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Modo: Corpus Pro

EMPLAZAMIENTO A TRAVÉS DE INSTRUCTIVO. AL LLEVARSE A CABO LA DILIGENCIA RESPECTIVA NO SÓLO DEBE ASENTARSE EN EL ACTA EL NOMBRE Y APELLIDO DE QUIEN RECIBE EL INSTRUCTIVO EN LA CASA DEL INTERESADO, SINO TAMBIÉN EL VÍNCULO QUE GUARDA CON ÉSTE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 206/2009. · Registro digital (IUS): 21875
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, , Pág. 184.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 206/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, y punto segundo del diverso Acuerdo 4/2002 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema en el que no se considera necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO. Legitimación de los denunciantes. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pues la presente contradicción de tesis fue denunciada por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, órgano emisor de uno de los criterios en contienda.

TERCERO. Posturas contendientes.

1. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito. Al resolver el amparo en revisión 450/2008 el trece de marzo de dos mil nueve, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito conoció de un caso con las siguientes características:

El asunto derivó de un juicio civil oral ordinario seguido en el Estado de Nuevo León contra el ahora quejoso -por la acción de terminación de un contrato de arrendamiento-. Seguido el juicio en sus etapas, el Juez Segundo de lo Civil Oral del Primer Distrito Judicial del Estado dictó sentencia en contra de la parte demandada. Este último interpuso juicio de amparo indirecto contra el emplazamiento realizado por los actuarios del Juez Segundo de lo Civil Oral del Primer Distrito Judicial del Estado.

El Juez de Distrito determinó conceder el amparo solicitado al haber considerado que, efectivamente, el emplazamiento establecido en los artículos 69 y 70 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, había sido realizado de manera defectuosa. Inconforme con esta determinación, el tercero perjudicado -la parte actora en el juicio civil oral ordinario- promovió recurso de revisión, cabe señalar que la parte quejosa promovió revisión adhesiva. El Tribunal Colegiado determinó revocar la sentencia recurrida y negar el amparo solicitado, al haber considerado que el emplazamiento impugnado se había realizado legalmente. Lo anterior con base en las siguientes consideraciones:

"Los anteriores argumentos devienen, en esencia, fundados.

"En efecto, en la sentencia recurrida el Juez Federal consideró que, suplido en su deficiencia, un concepto de violación expresado, resultaba fundado, ya que la diligencia de emplazamiento reclamada resultaba contraria a las formalidades establecidas en los artículos 69 y 70 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, ya que la misma evidenciaba la omisión, por parte del fedatario público encargado de la materialización de la misma, de precisar el carácter de la persona con quien entendió esa actuación, es decir, si era pariente, doméstica o qué tipo de afinidad tenía con el buscado; esto es, que para practicar en forma legal la diligencia de emplazamiento a través de instructivo, era menester precisar el carácter de la persona a la que se le entrega, es decir, si es pariente o doméstica o qué tipo de afinidad tiene con el buscado, dado que sólo así se podría tener la certeza de que el notificado va a tener conocimiento del juicio y podría hacer valer las defensas que en su caso tuviere.

"En el caso, resulta necesario precisar lo que los artículos 69 y 70 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, establecen:

"‘Artículo 69. El emplazamiento del demandado, y salvo los casos determinados en la ley, deberá hacérsele personalmente en el domicilio designado al efecto, por el actuario o por el secretario. También se hará personalmente la primera notificación en el procedimiento de actos prejudiciales o de jurisdicción voluntaria en que se deba hacer saber de los mismos a las partes. Si no se encontrare presente la persona interesada y después de que el notificador se cerciore, por el informe de dos vecinos, de que la persona de que se trata, vive ciertamente en el lugar designado, de todo lo que tomará razón pormenorizada en los autos, suscribiendo el acta los vecinos, si quisieren y supieren hacerlo; la notificación se llevará a efecto por medio de un instructivo en el que se hará constar el número de expediente, el nombre y apellidos del promovente, el objeto y naturaleza de la promoción, el del Juez o tribunal que mande practicar la diligencia, copia íntegra de la determinación que se mande notificar, la fecha y hora en que se entregue el instructivo y el nombre y apellido de la persona a quien se entrega.’

"‘Artículo 70. El instructivo a que se refiere el artículo anterior se entregará a los parientes, domésticos o a cualquiera otra persona capaz que se encuentre en la casa donde se practique la diligencia. Si no se encontrare persona alguna, si las presentes se negaren a recibirlos o si por cualquier otro motivo no se pudiere cumplir con la dispuesto anteriormente, el instructivo se entregará al Juez auxiliar, o quien haga sus veces, de la sección respectiva, fijándose una copia del instructivo en la puerta o lugar más visible del domicilio del interesado. Si no existiere Juez auxiliar o quien haga sus veces, la notificación se efectuará por conducto de la secretaría del Ayuntamiento respectivo.’

"De los preceptos antes transcritos no se advierte, ni es dable inferir la exigencia señalada por el a quo federal, esto es, que en caso de llevarse a cabo el emplazamiento mediante instructivo (por no encontrar presente a la persona buscada), se entregará a los parientes, domésticos o cualquier otra persona capaz que se encuentre en la casa donde se practique la diligencia, el actuario encargado de llevar a cabo dicho emplazamiento, se encuentra obligado a ‘... precisar el carácter de la persona con quien entendió esa actuación, esto es, si es pariente o doméstica, o qué tipo de afinidad tiene con el buscado ...’; pues de dichos numerales sólo se advierte que el emplazamiento debe ser practicado en el domicilio designado para tal efecto; que el actuario debe cerciorarse por dos vecinos que dicho domicilio sea el buscado; que de no encontrarse el demandado, el emplazamiento se hará por medio de instructivo, en el que se asentará el número de expediente, el nombre y apellidos del promovente, el objeto y la naturaleza de la promoción, el Juez o tribunal que mande practicar la diligencia, el nombre y apellido de la persona a quien se le entrega, y deberá anexarse copia íntegra de la determinación que se mande notificar; que dicho instructivo se entregará a los parientes, domésticos o cualquier otra persona capaz que se encuentre en la casa donde se practique la diligencia; así, la exigencia señalada por el Juez Federal carece de sustento jurídico, habida cuenta que la legislación aplicable al caso, no prevé la misma; por tanto, no es dable imponer requisitos extralegales; sin que sea dable realizar la interpretación integral en la forma en que lo pretende el a quo federal, pues la redacción del mismo no lo permite.

"No se inadvierten los criterios invocados por el Juez de Distrito con que pretendió fundar su determinación, sin embargo, por las consideraciones antes expuestas, este Tribunal Colegiado se aparta del criterio de rubro: ‘EMPLAZAMIENTO. EL ACTUARIO DEBE HACER CONSTAR QUE LA PERSONA A QUIEN SE ENTREGA, SE LOCALIZA PRECISAMENTE EN EL DOMICILIO DONDE SE PRACTICA Y, ADEMÁS, ASENTAR LA RAZÓN POR LA CUAL DICHA PERSONA SE ENCUENTRA EN EL DOMICILIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).’, sustentado (por la anterior integración de este tribunal) al resolver, en sesión de quince de junio de dos mil uno, el recurso de revisión número 432/2000, interpuesto por **********.

"Por lo mismo, tampoco se comparte el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, en la tesis de rubro: ‘NOTIFICACIÓN POR INSTRUCTIVO. PARA SU VALIDEZ EL ACTUARIO DEBE PRECISAR EL CARÁCTER DE LA PERSONA A QUIEN SE ENTREGA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 69 Y 70 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (MODIFICACIÓN DE LA TESIS IV.3o.C.9.C).’

"Así, en su oportunidad, se deberá proceder a denunciar la posible contradicción existente entre tales criterios y el que ahora se sustenta en esta ejecutoria."

2. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito. Por su parte, al resolver el amparo en revisión 237/2004/3, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito conoció de un caso con las siguientes características:

El asunto derivó de un juicio especial mercantil interpuesto por el ahora tercero perjudicado en contra del ahora quejoso, en el que se demandó el pago de diversas prestaciones derivadas del incumplimiento de un contrato de fideicomiso irrevocable con garantía hipotecaria. Seguidos los trámites correspondientes -el cual se limitó al convencional de ejecución establecido en la cláusula sexta del convenio modificatorio al contrato principal del referido fideicomiso-, el Juez Décimo de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León emitió sentencia condenatoria en contra del demandado. Este último interpuso un juicio de amparo en contra de dicha sentencia, alegando la falta de emplazamiento.

El Juez Tercero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo, seguido el procedimiento en sus etapas, emitió sentencia en la que otorgó el amparo a la parte quejosa. Inconforme contra esta determinación, la parte tercero perjudicada interpuso recurso de revisión, el cual fue declarado infundado por el Tribunal Colegiado, al haber considerado que efectivamente el emplazamiento impugnado no se ajustó a lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo. Lo anterior con base en las siguientes consideraciones:

"Como se dejó señalado en párrafos precedentes, los artículos 69 y 70 del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado prevén que los emplazamientos deben satisfacer los siguientes requisitos:

"1. Ser practicados en el domicilio designado para el efecto.

"2. Cerciorarse por medio de dos vecinos que el domicilio en que se actúa sea del buscado.

"3. De no encontrarse el demandado el emplazamiento se hará por medio de instructivo en el que se asentará el número de expediente, el nombre y apellidos del promovente, el objeto y la naturaleza de la promoción, el Juez o tribunal que mande practicar la diligencia, el nombre y apellidos de la persona a quien se le entrega; y se deberá anexar copia íntegra de la determinación que se mande notificar.

"4. El instructivo se entregará a los parientes domésticos o cualquiera otra persona capaz que se encuentre en la casa donde se practique la diligencia.

"En el caso concreto, se desprende de constancias que el emplazamiento se verificó por medio de instructivo; es decir, correspondió al actuario notificar al demandado la existencia del juicio, en términos de lo dispuesto por el artículo 70 del código instrumental de la materia vigente, motivo por el que debió entregar instructivo a parientes, domésticos, o cualquiera otra persona capaz que se encontrara en la casa donde se practicaba la diligencia.

"Ahora bien, la diligencia de emplazamiento tiene como finalidad primordial hacer saber directamente al interesado la existencia del juicio que se promueve en su contra; motivo por el cual la ley adjetiva local en su artículo 70, expresamente faculta la entrega del instructivo a los domésticos, parientes o cualquier persona capaz que se encuentre en la casa donde se practique la diligencia.

"De lo anterior se sigue, que para que la diligencia de emplazamiento a través de instructivo se tenga por practicada en forma legal, es menester precisar el carácter de la persona a la que se le entrega, es decir, si es pariente o doméstica o que tipo de afinidad tiene con el buscado, dado que sólo así se podrá tener la certeza de que el demandado va a tener conocimiento cierto de la existencia del juicio en su contra.

"No es óbice a lo anterior, el hecho de que el precepto legal de mérito señale que el instructivo puede entregarse incluso a cualquier persona capaz que se encuentre en la casa; de cuya interpretación restringida pudiera concluirse que basta que cualquier persona que se encuentre en el inmueble sea capaz, para que con ella pueda realizarse la diligencia respectiva; sin embargo, tal interpretación no puede encontrar sustento legal en el precepto de mérito, dado que el mismo debe analizarse de una manera integral al prever el carácter de personas que pueden recibir la notificación; de suerte tal que al referirse dicho numeral a que el instructivo puede recibirlo cualquier persona que sea capaz que se encuentre en la casa donde se practica la diligencia, debe interpretarse en el sentido de que dicha persona capaz debe tener algún nexo, ya familiar o de dependencia que pueda llevar a la certeza que recibiendo la notificación procederá a la entrega de la misma al buscado para que pueda defenderse.

"Interpretar la norma en diverso sentido implicaría que la precisión de ser parientes o domésticos sería un requisito gratuito innecesario establecido en la ley, dado que cualquier persona que se encuentre en el domicilio puede recibir la notificación; y aún más, implicaría llegar al extremo de que si en el domicilio del buscado se encontrara alguna persona con enemistad con el buscado, si ésta saliera del inmueble al momento de realizarse la diligencia, con ella se pudiera válidamente realizar la diligencia.

"Consecuentemente, para que la notificación por instructivo sea válida y surta efectos legales, es menester precisarse el carácter de la persona que recibe el instructivo; es decir, el nexo que le une con el demandado, dado que sólo de dicha manera puede tenerse la certeza de que el emplazamiento a juicio será del conocimiento directo de este último; motivo por el que si en la diligencia de emplazamiento no se asienta dicho requisito la notificación carecerá de validez legal al no haber reunido todos los requisitos que establece el artículo 70 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.

"En esta parte, debe indicarse que en conformidad con los artículos 194 y 197 de la Ley de Amparo, aplicados por analogía, en la medida que a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de modificar su jurisprudencia corresponde la posibilidad de un Tribunal Colegiado de Circuito de modificar las tesis que sostiene; este órgano colegiado modifica el criterio interpretativo mayoritario y minoritario, que informa la tesis número IV.3o.C.9 C, publicada en la página 986, Tomo XVIII, noviembre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: ‘NOTIFICACIÓN POR INSTRUCTIVO. EL ACTUARIO DEBE HACER CONSTAR PORMENORIZADAMENTE QUE LA PERSONA A QUIEN SE ENTREGA SE ENCUENTRA EN EL DOMICILIO DONDE SE PRACTICA Y, ADEMÁS, ASENTAR SU CALIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).’, en tanto que una nueva reflexión y análisis de los artículos 69 y 70 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, conduce a estimar que en la diligencia que practica el actuario sí debe expresarse el carácter de la persona que se encuentre, sea pariente, doméstico u otro específico. La modificación en la tesis (en sus componentes mayoritario y minoritario) de este tribunal queda explicada entonces, en términos de los párrafos que anteceden. También es pertinente apuntar que cuando el actuario asienta el nombre de la persona con quien entiende la diligencia, entonces es indudable que debe presumirse la capacidad legal de la aludida persona, dada la propia legalidad de origen de las constancias del actuario judicial, pues el diligenciario no asentó lo contrario y porque el servidor público diligenciario carece de conocimientos especiales para determinar a simple vista esa capacidad, fuera de los casos evidentes en sí mismos.

"Asimismo, se estima conveniente ajustar el vocablo -calidad- que utilizó este tribunal por uno más especifico y preciso -carácter-, en virtud de que de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, página 301, tomo 3 y página 272, tomo 2, vigésima segunda edición, Editorial Espasa, España, 2001; por ‘carácter’ se entiende: ‘Conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad, que la distingue, por su modo de ser u obrar, de las demás. El carácter español. El carácter insufrible de Fulano.’ y ‘Condición dada a alguien o a algo por la dignidad que sustenta o la función que desempeña. El carácter de Juez, de padre. Medidas de carácter transitorio.’

"Mientras que ‘calidad’, entre otras aceptaciones tenemos las siguientes: ‘Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor. Esta tela es de buena calidad’ y ‘estado de una persona, naturaleza, edad y además circunstancias y condiciones que se requieren para un cargo o dignidad’.

"De donde se obtiene que resulta más acertado, por su significado, la utilización del vocablo "carácter".

"En corolario, este tribunal decretará por separado la modificación de la aludida tesis.

"Cobra aplicación al caso la tesis IV.1o.C.15 C, que este órgano colegiado comparte, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en el Tomo XV, enero de 2002, página 1283, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se transcribe:

"‘EMPLAZAMIENTO. EL ACTUARIO DEBE HACER CONSTAR QUE LA PERSONA A QUIEN SE ENTREGA, SE LOCALIZA PRECISAMENTE EN EL DOMICILIO DONDE SE PRACTICA Y, ADEMÁS, ASENTAR LA RAZÓN POR LA CUAL DICHA PERSONA SE ENCUENTRA EN EL DOMICILIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). De la recta interpretación del artículo 70 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León se colige que tanto el citatorio como el instructivo, deben entregarse a los parientes, domésticos o cualquier otra persona capaz que se encuentre en la casa donde se practique la diligencia, lo que implica la obligación del actuario de hacer constar fehacientemente que la persona a quien se entrega el citatorio e instructivo, se localiza precisamente en el domicilio donde se practica y, además, asentar la razón por la cual dicha persona se encuentra en ese lugar, si es pariente, doméstico del enjuiciado o cualquier otro, de lo contrario resulta ineficaz el emplazamiento.’

"Así pues, y toda vez que de las diligencias de emplazamiento al juicio que obran en el expediente de amparo, se desprende que tanto el citatorio de espera, como el instructivo con el que se le emplazó al demandado, fueron entregados a una persona que dijo llamarse **********, sin que en ninguna de ambas diligencias se precisara el nexo que tenía dicha persona con el demandado; por tanto, puede concluirse que la diligencia de emplazamiento carece de validez al no haber satisfecho los requisitos establecidos por el artículo 70 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado; motivo por el cual, aunque fundados resultan inoperantes los agravios que se estudian.

"En ese orden de cosas y al ser fundados pero inoperantes los agravios que expuso el recurrente, procede confirmarse la resolución que se revisa."

En los mismos términos, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil de Cuarto Circuito resolvió los amparos en revisión 206/2005/3, 455/2006/3, 332/2007/3 y 254/2007/3.

De la resolución de los anteriores asuntos, derivó la tesis de jurisprudencia IV.3o.C. J/2, visible en la página 2044 del Tomo XXVII (febrero de 2008) del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto:

"NOTIFICACIÓN POR INSTRUCTIVO. PARA SU VALIDEZ EL ACTUARIO DEBE PRECISAR EL CARÁCTER DE LA PERSONA A QUIEN SE ENTREGA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 69 Y 70 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (MODIFICACIÓN DE LA TESIS IV.3o.C.9 C). Este órgano colegiado en la citada tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, noviembre de 2003, página 986, con el rubro: ‘NOTIFICACIÓN POR INSTRUCTIVO. EL ACTUARIO DEBE HACER CONSTAR PORMENORIZADAMENTE QUE LA PERSONA A QUIEN SE ENTREGA SE ENCUENTRA EN EL DOMICILIO DONDE SE PRACTICA Y, ADEMÁS, ASENTAR SU CALIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).’, sostuvo que el instructivo de notificación debe entregarse a las personas que se encuentren en el domicilio donde se practica y asentar su calidad, es decir, si es pariente, doméstico o bien que tenga capacidad legal. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a este tribunal a modificar el mencionado criterio para establecer que para que la diligencia de notificación a través de instructivo se tenga por practicada legalmente en términos de los artículos 69 y 70 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León es menester que el actuario precise el carácter de la persona a quien se entrega, es decir, si es pariente o doméstico o qué tipo de afinidad tiene con el buscado, dado que sólo así se podrá tener la certeza de que el demandado va a tener conocimiento cierto de la existencia del juicio en su contra."

CUARTO. Existencia de la contradicción y fijación del tema a dilucidar. De conformidad con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la nueva mecánica para abordar la procedencia de las contradicciones de tesis no necesita ya pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la tesis de jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, cuyo rubro dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.",(1) puesto que dicho criterio fue ya interrumpido.

I. Una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos debe pasar por una serie de reflexiones que abarquen desde la finalidad de la resolución del conflicto hasta la justificación mínima que en cada caso concreto debe acreditarse.

¿Qué finalidad persigue la resolución de una contradicción de tesis denunciada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Para responder a esta pregunta se impone una interpretación del contenido de los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, cuyos textos son los siguientes (énfasis añadido):

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.

"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

En ambos artículos se contiene una norma que confiere poderes de ejercicio obligatorio para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionado ya sea en Salas o en Pleno. Mediante el ejercicio de ese poder conferido, se busca esencialmente generar seguridad jurídica en aquellos casos en los que la práctica interpretativa ha producido resultados dispares. Dicho de otro modo: se trata, por un lado, de eliminar algunas vías interpretativas ya intentadas y, por otro, de orientar bajo un criterio objetivo la resolución de determinados problemas interpretativos.

Dichos casos suelen tener esencialmente la siguiente configuración: 1) algún Tribunal Colegiado -o alguna Sala de la Corte, en su caso- realiza un determinado ejercicio interpretativo para resolver algún conflicto determinado; 2) otro Tribunal Colegiado realiza el mismo tipo de ejercicio interpretativo para resolver otro conflicto -igual o diferente que el primero-; 3) los mismos tribunales y todos los demás tienen ante sí, de manera cierta y probada, al menos dos formas diferentes de elaborar el mismo argumento interpretativo, lo cual se traduce en un problema de inseguridad jurídica.

Las normas antes citadas expresan, como condición para la procedencia de la contradicción de tesis, que los criterios enfrentados sean contradictorios. El sentido del concepto "contradictorio", sin embargo, ha de entenderse cuidadosamente en función no tanto del estado de los criterios enfrentados sino de la finalidad antes apuntada: la producción de seguridad jurídica. Es decir, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio.

La esencia de la contradicción, entonces, radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúnan una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente será indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo. Dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales.

Y lo anterior no es más que el reflejo natural de los procesos interpretativos. Como se sabe, los sistemas jurídicos no contienen "respuestas correctas únicas", esencialmente porque las fuentes del derecho son sólo la materia prima del ejercicio jurisdiccional mediante el que se va creando el llamado derecho en acción. La legalidad, es bien sabido, se complementa con el arbitrio judicial formando una unidad imprescindible: tan falso e incompleto es un principio de arbitrio que prescinde de la legalidad como un principio de legalidad que prescinde del arbitrio. La razón de lo anterior es que la legalidad necesita del arbitrio para ser efectiva tanto como el arbitrio necesita de la legalidad para ser lícito. La discrecionalidad o arbitrio judicial puede definirse como aquella facultad que tienen los órganos jurisdiccionales para aplicar el derecho a las circunstancias concretas del caso que han de resolver. Más precisamente, se trata de una facultad que la ley concede a los juzgadores para que, dentro de límites más o menos amplios, la interprete en relación con el supuesto concreto que ha de solventar, o complete algún extremo que la misma ley deja a su propio juicio.

• Así, es normal que a la hora de ejercer este arbitrio existan diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver deben avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes.

Resumiendo: si la finalidad de la contradicción de tesis es la generación de seguridad jurídica mediante la unificación de criterios, y si el problema radica en los procesos de interpretación -que no en los resultados- adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

2. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y

3. Que l

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21875-daf5fca0/emplazamiento-a-traves-de-instructivo-al-llevarse-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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