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Modo: Corpus Pro

PRESCRIPCIÓN NEGATIVA EN MATERIA MERCANTIL. SE INTERRUMPE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1041 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, CUANDO EN UN CONTRATO DE DEPÓSITO BANCARIO DE DINERO SE PACTÓ SU RENOVACIÓN AUTOMÁTICA UNA VEZ CONCLUIDO EL PLAZO INICIAL DEL DEPÓSITO Y LA REINVERSIÓN DE LOS INTERESES Y EL CAPITAL, EN CASO DE NO PROPORCIONARSE UNA INSTRUCCIÓN EN SENTIDO DIVERSO POR PARTE DEL INVERSIONISTA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 12/2008. · Registro digital (IUS): 22420
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, , Pág. 237.

AMPARO DIRECTO 12/2008. **********.

MINISTRO PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ.

SECRETARIA: PAOLA YABER CORONADO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver el presente amparo directo, en atención a que, si bien es de competencia originaria de un Tribunal Colegiado de Circuito, en el caso se ejerció la facultad de atracción para conocer del mismo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 182 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 10, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme a lo dispuesto en los puntos segundo, párrafo segundo, y cuarto del Acuerdo General 5/2001 de este Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, por tratarse de un asunto que podría entrañar un criterio de importancia y trascendencia en materia bancaria mercantil, por cuanto hace a las inversiones bancarias en los términos de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, la Ley Orgánica del Banco de México, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y demás normas jurídicas relacionadas con esas legislaciones.

SEGUNDO. La demanda de amparo se interpuso dentro del término de quince días, previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, toda vez que la sentencia definitiva de cuatro de diciembre de dos mil siete, que constituye el acto reclamado, fue notificada a la quejosa mediante Boletín Judicial de cinco de diciembre de dos mil siete, surtiendo efectos el seis de diciembre del mismo año, por lo cual, el plazo de quince días a que se refiere el citado artículo 21 de la Ley de Amparo, inició el siete de diciembre de dos mil siete y concluyó el lunes catorce de enero de dos mil ocho, descontándose los días ocho y nueve de diciembre de dos mil siete así como, cinco, seis, doce y trece de enero de dos mil ocho, por ser sábados y domingos, días inhábiles de acuerdo con el artículo 23 de la Ley de Amparo; así como el periodo del diecisiete de diciembre de dos mil siete al primero de enero de dos mil ocho, correspondiente al segundo periodo vacacional; luego, si la demanda se presentó el catorce de enero de dos mil ocho, es claro que el juicio de amparo fue promovido en tiempo.

TERCERO. Las consideraciones necesarias para resolver la presente instancia son las que a continuación se sintetizan:

I. La parte considerativa de la sentencia reclamada esencialmente, es la siguiente:

1. La Sala responsable consideró que los conceptos primero y tercero de agravio del apelante actor eran infundados, ya que tal como se advierte del recibo de administración de pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento, número 1804709, de fecha de concertación de diecisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco, se pactó su vencimiento al día diecisiete de enero de mil novecientos ochenta y seis, sin que en el recuadro correspondiente a "instrucciones al vencimiento", se haya establecido la concertación respecto a tal recibo.

Que ello es así, con independencia que se estableció en el recibo "este documento no deberá liquidarse, abono automático al vencimiento" y que de sus instrucciones especiales se estableció "Clave 3 abono a cuenta DBD", pues eso no trae consigo la obligación de la parte demandada de haber renovado el recibo de administración de pagaré en comento, pues de dichas leyendas sólo se advierte que el documento no deberá liquidarse, sino abonarse automáticamente a su vencimiento, sin que en la parte correspondiente se haya señalado nada en cuanto a su renovación.

Que derivado de lo anterior, no era posible interpretar las leyendas antes referidas, ya que en el anverso de dicho documento se estableció que: "El pagaré que ampara este recibo será renovado automáticamente a su vencimiento cuando se tengan instrucciones de renovación, salvo aviso en contrario de su titular, recibido por nosotros a más tardar al vencimiento del título original o de la última de sus renovaciones", lo que significa que el pagaré será renovado en forma automática a su vencimiento, siempre y cuando se tengan instrucciones de renovación por su titular, sin que tal condicionante se haya actualizado, pues no se advierte tal.

Que tampoco puede tenerse por actualizada la condicionante referida, por el hecho de que el apelante señale que la demandada no probó que haya abonado automáticamente a su vencimiento la suma consignada en el recibo 1804709, en función de que al no establecerse en el recuadro correspondiente a las instrucciones del vencimiento de tal pagaré, su renovación, el que se haya acreditado del depósito, no trae consigo tal, pues son hechos distintos que no traen aparejada una causa o efecto.

Señala que como correctamente lo sostuvo el a quo, respecto al abono automático, al vencimiento del importe del pagaré número 1804709, atento a su falta de renovación, la acción de cobro de tal documento ha prescrito, pues en términos de lo dispuesto por el artículo 1047 del Código de Comercio, la prescripción se actualiza por el paso de diez años, por lo que contaba con el ejercicio de su acción hasta el diecisiete de enero de mil novecientos noventa y seis, y en esos términos, si fue hasta el catorce de octubre de dos mil tres cuando el actor instauró su reclamación, es evidente que transcurrió el término prescriptivo, por lo que las manifestaciones del apelante relativas a que no se estarían capitalizando los intereses son inatendibles.

2. Precisa que la condena respecto al importe consignado en los documentos de inversión números 1924914 y 1500433 por las sumas respectivamente de ********* pesos y ********** pesos, fue acertada, tomando en cuenta que de acuerdo al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de mil novecientos noventa y dos, se creó la nueva unidad de nuestro sistema monetario, por lo que las nuevas cantidades serían respectivamente por ********* pesos y ********** pesos y del diverso recibo de administración de pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento número 1804709 de ********** pesos, sirviendo de base a lo anterior la jurisprudencia por contradicción 4/2004-PL.

Sostiene que es infundado el argumento por medio del cual señala el apelante que el juzgador desatendió la renovación de las sumas consignadas en los documentos de inversión números 1924914 y 1500433, y que por ello, el capital consignado en tales documentos y el que corresponde a los intereses conforman "una unidad", porque nunca fueron pagados, ya que en el caso resulta ser que el capital de la inversión era el concepto que se renovaba y no los intereses, pues del contenido de tales documentos no se advierte la existencia de instrucción alguna para que se arribe a la conclusión de que las cantidades que por tales conceptos se consignan provoquen una suma mayor.

Al respecto, señaló que la simple manifestación de que hubo una renovación de intereses y capital, es insuficiente ante la obligación procesal de acreditar sus hechos, como lo señala el precepto 1194 del Código de Comercio.

3. Que el cuarto agravio hecho valer es infundado, ya que si bien es cierto que de la lectura de los títulos de inversión números 1924914 y 1500433, se desprende que devengarían intereses pagaderos a su vencimiento al 12% anual, con una sobre tasa al 36.42% anual exenta del impuesto sobre la renta, y con un interés pagadero al 12% anual y sobre tasa exenta sobre el impuesto sobre la renta al 81.37%, respectivamente, también lo es que dicha expresión de la voluntad como correctamente lo estableció el juzgador, no es factible que subsista hasta en tanto se encuentren vigentes las inversiones materia de la litis, pues de las notas importantes plasmadas en tales documentos se señaló que al renovarse el pagaré que ampara el recibo 1924914, su rendimiento se ajustaría en su caso a las disposiciones del Banco de México, vigentes en esa fecha.

Que de tal manera, al haberse establecido su renovación automática es claro que dicho pacto de voluntades sustituye las tasas de interés señaladas en los recibos, pues si bien es cierto que de acuerdo con el artículo 41 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, las condiciones generales que se establezcan respecto a los depósitos a la vista y de ahorro podrán ser modificadas por la institución, conforme a las disposiciones aplicables mediante aviso dado con diez días de anticipación, también lo es que en el caso prevalece la voluntad de las partes, ya que a su renovación automática vencieron los títulos de inversión, por lo que las tasas pactadas se sustituyeron por las del Banco de México, sin que obste a lo anterior que se señalara que el depósito a plazo sería renovado automáticamente con las "mismas características", ya que de su interpretación se advierte que ello se refiere al importe total de la inversión , y que respecto de los intereses se debe estar al pacto específico y no al general.

4. Sostiene que es infundado el quinto agravio propuesto por el apelante, ya que fue correcto que el juzgador declarara fundada la excepción de prescripción respecto al pago de intereses causados sobre el capital contenido en las inversiones que constan en los recibos 1924914 y 1500433, pues de acuerdo con el artículo 1162 del Código Civil, de aplicación supletoria a la materia mercantil, las pensiones, rentas, alquileres y cualquier otra prestación periódica no cobrada a su vencimiento, quedarán prescritas en cinco años, contados desde el vencimiento de cada una de ellas, de lo que se advierte que si estamos ante la presencia de documentos de inversión que devienen por su renovación de una prestación periódica cuyos rendimientos se pactó que fueran pagados a su vencimiento en forma anual, ello trae consigo que se traten de una prestación periódica, por lo que resultó procedente que el a quo estableciera tal prescripción y se tuvieran por vencidos tales intereses dentro del lapso de los cinco años anteriores al primer requerimiento de su pago, que resultó ser el día catorce de octubre de dos mil tres, cuando el apelante formuló su reclamación ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Por lo que los intereses causados sobre los documentos de inversión números 1924914 y 1500433, atento a las tasas que corresponda y que emanen del Banco de México, se deberán liquidar por el término referido, y si bien señala el apelante que dichos rendimientos nunca fueron pagados, al tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, éstas se actualizaron en el momento durante la vigencia de los títulos de inversión y quedaron a disposición del inconforme para su cobro y reclamo, y si no lo ejercitó es claro que se actualizó la prescripción.

5. Considera que si bien con la prueba confesional se acredita la falta de reclamo por parte del actor por más de doce años del pago de las inversiones concertadas y la exigencia de que se le entregaran los estados de cuenta, ello no trae aparejada la falta de vigencia de las operaciones que se derivan de los documentos de inversión, pues esa se demostró con los mismos, por lo que su agravio es insuficiente para revocar la sentencia.

Aduce que el hecho de que la inconforme haya tenido la posibilidad, según la circular 1029 emitida por la Comisión Nacional Bancaria, de conservar la documentación durante un periodo mínimo de doce años y que no se halle dentro de su sistema, no implica la falta de existencia o invalidez de los documentos base de la acción, en razón de que la destrucción de la documentación resulta responsabilidad de la institución de crédito. Tal como se advierte de la misma circular al señalar que mientras los créditos o las obligaciones se encuentren insolutas, se deberá conservar durante los doce meses siguientes la documentación después de su cobro o liquidación, y en caso de estar en trámite litigioso se conservará hasta la conclusión del asunto.

Que de lo anterior se colige que si los documentos de inversión números 1924914 y 1500433 son operaciones pasivas, no le surte efecto la premisa de destrucción, pues su pago no quedó acreditado, por lo que al tratarse de inversiones renovadas en forma automática, éstos se encuentran vigentes, ya que en términos del artículo 1041 del Código de Comercio, la prescripción se interrumpe tanto por la demanda o cualquier género de interpelación judicial, o por el reconocimiento de la obligación o por la renovación del documento en el que se funde el derecho de acreedor, por lo que si la documentación referida cuenta con una leyenda en el sentido de que los cheques tienen una renovación automática y un plazo pactado de noventa días, las obligaciones se actualizan de momento a momento, mientras subsista la causa que los originó, esto es, la administración de cantidades de dinero depositadas.

6. En relación con el argumento mediante el cual señala el apelante que de acuerdo con la prueba pericial en materia de usos y prácticas bancarias y mercantiles, los bancos "suelen" pagar a sus depositarios o inversionistas aun sin entregar el recibo de depósito de administración que se les expidió, y que las inversiones como las de la actora, no suelen permanecer vigentes en forma definitiva sino que están forzosamente expuestas a un plazo extintivo, lo califica de infundado.

Lo anterior, ya que si bien es cierto que las instituciones de crédito se sustentan en las leyes que regulan su actividad y por los usos y prácticas bancarias, de acuerdo con el artículo 6, fracción II, de la Ley de Instituciones de Crédito, también lo es que antes en la práctica bancaria, como refiere el perito en su dictamen, se debía hacer entrega por parte del beneficiario del recibo correspondiente, lo cual es un acto positivo de acreditamiento y no una manifestación de expresión respecto a presunciones.

Que así las cosas, no resultaba procedente que se demeritaran los documentos base la acción, por haber sido destruidos, pues a decir de la recurrente habían sido pagadas las inversiones.

Se consideró infundado el argumento del apelante respecto a la circular 1029, por medio de la cual se faculta a la institución de crédito a un plazo de guarda y conservación de documentación, y que atento a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, y el diverso 99 de la Ley de Instituciones de Crédito, no era posible acreditar con el comprobante de pago correspondiente que se cubrió el capital e intereses, pues las inversiones controvertidas vencieron desde hace más de veinte años.

Lo anterior, ya que la propia circular 1029 previene la guarda y custodia de los títulos cuando no han sido liquidados, y ante la renovación automática de los documentos números 1924914 y 1500433, así como al no haber acreditado su pago y obrar en poder del accionante, se desvirtúa la manifestación de presunción respecto al pago, pues el que no aparezcan como vigentes las inversiones en el sistema contable sólo prueba que no están en el sistema, pero no que fueron pagadas.

Señala que contrario a lo invocado por el apelante, al tratarse el pago de un acto positivo, era necesario, según lo dispuesto por el artículo 1194 del Código de Comercio, que se autorizara tal cuestión, pues éste debía acreditar el pago de las operaciones consignadas en los básicos de la acción, ya que éste es un hecho constitutivo de su excepción y no un hecho derivado de la facultad otorgada en la circular 1029.

7. Precisa que es infundado el argumento del apelante respecto a que el banco estuvo en aptitud de destruir los documentos base de la acción porque fueron pagados, ya que ello no es materia de presunción, aun en el caso de contar con el derecho de destrucción, pues contraviene a la posesión y exhibición de los documentos fundatorios de la acción.

Afirma que respecto a la manifestación de los peritos, tocante a que la acción del actor ya prescribió, es inapropiada al exceder su función dictaminadora, por lo que no se colige violación al principio de exhaustividad, como pretende el apelante.

Que derivado de todo lo antes expuesto, resultaba insuficiente que se hubiera hecho efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de siete de marzo de dos mil siete, en el que se tuvieron por ciertas las manifestaciones de la demandada en relación a la prueba marcada con el número décimo cuarto de su escrito de pruebas, pues no se acreditó el hecho positivo de pago, así como la posesión respecto a los títulos de inversión exhibidos y no se demostró su falta de vigencia, sino su plena actualización respecto a las contenidas en los documentos 1924914 y 1500433, en los que se estableció su renovación automática.

Se calificó como parcialmente fundado, pero insuficiente para modificar la sentencia apelada, ya que el juzgador no analizó la excepción innominada, por lo que entró a su estudio.

La excepción consiste en que los recibos de administración de pagaré números 1804709 y 1924914, al provenir de una misma cuenta número 579533, constituyen una sola operación, en la que el primero de los documentos fue abonado al segundo.

La calificó como infundada, ya que el hecho de que las inversiones tengan su origen en una misma cuenta no acredita que el importe, por el que se constituyó el recibo 1804709 de administración, hubiere sido aplicado al diverso número 1924914.

Consideró que contrario a lo que señala el apelante, -y como lo refirió el a quo- la cotitularidad de los documentos no apareja el litisconsorcio o solidaridad activa, pues al establecer una disyuntiva "o" entre los nombres del primero y segundo titular, dichos documentos, si bien pudieron ser exigidos por cualquiera de los titulares, ello no acarrea litisconsorcio activo, ya que el ejercicio de la acción pudo haberse hecho valer por cualquiera de los titulares, y si se hubiera pagado al diverso cotitular del que instauró la acción principal, bastaba con que el apelante acreditara el pago en cuestión para librarse del reclamo de los recibos de administración de pagaré base de la acción, por lo que es infundada la motivación de llamamiento a que hace referencia.

Derivado de las consideraciones referidas, la Sala responsable confirmó la sentencia apelada.

II. Los conceptos de violación hechos valer por el banco quejoso son, en síntesis, los siguientes:

1. Sostiene que la sentencia reclamada viola la garantía de legalidad, porque es contraria a los artículos 1194, 1205, 1287, 1301, 1306 y 1329 del Código de Comercio anterior a las reformas de mil novecientos noventa y seis, y a los artículos 6 y 99 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como al 78 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, vigente durante la expedición de los tres recibos bancarios base de la acción.

Arguye que en relación con el estudio del primer agravio, no debió haberse revocado el fallo apelado, porque si bien es cierto que se acreditó la falta de reclamo por parte del actor por más de doce años del pago de las inversiones concertadas y la exigencia de que se le entregaran los estados de cuenta, -con lo que se acredita que en dicho periodo el titular de los documentos no reclamó los derechos consignados en los títulos de inversión-, también lo es que dicha circunstancia junto con el resto de las pruebas desahogadas en el juicio natural, sí trae aparejada la falta de vigencia de las operaciones que se derivan de los documentos de inversión números 1924914 y 1500433, ya que ésta no quedó demostrada con éstos, pues fue un punto litigioso en la contestación de la demanda, la práctica bancaria de liquidar esa clase de inversiones sin recabar los recibos base de la acción.

Señala que una de las pruebas rendidas por ésta es la copia certificada de la circular 1029, expedida por la Comisión Nacional Bancaria, en la que se establece la obligación de las instituciones de crédito de conservar la contabilidad, libros y documentos bancarios por un periodo de doce años.

Que del sistema contable de la institución de crédito no se reportan las inversiones consignadas en los documentos base como vigentes -al no encontrarse dentro de ese sistema-, de lo que se advierte la falta de vigencia o existencia en la actualidad de tales operaciones de inversión, pues la excepción de destrucción de la documentación relativa a las inversiones materia de la litis no se opuso respecto de las que aún no han sido liquidadas, como erróneamente lo señala la sentencia reclamada.

Que de la contestación de la demanda no se advierte que el banco hubiera sostenido que destruyó la documentación de inversiones que no han sido liquidadas, sino que manifestó y acreditó, -tanto con las pruebas periciales en usos y prácticas bancarias y en contabilidad, como con la confesional del actor-, que en la práctica los bancos solían pagar inversiones sin recabar el recibo de administración de pagaré o de constancia de depósito, de forma tal que el cliente depositante obtenía la liquidación a su favor sin tener necesariamente que devolver el recibo, razón por la cual la actora conserva los recibos base de la acción, y no se encuentran reportadas vigentes las inversiones en el sistema contable del banco demandado.

Que de tal manera, no es responsabilidad del banco quejoso la destrucción y falta de vigencia en el reporte de su sistema, de las operaciones en litis, pues la circular referida señala que no podrá destruirse -aun cuando se hubiere microfilmado-, la documentación que hubiere servido de base para el otorgamiento de créditos y la que ampare la disposición de los mismos, así como lo relacionado con operaciones pasivas, mientras los créditos o las obligaciones se encuentren insolutas.

Arguye que es ilegal que el fallo reclamado partiera de la premisa, no acreditada, de que se encuentran insolutas las obligaciones reclamadas, y de tal manera aplicar el apartado quinto de la circular referida, pues no se está en el supuesto de la regla de que la documentación se deberá conservar durante los doce meses siguientes de su cobro o liquidación, ya que de las pruebas y de los hechos del caso se advierte el cobro de los recibos sin haberlos entregado antes del trámite litigioso, que comenzó hasta octubre de dos mil tres en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y en dos mil seis en el juzgado de origen, siendo que el vencimiento de los recibos base de la acción fue en mil novecientos ochenta y seis, y mil novecientos ochenta y siete, de manera que la documentación relativa debió conservarse hasta mil novecientos noventa y ocho, y mil novecientos noventa y nueve, es decir, cuatro años antes de que la quejosa tuviera conocimiento del trámite litigioso.

Que así las cosas, si los documentos de inversión números 1920914 y 1500433 son operaciones pasivas que en la práctica fueron liquidadas sin recabar los recibos, se surte la premisa de destrucción de los documentos, lo que se acreditó con la presuncional, que es materia de prueba según se desprende del artículo 1194 del Código de Comercio.

Señala que contrario a lo sostenido en la sentencia reclamada, la presuncional es una de las formas permitidas por la ley para llevar a cabo el acreditamiento de las afirmaciones o negaciones de las partes. Siendo las presunciones un medio de prueba en los juicios mercantiles, como se advierte del artículo 1205 del Código de Comercio, anterior a las reformas de mil novecientos noventa y seis.

Aduce que en la sentencia recurrida no se señala la razón por la cual el pago de los documentos no es materia de presuncional.

Precisa que no siempre es posible dar una prueba directa de los hechos, por lo que a veces se tienen que reconstruir mediante la deducción de lo desconocido con base en lo conocido.

Que en el caso, la quejosa no se limitó a ofrecer en abstracto la prueba presuncional, sino que se tenía que partir de la demanda de tres inversiones, teniendo en cuenta que éstas vencieron en mil novecientos ochenta y seis, y mil novecientos ochenta y siete, y que la práctica bancaria es que no se recaben los recibos en ese tipo de inversiones, cuestiones que no fueron valoradas por la responsable.

Refiere que el pacto de renovación automática, sólo constata que las obligaciones de tales documentos se actualizan de momento a momento mientras subsista la causa que las originó, consistente en la administración de las cantidades de dinero depositadas, sin que se pueda advertir que se encuentren insolutas por falta de pago, esto es, que no se traduce en que sigan vigentes.

Que de tal manera, la liquidación es un punto litigioso diverso a la prescripción, que ocasiona la extinción de la causa que originó la administración de las cantidades de dinero depositadas.

Afirma que los lineamientos del amparo DC 563/2007 fueron para emitir una nueva resolución que estableciera que la prescripción opuesta en relación con los recibos 1924914 y 1500433 no opera en el caso concreto, al haberse interrumpido con la renovación automática pactada.

Sin embargo, respecto de los restantes agravios se le otorgó plenitud de jurisdicción, de forma tal que el estudio de la excepción de prescripción genérica es independiente de la excepción de falta de vigencia, por liquidación de las inversiones con acreditamiento en la presuncional, las periciales y la confesional a cargo del actor, siendo que no se pronunció sobre tales aspectos, pues es un tema distinto e independiente de la prescripción.

Que así las cosas, no se realizó el examen de la presunción de pago en la ejecutoria del amparo anterior.

Sostiene que contrario a lo referido en el fallo reclamado, tanto en la pericial rendida por **********, como la de **********, se señaló la forma en que llegaron a la conclusión respecto a las posibilidades de liquidar los depósitos sin exhibirse el documento que lo consigna, y que por ello se está ante un uso bancario, tal como se advierte de sus respuestas dadas a la segunda pregunta del cuestionario, las cuales no fueron analizadas en la sentencia.

Afirma que de los dictámenes periciales referidos y de la conducta interpretativa de las partes, se advierte que los documentos base de la acción no resultan vigentes, aunado a que no se encuentran con ese carácter dentro del sistema contable del banco apelante, ya que se destruyó la documentación relativa a tales inversiones.

Aduce que en el caso no se configura el supuesto del apartado quinto de la circular 1029, pues tal como se acreditó con las periciales, la confesional y la afirmativa ficta del actor, los documentos ya se habían liquidado, sin que pueda demostrarse lo contrario por el mero pacto de renovación automática, pues el pago es una causa fundada para no llevar a cabo la misma, y ningún precepto legal prohíbe que el acreditamiento de su pago se deduzca con la presuncional adminiculada con todo el material probatorio ofrecido en juicio, sin que necesariamente deba obrar en poder del banco, el documento comprobatorio del pago por el transcurso superior a doce años.

Sostiene que la afirmativa ficta que se configuró a cargo de la actora en el juicio natural, mediante proveído de veinticuatro de marzo de dos mil seis, consistió en tener por ciertas las afirmaciones de la hoy quejosa, en el sentido de que adolecen de falta de vigencia las inversiones reclamadas, y por eso ya no conserva los estados de cuenta más recientes, sin que se haya reclamado la falta de envío de estados de cuenta de inversiones liquidadas.

Señala que la accionante se abstuvo de desvirtuar la afirmativa en su contra, siendo que el fallo reclamado soslayó el alcance de tal cuestión, consistente en revertir a la actora la carga de acreditar la vigencia de las inversiones.

Aduce que se analizó de forma incorrecta la confesional de la actora, pues una cosa es el pacto de renovación de los recibos basales y otra la falta de prórroga de los contratos por la falta de cobro de intereses, siendo que se advierte que dejó pasar más de veinte años para reclamar el pago de sus inversiones, que no existen registros en la contabilidad o archivos del banco de las inversiones exigidas, que es facultad del banco destruir los documentos que sobrepasen el periodo de doce años, además de que no existe manifestación expresa que prorrogara los contratos.

Arguye que no es justo ni legal que se le exija al demandado la carga de la prueba directa del pago que se tuvo derecho a destruir pasado el tiempo mínimo de conservación, para la procedencia de la excepción, pues sería una prueba diabólica.

Que no es posible calificar de negligente la falta de conservación de los comprobantes de pago, ya que fue hasta después de pasados los doce años que se generó el derecho de destruir la documentación.

Sostiene que son fundadas las manifestaciones del apelante al señalar que el banco estuvo en aptitud de destruir los documentos base de la acción, y que ello fue porque se pagaron, lo que contraviene a la presunción derivada de la posesión y exhibición de los documentos fundatorios de la acción; explicando que la práctica de liquidarlos sin su devolución por la renuncia del banco a su derecho de exigir la entrega contra su pago, fue hecha valer desde la contestación de la demanda con fundamento en el artículo 6 del Código Civil para el Distrito Federal, que establece como válida la renuncia a los derechos privados que no afecten interés de terceros.

Que se violó el principio de exhaustividad, ya que de los dictámenes periciales se advierte que los recibos base de la acción no se encuentran vigentes, por lo que la acción del actor ya prescribió.

Aduce que el hecho de que la actora carezca de estados de cuenta, acredita que las inversiones no resultaban vigentes, aunado a que el cúmulo de probanzas antes referidas, sí acredita el hecho positivo de pago sin la devolución de los recibos, lo que explica la posesión actual, por parte del accionant

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22420-eb3ee595/prescripcion-negativa-en-materia-mercantil-se-interrumpe-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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