, del código sustantivo civil aplicable, subsistió el acto jurídico en virtud de que después de la fecha de terminación del mismo los contratantes han realizado hechos y actos positivos e inequívocos que así lo permiten, al no existir oposición expresa por el subarrendador a recibir las consignaciones realizadas en su favor por concepto de renta. Bajo este contexto, si el contrato de subarrendamiento se celebró el quince de marzo de dos mil seis, con una vigencia de doce meses, es claro que vencía el quince de marzo de dos mil siete, por lo que la oposición del arrendador para que no operara la tácita reconducción debió ser efectuada dentro de los diez días siguientes a su vencimiento, esto es, del *********, ello conforme a la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: ‘TÁCITA RECONDUCCIÓN. LA OPOSICIÓN DEL ARRENDADOR PARA QUE NO OPERE AQUÉLLA, DEBE MANIFESTARSE DENTRO DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.’, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, julio de 2001, página 52. Sin embargo, la oposición del arrendador respecto de la continuación de la relación contractual se manifestó hasta la fecha de presentación del escrito inicial de demanda por el cual reclamó la terminación del contrato pactado, esto es, el día dos de mayo de dos mil siete, lo que refleja que había transcurrido con exceso el término de diez días naturales para oponerse a la subsistencia del subarrendamiento acordado, y por ende, operó a favor de la arrendataria la tácita reconducción. No obsta a lo anterior, el hecho de que en la cláusula octava del contrato base de la acción intentada se haya estipulado ‘Si el subarrendatario no desocupare por cualquier causa no se considera prorrogado el contrato si previamente no hay un convenio escrito para este fin entre las dos partes, no obstante lo cual subsistirá la obligación de pago de rentas hasta no ser devuelta (sic) el inmueble arrendado’. Ello en atención a que en dicha cláusula se establece que para la existencia de una prórroga del contrato, ésta se debía convenir en forma escrita; sin embargo, debe tenerse en consideración que aun cuando la prórroga y la tácita reconducción se refieren a una extensión de tiempo, éstas gozan de una naturaleza distinta, pues, por una parte, la prórroga de un contrato de arrendamiento se puede generar estando vigente el mismo y por un tiempo determinado, en el que el inquilino que quiera hacer uso de ese derecho tendrá que convenirlo expresamente, y por otra, la figura de la tácita reconducción opera después de concluido el plazo establecido en el contrato y su prórroga, si la hubo, en donde el arrendatario continúa sin oposición en el uso o goce de la cosa; por lo cual, la citada cláusula octava del contrato basal no es aplicable al caso concreto por referirse a una figura jurídica diversa, esto es, en dicha cláusula se estipuló la necesaria existencia de un convenio por escrito para considerar materializada la prórroga del mismo, por lo cual no puede surtir efectos en la tácita reconducción que se considera actualizada. Además, no debe perderse de vista que la intención del legislador plasmada en el artículo 7.717, del Código Civil del Estado de México, fue la de dotar de certeza y seguridad jurídica a las relaciones contractuales derivadas de un arrendamiento que ha subsistido más allá de su terminación, estableciendo la aplicación de las disposiciones generales previstas para dicho acto jurídico y determinando plazos específicos de duración, disposiciones generales que deben considerarse como irrenunciables por contener derechos y obligaciones fundamentales del derecho civil, por lo cual la cláusula octava del contrato base de la acción no puede surtir los efectos pretendidos. Por tanto, resultó ilegal haber decretado la terminación del contrato de arrendamiento, en la medida de que a la fecha en que se solicitó, se había materializado la tácita reconducción a favor del arrendatario, en los términos previstos por el artículo 7.717, en relación con el 7.673, ambos del Código Civil del Estado de México. En consecuencia, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada, y en su lugar dicte otra en la que parta de la consideración de que en el Código Civil del Estado de México, sí se encuentra regulada la figura jurídica de la tácita reconducción y que ésta operó a favor del aquí quejoso en los términos señalados en el cuerpo de la presente resolución, esto es, conforme a los plazos previstos por el artículo 7.673, de la legislación sustantiva civil aplicable, y hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción resuelva conforme considere procedente. ..."

El mismo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver los amparos directos 24/2008, 47/2008 y 1009/2007, los días veintidós de abril, trece de mayo y tres de junio, todos de dos mil ocho, reiteró, casi textualmente, también por mayoría de votos, el criterio relativo a que la "tácita reconducción" es una figura jurídica que aún persiste en la legislación sustantiva civil mexiquense. Por tanto, se estima innecesario transcribir las consideraciones de las ejecutorias relativas.

Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver el diecinueve de agosto de dos mil ocho, el juicio de amparo directo 563/2008, determinó lo siguiente:

"...

"Como puede advertirse, tales argumentos resultan fundados y suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Para corroborar lo anterior, es necesario precisar que en la legislación civil sustantiva del Estado de México, anterior a la vigente, la figura jurídica de la tácita reconducción, no se encontraba contemplada expresamente con dicha denominación, ya que solamente se estatuían los requisitos y las condiciones para su operancia. En el caso del Estado de México, tal figura jurídica se desprendía del contenido de los artículos 2340 y 2341 del Código Civil del Estado de México, que son del tenor siguiente: (se transcriben). Como puede advertirse, es indudable que dichos preceptos sí contemplan la tácita reconducción, pues cuando se estaba en presencia de un contrato de arrendamiento celebrado por tiempo determinado, una vez concluido, si no existía oposición del arrendador para la continuación del uso y goce del bien materia del contrato por parte del arrendatario, se entendía prorrogada dicha relación contractual, pudiendo prolongarse por un año más o por un tiempo indefinido, según se trate, de predio rústico o de urbano. En ese contexto, la tácita reconducción no es sino el resultado de una presunción a favor del arrendatario dada la omisión del arrendador de manifestar su oposición para la continuación del arrendamiento, después de vencido el término pactado en el respectivo consenso de voluntades y, dicha negativa se estableció por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de jurisprudencia definida, que debería de realizarse después del vencimiento del contrato, pero no fuera del plazo de diez días contados a partir de su vencimiento, según se advierte de las jurisprudencias 122 y 765, del Tomo IV, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyos rubros son: ‘ARRENDAMIENTO, TÁCITA RECONDUCCIÓN DEL CONTRATO DE. y ‘TÁCITA RECONDUCCIÓN. REQUISITOS PARA QUE NO OPERE.’; así como la diversa jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 31/2001, de la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal del país, bajo el rubro: ‘TÁCITA RECONDUCCIÓN. LA OPOSICIÓN DEL ARRENDADOR PARA QUE NO OPERE AQUÉLLA, DEBE MANIFESTARSE DENTRO DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.’. Luego, si como ha quedado descrito con anterioridad, los fundamentos legales de los cuales emergía la tácita reconducción en el Código Civil del Estado de México, anterior al vigente, se encontraban contemplados en los artículos 2340 y 2341, cuyo contenido efectivamente fue derogado del actual texto del Código Civil, lo que se traduce en que la intención del legislador fue la de suprimir la existencia de la figura jurídica de la tácita reconducción que, como se dijo, tenía como consecuencia que tratándose de fincas urbanas, el arrendamiento continuaría por tiempo indefinido y si el inmueble fuera rústico, se entendería renovado por otro año. Respecto del tema la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que los requisitos para que opere la tácita reconducción, son: a) La continuación del inquilino en el uso y disfrute de la cosa arrendada después de la expiración del término del contrato; y b) La falta de oposición del arrendador al respecto. Dicho aspecto se encuentra contenido en la jurisprudencia visible en la página 557, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, tesis número 765, en los siguientes términos: ‘TÁCITA RECONDUCCIÓN. REQUISITOS PARA QUE NO OPERE.’ (se transcribe). Los requisitos mencionados con antelación, se contemplaban en los referidos artículos del Código Civil abrogado, para la procedencia de la tácita reconducción, sin embargo, lo fundado de los conceptos de violación antes precisados, se actualiza, porque ya no se encuentran contemplados en la codificación civil vigente, al no existir dispositivos legales cuyo contenido sea similar al de los numerales 2340 y 2341 transcritos en párrafos precedentes, de ahí que resulte factible asentar que la figura de la tácita reconducción, ya que no se contiene en la legislación civil vigente. Cabe precisar, que si bien la autoridad responsable destacó que el artículo 7.717 del Código Civil del Estado de México, en vigor, contempla la posibilidad de que el contrato subsista después de vencido, dado que ese precepto hace remisión a las disposiciones generales, en donde se establecen los plazos del arrendamiento, es evidente su conclusión en el sentido de que la parte actora formuló su oposición fuera del plazo de diez días, siguientes al en que feneció el término del arrendamiento, actualizándose la presunción a favor del inquilino para continuar en el uso del bien arrendado, siendo que tal plazo no está previsto en la legislación civil actual. Por lo anterior, cabe señalar que la autoridad responsable, aun cuando no mencionó de forma expresa la figura jurídica de la tácita reconducción, es evidente que se fundó en ésta, al mencionar que la oposición del arrendador no fue realizada dentro del plazo de diez días, siguientes al en que feneció el plazo del arrendamiento, teniendo por actualizada la presunción en favor del inquilino para que continuara en el uso del bien arrendado, pasando por alto que en la legislación civil vigente ya no se contempla esa figura, ni se reiteró el contenido de los artículos similar al de los numerales 2340 y 2341 del Código Civil del Estado de México, abrogado. ..."

De esa ejecutoria derivó la tesis aislada que a continuación se identifica:

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXVIII, octubre de 2008

"Tesis: II.4o.C.30 C

"Página: 2453

"TÁCITA RECONDUCCIÓN. EL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO, EN VIGOR A PARTIR DEL VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL DOS, NO CONTEMPLA ESA FIGURA JURÍDICA. En la legislación civil sustantiva del Estado de México vigente hasta el veintiuno de junio de dos mil, la figura jurídica de la tácita reconducción, no se encontraba contemplada expresamente con dicha denominación, pues de los artículos 2340 y 2341 se advertía la forma en que ésta operaba, precisando que cuando se estaba en presencia de un contrato de arrendamiento celebrado por tiempo determinado, una vez concluido, si no existía oposición del arrendador para la continuación del uso y goce del bien materia del contrato por parte del arrendatario, se entendía prorrogada dicha relación contractual, pudiendo prolongarse por un año más o por tiempo indefinido, según se tratara, de predio rústico o de urbano; de lo que se entendía que la tácita reconducción no es sino el resultado de una presunción en favor del arrendatario, dada la omisión del arrendador de manifestar su oposición para la continuación del arrendamiento, después de vencido el término pactado en el respectivo consenso de voluntades y, dicha negativa se estableció por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de jurisprudencia definida, que debería realizarse después del vencimiento del contrato, pero no fuera del plazo de diez días contado a partir de su vencimiento; sin embargo, el contenido de los preceptos citados fue derogado del actual texto del Código Civil, lo que se traduce en que la intención del legislador fue suprimir la existencia de la figura jurídica de la tácita reconducción que, como se dijo, tenía como consecuencia que tratándose de fincas urbanas, el arrendamiento continuaría por tiempo indefinido y si el inmueble fuera rústico, se entendería renovado por otro año, supuestos que ya no se contemplan en la codificación civil vigente.

"Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.

"Amparo directo 563/2008. ********** 19 de agosto de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: José Martínez Guzmán. Secretario: Francisco Peñaloza Heras.

"Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción de tesis 121/2009 en la Primera Sala."

CUARTO. Precisado lo anterior, es pertinente significar que el hecho de que el criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito no haya sido expuesto formalmente como tesis y, por ende, no exista la publicación respectiva en términos de lo previsto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, no es obstáculo para que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ocupe de la contradicción denunciada, pues a fin de que se determine su existencia, basta que diversos Tribunales Colegiados adopten criterios disímbolos al resolver sobre un mismo punto de derecho.

Son aplicables a lo anterior, las jurisprudencias P./J. 27/2001 del Tribunal Pleno y 2a./J. 94/2000 de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se identifican:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 27/2001

"Página: 77

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XII, noviembre de 2000

"Tesis: 2a./J. 94/2000

"Página: 319

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los artículos 107, fracción XIII,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22200-7fe44f64/tacita-reconduccion-esta-prevista-en-el-codigo-civil · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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