DIVORCIO POR SEPARACIÓN DE LOS CÓNYUGES POR MÁS DE DOS AÑOS. EL HECHO DE QUE SE TOME COMO INICIO DEL CÓMPUTO DEL TÉRMINO RELATIVO EL DÍA EN QUE ENTRÓ EN VIGOR LA FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 267 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y NO LA FECHA SEÑALADA EN LA DEMANDA, NO CONSTITUYE UNA VARIACIÓN DE LA LITIS. DIVORCIO POR SEPARACIÓN DE LOS CÓNYUGES POR MÁS DE DOS AÑOS. NO EXISTE APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 267 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN CUANDO LA SEPARACIÓN OCURRIÓ ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE DICHO PRECEPTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 147/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de una denuncia de posible contradicción de criterios que fueron emitidos por Tribunales Colegiados sobre un tema de materia civil, el cual es del conocimiento exclusivo de esta Primera Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo establecido en el párrafo primero del artículo 197-A de la Ley de Amparo.
De acuerdo con dicho numeral, cuando se sustenten criterios contradictorios entre Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos que son de su competencia, la denuncia correspondiente ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, sólo puede plantearse por:
a) Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
b) El procurador general de la República.
c) Los Tribunales Colegiados o los Magistrados que los integren o las partes que intervinieron en los juicios en que tales criterios contradictorios se hayan sustentado.
En la especie, la presente denuncia de posible contradicción de tesis fue formulada por la autoridad señalada como responsable en los juicios de amparo directo en los que se sostienen los criterios en contradicción, por lo que se encuentra legitimada para efectuar dicha denuncia en los términos del artículo antes transcrito.
TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, integrado por los Magistrados **********, ********** y **********, al resolver el amparo directo civil **********, en sesión de nueve de septiembre de dos mil ocho, sostuvo en la parte que interesa, lo siguiente:
"QUINTO. Los conceptos de violación hechos valer por la demandada son infundados, en atención a las siguientes consideraciones. Ante todo y para una mejor comprensión del asunto, en lo que aquí interesa, cabe precisar que de las constancias que obran en el presente juicio de amparo; las cuales merecen eficacia demostrativa plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 202 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2o. de esta última legislación, se desprenden los siguientes aspectos: El once de julio de dos mil siete, **********, promovió juicio ordinario civil sobre divorcio necesario, en contra de ********** (quejosa), alegando encontrarse en la hipótesis a que alude el artículo 267, fracción XIX, del Código Civil del Estado, por haber transcurrido más de dos años de separación de su cónyuge, sin causa justificada, lo cual ocurrió desde el once de abril de dos mil tres. El día trece siguiente, el Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado admitió a trámite la demanda bajo el número de expediente 599/2007. A pesar de que la reo fue emplazada, no compareció oportunamente a contestar la demanda, por lo que mediante proveído del veintitrés de agosto de dos mil siete, se le tuvo por contestando en sentido negativo. Una vez agotadas las etapas procesales, el veintiocho de septiembre de dos mil siete, el instructor dictó la sentencia definitiva, en la que decretó la disolución del vínculo matrimonial y la terminación de la sociedad conyugal. Inconforme con lo anterior, la reo interpuso recurso de apelación, del que conoció la Magistrada de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, bajo el toca en definitiva 550/2007, quien el veintiséis de febrero de dos mil ocho, confirmó el fallo de primer grado y condenó a la recurrente al pago de los gastos y costas en segunda instancia. Lo anterior bajo las consideraciones siguientes: La ad quem inició por establecer la importancia del matrimonio como base de la familia, concluyendo que la figura jurídica del divorcio no es el origen del rompimiento del matrimonio ni la causa del deterioro de la familia, sino la expresión legal y final de una ruptura de hecho preexistente, así como la manifestación jurídica de una situación conyugal irregular, que permite a los cónyuges afectado intentar una diversa unión lícita que pudiera prosperar y ser la base de una nueva familia sólidamente constituida. Más adelante expuso que en el primer agravio, la recurrente alegó que el Juez tuvo por acreditada la causal de divorcio contemplada en la fracción XIX del artículo 267 del Código Civil en vigor, sin tomar en cuenta que la misma entró en vigor el treinta y uno de enero de dos mil cinco, sin que de los hechos narrados por el actor en su escrito de demanda, se aprecie alguno que cumpla con tal disposición, pues alude a una fecha anterior a la entrada en vigor de la causal en estudio, por ende, estimó incongruente la resolución dictada por el inferior. El agravio fue calificado como infundado porque en opinión de la Sala, la fracción XIX del artículo 267 del Código Civil del Estado, que establece como causal de divorcio ‘la separación de los cónyuges por más de dos años siempre que no exista causa que la justifique y no se cumplan los fines del matrimonio’, debía interpretarse en el sentido de que ese tiempo de separación deberá empezar a contar a partir de la fecha de entrada en vigor del decreto que la creó (a partir del treinta y uno de enero de dos mil cinco), en razón de que a partir de esa fecha se reguló ese supuesto, de conformidad con los artículos primero y segundo transitorios del Decreto 153, publicado en el Periódico Oficial del Estado el ocho de diciembre de dos mil cuatro, que reformó por adición el artículo 267 del Código Civil del Estado. Que para definir los límites de aplicación de dicha causal, debía atenderse al artículo 14 de la Constitución Federal, en relación al diverso numeral 5o. del Código Civil, en los cuales se establece el principio de que a ninguna ley ni disposición gubernamental se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, como prohibición al Juez, al funcionario administrativo, o en general al órgano del Estado que deba aplicarla, es decir, que las disposiciones contenidas en las leyes no deben aplicarse hacia el pasado, afectando hechos o situaciones que se presentaron antes de su vigencia, problema que se conoce también como conflicto de leyes en el tiempo. Así pues, al observar la ad quem que en el presente asunto, la demanda de divorcio fue presentada en la Oficialía de Partes de los Juzgados Familiares el once de julio de dos mil siete -siendo que la hipótesis comprendida en la fracción XIX del artículo 267 se actualiza a partir del treinta y uno de enero de dos mil cinco-, para ella fue evidente que a la fecha de presentación de la demanda habían transcurrido dos años, seis meses, constatándose que efectivamente transcurrió la temporalidad que se señala en dicho dispositivo legal; sin que fuera óbice que el accionante señalara en los hechos de su demanda que la separación ocurrió desde el once de abril de dos mil tres, antes de que entrara en vigor la reforma, puesto que -desde su perspectiva- es de conocimiento jurídico y de explorado derecho que toda ley a partir del momento que entre en vigor rige para el futuro, es decir, que está dotada de validez de regulación para todos aquellos hechos, actos y situaciones que se suceden con posterioridad al momento de su vigencia y que, por ende, una disposición legal no debe normar acontecimientos producidos con anterioridad al instante en que entró en vigor tal disposición, ya que éstos quedan al imperio de la ley antigua. Que así, la fracción en estudio a partir del momento que entró en vigor, rige para el futuro, esto es, con posterioridad al momento de su vigencia; que, por tanto, esa causal debe interpretarse en el sentido de que la separación de dos años ha de ser a lo futuro, computándose ese tiempo a partir de la fecha en que entró en vigor y no retroactivamente como se plantea, pues esto equivaldría a normar acontecimientos producidos con anterioridad al momento en que entró en vigor la causal en cuestión. Que al haber pasado más de dos años y medio desde la fecha de la separación, efectivamente transcurrieron en exceso los dos años a que se refiere la fracción XIX del numeral 267 del Código Civil, acreditándose la circunstancia de tiempo, por tanto -concluyó la alzada-, el juzgador de primer grado aplicó correctamente la ley, actualizándose la fracción XIX del numeral 267 del Código Civil en vigor. Como apoyo a lo anterior, invocó los criterios de rubros: ‘DIVORCIO. SEPARACIÓN DE LOS CÓNYUGES POR MÁS DE DOS AÑOS. COMO CAUSAL DE. NO ES REQUISITO INDISPENSABLE LA FECHA EXACTA DE SEPARACIÓN.’, ‘DIVORCIO. IRRETROACTIVIDAD DEL ARTÍCULO 253 FRACCIÓN XVIII DEL CÓDIGO CIVIL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).’, ‘DIVORCIO. SEPARACIÓN DE LOS CÓNYUGES POR MÁS DE DOS AÑOS COMO CAUSAL. A PARTIR DE CUÁNDO EMPIEZA A CONTAR EL TÉRMINO PARA APLICAR EL ARTÍCULO 253 FRACCIÓN XVIII DEL CÓDIGO CIVIL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).’ y ‘RETROACTIVIDAD DE LA LEY. AUNQUE SU APLICACIÓN PUEDA OPERAR EN BENEFICIO DEL PARTICULAR, ELLO NO DEBE REALIZARSE CUANDO LA MISMA DISPOSICIÓN LEGAL EXCLUYE TAL POSIBILIDAD.’. Por otra parte, la Magistrada relató que en el segundo agravio, la disidente se quejó de que el juzgador decretara la procedencia de la acción tomando en cuenta sólo la prueba testimonial ofertada por tres testigos, sin haberla vinculado con algún otro medio de convicción. El agravio resultó infundado, al exponer la Sala las razones por las que la testimonial era la prueba idónea para demostrar la causal de divorcio contenida en la fracción XIX del artículo 267 de la codificación sustantiva de la materia y después de haberla analizado, estimó correcto que se le concediera eficacia probatoria al reunir los requisitos de exigibilidad impuestos al juzgador para revestirlos de veracidad, conforme lo establecen los numerales 380 y 381 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, en virtud de que los testigos fueron libres de excepción, declararon de ciencia cierta, fueron uniformes en su declaración y hasta dieron razón fundada de su dicho. De manera que la testifical -en opinión de la ad quem- sirvió para demostrar que los consortes se encuentran separados por más de dos años, resultando lógico que al no existir una cohabitación entre los consortes, tampoco se cumplen el resto de los deberes connubiales, así que los hechos motivo de probanza fueron apreciados a través de los sentidos de los deponentes y conocidos por sí mismos, de manera que pudo afirmarse que existió prueba en sentido procesal, para tener como demostrado la separación de los cónyuges por más de dos años sin causa que la justifique. Ya por último, apuntó la Sala que no pasaba por alto que el elemento de la acción relativo a que no se cumplan con los fines del matrimonio, deviene presumiblemente a favor de la parte actora, debiendo, en todo caso, desvirtuarse por parte de la demandada, y acreditado el matrimonio con el acta respectiva, luego entonces, se estimó suficiente para satisfacer el supuesto jurídico, por lo que consideró que el accionante cumplió con el imperativo legal previsto por el artículo 223 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, de manera que probó los hechos constitutivos de su acción, trayendo como consecuencia la legal procedencia de la acción. Máxime que -refirió la Magistrada- en la legislación procesal civil de la entidad no hay disposición alguna que disponga que la prueba testimonial tenga que vincularse con algún otro elemento de convicción para concederle fuerza probatoria a la misma, caso contrario al que se suscita tratándose de la confesional, según lo prevé el numeral 368 de la codificación en cita. Éste es el acto reclamado en el presente juicio de garantías promovido por la parte demandada. Ahora bien, en los conceptos de violación, la quejosa arguye que la sentencia reclamada es incongruente, ilegal, que transgrede las reglas esenciales del procedimiento y los principios generales de derecho, que además es violatoria de la garantía de acceso efectivo a la justicia, legalidad, seguridad jurídica, exacta aplicación de la ley, contenidas en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Todo ello lo hace depender de lo siguiente: Que la Sala interpretó erróneamente su agravio en el que planteó que no se actualiza la hipótesis prevista por la fracción XIX del artículo 267 del Código Civil vigente en el Estado, dado que los hechos en que se funda la acción son anteriores a la vigencia de dicha norma, siendo que ella nunca alegó que la ley se aplicara retroactivamente, pero que con el razonamiento de la Sala, se está violando dicho principio en su perjuicio, al fundar la resolución en hechos anteriores a la entrada en vigor de la causal de divorcio invocada. Que la Magistrada se extralimitó en su función jurisdiccional, que incurrió en una contradicción, en un error de interpretación, aplicación y estudio de la fracción XIX del artículo 267 del Código Civil vigente en el Estado y de los cri
erios jurisprudenciales, en relación con las constancias del juicio natural y los agravios, porque fundó la acción en hechos pasados, es decir, anteriores a la vigencia de dicha norma, siendo que la norma reformada debe regir para hechos futuros, como lo dice la propia responsable; que en ello radica la contradicción en que incurre la Magistrada, porque refiere que debe ser para hechos futuros y pese a ello, aplica la hipótesis de divorcio a los hechos pasados narrados por el actor en su demanda. Que oficiosamente suplió la queja deficiente de su contrario al hacer el cómputo del término previsto en la causal de divorcio materia de la litis, confrontando la fecha de presentación de la demanda inicial con la entrada en vigor del decreto que reformó el artículo 267 citado, todo ello motivado por la imaginación de la responsable, pues en la demanda el actor únicamente refirió que la separación fue desde el once de abril de dos mil tres, pero nunca hizo mención de que los dos años se contaran a partir de la nueva vigencia del precepto, sin que tampoco hubiere sido formulado así en la testimonial; siendo que los hechos fundatorios de la acción de divorcio no pueden inventarse sino que deben ser precisados en la demanda natural. Los conceptos de violación son infundados. En primer lugar, debe decirse que contrario a lo alegado, la Sala responsable apreció e interpretó correctamente el agravio planteado en el recurso de apelación, en el que se alegó la improcedencia de la causal de divorcio prevista por la fracción XIX del artículo 267 del Código Civil vigente en el Estado, dado que los hechos en que se funda la acción -desde la perspectiva de la inconforme- son anteriores a la vigencia de dicha norma. Al respecto, la ad quem concluyó que dentro del periodo de separación alegado por el actor en su demanda inicial (once de abril de dos mil tres), se encontraban inmersos los más de dos años que exige el precepto citado en su nueva vigencia, contados precisamente a partir de que entró en vigor el decreto que reformó dicho numeral (treinta y uno de enero de dos mil cinco) y hasta que fue presentada la demanda (once de julio de dos mil siete), habiendo transcurrido, en la especie, dos años, seis meses. Para llegar a dicha conclusión, la Magistrada expuso que en el caso existía un conflicto de leyes en el tiempo e hizo alusión a la figura de la retroactividad de las normas. Luego señaló que no se podía computar el tiempo de separación ocurrido con anterioridad a la vigencia del artículo 267 reformado, pues una ley no puede normar acontecimientos producidos con anterioridad al instante en que entró en vigor. En esa medida, se concluye que el agravio fue analizado de manera correcta y exhaustiva, en congruencia con lo alegado y a pesar de que en el pliego de agravios, la inconforme no hizo mención a la retroactividad, en el sentido de que el precepto en cuestión se estuviera aplicando retroactivamente en su perjuicio, no puede negarse que se refería exactamente a ese tema, aunque no lo mencionara con su nombre, puesto que se dolió de que se tomaran en cuenta hechos sucedidos con anterioridad a la entrada en vigor del artículo materia de la litis. Esa cuestión, tal como lo apuntó la Sala responsable, en derecho se denomina conflicto de leyes en el tiempo, mejor conocido como retroactividad de las normas. De ahí que sea infundado que no hubiere alegado la retroactividad del artículo 267 del código sustantivo local. De hecho, cabe destacar que en los conceptos de violación, la quejosa insiste de nueva cuenta sobre el tema, tan es así, que ahora refiere que la resolución reclamada viola el principio de retroactividad de las leyes en su perjuicio, al tomar en cuenta hechos sucedidos en el pasado, antes de que cobrara vigencia la fracción XIX del numeral 267 reformado. Es infundado que el precepto de mérito hubiere sido aplicado retroactivamente en su perjuicio. Para demostrarlo conviene tener presente su contenido: ‘Artículo 267. Son causas del divorcio: ... XIX. La separación de los cónyuges por más de dos años siempre que no exista causa que la justifique y no se cumplan los fines del matrimonio.’. La fracción precedente fue adicionada en el Periódico Oficial del Estado de ocho de diciembre de dos mil cuatro, para entrar en vigor el treinta y uno de enero de dos mil cinco. En ella se exige que hayan transcurrido más de dos años de separación de los cónyuges, siempre que no exista causa justificada y que no se cumplan los fines del matrimonio. Así, el accionante, en su demanda inicial adujo que la separación había iniciado desde el once de abril de dos mil tres. La demanda natural fue presentada el once de julio de dos mil siete. La Sala responsable para estimar acreditada la causal de divorcio de mérito no tomó como base del cómputo la fecha señalada por el demandante, porque efectivamente sucedió con anterioridad a la vigencia de la fracción XIX del precepto 267 reformado. De haberlo hecho de esa manera, sí hubiere incurrido en una aplicación retroactiva de la norma. Pero no sucedió así, la alzada inició el cómputo de que transcurrieron más de dos años, a partir del treinta y uno de enero de dos mil cinco, fecha de entrada en vigor del decreto que reformó el citado numeral. Entonces, resulta infundado que se haya aplicado retroactivamente tal apartado en perjuicio de la solicitante de la protección constitucional, pues no se computaron hechos pasados o anteriores a su vigencia, sino únicamente el tiempo transcurrido a partir de ésta. La circunstancia de que el actor en los hechos de su demanda haya referido que esa separación se dio con anterioridad y que la responsable, estimara que esa separación se dio por más de dos años, no implica que haya suplido la demanda, ni tampoco que haya variado los hechos. Lo anterior, porque para que se dé la hipótesis de la nueva disposición legal, sólo es necesario que después del treinta y uno de enero de dos mil cinco hubieran transcurrido más de dos años a partir de la separación conyugal. De ahí que si el actor mencionó que la separación se dio desde el once de abril de dos mil tres, es inconcuso que, al día en que presentó la demanda, el once de julio de dos mil siete, transcurrieron más de dos años, desde luego, tomados en cuenta únicamente a partir de la nueva norma que comenzó a aplicar para el futuro, a partir del treinta y uno de enero de dos mil cinco. Por lo anterior, se estima infundado que la Sala hubiere incurrido en contradicción alguna, ni mucho menos en un error de interpretación, aplicación y estudio de la fracción XIX del artículo 267 del Código Civil vigente en el Estado y de los criterios jurisprudenciales invocados, en relación con las constancias del juicio natural y los agravios, porque confirmó la procedencia de la acción sin tomar en cuenta hechos pasados, es decir, anteriores a la vigencia de dicha norma, sino únicamente hechos futuros, es decir, los acaecidos con posteridad a su entrada en vigor. Finalmente, es también infundado el concepto de violación en el que la amparista alega que la ad quem, oficiosamente suplió la queja deficiente de su contrario al hacer el cómputo del término previsto en la causal de divorcio materia de la litis, confrontando la fecha de presentación de la demanda inicial con la entrada en vigor del decreto que reformó el artículo 267 citado, todo ello motivado por la imaginación de la responsable, pues en la demanda el actor únicamente refirió que la separación fue desde el once de abril de dos mil tres, pero nunca hizo mención de que los dos años se contaran a partir de la nueva vigencia del precepto, sin que tampoco hubiere sido formulado así en la testimonial; siendo que los hechos fundatorios de la acción de divorcio no pueden inventarse sino que deben ser precisados en la demanda natural. Es cierto que el actor está obligado a relatar los hechos que constituyen el fundamento de su acción, sin embargo, como se verá más adelante, contrario a lo alegado por la quejosa, este requisito se encuentra satisfecho, por lo que resulta infundado que la Sala hubiere suplido la queja deficiente y acreditado la causal de divorcio de mérito, con base en un hecho no señalado en la demanda inicial. Sobre la información que se debe proporcionar en la demanda, el procesalista Hugo Alsina, en su obra ‘Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial’, tomo III, Ediar Sociedad Anónima Editores, Argentina, página 30, dispone: ‘Para que la demanda produzca efectos jurídicos es necesario que contenga determinadas enunciaciones y esté revestida de ciertas formalidades que la ley específica, pues de lo contrario el Juez está autorizado para repelerla de oficio, expresando el defecto que contenga. Aun cuando en el caso el contenido puede ser considerado como uno de los aspectos formales de la demanda, el distingo se impone, no sólo por razones de método en la exposición, sino porque la misma ley lo reconoce tácitamente, al establecer los requisitos externos del acto en disposiciones especiales.’. En el derecho positivo local, el artículo 612 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, en su fracción V, establece lo siguiente: ‘Artículo 612. Todo juicio comenzará por demanda del actor, la que contendrá: ... V. La exposición clara y sucinta, en párrafos numerados, de los hechos que motivan la demanda, incluyendo la descripción de los hechos contenidos en las grabaciones de audio o video o discos de computadora; y de los fundamentos de derechos que se apoya ...’. De la lectura de dicho numeral se desprende que la demanda debe contener la exposición clara y precisa de los hechos en que el actor funde su reclamo. Sobre el tema, el citado autor en la obra en consulta, páginas 34 a 38, establece lo siguiente: ‘En doctrina se sustentan dos teorías en cuanto a la enunciación de los hechos que fundamentan la pretensión, o sea la causa petendi como elemento de la acción: Según la teoría, de la sustanciación, que es la seguida por nuestra ley procesal, deben exponerse circunstanciadamente los hechos que constituyen la relación jurídica, en tanto que de acuerdo con la teoría de la individualización propiciada por la doctrina germana, basta con que se indique la relación jurídica que individualiza la acción. Es evidente la superioridad técnica del primer sistema cuando, como vamos a verlo, corresponde al Juez calificar la acción de acuerdo con lo que surge de los hechos expuestos, con prescindencia de la calificación que de ellas hagan las partes. La claridad en la exposición de los hechos no sólo se exige para la marcha regular del juicio, la admisión de la prueba y la referencia que de aquellos debe hacerse en la sentencia, sino también para determinar la acción que se ejercita, lo cual influye en la competencia del tribunal, según se trate de una acción real o personal. Por otra parte, al estar obligado el demandado a reconocer o negar expresamente los hechos afirmados en la demanda, pudiendo su silencio o respuestas evasivas interpretarse como un reconocimiento de los mismos, es necesario que los hechos le sean expuestos en forma clara y concreta, para que pueda hacerse efectivo el apercibimiento. Respecto de los hechos, conviene hacer un distingo. Si se deduce de una acción personal, como la obligación nace casi siempre de un hecho (contrato, cuasicontrato, delito, cuasidelito), es indispensable exponer la causa remota, pero limitándose a los hechos eficientes o conexos con el litigio; así, al reclamarse el pago de una suma de dinero, habrá que exponer los hechos que dieron origen a la obligación, a menos que ésta conste de un instrumento o derive de una disposición de la ley. Pero si se trata de una acción real, no será necesario referirse a la causa remota; así, el que reivindic
no tendrá que expresar la causa de su dominio (compra, transacción, donación, etc.), pues éstas son formas de adquisición, bastándole invocar su título, salvo que se discuta la adquisición misma, pero entonces ya se estaría de una acción personal. La exposición de los hechos debe limitarse a los necesarios para la calificación de la acción, y excluir todos aquellos que no tuvieran vinculación con ella, pero cuidar de no omitir los que tuvieran alguna relación aunque sea indirecta o que de cualquier manera pudieran influir en la resolución final. Cuando se pida el reconocimiento de la obligación de abonar una indemnización, bastará que se expongan los hechos en que la pretensión se funda; si además se pierde el pago de indemnización, habrá que exponer los hechos que puedan influir en la determinación de su monto. Aun cuando el código no lo exige, los hechos deben exponerse en forma separada, y es una práctica conveniente, cuando se procede con buena fe, o exponerlos en párrafos numerados, para evitar que el demandado, puesto en la obligación de negarlos ante el temor de que su silencio sea interpretado como un reconocimiento y en el peligro de que no se hubiera reducido a algunos de ellos por inadvertencia, los niegue en su totalidad «salvo los que reconociere expresamente». Si con posterioridad a la contestación ocurriese o llegase a conocimiento del actor de un hecho que tuviese relación con la cuestión que se ventila, podrá alegarlo hasta tres días después de abierta la causa a prueba. Después de esa oportunidad el hecho nuevo sólo puede alegarse en segunda instancia y es uno de los motivos por los cuáles procede la apertura de la causa a prueba ante el tribunal de alzada.’. De lo anterior se puede apreciar, que de acuerdo a la teoría de la sustanciación, la cual es regida por nuestra ley procesal, deben exponerse de manera clara y concreta los hechos que constituyen la relación jurídica, esto con el fin de que el demandado tenga conocimiento de los hechos constitutivos de la acción para que se encuentre en posibilidad de preparar debidamente sus defensas y excepciones, así como aportar las pruebas que estime pertinentes para desvirtuar tales hechos sobre los que versa la litis, ello si se toma en cuenta, lo dispuesto por el artículo 223 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones. Sirve de apoyo a lo anterior la ejecutoria de la cual emerge la jurisprudencia número 1a./J. 63/2003, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual resolvió la contradicción de tesis número 26/2002-PS, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 11, Tomo XIX, marzo de dos mil cuatro del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro ‘DEMANDA. LA OBLIGACIÓN DE EXPRESAR LOS HECHOS FUNDATORIOS DE LA ACCIÓN, SE CUMPLE CUANDO EL ACTOR HACE REMISIÓN EXPRESA Y DETALLADA A SITUACIONES, DATOS O A LOS CONTENIDOS EN LOS DOCUMENTOS ANEXOS A ELLA (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE SONORA Y PUEBLA).’, en la que al abordar el tema a estudio se dijo lo siguiente: ‘En relación con el tema, Eduardo Pallares señala en su Diccionario de Derecho Procesal Civil, décima edición, páginas 230 a 231, al referirse a las doctrinas modernas sobre la demanda: El concepto de la demanda en Chiovenda ... La demanda debe contener el petitum y la causa petendi, lo que se pide y la causa jurídica que funda la petición. «Para esta exposición, dice Chiovenda, es tan sólo esencial la indicación del hecho jurídico; la indicación de la norma abstracta que se sostiene que es aplicable en el caso concreto, suele ir implícita en la demanda, y no es necesario que esté expresa porque el Juez conoce el derecho.». Traducido esto a nuestro lenguaje forense, equivale a lo siguiente: en la demanda deben expresarse los hechos en que se funda la acción, pero no es necesario mencionar el derecho que debe ser reconocido por el Juez. Nuestra ley sigue sistema diferente porque exige que se digan en la demanda los fundamentos de derecho. Asienta Chiovenda que existen en este particular dos sistemas, el de la individualización y el de la sustanciación. Consiste el primero en exigir que únicamente se exprese en la demanda el hecho jurídico que sea necesario para individualizar el derecho que se ejercita, a fin de identificarlo en forma tal, que sea posible determinar los límites objetivos de la cosa juzgada. La teoría de la sustanciación exige más: Quiere que se exprese con precisión el hecho jurídico que da vida al derecho que se hace valer. La primera se conforma con que no haya incertidumbre sobre lo que se pide al demandado, a efecto de concretar la litis. La segunda quiere precisión sobre el hecho mismo genera
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22095-6d902cfe/divorcio-por-separacion-de-los-conyuges-por-mas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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