Corpus
Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. CUANDO DE LOS DATOS COMPROBABLES EN EL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE SE ADVIERTA LA EXISTENCIA PREVIA DEL DERECHO CUYA TUTELA SE SOLICITA, ES POSIBLE QUE EL JUEZ DE DISTRITO LO REINTEGRE PROVISIONALMENTE AL QUEJOSO.

Tipo de asunto: QUEJA 24/2007. · Registro digital (IUS): 22459
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Octubre de 2010, , Pág. 2839.

QUEJA 24/2007. **********.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Resulta parcialmente fundado pero insuficiente el agravio formulado por el recurrente.

En él, sustancialmente refiere que al dictar el auto de suspensión impugnado la Juez de Distrito dejó de aplicar lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, ya que niega la suspensión provisional solicitada respecto de los efectos y consecuencias derivados de los actos reclamados, por considerar que de concederla se contravendrían disposiciones de orden público, tales como la Ley Federal de Seguridad Privada; sin embargo, no hace una fijación de los actos reclamados, ni explica cuáles serían las disposiciones de orden público que se contravendrían.

Aduce, además, que no obstante que se trate de una ley de orden público, su ámbito de aplicación resulta ser privado, al regular a personas dedicadas a la seguridad de personas y bienes, pero no la seguridad pública en general, la cual sí debe ser y es de orden público y, sin tomar en cuenta lo anterior, la Juez de Distrito dicta una determinación contraria a derecho, sustentada en un precepto legal que no le resulta aplicable.

Por otra parte, señala que con la concesión de la suspensión provisional solicitada, la Juez de Distrito no estaría sustituyendo a la autoridad administrativa, pues únicamente dejaría las cosas en el estado que ya tienen, sin que con dicha medida provisional se estableciera en favor de la quejosa una nueva situación jurídica de la que carecía antes de la solicitud de suspensión provisional, esto es, que con la concesión de la suspensión provisional pedida no se daría ningún nuevo derecho a la quejosa sino que se suspenderían las consecuencias de los actos que están afectando un derecho pleno a su representada, ya que la suspensión provisional se solicitó sobre los efectos y consecuencias de los actos reclamados, lo que se traduciría en dejar las cosas en el estado que actualmente tienen, sin hacer pronunciamiento alguno sobre el fondo del juicio.

Además de que la Juez del conocimiento no estableció cuál sería el derecho que se concedería a su representada con la concesión de la suspensión provisional, que no tenía antes.

Asiste razón al recurrente cuando afirma que la Juez de amparo fue omisa en señalar cuáles son las disposiciones de orden público que se contravendrían con la concesión de la suspensión solicitada, ni cuál es el derecho que se concedería a su representada y que no tenía antes de la concesión de la suspensión provisional; sin embargo, tal situación resulta insuficiente para revocar el auto recurrido y concederle la medida precautoria que solicita, pues en el caso a estudio no se cumple con uno de los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo.

En principio, cabe recordar que la naturaleza jurídica de la suspensión del acto reclamado coincide con la de una providencia cautelar que debe decretarse cuando así proceda, y permanece mientras no se falle en definitiva y por sentencia firme el amparo, teniendo por objeto mantener viva la materia del juicio, evitando entonces que llegue a consumarse de modo irreparable el acto reclamado.

Ahora bien, la consideración general de que la suspensión del acto reclamado sólo puede mantener las cosas en el estado en que se encuentran sin poder imponer efectos restitutorios, los cuales son exclusivos de la sentencia de garantías, ha evolucionado de forma tal que, en casos excepcionales y sin desatender los requisitos que para el caso prevé el artículo 124 de la ley de la materia, cuando de los datos existentes en el expediente se advierta la vulneración evidente del derecho cuya tutela se solicita, es posible que el Juez de amparo, en función de la demora, restituya provisionalmente al gobernado el derecho que afirma le fue transgredido, sin perjuicio claro está, de lo que en definitiva se resuelva en el fondo del asunto planteado.

Diversa circunstancia acontece cuando de los datos aportados por el quejoso no es posible advertir que cuenta con un derecho por proteger, el cual afirma le ha sido violentado, pues en ese caso la medida cautelar que le permitiera gozar de una prerrogativa no existente, le constituiría un estado jurídico indebido, lo cual no es propio de la suspensión del acto reclamado en el juicio de garantías.

En el caso a estudio, en autos obra la resolución emitida el dos de julio de dos mil siete por el director de normatividad, en ausencia temporal del director general de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad Pública, de donde se desprende que la persona moral **********, demostró contar con la revalidación de la autorización para prestar servicios de seguridad privada, con número de registro **********, vigente hasta el veinte de junio de dos mil siete.

También se advierte que el doce de junio de dos mil siete se practicó visita de verificación en el domicilio que ocupa la empresa quejosa, con la finalidad de comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, y previa valoración del caso, se impuso una medida de seguridad consistente en la suspensión temporal de las actividades de prestación de servicios de seguridad privada; no obstante ello, al realizar una nueva visita el veintidós del mismo mes y año, personal de esa dependencia se percató que la empresa en cuestión continuaba prestando el servicio que le había sido suspendido.

Las irregularidades detectadas en la referida visita a la quejosa consistieron en las siguientes:

"a. Que no obstante lo manifestado por el representante legal de la visitada, no se acreditó con documento idóneo y eficaz, haber dado cumplimiento ante la autoridad competente del Estado de Tamaulipas, respecto de la obligación establecida en la fracción XXVII del artículo 32 de la Ley Federal de Seguridad Privada; haciéndose constar, además, que se exhibieron treinta y un acuses de recibo enviados a través de fax y correo electrónico al resto de las entidades federativas que tiene autorizadas para la prestación de los servicios.-b. Que para la prestación de servicios, la visitada emplea un total de ********** individuos, de los cuales ********** son directivos, ********** administrativos y ********** operativos; sin embargo, únicamente acreditó la debida inscripción ante el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública de ********** elementos operativos.-c. No acreditó la capacitación de la totalidad de sus elementos operativos, acorde a las modalidades en que presta los servicios.-d. No acreditó la aplicación de los exámenes médicos, toxicológicos y psicológicos de ********** elementos operativos. En la inteligencia de que si bien es cierto acreditó la aplicación de dichos exámenes a ********** elementos, también lo es que en tales evaluaciones no aparece el número de cédula profesional del **********, persona encargada de la aplicación de los mismos.-e. Que para la prestación de servicios emplea ********** fornituras compuestas de la misma cantidad de gas y bastones PR-24, cantidad que no coincide con las ********* reportadas ante esta dirección general.-f. No se exhibió el contrato a través del cual utiliza el equipo de radiocomunicación, mismo que según su dicho, está celebrado con la empresa **********, Sociedad Anónima de Capital Variable.-g. Que el vehículo automotor de la marca **********, con placas de circulación **********, no se encuentra reportado ante esta unidad administrativa.-h. Que los perros que utiliza para el desarrollo de sus actividades, no cuentan con cartillas de vacunación vigentes, además de que no se exhibieron las constancias respecto de la capacitación otorgada a los manejadores de los mismos."

Además de que el personal comisionado para hacer la visita de verificación señaló que: "el local que ocupa la visitada como oficina matriz no cuenta con la infraestructura necesaria para llevar a cabo sus actividades lo cual fue documentado con fotografías digitales que se tomaron a dicho local, mismas que fueron descritas y agregadas a las actuaciones y, en la misma acta de visita, se hizo constar lo siguiente:

"1. Que no se acreditó con documento vigente la prestación de servicios de seguridad privada en la modalidad de vigilancia en inmuebles; ya que el representante legal de la visitada exhibió un contrato de prestación de servicios, el cual tuvo vigencia hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, mismo que estipulaba la posibilidad de prórroga; sin embargo, no se exhibió documental alguna a través de la cual se pudiese establecer la actualización y vigencia de dicho documento. 2. El representante legal de la visitada manifestó que no ha recibido el resultado de la consulta de antecedentes policiales ante el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, respecto de ********** personas, misma que fue solicitada a esta autoridad actuante desde el treinta de octubre de dos mil seis."

También se señaló que no obstante que con fechas catorce y diecinueve de junio del año en curso, el particular exhibió diversos escritos y documentos a efecto de aclarar las irregularidades y observaciones detectadas en la visita de verificación, mismos que resultaron insuficientes para los fines pretendidos.

Atento a ello, resulta cierto, como se afirma en este recurso de queja, que si la empresa quejosa demostró contar con la revalidación de la autorización para prestar servicios de seguridad privada, ello hace presumir la defensa de un derecho tutelado para la procedencia de la suspensión provisional solicitada, sin que por ello el órgano jurisdiccional se sustituyera a la responsable constituyendo una prerrogativa hasta entonces inexistente, como lo afirmó la a quo.

Sin embargo, no pasan inadvertidas las sanciones que le fueron impuestas en la resolución emitida el dos de julio de dos mil siete por el director de normatividad, en ausencia temporal del director general de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad Publica, cuyos efectos y consecuencias reclama, aplicadas en términos de lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley Federal de Seguridad Privada, al haber infringido el numeral 39 del mismo ordenamiento, pues desobedeció la restricción decretada al momento de imponer la medida de seguridad consistente en la suspensión de las actividades de prestación de los servicios de seguridad privada al habérsele detectado diversas irregularidades.

De donde se obtiene la improcedencia del otorgamiento de la suspensión provisional con carácter restitutorio (considerando desde luego que la sanción referida ya se impuso), pues de hacerlo y de ser ciertas las razones que se contienen en el texto del acto reclamado se contravendrían disposiciones de orden público, tales como las contenidas en los artículos 30 y 40 de la Ley Federal de Seguridad Privada, ya que se le permitiría seguir funcionando cuando se documentaron en una visita una serie de irregularidades previstas en el ordenamiento legal en cita y la sociedad está interesada en que las empresas que se dedican a prestar el servicio de seguridad privada funcionen con las medidas establecidas en la ley, pues ello incide, a diferencia de lo alegado, en la materia general de seguridad pública de la cual son auxiliares, en tanto coadyuvan en el combate a la delincuencia y participan en el cuidado de las personas y bienes de los que los contratan, con lo que se pretende garantizar la seguridad y la tranquilidad de la población, cuidando la paz y el orden público.

En este contexto, lo procedente es negar la suspensión provisional solicitada contra las consecuencias y efectos de los actos reclamados (consistentes en que no se impida a la quejosa seguir prestando servicios de seguridad privada y vigilancia contratados y se le sigan efectuando los pagos respectivos), al no cumplirse con las exigencias del artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 95, fracción XI y 99, último párrafo, de la Ley de Amparo y 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

ÚNICO.-Es infundado el recurso de queja interpuesto por la quejosa **********, por conducto de su representante legal en contra del proveído de diecisiete de julio de dos mil siete, emitido en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1096/2007.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que integran los Magistrados presidente, Alberto Pérez Dayán, Adela Domínguez Salazar y F. Javier Mijangos Navarro. Fue ponente el primero de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 3, 4, 8, 13, 14, 18 y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22459-e18eef56/suspension-en-el-amparo-cuando-de-los-datos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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