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Modo: Corpus Pro

PAGARÉ. CORRESPONDE A LA PARTE DEMANDADA LA CARGA DE PROBAR QUE YA REALIZÓ EL PAGO TOTAL DEL ADEUDO O BIEN QUE, EN SU CASO, ES MENOR AL RECLAMADO, AUN CUANDO SEA UNA CANTIDAD INFERIOR A LA CONTENIDA EN AQUÉL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 429/2009. · Registro digital (IUS): 22399
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO Y DÉCIMO PRIMERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, , Pág. 137.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 429/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO Y DÉCIMO PRIMERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver el presente asunto, según lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, pues se trata de una contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de Circuito, cuya resolución no está reservada al Tribunal Pleno, conforme al instrumento normativo por el que se reforman las fracciones I, VI, IX y X del punto tercero del Acuerdo General Plenario 5/2001, emitido el quince de octubre de dos mil nueve; y el tema a que se refiere corresponde a la materia civil, especialidad de la Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, al haberse presentado por la Magistrada presidenta del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, actualizando el supuesto de legitimación a que aluden los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo.

TERCERO. Para determinar si en el caso existe o no contradicción de criterios, resulta necesario analizar las ejecutorias que en la misma participan.

1) Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

El amparo directo ********** del que conoció el citado órgano derivó del juicio ejecutivo mercantil **********, en el que la parte actora **********, por conducto de su apoderado, ejercitó la acción cambiaria directa, con base en un pagaré suscrito por la cantidad de **********, manifestando la accionante que de esa cantidad, la demandada **********, sólo le adeudaba ********** cuyo pago reclamaba, junto con sus accesorios legales.

Al dar contestación, la demandada opuso la excepción de pago, señalando que a pesar de haber cubierto la totalidad del adeudo, la actora se negó a entregarle el pagaré; además, al afirmar que se le adeudaba la cantidad señalada en último término, correspondía a dicha parte asumir la carga de la prueba y demostrar cómo llegó a ese resultado.

La acción intentada por la actora se declaró procedente por el Juez Trigésimo Tercero de lo Civil del Distrito Federal en sentencia del **********, la cual se confirmó por la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en la resolución del **********, dictada en el toca de apelación **********.

En contra de esta determinación, la parte demandada promovió el amparo directo, registrado en el expediente ********** del que tomó conocimiento el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que en ejecutoria del ********** le concedió el amparo, con base en las siguientes consideraciones:

"... La Juez, en la sentencia de primera instancia, determinó que la excepción de pago resultaba infundada, porque las pruebas que aportó la demandada resultaron insuficientes para tener por acreditados los pagos del documento base de la acción, lo que implica que arrojó la carga de la prueba del pago a la demandada; y en los agravios expuestos en apelación, dicha parte señaló nuevamente que correspondía a la actora demostrar cómo fue que llegó a la cantidad demandada, si el pagaré se suscribió por un monto superior.

"La Sala, en la sentencia definitiva reclamada, determinó que no podía establecerse que el Juez estuviera obligado a requerir a la actora para que demostrara cómo llegó a establecer el saldo de la cantidad reclamada, ya que la dilación probatoria en los juicios ejecutivos, es para que la demandada justifique sus excepciones, y no para que el actor pruebe su acción, pues ésta se funda en un documento que tiene el carácter de prueba preconstituida; y que por tanto, si la demandada no acreditó el pago, entonces, no se desvirtuó el alcance de los efectos legales del pagaré.

"Sin embargo, los artículos 5o. y 170, fracción II, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, disponen:

"‘Artículo 5o.’ (se transcribe).

"‘Artículo 170.’ (se transcribe).

"De lo que se infiere que los títulos de crédito constituyen el derecho literal que consignan; y por ende, en documentos tales como el pagaré, debe precisarse la suma de dinero que el girador promete pagar incondicionalmente.

"En ese entendido, dado que lo literalmente establecido en el título es lo que constituye el derecho consignado en el mismo, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en cita, en los artículos 129 y 130, aplicables al pagaré conforme a lo dispuesto por el precepto 174 de ese ordenamiento legal, prevén:

"‘Artículo 129.’ (se transcribe).

"‘Artículo 131.’ (se transcribe).

"Lo que implica que si la certeza del derecho consignado en el título, deriva de su literalidad, cuando se realiza el pago debe entregarse el documento al suscriptor; y si se reciben pagos parciales, deben anotarse en el propio título, con independencia de que se expidan recibos.

"En consecuencia, aunque conforme a lo dispuesto en el artículo 1391 del Código de Comercio, basta la exhibición de un título de crédito para la procedencia del juicio ejecutivo mercantil; lo cierto es que ello parte del supuesto de que se ejerce el derecho consignado literalmente en el documento.

"Por tanto, cuando en un juicio ejecutivo mercantil se reclama una cantidad que no coincide con la que aparece en el título de crédito exhibido como base de la acción, ni consta en el mismo la anotación de haberse realizado pagos parciales; entonces, el derecho ejercido carece de certeza jurídica, pues siendo los títulos de crédito los documentos necesarios para ejercer el derecho literal que consignan, si el reclamo se hace por una cantidad no consignada literalmente en el documento, y la parte actora no precisa ni justifica su reclamación, ello implica dejar a su arbitrio el reclamo de la cantidad que desee demandar, quedando el suscriptor en desventaja, pues se le obligaría a demostrar la liquidación de una cantidad no establecida literalmente en el documento.

"En consecuencia, el acreedor debe proporcionar en su demanda, los conceptos liquidatorios pertinentes, y acompañar los documentos que permitan al Juez cerciorarse de su derecho, a efecto de no dejar indefensa a la demandada, dándole oportunidad de desvirtuar los conceptos y operaciones invocadas por la actora.

"...

"En consecuencia, aun cuando conforme a lo dispuesto por el artículo 5o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, son títulos de crédito los documentos necesarios para ejercer el derecho literal que en ellos se consigna, si en el pagaré exhibido como base de la acción se consignó el derecho al cobro de la cantidad de **********, pero únicamente se demandó el pago de **********; entonces, tal como sostiene la quejosa, la parte actora debió justificar el porqué de solamente esa reclamación.

"Mayor aún si se considera que el artículo 1401 del Código de Comercio, ubicado en el título tercero ‘De los juicios mercantiles’, dispone que en los escritos de demanda, contestación y desahogo de vista de ésta, las partes ofrecerán sus pruebas, relacionándolas con los puntos controvertidos, lo que implica que no prevé limitación en cuanto a que por tratarse de un juicio ejecutivo mercantil en el que basta que la actora exhiba el título de crédito para ejercer el derecho literal que en éste se consigna, la dilación probatoria sea únicamente para que la parte demandada ofrezca pruebas para demostrar sus excepciones, sino que prevé la oportunidad de la actora de demostrar sus afirmaciones.

"Por lo expuesto se concluye que conforme a lo previsto por los artículos 5o. y 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, los títulos de crédito constituyen el derecho literal que consignan y, por ende, en documentos tales como el pagaré, debe precisarse la suma de dinero que el girador promete pagar incondicionalmente; en ese entendido, dado que lo literalmente establecido en el título es lo que constituye el derecho consignado en el mismo, los preceptos 129 y 130, aplicables al pagaré en términos del precepto 174 de ese ordenamiento legal, disponen que al realizarse el pago debe entregarse el documento al suscriptor, y si se reciben pagos parciales deben anotarse en el propio título. En consecuencia, cuando en un juicio ejecutivo mercantil se reclama el pago de una cantidad que no coincide con la que aparece en el pagaré exhibido como base de la acción, ni consta en el mismo la anotación de haberse realizado algún pago parcial, entonces, el derecho ejercido carece de certeza jurídica, por lo que la parte actora debe precisar y justificar su reclamación, pues lo contrario implicaría dejar a su arbitrio el fijar el importe de la cantidad cuyo pago desee demandar, y colocaría al suscriptor en desigualdad procesal, ya que se le obligaría a demostrar que liquidó una cantidad no establecida literalmente en el documento, sin conocer los conceptos y operaciones por los que el actor pretende se le liquide la suma reclamada."

De la anterior ejecutoria se formó la tesis de rubro y texto siguientes:

"PAGARÉ. CUANDO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL SE RECLAMA EL PAGO DE UNA CANTIDAD QUE NO COINCIDE CON LA QUE APARECE EN AQUÉL, NI CONSTA EN ESE DOCUMENTO LA ANOTACIÓN DE HABERSE REALIZADO ALGÚN PAGO PARCIAL, CORRESPONDE A LA PARTE ACTORA PRECISAR Y JUSTIFICAR SU RECLAMACIÓN. Conforme a los artículos 5o. y 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, los títulos de crédito constituyen el derecho literal que consignan y, por ende, en documentos tales como el pagaré, debe precisarse la suma de dinero que el girador promete pagar incondicionalmente; en ese entendido, dado que lo literalmente establecido en el título es lo que constituye el derecho consignado en él, los preceptos 129 y 130, aplicables al pagaré en términos del precepto 174, de ese ordenamiento legal, disponen que al realizarse el pago debe entregarse el documento al suscriptor, y si se reciben pagos parciales deben anotarse en el propio título. En consecuencia, cuando en un juicio ejecutivo mercantil se reclama el pago de una cantidad que no coincide con la que aparece en el pagaré exhibido como base de la acción, ni consta en él la anotación de haberse realizado algún pago parcial, entonces, el derecho ejercido carece de certeza jurídica, por lo que la parte actora debe precisar y justificar su reclamación pues, lo contrario, implicaría dejar a su arbitrio fijar el importe de la cantidad cuyo pago desee demandar, y colocaría al suscriptor en desigualdad procesal, ya que se le obligaría a demostrar que liquidó una cantidad no establecida literalmente en el documento, sin conocer los conceptos y operaciones por los que el actor pretende se le liquide la suma reclamada."

2) Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Este Tribunal Colegiado conoció del amparo directo **********, cuyo origen fue el juicio ejecutivo mercantil registrado con el número **********, donde el actor **********, por conducto de sus endosatarios en procuración, ejercitó la acción cambiaria directa con base en un pagaré por la cantidad de **********; al efecto, la actora precisó que de esa cantidad sólo reclamaba de los demandados **********, el pago de ********** por concepto de suerte principal y saldo de ese documento.

Una vez concluido el juicio, la acción intentada por la actora se declaró procedente por la Juez Quincuagésimo Cuarto de lo Civil del Distrito Federal, en la sentencia de **********, que fue confirmada por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en la resolución de **********, dictada en el toca ********** relativa al recurso de apelación interpuesto por las partes.

En contra de esa determinación, la demandada promovió el amparo directo **********, del que conoció el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que en ejecutoria del ********** negó al demandado la protección constitucional, con base en las siguientes consideraciones:

"Por otro lado, en su tercer concepto de violación el impetrante también aduce que la actora no acreditó el adeudo de la cantidad reclamada como suerte principal, ya que ésta no coincide con la del documento base de la acción, por lo que el derecho ejercido carece de certeza jurídica, dado que la actora no acreditó su reclamación y se le dejó a su arbitrio fijar el monto de la cantidad reclamada, lo que coloca al demandado en desigualdad procesal, puesto que se le obliga a demostrar que liquidó una cantidad no establecida literalmente en el documento, sin que se precisen los conceptos y operaciones por los que la actora pretende que se liquide el monto reclamado, lo que implica que la suerte reclamada como principal no tiene certeza ni es líquida y por ello debió declararse improcedente la vía ejecutiva mercantil ejercitada, atendiendo al contenido de las tesis del rubros: ‘TÍTULOS EJECUTIVOS. REQUISITOS DE LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL.’ y ‘PAGARÉ. CUANDO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL SE RECLAMA EL PAGO DE UNA CANTIDAD QUE NO COINCIDE CON LA QUE APARECE EN AQUÉL, NI CONSTA EN ESE DOCUMENTO LA ANOTACIÓN DE HABERSE REALIZADO ALGÚN PAGO PARCIAL, CORRESPONDE A LA PARTE ACTORA PRECISAR Y JUSTIFICAR SU RECLAMACIÓN.’

"El argumento antes sintetizado resulta infundado.

"Se estima lo anterior, porque partiendo de la base de que el pagaré es un título de crédito que representa una prueba constituida del derecho literal que consigna, es decir, del monto del adeudo que ampara, y que por tanto, al demandado le corresponde demostrar el pago de dicho adeudo; entonces, es correcto lo considerado por la Sala responsable en cuanto a que el hecho de que la parte actora hubiera reclamado una cantidad inferior a la que consigna el pagaré basal, ningún agravio puede irrogar al ahora impetrante del amparo, en tanto que ello significa que implícitamente está reconociendo a favor del obligado ciertos pagos sobre el adeudo consignado en el básico, o en su caso, que está renunciando en su perjuicio a la diferencia del monto del documento que no está incluyendo en la cantidad reclamada, caso en cual, lejos de agraviar al obligado lo beneficia, al reclamársele una cantidad inferior a la que ampara el título de crédito.

"De tal suerte que, es en su caso al demandado a quien corresponde demostrar que los pagos realizados al monto que consigna el pagaré basal, no son por el monto que calculó la parte actora, sino por uno mayor que disminuye la cantidad del reclamo, máxime que si en el caso, el título de crédito básico se otorgó para garantizar una línea de crédito otorgado a favor de la codemandada moral, la carga de la prueba para acreditar que el monto reclamado no es el que realmente señala la actora, es a cargo del enjuiciado.

"De ahí que contrariamente a lo que alega el impetrante, el hecho de que la enjuiciante no hubiera precisado los pagos que tomó en consideración para disminuir el monto del adeudo consignado en el básico, no significa que el adeudo reclamado carezca de certeza jurídica, y menos aún, que se deje al arbitrio de ésta fijar el monto de la cantidad que reclamó, porque su derecho de reclamo deriva de un título de crédito que constituye una prueba preconstituida de la acción, incluso por el monto que consigna ese documento, razón por la cual, es en el periodo probatorio en el que la parte demandada debe desvirtuar la eficacia de que goza el título de crédito o bien, justificar con las pruebas contundentes que ya realizó el pago del adeudo reclamado, o que en su caso, éste es menor, lo que no ocurre en la especie, porque el ahora quejoso no justificó haber realizado el pago total del adeudo reclamado, ni que hizo otros pagos adicionales a los que contempló la parte demandada.

"Por lo tanto, debe decirse que este Tribunal Colegiado no comparte el criterio sustentado en la tesis que invoca el quejoso, del rubro: ‘PAGARÉ. CUANDO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL SE RECLAMA EL PAGO DE UNA CANTIDAD QUE NO COINCIDE CON LA QUE APARECE EN AQUÉL, NI CONSTA EN ESE DOCUMENTO LA ANOTACIÓN DE HABERSE REALIZADO ALGÚN PAGO PARCIAL, CORRESPONDE A LA PARTE ACTORA PRECISAR Y JUSTIFICAR SU RECLAMACIÓN.’, pues atentas las consideraciones realizadas, se estima que no es al actor a quien corresponde justificar y precisar su reclamación, en razón de que atendiendo a la literalidad del pagaré, éste tiene un derecho de pago consignado en el mismo por el monto que se indica, y ese título de crédito constituye una prueba preconstituida de su acción, la cual como se dijo, debe ser en su caso desvirtuada por el actor (sic) en el periodo probatorio, ya sea en cuanto a la eficacia de que goza el título, o en cuanto a los pagos realizados.

"Sin que tampoco se advierta que resulte aplicable en beneficio del quejoso, el criterio de la diversa tesis que invoca, del rubro: ‘TÍTULOS EJECUTIVOS. REQUISITOS DE LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL.’ ya que en ésta se señala que la acción cambiaria directa debe estar apoyada en títulos ejecutivos mercantiles y las prestaciones reclamadas deben ser ciertas, líquidas, exigibles, de plazo y condiciones cumplidas, lo cual aconteció en el caso, ya que la acción se encuentra sustentada en un pagaré, que se considera como un título ejecutivo mercantil y las prestaciones reclamadas son ciertas, líquidas, exigibles, de plazo y condiciones cumplidas, en tanto que se reclamó una cantidad determinada de dinero y aunque el pagaré basal es de vencimiento a la vista, con el protesto levantado se hizo exigible."

De ese asunto, derivó la siguiente tesis:

"PAGARÉ. SI EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL SE RECLAMA EL PAGO DE UNA CANTIDAD MENOR A LA QUE APARECE EN EL TÍTULO Y NO CONSTA EN EL MISMO LA ANOTACIÓN DE HABERSE REALIZADO ALGÚN PAGO PARCIAL, CORRESPONDE A LA PARTE DEMANDADA LA CARGA DE LA PRUEBA DE JUSTIFICAR QUE YA REALIZÓ EL PAGO TOTAL DEL ADEUDO O BIEN QUE EN SU CASO ES MENOR AL RECLAMADO. El hecho de que la parte actora hubiera reclamado una cantidad inferior a la que consigna el pagaré base de la acción, aun y cuando no conste en el mismo anotación alguna de pago, significa que implícitamente está reconociendo a favor del obligado ciertos pagos sobre el adeudo consignado en el básico, o en su caso, que está renunciando en su perjuicio a la diferencia del monto del documento que no está incluyendo en la cantidad reclamada, caso en el cual, lejos de agraviar al obligado lo beneficia, al reclamársele una cantidad inferior a la que ampara el título de crédito. Por consiguiente, cuando este último no reconoce el adeudo reclamado por su contraparte, en él recae la carga de la prueba para justificar con las pruebas contundentes que ya realizó el pago del adeudo, o bien que en su caso, éste es incluso menor al reclamado, pues partiendo de la base de que el pagaré es un título de crédito que representa una prueba preconstituida del derecho literal que consigna, es decir, del monto del adeudo que ampara, al demandado le corresponde demostrar el pago de dicho adeudo o desvirtuar la eficacia de que goza el título."

CUARTO. Existencia de la contradicción. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, ha sostenido que para que exista contradicción de tesis basta que se hayan examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales y los Tribunales Colegiados de Circuito hubiesen llegado a conclusiones opuestas, sin necesidad de que sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que los rodean, según se desprende de la tesis XLVI/2009 del Tribunal Pleno, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 26/2001, DE RUBRO: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’). De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por tesis el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpe la jurisprudencia citada al rubro, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes impide el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en diferencias fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución." (No. Registro: 166993. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, julio de 2009, tesis P. XLVI/2009, página 68).

"Contradicción de tesis 36/2007-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 30 de abril de 2009. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala."

En esa virtud, con base en lo expuesto en párrafos anteriores, se arriba a la convicción de que sí existe contradicción de tesis, ya que de las ejecutorias transcritas se evidencia que los Tribunales Colegiados examinaron cuestiones esencialmente iguales y adoptaron criterios discrepantes.

Lo anterior, porque el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito analizó una acción cambiaria directa iniciada con base en un pagaré, en el que constaba una cantidad mayor a la reclamada por el accionante, sin que se hiciera constar en dicho documento algún pago parcial, y concluyó que el derecho ejercido en esas condiciones carecía de certeza jurídica y por esa razón, la actora debió precisar y justificar su reclamación, pues lo contrario implicaría dejar a su arbitrio el fijar el importe de la cantidad cuyo pago desee demandar, y colocaría al suscriptor en desigualdad procesal, ya que se le obligaría a demostrar que liquidó una cantidad no establecida literalmente en el documento, sin conocer los conceptos y operaciones por los que el actor pretendía liquidar la suma reclamada.

Mientras que el Décimo Primer Tribunal Colegiado en la misma materia y circuito, al analizar una circunstancia similar, estimó que el hecho de que el actor no hubiera precisado los pagos que tomó en consideración para disminuir el monto del adeudo consignado en el pagaré, ello no significa que el adeudo reclamado careciera de certeza jurídica, por ser al demandado a quien correspondía demostrar el pago del adeudo.

En esas condiciones, se estima que sí existe la contradicción de tesis denunciada, y que ésta consiste en determinar:

A quién corresponde la carga de la prueba cuando, en la vía ejecutiva mercantil, mediante el ejercicio de la acción cambiaria directa se reclama el adeudo basado en un pagaré suscrito por una cantidad mayor a la reclamada por el accionante, sin que conste en dicho documento algún pago parcial.

QUINTO. Para resolver la contradicción de tesis denunciada conviene recordar algunas nociones sobre los títulos de crédito en general, y del pagaré en particular.

De entre los principios que rigen los títulos de crédito, importan para el estudio de este asunto, los de incorporación y de literalidad.

Incorporación. De acuerdo con la doctrina, el título de crédito es un documento que lleva incorporado un derecho en tal forma que el derecho va íntimamente unido al título y su ejercicio está condicionado a la exhibición del documento; sin presentar el título no se puede ejercer el derecho en él incorporado; por lo cual se afirma que: "la razón de poseer el derecho es el hecho de poseer el título".

La incorporación del derecho al documento se considera tan íntima, que el derecho se convierte en algo accesorio del documento. Generalmente, los derechos tienen existencia, independientemente del documento que sirve para comprobarlo, y puede ejercerse sin necesidad estricta del documento; pero tratándose de títulos de crédito, el documento es lo principal y el derecho lo accesorio; el derecho no existe ni puede ejercerse si no es en función del documento y condicionado a él.

Literalidad. Los títulos de crédito se rigen también por el principio de literalidad, según el cual, el derecho incorporado en el título es literal. Esto significa que tal derecho se medirá en su extensión y demás circunstancias, por la letra del documento, por lo que literalmente se encuentre en él consignado. Sin embargo, la literalidad puede estar contradicha o nulificada por otros elementos o por la ley. De ahí que la literalidad sea una característica de los títulos de crédito y presuncionalmente, la medida del derecho incorporado en el título es la medida que se contenga en la letra del documento.

Los principios de incorporación y literalidad se encuentran contenidos en el artículo 5o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que dispone:

"Artículo 5o. Son títulos de crédito, los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna."

El pagaré. Uno de los títulos de crédito es el pagaré, el cual debe reunir los siguientes requisitos que establece el artículo 170 de la mencionada Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito:

"Artículo 170. El pagaré debe contener:

"I. La mención de ser pagaré, inserta en el texto del documento;

"II. La promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero;

"III. El nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago;

"IV. La época y el lugar del pago;

"V. La fecha y el lugar en que se suscriba el documento; y

"VI. La firma del suscriptor, o de la persona que firme a su ruego o en su nombre."

De esos requisitos, importa para el presente asunto el previsto en la fracción II, relativo a la "promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero".

Sobre el particular, debe tomarse en cuenta que por disposición expresa del artículo 174 de la propia Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, al pagaré le resultan aplicables algunos preceptos relativos a la letra de cambio, como se advierte del texto de ese numeral:

"Artículo 174. Son aplicables al pagaré, en lo conducente, los artículos 77, párrafo final, 79, 80, 81, 85, 86, 88, 90, 109 al 116, 126 al 132, 139, 140, 142, 143, párrafos segundo, tercero y cuarto, 144, párrafos segundo y tercero, 148, 149, 150, fracciones II y III, 151 al 162, y 164 al 169.

"Para los efectos del artículo 152, el importe del pagaré comprenderá los réditos caídos; el descuento del pagaré no vencido se calculará al tipo de interés pactado en éste, o en su defecto al tipo legal; y los intereses moratorios se computarán al tipo estipulado para ellos; a falta de esa estipulación, al tipo de rédito fijado en el documento, y en defecto de ambos, al tipo legal.

"El suscriptor del pagaré se considerará como aceptante para todos los efectos de las disposiciones enumeradas antes, salvo el caso de los artículos 168 y 169, en que se

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22399-44f3aedc/pagare-corresponde-a-la-parte-demandada-la-carga · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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