PODERES GENERALES REDACTADOS CONFORME A LA LEGISLACIÓN LOCAL. SON VÁLIDOS EN PROCEDIMIENTOS FEDERALES.
QUEJA 5/2010. **********.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-Los agravios son infundados, cuyo estudio se realizará de manera conjunta por su estrecha relación.
Previamente a sustentar esa calificativa, es oportuno indicar que, de las constancias que integran el presente medio de defensa, se observa que por escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil nueve, ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito de León, Guanajuato, **********, en su carácter de apoderada legal de **********, promovió juicio de garantías en contra de los actos de la Administración Local de Recaudación de León, de la Subadministración de Ejecución del Servicio de Administración Tributaria y de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, todas con residencia en la ciudad de León, Guanajuato, consistentes en el embargo sobre el inmueble identificado como fracción de terreno división número tres, del predio rústico **********, perteneciente a dicha población (fojas 29 a 33 y 54).
Con la finalidad de justificar el carácter de apoderada legal con el que fue promovido el juicio de garantías, ********** exhibió copia certificada de la escritura pública número **********, de **********, que contiene poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio otorgado por **********.
La autoridad fiscal responsable promovió incidente de falta de personalidad, con el argumento de que el referido instrumento público no es apto para justificar el carácter de la promovente **********, como apoderada legal de **********, habida cuenta que no fue transcrito el artículo 2554 del Código Civil Federal, de manera que esa ausencia anula el mandato, en términos del artículo 2557 de la citada legislación.
El Juez Federal calificó de infundado el incidente conforme a las consideraciones expuestas con anterioridad; determinación que no causa agravio a la autoridad responsable.
Para sustentar lo anterior debe tenerse en cuenta que el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, consigna lo siguiente:
"Artículo 12. ...
"En los casos no previstos por esta Ley, la personalidad se justificará en el juicio de amparo en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado; y en caso de que ella no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles.
"Tanto el agraviado como el tercero perjudicado podrán constituir apoderado para que los represente en el juicio de amparo, por medio de escrito ratificado ante el Juez de Distrito o autoridad que conozca de dicho juicio."
Dicha porción normativa regula lo concerniente a la justificación de la personalidad en el juicio de amparo y precisa, en lo que aquí interesa, que en los casos no previstos por la Ley de Amparo, dicho presupuesto procesal se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado; y en caso de que ella no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles.
Entonces, para efectos de justificar la personalidad en el juicio de amparo, debe atenderse a las siguientes reglas:
a) Reglas específicas previstas en la propia Ley de Amparo, por ejemplo, cuando el quejoso o el tercero perjudicado constituyan apoderado, caso en el cual, deberá ratificarse ante el Juez de Distrito o autoridad que conozca del juicio.
b) Ante la falta de esas reglas específicas, habrá que atenderse a la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado.
c) En caso de que esa ley no prevenga la forma de justificación de la personalidad, deberán observarse las prescripciones contenidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles.
Por tanto, para tener por justificada la personalidad para efectos del juicio de amparo, en primer término debe acudirse a las normas específicas contenidas en la Ley de Amparo; en los casos no previstos en ella, deberá observarse la ley que rija la materia de donde emane el acto reclamado; y en caso de que esta última no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles.
Ahora, en la Ley de Amparo no existen normas que regulen el otorgamiento de poderes generales, por lo que es necesario acudir a la segunda regla, relacionada con la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado.
Como en el caso específico el acto reclamado en el juicio de amparo versa, por cuanto al embargo practicado por la autoridad fiscal federal en términos del Código Fiscal de la Federación, debe observarse este último ordenamiento para la justificación de la personalidad, por ser la normatividad que rige el acto reclamado.
Pero el citado código tributario no contiene precepto alguno relacionado con la manera de otorgar poderes generales o especiales, ni la forma que debe revestir el acto jurídico, por lo que en términos del artículo 5o. de dicha legislación, a falta de norma fiscal expresa se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común, cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal.
Por tanto, a fin de verificar lo concerniente a la personalidad en el caso concreto, resulta necesario acudir a las reglas consignadas en el Código Civil Federal, por ser el ordenamiento que regula el otorgamiento de poderes generales y especiales, así como la formalidad que deben revestir ese tipo de actos jurídicos.
Dicha normatividad prevé en los artículos 2546, 2547, 2550, 2551, 2554, 2555, 2556 y 2557, lo siguiente:
"Artículo 2546. El mandato es un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga."
"Artículo 2547. El contrato de mandato se reputa perfecto por la aceptación del mandatario.
"El mandato que implica el ejercicio de una profesión se presume aceptado cuando es conferido a personas que ofrecen al público el ejercicio de su profesión, por el solo hecho de que no lo rehusen dentro de los tres días siguientes.
"La aceptación puede ser expresa o tácita. Aceptación tácita es todo acto en ejecución de un mandato."
"Artículo 2550. El mandato puede ser escrito o verbal."
"Artículo 2551. El mandato escrito puede otorgarse:
"I. En escritura pública;
"II. En escrito privado, firmado por el otorgante y dos testigos y ratificadas las firmas ante notario público, Juez de Primera Instancia, Jueces menores o de paz, o ante el correspondiente funcionario o empleado administrativo, cuando el mandato se otorgue para asuntos administrativos;
"III. En carta poder sin ratificación de firmas."
"Artículo 2552. El mandato verbal es el otorgado de palabra entre presentes, hayan o no intervenido testigos.
"Cuando el mandato haya sido verbal debe ratificarse por escrito antes de que concluya el negocio para que se dio."
"Artículo 2553. El mandato puede ser general o especial. Son generales los contenidos en los tres primeros párrafos del artículo 2554. Cualquier otro mandato tendrá el carácter de especial."
"Artículo 2554. En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.
"En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.
"En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.
"Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales.
"Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen."
"Artículo 2555. El mandato debe otorgarse en escritura pública o en carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante notario, ante los jueces o autoridades administrativas correspondientes:
"I. Cuando sea general;
"II. Cuando el interés del negocio para el que se confiere sea superior al equivalente a mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de otorgarse; o
"III. Cuando en virtud de él haya de ejecutar el mandatario, a nombre del mandante, algún acto que conforme a la ley debe constar en instrumento público."
"Artículo 2556. El mandato podrá otorgarse en escrito privado firmado ante dos testigos, sin que sea necesaria la previa ratificación de las firmas, cuando el interés del negocio para el que se confiere no exceda de mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de otorgarse.
"Sólo puede ser verbal el mandato cuando el interés del negocio no exceda de cincuenta veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de otorgarse."
"Artículo 2557. La omisión de los requisitos establecidos en los artículos que preceden, anula el mandato, y sólo deja subsistentes las obligaciones contraídas entre el tercero que haya procedido de buena fe y el mandatario, como si éste hubiese obrado en negocio propio."
De los anteriores numerales se advierte que el mandato es un contrato por medio del cual el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga.
De acuerdo con el transcrito artículo 2554 existen tres clases de poderes generales:
a) Para pleitos y cobranzas;
b) Para actos de administración, y
c) Para actos de dominio.
El poder especial es aquel que se otorga para la realización de un determinado acto jurídico, sin que comprenda otra categoría de actos, limitado a cierto negocio.
Este mismo precepto contempla la obligación para el notario público de insertar su contenido en los testimonios de los poderes que se otorguen, lo que se explica por la necesidad de que las partes que vayan a contratar con el mandatario tengan pleno conocimiento de los alcances de las facultades que le han sido conferidas.
Asimismo, tales normas aluden al cumplimiento de requisitos formales, según la manera en que se otorga el acto jurídico, pues ya sea de forma escrita o verbal, debe revestir ciertas características que, de no cumplirse, produce su nulidad.
Ahora, como se tiene visto, en el caso concreto, se observa que ********** promovió el juicio de garantías en representación de **********, con el carácter de apoderada para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio.
Para justificar esa representación anexó a la demanda de amparo copia certificada de la escritura pública número **********, de seis de agosto de dos mil dos, confeccionada ante la fe del Notario Público Número 13.
En dicho instrumento público consta que la transmisión de facultades tuvo verificativo en términos del artículo 2064 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, y de que el notario público ante quien se confeccionó el acto, transcribió el contenido de dicho artículo en la parte final de la citada escritura pública, por así disponerlo esa norma jurídica.
Lo anterior pone de manifiesto que el mencionado fedatario público no insertó en el testimonio el artículo 2554 del Código Civil Federal; sin embargo, ello no tiene como consecuencia la ineficacia del acto jurídico respectivo.
Es así, puesto que las situaciones jurídicas creadas en las entidades de la República conforme a su derecho, son reconocidas por el Código Civil Federal, según lo precisa el artículo 13 de este ordenamiento legal, que es del contenido siguiente:
"Artículo 13. La determinación del derecho aplicable se hará conforme a las siguientes reglas:
"I. Las situaciones jurídicas válidamente creadas en las entidades de la República o en un Estado extranjero conforme a su derecho, deberán ser reconocidas;
"II. El estado y capacidad de las personas físicas se rige (sic) por el derecho del lugar de su domicilio;
"III. La constitución, régimen y extinción de los derechos reales sobre inmuebles, así como los contratos de arrendamiento y de uso temporal de tales bienes, y los bienes muebles, se regirán por el derecho del lugar de su ubicación, aunque sus titulares sean extranjeros;
"IV. La forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho del lugar en que se celebren. Sin embargo, podrán sujetarse a las formas prescritas en este Código cuando el acto haya de tener efectos en el Distrito Federal o en la República tratándose de materia federal; y
"V. Salvo lo previsto en las fracciones anteriores, los efectos jurídicos de los actos y contratos se regirán por el derecho del lugar en donde deban ejecutarse, a menos de que las partes hubieran designado válidamente la aplicabilidad de otro derecho."
El citado precepto legal hace referencia a las reglas que deben atenderse para determinar el derecho aplicable, sea de una entidad federativa perteneciente a la República mexicana o de un Estado extranjero.
Entre ellas, se contiene la relativa a que las situaciones jurídicas válidamente creadas en los Estados de la República o en un Estado extranjero, conforme a su derecho, deben ser reconocidas.
El reconocimiento de que se trata, deriva de la observancia del principio de que el acto se rige por la ley del lugar en que se celebró, lo que guarda correspondencia con la garantía de seguridad jurídica, de manera que habrá que atender a las prescripciones contenidas en el Código Civil para el Estado de Guanajuato, por ser la normatividad conforme a la cual se otorgó el acto jurídico que se cuestiona.
Al respecto, el artículo 2064 de la ley en consulta, es de idéntico contenido que el diverso 2554 del Código Civil Federal, pues consigna que en todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.
Dicho precepto también refiere que en los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas; que en los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos; y, que cuando se quisieren limitar, en los tres casos mencionados, las facultades de los apoderados se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales.
Finalmente, al igual que en materia federal, la mencionada legislación local contempla como obligación adicional del fedatario público la inserción del precepto en los testimonios de los poderes que otorguen.
Entonces, como el poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio confeccionado en la escritura pública número **********, de seis de agosto de dos mil dos, a través del cual se otorgaron facultades a favor de **********, se ajusta a las prescripciones del Código Civil de esta entidad federativa, es patente que ese acto jurídico y la reforma que reviste debe ser reconocido en el ámbito federal, por disposición del artículo 13 del Código Civil Federal, por lo que la apoderada cuenta con la personalidad necesaria para promover el juicio de garantías en representación de la parte material, de manera que la decisión del Juez Federal no causa agravio a la autoridad responsable.
En otro orden de ideas, se precisa que, si bien el Juez Federal apoyó la resolución impugnada en la tesis aislada de la Séptima Época, de rubro: "MANDATO. INSERCIÓN DEL ARTÍCULO 2554 DEL CÓDIGO CIVIL EN LOS TESTIMONIOS DE LOS PODERES QUE OTORGUEN LOS NOTARIOS NO CONSTITUYEN UN REQUISITO FORMAL.", ello no produce ningún agravio a la autoridad inconforme.
Por una parte, porque dicha tesis fue emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando que las tesis invocadas por la inconforme de rubros: "MANDATO, CONTRATO DE. ES NULO EL QUE SE OTORGA EN CONTRAVENCIÓN A LAS FORMALIDADES EXIGIDAS POR LA LEY." y "PERSONALIDAD. NO SE ACREDITA CUANDO EN EL TESTIMONIO NOTARIAL RELATIVO SE OMITE LA TRANSCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO 2554 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL.", fueron generadas por Tribunales Colegiados de Circuito, de manera que por cuestión de jerarquía, la del Alto Tribunal es orientadora en el caso en estudio; por otra, porque las interpretaciones convergen en el mismo ordenamiento legal, de manera que, al no existir jurisprudencia obligatoria sobre ese tema, el resolutor federal queda en aptitud de invocar la tesis emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por su principio rector, se cita la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 20 del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen LXXIX, Primera Parte, intitulada:
"EJECUTORIAS DE LA SUPREMA CORTE, APLICADAS POR LOS JUECES DE DISTRITO.-Los Jueces de Distrito no violan el artículo 193 de la Ley de Amparo al invocar una ejecutoria aislada de las Salas de este Alto Tribunal, no obstante que no constituyen una jurisprudencia obligatoria, pues lo que establece dicho precepto legal es que los propios Jueces Federales deben obedecer la jurisprudencia obligatoria de este Alto Tribunal, pero no les prohíbe que orienten su criterio con los precedentes de esta propia Corte, ya que es práctica generalmente reconocida la de que los tribunales inferiores adecuen su criterio al de mayor jerarquía."
Así, ante la ineficacia de los agravios, resulta procedente declarar infundada la queja interpuesta.
Por lo expuesto y, con apoyo, además, en el artículo 95, fracción VI y 98 de la Ley de Amparo, se resuelve:
ÚNICO.-Es infundada la queja interpuesta por el subadministrador de la Administración Local de Recaudación de León, en contra de la resolución incidental de once de febrero de dos mil diez, dictada por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado, en los autos del juicio de amparo **********, promovido por **********, por conducto de su apoderada legal **********.
Notifíquese; anótese lo conducente en el libro de registro correspondiente; envíese copia certificada de esta ejecutoria a la autoridad responsable y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así, por unanimidad de votos y sin discusión, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Jesús de Ávila Huerta, Ariel Alberto Rojas Caballero y Víctor Manuel Estrada Jungo, siendo ponente el tercero de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 8, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el diverso 47 del Reglamento de la misma, 2, fracciones XXI y XXIII y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial, que encuadra en esos supuestos normativos.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22279-04f44809/poderes-generales-redactados-conforme-a-la-legislacion-local · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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