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Modo: Corpus Pro

EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. EN CASO DE RESULTAR APLICABLE EL CÓDIGO DE COMERCIO, VIGENTE CON ANTERIORIDAD A LAS REFORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 24 DE MAYO DE 1996, LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN LOCAL SUPLETORIA, DEBE REGIRSE CONFORME A SUS PROPIAS REGLAS DE VIGENCIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 447/2009. · Registro digital (IUS): 22676
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, , Pág. 330.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 447/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiuno de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos de naturaleza civil, que es una de las materias de especialización de esta Primera Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima ya que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, quienes se encuentran legitimados para ello, de conformidad con el artículo 197-A de la Ley de Amparo, que en su parte conducente, establece lo siguiente:

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia la que decidirá cuál tesis debe prevalecer."

TERCERO. Es pertinente precisar que de los presentes autos se advierte que por oficio número XV-722-P de seis de enero de dos mil diez, se le dio vista al procurador general de la República, con la denuncia de contradicción de tesis que nos ocupa, mismo que fue recibido el día ocho de los mismos mes y año, en la Dirección General de Constitucionalidad de dicha institución, según se desprende del sello impreso en la constancia que obra a foja 266 de autos.

Ahora bien, el artículo 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dispone que en la denuncia de contradicción de tesis, el procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

En la especie, el plazo de los treinta días para que el procurador general de la República emita su parecer en relación con la contradicción en estudio, comenzó a correr del doce de enero al veinticuatro de febrero de dos mil diez, descontándose los días nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de enero, seis, siete, trece, catorce, veinte y veintiuno de febrero, todos del dos mil diez por ser sábados y domingos, respectivamente, inhábiles de conformidad con el artículo 23 de la Ley de Amparo; así como primero y cinco de febrero inhábiles en términos del Acuerdo del Tribunal Pleno 2/2006, en el punto primero, incisos c) y e), de treinta de enero de dos mil seis.

Por oficio DGC/DCC/179/2010, de fecha veintitrés de febrero de dos mil diez, recibido ese mismo día, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el agente del Ministerio Público de la Federación, emitió su opinión en el presente asunto, estimando en esencia lo siguiente:

• Que por lo que hace al decreto relativo a las reformas del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, en su decreto oficial de veintiuno de julio de mil novecientos noventa y siete, en su segundo artículo señaló que las demandas presentadas en los juicios que estén en trámite en primera o segunda instancia, o en su etapa de ejecución al entrar en vigor el decreto se seguirían rigiendo por las normas anteriores, de lo que se desprende claramente que no es la fecha del documento fundatorio de la acción correspondiente, la que se tomará como referencia para la aplicación o no de las reformas al Código de Comercio de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis.

CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, en sesión de dieciséis de octubre de dos mil nueve, resolvió el amparo en revisión número 175/2009 y en lo que es materia de la contradicción, esencialmente sostuvo:

"Así es, la parte promovente del recurso de revisión a partir de la foja 12 del primer motivo de agravio aduce que no existe objeción en torno a la premisa de la que parte el juzgador federal, de que como el documento base de la acción consistente en el contrato de apertura de crédito con interés y garantía hipotecaria fue celebrado el tres de abril de mil novecientos noventa y dos, el juicio ordinario mercantil debe regirse de acuerdo a las disposiciones del Código de Comercio anterior a las reformas publicadas el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, luego, como los artículos del 1377 al 1390 de esa legislación, son omisos en prever las formalidades que debe respetar el actuario al practicar la primera notificación al tercer acreedor, por tal motivo -afirma- debe aplicarse lo dispuesto en el ordinal 1054 de la citada ley de comercio, que estatuye que los juicios mercantiles se regirán por este ordenamiento legal y en su defecto por la ley de procedimientos local respectiva. Sin embargo, -dice- el yerro del Juez de Distrito, estriba precisamente en apreciar que para el llamamiento a la fase del remate del tercer acreedor en un ‘procedimiento ordinario mercantil’ debe acudirse de manera supletoria al Código de Procedimientos Civiles del Estado; empero, anterior a las reformas de veintiuno de julio de mil novecientos noventa y siete, dado que el contrato base de la acción data su suscripción el dos de abril de mil novecientos noventa y dos, orientando el juzgador su criterio indebidamente en distintas tesis de los órganos del Poder Judicial de la Federación de rubros: ‘CRÉDITOS CONTRATADOS, NOVADOS O REESTRUCTURADOS CON ANTERIORIDAD, INAPLICABILIDAD DE LAS REFORMAS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y CÓDIGO DE COMERCIO (ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EL VEINTICUATRO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS).’, ‘CRÉDITOS CONTRATADOS CON ANTERIORIDAD A LA VIGENCIA DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL VEINTICUATRO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (ARTÍCULO 1o. TRANSITORIO).’, ‘REFORMAS PROCESALES DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, CONTENIDAS EN EL DECRETO DE VEINTICUATRO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, PARA SU APLICACIÓN NECESARIAMENTE DEBE ATENDERSE A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DEL MENCIONADO DECRETO.’ y ‘NORMAS PROCESALES. SE APLICAN CONFORME A LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO QUE CONTIENE LAS REFORMAS A LA LEY.’; estas jurisprudencias, a juicio del recurrente, resultan inaplicables al caso concreto, dado que se ocupan de analizar el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y el presente asunto se debe regir con la legislación adjetiva civil del Estado de Nuevo León, de ahí que, las formalidades para notificar al tercero acreedor deban de ajustarse a esta codificación y no así a la del Distrito Federal; en la medida de que esos criterios sólo tienen jurisdicción en esta última entidad federativa. Lo anterior es así, -continúa- ya que el decreto 477 de veintiuno de julio de mil novecientos noventa y siete, que reforma entre otros numerales el artículo 69 del Código de Procedimientos Civiles del Estado en sus transitorios primero y segundo -mismos que transcribe- sólo establecen tres supuestos de procedencia que rigen a las normas anteriores a la reforma. 1. A las demandas presentadas con anterioridad a la entrada en vigor del decreto; 2. Juicios en trámite en primera como en segunda instancia; y, 3. Juicios que se encuentren en etapa de ejecución. Luego -aduce- en el particular en ninguno de los supuestos mencionados se encuentra el juicio de origen, debido a que la prístina demanda fue presentada en el mes de diciembre de dos mil cuatro. Por todo lo anterior, lo legal era que el Juez de Distrito estableciera que la legislación supletoria a la ley mercantil era el artículo 69 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, vigente en la fecha en que se llevó a cabo el emplazamiento (primera notificación) al tercer acreedor. En apoyo a lo anterior la parte recurrente invoca la jurisprudencia sustentada por este órgano colegiado en su anterior integración de epígrafe: ‘EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL (APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN AL CÓDIGO DE COMERCIO ANTERIOR A SUS REFORMAS DEL 24 DE MAYO DE 1996).’. En ese orden de ideas, para dar sustento a los argumentos, la parte recurrente de la foja 24 a la 34 del escrito de agravios, plasma las consideraciones del Juez de amparo, que sirvieron de sustento para emitir el fallo sujeto a revisión. Frente a ese juicio de ponderación, el revisionista arguye que indebidamente el Juez de amparo analizó que la primera notificación al tercer acreedor al procedimiento de remate, no cumple con las exigencias de los artículos 69 y 70 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, anterior a las reformas de veintiuno de julio de mil novecientos noventa y siete y que por ello consideró que si la persona interesada no es encontrada en la primera búsqueda, deberá dejársele citatorio para que en hora fija espere al notificador, previo cercioramiento de que la persona de que se trata vive ciertamente en el lugar designado. En torno a esa apreciación del Juez Federal, refiere el recurrente que los citados ordinales de la ley adjetiva civil aplicable a la fecha de la notificación al tercer acreedor -veintiséis de agosto de dos mil ocho- no señalan el requisito de la cita de espera -preceptos que transcribe- y por esa razón, son improcedentes los argumentos sostenidos por el a quo federal, lo que se traduce que éste apreció incorrectamente el acto reclamado, por ende, es aplicable al caso concreto la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro IUS: 205393 de rubro: ‘ACTO RECLAMADO. LA OMISIÓN O EL INDEBIDO ESTUDIO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD A LA LUZ DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, PUEDE SER SUBSANADA POR EL TRIBUNAL REVISOR.’. En ese contexto normativo, -agrega- la ley procesal aplicable es la vigente a la fecha de presentación de la demanda de origen, y no la que refiere el juzgador de garantías; por tanto, estima, que la primera notificación al tercer acreedor cumple con los requisitos de cercioramiento, en particular, cuando el actuario refiere que se cercioró que ********** ‘... vive ciertamente ...’ en el lugar designado, pues así lo manifestaron los vecinos de los despachos ********** y ********** del **********, cuyas filiaciones obran en el acta; además, el actuario describió a la persona que lo atendió, quien se negó a recibir el instructivo, motivo por el cual, el diligenciador se trasladó al domicilio del ‘Juez auxiliar’ quien dijo llamarse **********, quien por su conducto la entendió, dándole lectura íntegra del instructivo, así como la entrega de los autos de uno de febrero, veinte de junio y treinta y uno de julio de dos mil ocho, dictados en el expediente mercantil 1043/2004. Finalmente, se fijó en la puerta de acceso al domicilio de ********** una copia del referido instructivo. Al respecto, señala el revisionista, que el Juez de amparo estima que el actuario no se cercioró de que la persona buscada ‘... vive ciertamente en el lugar designado ...’; toda vez que en la diligencia actuarial de veintiséis de agosto de dos mil ocho, se contiene claramente que los vecinos de los despachos 209 y 211 le informaron al actuario que la practicó que: ‘... la persona que busco sí tiene el domicilio en donde estoy constituido ...’; esta última frase, a criterio del resolutor federal, no cumple con el requisito contenido en el numeral 69 de la ley procesal civil que refiere que el demandado debe vivir en el domicilio. Ahora, el recurrente insiste que para entender el énfasis añadido en la legislación en cita, que contiene la expresión ‘... vive en el domicilio ...’; para ello debe acudirse al concepto etimológico de vivir, por tanto, acude a las fuentes de la Real Academia de la Lengua Española y al Diccionario de la Lengua Española, que lo hacen concluir que la palabra ‘vive’ es sinónimo de habitar, residir, morar, ocupar y hallarse, mismas que encuadran en la locución ‘... vive en el domicilio ...’; empleada por el artículo 69 de la ley en comento; razón por la cual, tales palabras deben vincularse con la noción de domicilio señalada en el artículo 28 del Código Civil del Estado, que refiere: ‘... El domicilio de la persona física es el lugar donde reside con el propósito de establecerse en él; a falta de éste, el lugar en que tiene el principal asiento de sus negocios; y a falta de uno y otro, el lugar en que se halle ...’. En tales condiciones, lejos de lo apreciado por el Juez de amparo, -arguye el recurrente- el concepto ‘vive’ no significa exclusivamente el lugar donde tiene su habitación, sino también dicho concepto debe hacerse extensivo a las oficinas donde habita o tiene su domicilio el hoy quejoso. Los anteriores argumentos resultan en esencia fundados, pero inoperantes. Efectivamente, el Juez Tercero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado, adujo que la legislación aplicable al caso concreto -juicio ordinario mercantil- lo eran el Código de Comercio ‘anterior’ a las reformas de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis y, por ende, aplicable de manera supletoria el Código de Procedimientos Civiles de esta entidad federativa, ambos ordenamientos vigentes a la época en que se suscribió el documento basal de la acción, esto es, el dos de abril de mil novecientos noventa y dos. Empero, cabe señalar que ese juicio de ponderación no fue gratuito; sino que derivó precisamente del análisis de distintos precedentes que a su juicio le marcaban la pauta para arribar a esa justipreciación. Lo anterior es así, ya que el juzgador de amparo, para sustentar esa decisión, de que en un juicio ordinario mercantil la norma del código adjetivo civil apli

able al Código de Comercio, era la vigente a la fecha de celebración del documento base de la acción, fue conforme a distintas ejecutorias. Una, la pronunciada el seis de noviembre de dos mil siete, en los autos del toca 269/2007/3, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por la quejosa **********, derivado del juicio de amparo indirecto 1160/2006-IV, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado, en la que el referido órgano colegiado consideró que el llamamiento a juicio del demandado a un procedimiento ordinario mercantil, debió materializarse, conforme al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, vigente en la fecha en que se celebró el contrato de crédito con garantía hipotecaria de acuerdo con el ‘... Artículo primero transitorio ...’ del decreto de reformas al Código de Comercio, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis. Otra, la emitida por el mencionado Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, el veinticinco de abril de dos mil siete, que pronunció en los autos del toca número 15/2007/3, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por el impetrante **********, en contra de la sentencia también emitida por ese juzgado de distrito al resolver el juicio de amparo indirecto número 984/2006-IV; y, una más, la proferida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, en la ejecutoria de diecinueve de abril de dos mil siete, que pronunció en los autos del toca número 15/2007, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por el instador de amparo **********, en representación de **********, en contra de la sentencia emitida al resolver el juicio de amparo indirecto 394/2006. Precisado el génesis para emitir las justipreciaciones de la sentencia constitucional sujeta a revisión, a juicio de este órgano colegiado, es evidente que es equivocada la premisa consistente en que la ley supletoria aplicable al caso concreto lo era la legislación procesal local anterior a las reformas de veintiuno de julio de mil novecientos noventa y siete, ello atendiendo a que el documento base de la acción se suscribió el dos de abril de mil novecientos noventa y dos; no obstante que a foja 1686 vuelta del tomo II, del juicio de amparo indirecto número 12/2009, el propio Juez hizo alusión a que ‘... Mediante auto de seis de enero de dos mil cinco, se admitió a trámite, el juicio ordinario mercantil ...’. Lo que de suyo, hace patente que las reglas que deben imperar en todo procedimiento son las vigentes al momento en que se inicia todo proceso jurisdiccional, salvo que la ley establezca lo contrario; situación que en la especie no acontece como a continuación se expondrá: En efecto, como refiere la parte revisionista, este Tribunal Colegiado, en su anterior integración, para matizar la aplicación de leyes procesales en procedimientos ordinarios mercantiles pronunció la jurisprudencia IV.1o.C. J/2, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, agosto de dos mil cinco, materia civil, página 1621, número de registro IUS: 177616 de rubro y texto siguientes: ‘EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL (APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN AL CÓDIGO DE COMERCIO ANTERIOR A SUS REFORMAS DEL 24 DE MAYO DE 1996).’ (se transcribe). De las ejecutorias que le dieron nacimiento a esta jurisprudencia destaca: a) Que el artículo 1054 del Código de Comercio antes de las reformas preceptuaba: ‘Artículo 1054. En caso de no existir compromiso arbitral ni convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y en su defecto se aplicará la ley de procedimientos local respectiva ...’. b) Que cuando se trata de juicios mercantiles ordinarios, el Código de Comercio, no establecía la forma en que se debía realizar el emplazamiento, por tanto, ante esa laguna, en los casos en que se suscite un conflicto relacionado al emplazamiento a juicio, debían ser aplicadas las normas del derecho común local, en los términos del artículo enunciado. c) Que se aplica la jurisprudencia doscientos cuarenta y seis, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, cuyos rubro y texto son del tenor: ‘EMPLAZAMIENTO EN JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES. DEBEN APLICARSE LAS NORMAS DEL DERECHO LOCAL COMÚN.’. d) Que si bien la tesis jurisprudencial invocada se refiere a los juicios ejecutivos mercantiles, cobra aplicabilidad al caso -juicio ordinario mercantil- al existir la misma razón, tratándose de los juicios ordinarios; ante la ausencia de normas en el Código de Comercio que regulen la forma de como se ha de practicar el emplazamiento a juicio. e) Que en lo relativo al procedimiento aplicable en la práctica del emplazamiento, se impone su estudio conforme lo determinado en las reglas contenidas en el artículo 69 del Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León, reformado según el Decreto Número 477, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veintiuno de julio de mil novecientos noventa y siete, pues en los casos analizados la demanda de origen fue promovida con posterioridad a dichas reformas procesales locales. Bajo ese antecedente, lo fundado del agravio radica en que es claro el yerro jurídico en que incurrió el Juez de Distrito, al justipreciar que en el caso concreto la ley procesal supletoria aplicable al Código de Comercio, era la legislación adjetiva local vigente a la fecha de celebración del acto jurídico; no obstante que ha juicio de este Tribunal Colegiado lo relativo al procedimiento aplicable a la práctica de cualquier notificación (emplazamiento o primera notificación) se impone su materialización conforme lo determinado en la ley procesal vigente en el momento de la presentación de la demanda inicial. En esa hipótesis, si el juicio natural se inició con la presentación de la demanda en el mes de diciembre de dos mil cuatro y la diligencia de notificación al tercer acreedor se verificó el veintiséis de agosto de dos mil ocho, patente es que la legislación procesal civil aplicable es la ‘vigente’ a partir de las reformas de veintiuno de julio de mil novecientos noventa y siete, pues precisamente en lo conducente a la práctica de las notificaciones, la legislación adjetiva local no ha tenido modificación alguna, tal como lo afirmó el recurrente, de que el artículo segundo transitorio de esas reformas, establece expresamente las reglas específicas que norman la aplicación de las mismas al procedimiento decretadas y los casos de excepción a tal aplicación, debiéndose necesariamente atender a tales reglas. Para evidenciar la certeza de esa afirmación, se torna indispensable reproducir el contenido tanto del transitorio primero, como del denominado segundo, relativo a la reforma del veintiuno de junio de mil novecientos noventa y siete, de la legislación en comento que a la letra se transcribe: ‘Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor a los treinta días siguientes contados a partir de la fecha de su publicación en el Periódico Oficial del Estado y no será aplicado retroactivamente en perjuicio de persona alguna. Artículo segundo. Las demandas presentadas, los juicios que estén en trámite en primera o segunda instancia, o en su etapa de ejecución al entrar en vigor el presente decreto, se seguirán rigiendo por las normas anteriores. Conforme a lo reproducido, se obtiene que, contrario a lo estimado por el juzgador de amparo, en la resolución que ahora se revisa, no se surte la aplicación del Código de Procedimientos Civiles del Estado, anterior a las reformas de veintiuno de julio de mil novecientos noventa y siete, ello al margen del origen (fecha) del crédito contratado, pues precisamente los artículos transitorios de referencia no contemplan que su aplicación será con base en la fecha de suscripción del aludido crédito, sino a demandas presentadas con anterioridad a esa reforma, juicios que continúen en trámite, ya sea en primera o segunda instancia o , en su etapa de ejecución. Todo lo anterior, conlleva a que al Código de Comercio se deba aplicar de manera supletoria la normatividad procesal civil vigente a la fecha de presentación de la demanda de origen. Por ende, es evidente que el Juez de amparo aplicó incorrectamente en la resolución constitucional que se revisa, la ley adjetiva civil anterior a las reformas de veintiuno de julio de mil novecientos noventa y siete, con base en la apreciación de que el documento fundatorio de la acción se suscribió el dos de abril de mil novecientos noventa y dos; luego, si el acto protestado se justipreció desde una óptica errónea, motivo por el cual, la cita de espera a la que alude parte de la concesión del amparo, como una formalidad que dejó de observarse en la primera notificación del tercer acreedor, en términos del artículo 69 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, anterior a las citadas reformas de mil novecientos noventa y siete, resulta, por las razones que se han establecido, inaplicable al caso concreto, pues la legislación procesal civil que debió aplicarse, no contempla ese requisito. Lo anterior es así, ya que como se ha visto, la legislación anterior a las reformas de veintiuno de julio de mil novecientos noventa y siete, si bien proveía lo conducente a dejar la cita de espera cuando la persona interesada a la primera búsqueda no se localizará; empero, en la codificación vigente al momento de la verificación procesal de esa primera notificación; ya no contempla tal exigencia, motivo por el cual, es sustancial la diferencia de esos requisitos para la notificación entre una y otra legislación, sin que la procesalmente aplicable al caso concreto requiera de esa exigencia; por tanto, es errónea la apreciación del Juez Federal, de que la legislación supletoria aplicable al Código de Comercio es la procesal civil del Estado, vigente a la fecha de suscripción del documento base de la acción, ponderación que se sustentó precisamente en las ejecutorias de los amparos en revisión 269/2007/3 y 15/2007/3 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil y la 15/2007, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil, ambos de este circuito judicial. Sobre el tema sustancial, resulta indispensable tener a la vista las citadas ejecutorias, motivo por el cual basta acceder a la dirección electrónica ‘...http://sise.dgepj.cjf.gob.mx/sise/login/login.asp...’ y desplegar la sábana electrónica ‘... Sentencias ...’; para extraer de cada una de ellas el tema toral que analizaron; así, de los amparos en revisión 15/2007 y 15/2007/3, (mismos que coinciden en número de registro), respectivamente del Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil de este circuito, de ningún modo se advierte justipreciación alguna que considere que la legislación supletoria aplicable al Código de Comercio, debía ser aquella vigente a la fecha de celebración del instrumento basal de la acción. Sin embargo, del amparo en revisión 269/2007/3 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, sí se desprende enfáticamente que ese órgano colegiado consideró que en tratándose del Código de Comercio, la legislación supletoria aplicable a un juicio ordinario mercantil sería aquella vigente a la fecha en que se celebró el documento base de la acción, como enseguida se aprecia del propio texto de la ejecutoria, de la cual se transcribe lo conducente: ‘... En efecto, ya quedó precisado que el Juez Tercero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado, negó a la quejosa **********, el amparo y protección de la Justicia Federal, porque dijo que en términos del Código de Procedimientos Civiles vigente del Estado no estaba obligado el actuario a dejar citatorio de espera; sin embargo, el a quo hizo una incorrecta aplicación de los numerales 69 y 70 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, supletoriamente a la legislación mercantil en consulta, cuando que debió haber aplicado dichos preceptos pero vigentes a la fecha en que se celebró el contrato de crédito con garantía hipotecaria, de acuerdo con el artículo primero transitorio del decreto de reformas al Código de Comercio, publicado el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis en el Diario Oficial de la Federación ...’. (El subrayado es autoría de este tribunal). Así, por las razones expuestas en el anterior precedente, frente a los argumentos del juicio de ponderación vislumbrados en la presente ejecutoria, se arriba a la justipreciación de no compartir la premisa en la que se funda aquella; consistente en que tratándose del Código de Comercio, la legislación supletoria aplicable a un juicio ordinario mercantil es aquella vigente a la fecha en que se celebró el documento base de la acción, pues este Tribunal Colegiado estima que la legislación procesal civil que debió aplicarse para verificar la primera notificación al tercer acreedor en la fase de remate de ese tipo de juicios, debe ser aquella conforme a la fecha de presentación de la demanda de origen; ello conforme a los artículos transitorios primero y segundo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León. Lo anterior, contrario a la conclusión del tribunal homólogo. De tal manera, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, a través de la presidencia de este órgano colegiado denúnciese la aparente contradicción de tesis, entre el criterio contenido en la ejecutoria transcrita y las razones dadas por este tribunal en el presente asunto, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que, en su caso, determine la postura que sobre el tema debe prevalecer."

QUINTO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 269/2007/3, así como los diversos 49/2008/3 y 308/2007/3, esencialmente sostuvo:

Amparo en revisión; 269/2007/3:

"Por tanto, como el juicio ordinario mercantil del que provienen los actos reclamados, fue iniciado con base en un contrato de apertura de crédito con interés y garantía hipotecaria, celebrado el treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y cuatro, el cual fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con el número 6060, volumen 135, libro 152, sección II gravamen, unidad Monterrey; resulta evidente que se rige por las disposiciones del Código de Comercio anterior a las reformas y lo mismo sucede respecto al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, que se debe aplicar supletoriamente a dicho ordenamiento mercantil, esto es, el vigente en esa fecha y no el código procesal actualmente en vigor como erróneamente se hizo en la sentencia recurrida, pues es evidente que en esa fecha nacieron las obligaciones entre las partes contratantes, es decir, que tal acuerdo de voluntades surtió todos sus efectos desde esa data, actualizándose el acuerdo de voluntades por el que se crearon y transfirieron obligaciones, integrándose así la figura jurídica del contrato, situándose en las hipótesis normativas previstas en el capítulo IV de la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22676-6ac8a3b8/emplazamiento-en-el-juicio-ordinario-mercantil-en-caso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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