TERCERO PERJUDICADO EN AMPARO DIRECTO. SI NO FUE EMPLAZADO DEBEN DEVOLVERSE LOS AUTOS A LA SECRETARÍA DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO PARA REGULARIZAR EL PROCEDIMIENTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 174/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIA: PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS SÁNCHEZ CORDERO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue realizada por la Magistrada presidenta del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, atendiendo a lo resuelto por dicho órgano jurisdiccional en el amparo directo laboral **********.
TERCERO. A fin de verificar la existencia de la contradicción denunciada, se efectúan las transcripciones siguientes:
El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, al dictar el acuerdo plenario de trece de mayo de dos mil diez, dentro del juicio de amparo directo laboral **********, determinó:
"ÚNICO. Pues bien, el artículo 167 de la Ley de Amparo, establece: ‘Artículo 167.’ (se transcribe). En razón de lo anterior, cabe destacar que de las ejecutorias de cuenta, se advierte que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo de este circuito, en relación con la falta de emplazamiento al tercero perjudicado ha determinado en sentencia ordenar la reposición del procedimiento para el efecto de que la autoridad responsable realice el llamamiento al juicio de garantías de dicho tercero perjudicado, y para efecto de lo anterior, resuelve remitir a la autoridad responsable la demanda de garantías y sus anexos, y como consecuencia de lo anterior, en su oportunidad dar de baja el expediente de amparo de su índice, y hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, apoyándose en la contradicción de tesis número 5/96, que dio vida al criterio jurisprudencial P./J. 44/96, de la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IV, julio de mil novecientos noventa y seis, página 85, en la que se sostuvo que tomando en consideración que la falta de emplazamiento o la práctica irregular de dicha formalidad a las partes en un juicio, constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter grave, si el tercero perjudicado es parte en el juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, es inconcuso que debe ser legalmente emplazado, y la omisión a ese respecto, dada su trascendencia en las demás formalidades esenciales del procedimiento, tiene como efecto que el tribunal que conoce del amparo directo o de la revisión, mande reponer el procedimiento, o en su caso revoque la sentencia dictada en el juicio constitucional y ordene la reposición del procedimiento para que se subsane la referida violación procesal. En virtud de lo anterior, este tribunal no comparte el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo de este mismo circuito, al resolver entre otros, los amparos directos **********, ********** y **********, toda vez que la reposición del procedimiento a que se refiere la jurisprudencia P./J. 44/96 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 85, Tomo IV, del mes de julio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que invoca el mencionado órgano colegiado de ninguna manera implica que tengan que devolverse la demanda de amparo y los autos a la autoridad responsable para que realice el emplazamiento del tercero perjudicado, ni que deba darse por concluido el juicio de amparo, sino que dicha reposición debe comprender únicamente, (en los casos en que el asunto se encuentre turnado a ponencia para la elaboración del proyecto), regresar los autos a la Secretaría de Acuerdos a fin de que se regularice el procedimiento y se integre correctamente el procedimiento de amparo, para lo cual deberá requerirse a la autoridad responsable para que emplace al tercero perjudicado que no hubiera sido llamado al juicio de garantías, máxime, que en esos casos no se está en presencia de una violación procesal que amerite reponer el procedimiento, no ante el propio Tribunal Colegiado, sino incluso, ante la autoridad responsable, pues lo que acontece en amparo directo ante la falta de emplazamiento del tercero perjudicado es la incorrecta integración del expediente de amparo, lo que desde luego impide que se emita el fallo correspondiente; por lo que en este supuesto y en atención a los principios de economía procesal, celeridad y justicia pronta contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, los autos deben devolverse a la Secretaría de Acuerdos del Tribunal Colegiado para la correcta integración del toca de amparo, requiriendo al efecto a la Junta responsable. Este tribunal estima que, de procederse conforme al criterio del Segundo Tribunal Colegiado, prácticamente se estaría concluyendo anormalmente con el trámite del juicio de amparo que, en términos óptimos, sólo debería finalizar con sentencia que conceda o niegue la protección federal, o bien, con resolución que sobresea en el juicio, pero no con fallo de reposición procesal en el trámite interno de amparo directo, con los consecuentes efectos que tiene la culminación de un asunto. ..."
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en las mismas materias y circuito, al resolver los amparos directos **********, ********** y **********, en sesiones de ocho de junio de dos mil cinco, diez de febrero de dos mil diez, y diecisiete de febrero de dos mil diez, respectivamente, en lo que interesa, sostuvo:
a) Juicio de amparo directo **********:
"QUINTO. ... Como se aprecia de los antecedentes que fueron expuestos con antelación, fueron llamados al juicio laboral como demandados ********** y ********** y/o quien resultara responsable de la fuente de trabajo, así como el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, según constancias de emplazamiento agregadas a fojas 6, 7, 8, 57 y 58 del expediente de origen. Por tal motivo, dichos demandados, en términos de lo dispuesto por el artículo 5o., fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, tienen el carácter de terceros perjudicados en el presente juicio constitucional. En efecto, dicho numeral prevé: ‘Artículo 5o.’ (se transcribe). ... ‘III.’ (se transcribe). ‘a)’ (se transcribe). Por otra parte, los artículos 30 y 167 de la Ley de Amparo disponen: ‘Artículo 30.’ (se transcribe). ‘I.’ (se transcribe). ‘II.’ (se transcribe). ‘III.’ (se transcribe). ‘Artículo 167.’ (se transcribe). El referido artículo 30 dispone, entre otras cosas, que el emplazamiento al tercero perjudicado y la primera notificación que deba hacerse a persona distinta de las partes en el juicio se harán personalmente, así como la forma en que se deben hacer las notificaciones personales. Ahora, pese a lo dispuesto por el numeral 167 de la Ley de Amparo, en cuanto al trámite que debe seguir la autoridad responsable al recibir una demanda de garantías, en el sentido de que debe emplazar a las partes al juicio constitucional para que, dentro de un término máximo de diez días, comparezcan ante el Tribunal Colegiado correspondiente a defender sus derechos, debe decirse que la Junta Laboral no cumplió cabalmente con lo previsto en dicho precepto. Ciertamente, del análisis de las constancias que la responsable acompañó a la demanda de amparo, se advierte que obran a fojas 139 a 146, las constancias relativas a los emplazamientos practicados a ********** y **********. Sin embargo, se aprecia que la responsable no emplazó al juicio constitucional al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, pues ni siquiera lo tuvo con tal carácter, pues se desprende del cuaderno de amparo que la responsable por acuerdo de cuatro de mayo de dos mil cinco ordenó lo siguiente: ‘... comisiónese a un actuario adscrito a esta Junta para que emplace al tercero perjudicado. 1. ********** y **********. En los domicilios señalados en el escrito de garantías ...’. Como se ve, la autoridad responsable, pese a que el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores figura como contraparte de la quejosa en el juicio laboral de origen no ordenó el emplazamiento de ese instituto y, por ende, no realizó el emplazamiento mediante notificación personal, pese a que de conformidad con el artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, tiene el carácter de tercero perjudicado, sin que obste para ello el hecho de que la parte quejosa no lo haya señalado con tal carácter, pues no puede quedar a su arbitrio la designación de las partes en el juicio de garantías, pues la ley establece de manera específica quiénes tienen el carácter de terceros perjudicados. En ese sentido, si de las constancias que la autoridad responsable remitió, junto con la demanda de garantías, no se advierte que la misma haya acatado lo ordenado por los artículos 30 y 167 de la Ley de Amparo, es inconcuso que, ante esa omisión, lo que se impone es que la Junta Laboral debe practicar el emplazamiento en cuestión. Lo anterior es así, puesto que el tercero perjudicado es parte en el juicio de amparo y su emplazamiento al mismo constituye una formalidad esencial del procedimiento correspondiente, de ahí que, obligadamente se le hará saber de la demanda de amparo, corriéndosele traslado con copia del escrito correspondiente. Así lo estimó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 5/96, que dio vida al criterio jurisprudencial P./J. 44/96, de la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IV, julio de 1996, página 85, en la que sostuvo que tomando en consideración que la falta de emplazamiento o la práctica irregular de dicha formalidad a las partes en un juicio, constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter grave, si el tercero perjudicado es parte en el juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, es inconcuso que debe ser legalmente emplazado, y que la omisión a ese respecto, dada su trascendencia en las demás formalidades esenciales del procedimiento, tiene como efecto que el tribunal que conoce del amparo directo o de la revisión, mande reponer el procedimiento o, en su caso, revoque la sentencia dictada en el juicio constitucional y ordene la reposición del procedimiento para que se subsane la referida violación procesal. El criterio jurisprudencial referido, es del tenor literal siguiente: ‘TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SI NO FUE EMPLAZADO DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, SIN QUE OBSTEN LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES Y MODALIDADES QUE SE IMPONGAN EN LA SENTENCIA QUE CONCEDA EL AMPARO.’ (se transcribe). Para mayor ilustración, conviene transcribir las consideraciones que sustentan la contradicción de tesis 5/96, que dio vida al criterio jurisprudencial transcrito en el párrafo inmediato anterior. (se transcribe). En ese sentido, como la autoridad responsable no ordenó el emplazamiento del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores en su carácter de tercero perjudicado, es inconcuso que no dio cumplimiento a lo previsto por los numerales 30 y 167 de la Ley de Amparo, que prevén la obligación de emplazar al tercero perjudicado al juicio de amparo mediante notificación personal. Por tal motivo, lo que procede es remitirle a la Junta responsable la demanda de garantías y sus anexos, a fin de que emplace con el carácter de tercero perjudicado al instituto de mérito. Sin que obste a lo anterior el hecho de que en el laudo reclamado no se haya realizado pronunciamiento específico respecto del codemandado Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, pues conforme a los lineamientos establecidos por nuestro Más Alto Tribunal de la Nación, la determinación de los tribunales de considerar innecesario o intrascendente el llamado a un tercero perjudicado al juicio de amparo, puede llegar a ser violatorio de los principios fundamentales que lo rigen en caso de que sea concedida la protección constitucional, perjuicio que no puede calcularse de manera precisa, de hecho ni conforme a derecho. En su oportunidad, dése de baja el presente expediente en el índice de este tribunal, haciendo las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Con objeto de que obre constancia de lo aquí actuado, fórmese expedientillo para los efectos legales a que hubiere lugar. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo, así como en los diversos 35 y 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: PRIMERO. Se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo **********, instado por ********** y **********, contra el acto que reclamaron de la Junta Especial Número Treinta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en Tampico, Tamaulipas, consistente en el laudo de catorce de julio de dos mil cuatro, dictado en el expediente laboral **********. SEGUNDO. Se ordena remitir la demanda de amparo promovida por ********** y **********, y sus anexos a la Junta Especial Número Treinta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, a fin de que ordene el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 167 de la Ley de Amparo. ..."
B) Juicio de amparo directo **********:
"QUINTO. No es necesario abocarse al estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, dado que en el caso resulta menester reponer el procedimiento del juicio de amparo, por las consideraciones que enseguida se precisan. Ciertamente, como se advierte del análisis de las constancias de autos origen del presente juicio constitucional, **********, tiene el carácter de tercero perjudicada. Ello resulta así, en virtud de que de la lectura de la contestación a la demanda a cargo de **********, visible a fojas veinticinco a treinta y seis del expediente laboral **********, se desprende que se señaló como tercero llamado a juicio a **********, toda vez que lo determinado en el asunto podía depararle perjuicio a sus intereses, lo cual fue ordenado en acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil siete; asimismo se desprende de las constancias naturales que el siete de abril de dos mil ocho, se llevó a cabo la audiencia en que se escucharía al aludido llamado a juicio, lo cual se evidencia a fojas ciento cincuenta y nueve a ciento sesenta y cuatro. Por dichos motivos, como ya se dijo, en términos de lo dispuesto por el artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, **********, toda vez que ostenta el carácter de contraria de la parte aquí quejosa, dentro del juicio laboral que da origen al acto reclamado en la especie, tiene el carácter de tercero perjudicado en este juicio constitucional. Efectivamente, el numeral 5o., fracción III, inciso a), de la invocada legislación determina: ‘Artículo 5o.’ (se transcribe). ... ‘III.’ (se transcribe). ‘a)’ (se transcribe). Así, como se sabe, el tercero perjudicado es el sujeto que tiene interés jurídico en todo lo concerniente al acto reclamado, habida cuenta que, de alguna manera, se encuentra involucrado en él. La posición que el tercero perjudicado ocupa como parte en el proceso de amparo resulta similar a la de la autoridad responsable, pues ambos sujetos persiguen las mismas finalidades y propugnan idénticas pretensiones. Ahora bien, al resolver la contradicción de tesis 20/2003-PL, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el referido precepto establece que es parte, en el juicio de amparo, el tercero o terceros perjudicados y señala quiénes tienen ese carácter en las diferentes materias de amparo, con lo cual el legislador evidentemente quiso poner de manifiesto quiénes, sin lugar a dudas, tienen derecho a comparecer al juicio constitucional como terceros perjudicados y no limitar a esos supuestos a los sujetos procesales que pueden intervenir en el mismo con esa calidad, lo que se constata con la disposición contenida en el inciso c) de la propia fracción, en el que se reconoce ese derecho a la persona o personas que sin haber gestionado el acto en su favor tengan interés directo en su subsistencia; y si bien esa disposición está dirigida esencialmente a la materia administrativa, se revela la intención del creador de la norma de que no queden fuera del concepto de terceros perjudicados dentro del juicio de garantías aquellos sujetos que tengan interés o puedan ser afectados con el acto reclamado. Asimismo, se sostuvo que la circunstancia de que no pueda reconocerse a una persona como contraparte del agraviado no impide que se le considere como tercero perjudicado, puesto que tiene un interés contrario al del quejoso e interés, por lo mismo, en que subsista el acto reclamado, toda vez que no debe perderse de vista el propósito del legislador plasmado en la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, atinente a que puedan intervenir en el juicio constitucional con ese carácter aquellas personas cuyos intereses pugnen con los del promovente del mismo y que, por tanto, tengan interés directo en que perviva el acto reclamado, ya que así se deriva de los supuestos que prevé en sus diferentes fracciones que otorgan tal prerrogativa a quienes evidentemente tienen un conflicto de intereses con el peticionario de garantías. Concluyéndose que, los supuestos previstos en los tres incisos de la fracción III del numeral 5o. de la ley de la materia no agotan todos los casos en que debe reconocérsele a una persona la calidad de tercero perjudicado, dado que de una interpretación amplia del precepto se advierte que tiene derecho a intervenir como tal cualquier persona con un interés opuesto al del agraviado y, consecuentemente, interés directo en la subsistencia del acto reclamado. Por otra parte, los artículos 30 y 167 de la Ley de Amparo establecen: ‘Artículo 30.’ (se transcribe). ‘I.’ (se transcribe). ‘II.’ (se transcribe). ‘III.’ (se transcribe). ‘Artículo 167.’ (se transcribe). Como se ve, el transcrito numeral 30 estatuye, entre otras cosas, que el emplazamiento al tercero perjudicado y la primera notificación que deba hacerse a persona distinta de las partes en el juicio se harán personalmente, así como la forma en que se deben hacer las notificaciones personales. En esa tesitura, pese a lo dispuesto por el precepto 167 de la Ley de Amparo, en cuanto al trámite que debe seguir la autoridad responsable al recibir una demanda constitucional, en el sentido de que debe emplazar a las partes al juicio de garantías para que, dentro de un plazo máximo de diez días, comparezcan ante el Tribunal Colegiado correspondiente a defender sus derechos, debe decirse que, en el caso a estudio, la responsable no cumplió cabalmente con lo establecido en el señalado artículo. Lo anterior es así, en razón de que el tercero perjudicado, se insiste, es parte en el juicio de amparo y su emplazamiento al mismo constituye una formalidad esencial del procedimiento, de ahí que, obligadamente, se le hará saber de la demanda constitucional mediante el traslado que se le corra con copia del escrito relativo. Así lo considera el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 44/96, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, julio de 1996, página 85, en la que se sostiene que teniendo en cuenta que la falta de emplazamiento o la práctica irregular de dicha formalidad a las partes en un juicio constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter grave, si el tercero perjudicado es parte en el juicio de garantías, de acuerdo con lo estatuido en el numeral 5o., fracción III, de la ley de la materia, en consecuencia, resulta inconcuso que debe ser legalmente emplazado; y que la omisión a ese respecto, dada su trascendencia en las demás formalidades esenciales del procedimiento, tiene como efecto que el tribunal que conoce del amparo directo o de la revisión mande reponer el procedimiento o, en su caso, revoque la sentencia dictada en el juicio constitucional y ordene la aludida reposición para que se subsane la violación procesal en comento. En el caso particular, se advierte que en el emplazamiento efectuado a **********, la autoridad responsable se apartó de lo que dispone el artículo 30, fracción I, de la Ley de Amparo. Se estima lo anterior, en virtud de que, de la constancia glosada a foja 14 del juicio constitucional que nos ocupa, se advierte que, el veinte de octubre de dos mil nueve, el actuario adscrito a la responsable asentó que se constituía en el domicilio ubicado en **********, con el fin de notificar al tercero perjudicado **********, además de que le corrían traslado con copia de la demanda de garantías, a través de **********, en su carácter de asistente de gerencia de tal empresa. Como se aprecia, la diligencia referida no cumplió con las reglas establecidas en el numeral 30, fracción I, de la ley de la materia, a saber: a) No se asentó en qué términos se efectuó la búsqueda de la persona moral que en la especie debía ser notificada, en el lugar que señaló para que se le efectuaran las notificaciones de carácter personal; b) En consecuencia, no se asentó la razón atinente a por qué la diligencia se entendía con diversa persona de la que debía ser notificada; c) Por ende, se desconoce, si procedía o no dejar citatorio a nombre de la tercero perjudicada; y, d) Tampoco media constancia que evidencie, en su caso, si había lugar o no a entregar el citatorio correspondiente, si se acudió con posterioridad al domicilio, en la hora y fecha estipulados, con el objeto de verificar el emplazamiento y, en su caso, si se encontró o no al apoderado legal de la persona moral demandada y, en consecuencia, si correspondía o no notificar por lista. No obstante ello, con base en la actuación anteriormente precisada, la autoridad responsable tuvo por realizado el emplazamiento respectivo; lo que deviene incorrecto, dado que la fracción I del numeral 30 de la ley de la materia claramente prevé las reglas conforme a las cuales deben hacerse las notificaciones personales, mismas que, como se ve, no fueron acatadas por la Junta Laboral. Y es que, menos aún, se puede considerar emplazada a la empresa aquí tercero perjudicada, a través de la notificación efectuada a **********, puesto que, de las constancias que conforman el expediente laboral ********** del índice de la Junta responsable, ningún dato se desprende en el sentido de que se le haya reconocido con el carácter de apoderada legal o autorizada para recibir notificaciones a nombre de la empresa; situación que, por sí sola, patentiza la falta de certeza en cuanto a que efectivamente se haya logrado el objeto del emplazamiento a estudio. Así las cosas, como ya se dijo, es evidente que **********, no fue emplazada legalmente a este juicio de amparo, de donde se colige que la autoridad responsable no dio cumplimiento a lo previsto por el precepto 167 de la ley en consulta. En ese orden de ideas, lo que procede es remitirle a la Junta responsable la demanda constitucional y sus anexos, a fin de que lleve a cabo el emplazamiento de **********, con el carácter de tercero perjudicada. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 44/96 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, julio de 1996, página 85, que a la letra dice: ‘TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SI NO FUE EMPLAZADO DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, SIN QUE OBSTEN LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES Y MODALIDADES QUE SE IMPONGAN EN LA SENTENCIA QUE CONCEDA EL AMPARO.’ (se transcribe). También sirve de apoyo a lo anterior, por compartirse, la tesis VI.2o.T.7 K, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, octubre de 2002, página 1464, que literalmente dice: ‘TERCERO PERJUDICADO. CORRESPONDE AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DETERMINAR, EN SU CRITERIO, QUIÉNES PUEDEN TENER INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO CON ESE CARÁCTER.’ (se transcribe). Ahora bien, toda vez que el emplazamiento al tercero perjudicado es una obligación de la autoridad responsable como auxiliar de la Justicia Federal, en términos del artículo 167 de la Ley de Amparo, con motivo de la presentación de una demanda de amparo directo, se requiere a la Junta del conocimiento para que dentro del término de cinco días remita la constancia de notificación correspondiente, bajo el apercibimiento de que, en caso de no realizarlo, se le impondrá una multa de veinte a ciento cincuenta días de salario que establece el artículo 169 de la Ley de Amparo, lo anterior, con la finalidad de acatar el mandato constitucional de administrar justicia de manera pronta en términos del artículo 17 de la Carta Magna. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 29/98, emitida por el Pleno de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, mayo de 1998, página 5, que es del siguiente tenor: ‘DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. EL INCUMPLIMIENTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE LOS TRÁMITES A QUE LA OBLIGA LA LEY DE AMPARO, ES SANCIONABLE CON MULTA.’ (se transcribe). ... En su oportunidad, dése de baja el presente expediente del índice de este tribunal, haciendo las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Con objeto de que obre constancia de lo aquí actuado, fórmese cuadernillo para los efectos legales a que hubiere lugar. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo, en relación con el 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: ÚNICO. Se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo **********, promovido por ********** y **********, a través de su apoderado **********, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Treinta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Tampico, Tamaulipas, consistente en el laudo de ocho de junio de dos mil nueve, dictado en el expediente laboral **********; para lo cual deberá remitirse la demanda de amparo y sus anexos a la referida Junta, a fin de que cumpla con lo ordenado en el considerando último de esta ejecutoria. ... "
C) Juicio de amparo directo **********:
"SÉPTIMO. No se analizarán los conceptos de violación expuestos por el quejoso, pues en el caso es menester reponer el procedimiento de amparo, por las consideraciones que enseguida se precisarán. Los autos que integran el presente juicio de garantías, ponen de relieve que tiene el carácter de tercero perjudicado, quien resulte propietario del predio ubicado en el **********, localizado a un lado del ejido **********, por el lado de la vía del ferrocarril, de este Municipio, pues de la demanda laboral se advierte que fue llamado a juicio como patrón, entre otros; además, en la audiencia trifásica de catorce de septiembre de dos mil seis, la Junta responsable acordó que en virtud de la incomparecencia de la patronal referida, le hizo efectivo el apercibimiento contenido en el diverso de doce de junio del citado año, teniéndolo por contestando la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho para ofrecer pruebas (fojas 1, 2 y 11 a 15). Por tal motivo, quien resulte propietario del predio ubicado en el **********, localizado a un lado del ejido **********, por el lado de la vía del ferrocarril, de este Municipio, en términos de lo dispuesto por el artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, tiene el carácter de tercero perjudicado en el presente juicio constitucional, máxime que ninguna de las prestaciones reclamadas por el actor prosperó, al haber emitido un laudo absolutorio. En efecto, el artículo 5o., fracción III, de la invocada legislación, determina: ‘Artículo 5o.’ (se transcribe). ... ‘III.’ (se transcribe). Bien, el tercero perjudicado es el sujeto que tiene interés jurídico en todo lo concerniente al acto reclamado, ya que el mismo de alguna manera se encuentra involucrado en él. La posición que aquél ocupa como parte en el proceso de amparo es similar a la de la autoridad responsable, puesto que ambos sujetos persiguen las mismas finalidades y propugnan idénticas pretensiones. Ahora, al resolver la contradicción de tesis 20/2003-PL, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, sustentó que el referido artículo establece que es parte en el juicio de amparo, el tercero o terceros perjudicados y señala quiénes tienen ese carácter en sus diferentes materias, con lo cual el legislador evidentemente quiso poner de manifiesto quiénes, sin lugar a dudas, tienen derecho a comparecer al juicio de garantías con tal atributo y no limitar a esos supuestos a los sujetos procesales que pueden intervenir en el mismo con esa calidad, lo que se corrobora con la disposición contenida en el inciso c) de la propia fracción, en el que reconoce ese derecho a la persona o perso
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22414-ab8f4615/tercero-perjudicado-en-amparo-directo-si-no-fue · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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