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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA TERRITORIAL DE LA SUBDELEGACIÓN Y OFICINA PARA COBROS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN ACAPULCO, GUERRERO. EL ARTÍCULO 155, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN XI, INCISO A), DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL CITADO ORGANISMO, NO CONSTITUYE UNA NORMA COMPLEJA QUE AMERITE TRANSCRIPCIÓN DE LA PARTE RELATIVA A LOS MUNICIPIOS EN QUE EJERCE JURISDICCIÓN.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 70/2009. · Registro digital (IUS): 22488
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Noviembre de 2010, , Pág. 1329.

REVISIÓN FISCAL 70/2009. TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Por cuestión de orden se analiza en primer término el agravio marcado como séptimo, donde la recurrente en esencia argumenta:

Que la Sala Fiscal viola el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como los numerales 14 y 16 constitucionales, porque la sentencia recurrida no se fundó ni se motivó, pues de forma superficial y sin analizar su contestación de demanda declaró la nulidad lisa y llana de los créditos impugnados, ya que la competencia de la autoridad demandada fue señalada en cada crédito controvertido, fundando su competencia territorial en el artículo 154, fracción XI y en el inciso correspondiente del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que dicho precepto prevé la circunscripción de las diversas delegaciones, subdelegaciones y oficinas para cobros que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social y, en particular, en la fracción XI señala la circunscripción territorial de la Delegación Estatal Guerrero, así como de las subdelegaciones y oficinas para cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social de Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo.

Que si bien el artículo 155 del citado reglamento constituye un precepto legal complejo al establecer la circunscripción territorial de las diversas delegaciones, subdelegaciones y oficinas para cobros que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, también -dice- resulta inconcuso que dicho precepto legal está compuesto de fracciones e incisos, para indicar la circunscripción territorial de las distintas delegaciones, subdelegaciones y oficinas para cobros, consecuentemente -explica-, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 115/2005 pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Mexicano del Seguro Social sí fundó debidamente su competencia territorial de su actuación, al citar como fundamento el artículo 155, fracción XI y el inciso correspondiente del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social; y que si bien es cierto que la citada fracción es compleja al prever tanto la circunscripción territorial de la Delegación Estatal Guerrero, así como la circunscripción territorial de las subdelegaciones y oficinas para cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social de Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo, también -asevera- lo es que dicha fracción está a su vez dividida en incisos a), b), c) y d), en los cuales se establece únicamente la circunscripción territorial individualizada de las subdelegaciones y oficinas para cobros del referido instituto, pues en cada uno de los incisos -apunta- se fija exclusivamente la circunscripción territorial de una subdelegación y oficina para cobros en particular, de ahí que -alega- resulte innecesario a su vez dividir los incisos en párrafos primero y segundo, y que así se indique por la demandada al fundar su competencia territorial, pues -refiere- cada inciso es un todo y se establece únicamente la circunscripción de una subdelegación y oficina para cobros en específico, sin que pueda estimarse válidamente que el primer párrafo de cada inciso señale únicamente la denominación de la autoridad y el segundo párrafo indique la jurisdicción de la autoridad de que se trate, como se sostuvo en la sentencia recurrida, pues de conformidad con el primer párrafo del artículo 155, se advierte que dicho precepto solamente prevé la circunscripción territorial de las diversas delegaciones, subdelegaciones y oficinas para cobros que tiene el instituto y, en particular en la fracción XI, señala la circunscripción territorial de la Delegación Estatal Guerrero.

Que resulta incorrecto y fuera de toda lógica jurídica, obligar a su poderdante a que indique de manera precisa y textual la denominación del Municipio en el cual ejerce la circunscripción territorial, pues de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 115/2005, dicha exigencia no es aplicable, pues no se llega al extremo antes apuntado.

Los anteriores argumentos de inconformidad expresados por la recurrente se estiman por un lado inoperantes y por otro fundados, en virtud de las consideraciones siguientes:

En primer lugar, resulta inoperante lo externado por el instituto recurrente, en cuanto señala que la Sala del conocimiento al emitir la sentencia impugnada transgrede en su perjuicio las garantías individuales que tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.

Lo anterior se explica si se toma en cuenta que la revisión fiscal se creó como un recurso sui géneris para dar oportunidad a la autoridad como tal, de tener un medio de defensa contra las resoluciones del ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues mientras el particular (actor) tenía a su alcance el juicio de amparo directo contra resoluciones, la autoridad (demandada) no tenía ya forma alguna de combatirlas.

De ahí que la circunstancia de que se tramite el recurso de mérito ante los Tribunales Colegiados de Circuito, no significa que dichos procedimientos deban equipararse para el análisis de violación a garantías individuales, toda vez que su estudio se realiza en función de la infracción de las leyes que rigen la función jurisdiccional del a quo, ya sea porque en la resolución recurrida no se aplicó la ley correspondiente o se hizo inexactamente, o su interpretación fue indebida, si en la misma se violaron los principios reguladores de la prueba, o no se motivó y fundó de manera correcta; lo cual se realiza en función de las leyes ordinarias aplicables, sin embargo, se insiste, no en atención a la transgresión de un precepto constitucional.

Es aplicable al respecto la jurisprudencia V.2o. J/59, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que este tribunal federal comparte, publicada en la página mil seiscientos treinta y cuatro del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, de rubro y texto siguientes:

"REVISIÓN FISCAL. AGRAVIOS INOPERANTES CUANDO SE ALEGA VIOLACIÓN DE GARANTÍAS INDIVIDUALES. Son inoperantes los agravios de la autoridad cuando alega que la resolución recurrida es violatoria de las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que las garantías individuales son propias de los individuos y no de las autoridades. Esto se explica si se toma en cuenta que la revisión fiscal se creó como un recurso sui géneris para darle oportunidad a la autoridad, como tal, de tener un medio de defensa contra las resoluciones del Tribunal Fiscal de la Federación, pues mientras el particular (actor) tenía a su alcance el juicio de amparo directo contra tales resoluciones, la autoridad (demandada) no tenía ya ninguna forma de combatirlas. Además de que la violación a garantías individuales debe alegarse a través del juicio de amparo, al que no tiene acceso la autoridad como tal. Por último, la circunstancia de que se tramite el recurso de mérito ante los Tribunales Colegiados de Circuito, no significa que dichos procedimientos deban equipararse para el análisis de violación a garantías individuales."

Sin embargo, los restantes argumentos antes detallados, son fundados.

En el caso, la Sala Fiscal estimó de manera oficiosa que la titular de la Subdelegación en Acapulco del Instituto Mexicano del Seguro Social no fundó debidamente su competencia territorial para emitir la resolución contenida en el oficio número AP/005/2007 de siete de mayo de dos mil siete, así como la contenida en el oficio **********, de veintiuno de mayo del referido año; en virtud de estimar que la autoridad fiscal fundó la competencia territorial de su actuación en el artículo 155, primer párrafo, fracción XI, inciso a), del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de septiembre de dos mil seis, ya que dicha fracción se compone de dos párrafos, el primero -dijo- corresponde a la nomenclatura de la autoridad Delegación Estatal Guerrero y, el segundo, establece la jurisdicción territorial de esa delegación estatal, que comprende todo el Estado de Guerrero.

De igual forma indicó que el inciso a) se compone de dos párrafos, diciendo que el primero corresponde a la nomenclatura de las autoridades Subdelegación y Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social: Acapulco, y que el segundo es el que establece propiamente la jurisdicción de esa Subdelegación y Oficina para Cobros en Acapulco, del Instituto Mexicano del Seguro Social, que comprende a los Municipios de Acapulco de Juárez, Ajuchitlán del Progreso, Atoyac de Álvarez, Ayutla de los Libres, Azoyú, Benito Juárez, Cochoapa El Grande, Copala, Copalillo, Copanatoyac, Coyuca de Benítez, Cuajinicuilapa, Cuautepec, Florencio Villarreal, Igualapa, José Joaquín de Herrera, Juchitán, Marquelia, Ometepec, San Luis Acatlán, San Marcos, Tecoanapa, Tecpan de Galeana, Tlacoachistlahuaca y Xochistlahuaca.

Concluyendo que si la autoridad demandada fundó su competencia territorial únicamente en el artículo 155, primer párrafo, fracción XI, inciso a), del citado reglamento, el oficio demandado como nulo contiene una fundamentación insuficiente, al omitir citar el "párrafo segundo" del inciso a) de la fracción XI del citado precepto normativo, donde -dice- se prevé la "jurisdicción" de la Subdelegación Acapulco del Instituto Mexicano del Seguro Social, y que por ello al tratarse de una norma compleja debe transcribirse no únicamente el párrafo relativo, sino además la parte correspondiente en la que ejerció esas atribuciones en Acapulco de Juárez, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden a efecto de otorgar seguridad al gobernado, quien -dijo- no debe tener la carga de averiguar en el cúmulo de Municipios que comprende ese párrafo, si la autoridad emisora de la resolución impugnada tiene competencia por grado, materia y territorio; no estimando obstáculo el que se agregue el inciso a), después de especificarse la subdelegación y oficina para cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social, la palabra Acapulco, porque ésto -dijo- únicamente corresponde a la denominación que se le asignó a esas autoridades, pero que ese agregado no puede justificar por sí solo que por ello se satisfaga la determinación precisa del Municipio donde la autoridad demandada pueda ejercer sus atribuciones en materia territorial, ya que además de señalar el párrafo correspondiente del inciso a), debió precisar o transcribir la parte correspondiente del Municipio donde ejerce sus atribuciones, en el caso, Acapulco de Juárez.

Ahora, cabe precisar que la Sala Regional analizó la competencia de la autoridad demandada en atención a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, lo anterior de acuerdo a la tesis 2a./J. 99/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 44/2006, bajo la voz: "COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO DE NULIDAD. DEBE ANALIZARSE EN TODOS LOS CASOS POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA."

No obstante, este Tribunal Colegiado aprecia que asiste razón a la autoridad recurrente, por estimar que la autoridad demandada, Subdelegación Acapulco del Instituto Mexicano del Seguro Social al emitir los actos impugnados, sí fundó debidamente su competencia territorial en el artículo 155, primer párrafo, fracción XI, inciso a), del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de septiembre de dos mil seis.

Por principio, el artículo 16 constitucional exige que todo acto de molestia debe dimanar de autoridad competente, y también señala que debe cumplir con el principio de legalidad que otorga al gobernado la mayor protección dentro de nuestro orden jurídico; además la garantía de legalidad se contiene en la expresión "fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento", y su eficacia reside en el hecho de que a través de ella se protege todo el sistema de derecho objetivo de la nación, desde la misma constitución hasta el reglamento administrativo más minúsculo.

En efecto, la fundamentación legal consiste en que los actos que originen la molestia de que habla el precepto constitucional de referencia deben basarse en una norma general, es decir, que ésta prevea el precepto que le otorgue competencia o facultad para emitirlo, así como el que contenga la situación concreta para la cual sea procedente realizar el acto de autoridad. Este concepto de fundamentación de todo acto autoritario que cause al gobernado una molestia en sus bienes jurídicos, no es sino una consecuencia directa del principio de legalidad que consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; ello es así, porque conforme a dicho principio, las autoridades deben gozar de facultades expresas para actuar, o sea, que la permisión legal para desempeñar determinado acto de su incumbencia debe estar previsto en un cuerpo legal, y no puede derivarse o presumirse mediante la inferencia de una atribución que se irrogue.

La exigencia de fundar legalmente todo acto de molestia, impone a las autoridades diversas obligaciones, que se traducen en las siguientes condiciones: a) Que el órgano del Estado del que tal acto provenga, esté investido con facultades expresamente consignadas en la norma jurídica (ley o reglamento) para emitirlo; b) Que el propio acto se prevea en dicha norma; c) Que su sentido y alcance se ajusten a las disposiciones normativas que lo rijan, y d) Que en el citado acto se contengan expresamente los preceptos específicos que funden su competencia y la causa legal de su proceder.

En ese orden de ideas, la fundamentación legal a que se refiere la garantía de legalidad debe comprender tanto la competencia como la causa legal del proceder de la autoridad, y no sólo esta última, pues cuando la primera parte del artículo 16 constitucional refiere que funde y motive la causa legal del procedimiento, no sólo es en cuanto a la causa legal del procedimiento, puesto que debe existir la concurrencia indispensable de la fundamentación tanto de la competencia, de la causa legal del proceder, como de la motivación en la causa legal del procedimiento, ya que no basta que haya una ley que autorice el acto autoritario de perturbación, sino que es preciso que en el mismo se invoquen los preceptos y fracciones en los cuales funda su proceder la autoridad, razonar lo contrario, esto es, considerar innecesario que se funde la competencia de la autoridad, implicaría la contravención a la garantía consagrada en el precepto en comento.

En materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a) Los cuerpos legales y preceptos que se están aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones, párrafos y preceptos aplicables, y b) Los cuerpos legales y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado.

Expuesto lo anterior, este Tribunal Colegiado estima que el artículo 155, párrafo primero, fracción XI, inciso a), del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, no constituye una norma compleja, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 114/2005-SS en sesión privada de nueve de septiembre de dos mil cinco, que diera origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 115/2005, sostuvo las consideraciones a efecto de determinar cuándo se está en presencia de una norma compleja.

Luego, es dable concluir que fundar en el acto de molestia la competencia de la autoridad, constituye un requisito esencial y una obligación de la autoridad, pues ésta sólo puede hacer lo que la ley le permite, de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado por la autoridad facultada legalmente para ello, dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas que lo autoricen, resultando insuficiente que sólo se cite la norma que le otorga la competencia a la autoridad por razón de materia, grado o territorio, para considerar que se cumple con la garantía de la debida fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, sino que es necesario que se precise de forma exhaustiva con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo, cuando aquél no contenga apartados, fracción o fracciones, incisos y subincisos, esto es, cuando se trate de normas complejas; pues en este caso, la autoridad debe llegar incluso al extremo de transcribir la parte correspondiente del precepto que le otorgue su competencia, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden, pues considerar lo contrario, significaría que el gobernado es a quien le correspondería la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en el documento que contiene el acto de molestia para fundar su competencia, si la autoridad tiene competencia de grado, materia y territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en un completo estado de indefensión, en virtud de que ignoraría en cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo, es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio.

De lo anteriormente reseñado se desprende que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dispuso que cuando se trate de una norma compleja, la autoridad se encuentra obligada, no sólo a citar la norma que le otorga la competencia por razón de materia, grado o territorio, para cumplir con el principio de la debida fundamentación consagrado en el artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, sino que es necesario que la autoridad precise de forma exhaustiva con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo, cuando dichos ordenamientos legales no contengan apartados, fracción o fracciones, incisos y subincisos, esto es, cuando se trate de normas complejas; llegando incluso al extremo de transcribir la parte correspondiente del precepto que le otorgue su competencia, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden.

Considerar lo contrario significaría que es al gobernado a quien le corresponde la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en el documento que contiene el acto de molestia para fundar su competencia, si la autoridad tiene competencia de grado, materia y territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en un completo estado de indefensión, en virtud de que ignoraría en cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio.

Así, tenemos que el artículo 155, primer párrafo, fracción XI, incisos a), b), c) y d), del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, establece lo siguiente:

"Artículo 155. Las delegaciones, subdelegaciones y oficinas para cobros del instituto ejercerán las facultades que les confieren la ley, sus reglamentos, y los acuerdos del consejo técnico, dentro de la circunscripción territorial siguiente:

"...

"XI. Delegación Estatal Guerrero.

"Jurisdicción: Estado de Guerrero.

"a) Subdelegación y Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social: Acapulco.

"(Reformado, D.O.F. 5 de octubre de 2007)

"Jurisdicción: Los Municipios de Acapulco de Juárez, Ajuchitlán del Progreso, Atoyac de Álvarez, Ayutla de los Libres, Azoyú, Benito Juárez, Cochoapa el Grande, Copala, Copalillo, Copanatoyac, Coyuca de Benítez, Cuajinicuilapa, Cuautepec, Florencio Villarreal, Igualapa, José Joaquín de Herrera, Juchitán, Marquelia, Ometepec, San Luis Acatlán, San Marcos, Tecoanapa, Tecpan de Galeana, Tlacoachistlahuaca y Xochistlahuaca.

"b) Subdelegación y Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social: Chilpancingo.

"(Reformado, D.O.F. 5 de octubre de 2007)

"Jurisdicción: Los Municipios de Acatepec, Ahuacuotzingo, Alcozauca de Guerrero, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, Cualác, Chilapa de Álvarez, Chilpancingo de los Bravo, Eduardo Neri, Huamuxtitlán, Iliatenco, Juan R. Escudero, Leonardo Bravo, Malinaltepec, Mártir de Cuilapan, Metlatónoc, Mochitlán, Olinalá, Quechultenango, Tixtla de Guerrero, Tlacoapa, Tlalixtaquilla de Maldonado, Tlapa de Comonfort, Xalpatláhuac, Xochihuehuetlán, Zapotitlán Tablas y Zitlala.

"c) Subdelegación y Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social: Iguala.

"Jurisdicción: Los Municipios de Alpoyeca, Apaxtla, Arcelia, Atenango del Río, Buenavista de Cuellar, Cocula, Coyuca de Catalán, Cuetzala del Progreso, Cutzamala de Pinzón, General Canuto A. Neri, General Heliodoro Castillo, Huitzuco de los Figueroa, Iguala de la Independencia, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Pedro Ascencio Alquisiras, Pilcaya, Pungarabato, San Miguel Totolapan, Taxco de Alarcón, Teloloapan, Tepecoacuilco de Trujano, Tetipac, Tlalchapa, Tlapehuala y Zirándaro.

"d) Subdelegación y Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social: Zihuatanejo.

"Jurisdicción: Los Municipios de Coahuayutla de José María Izazaga, José Azueta, La Unión de Isidoro Montes de Oca y Petatlán.

"..."

De lo anteriormente transcrito se advierte claramente que el artículo 155, párrafo primero, fracción XI, inciso a), del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, no es una norma compleja, ya que la fracción XI es clara y precisa al señalar que la Delegación Estatal Guerrero del Instituto Mexicano del Seguro Social ejercerá las facultades que le confiere la ley, sus reglamentos y los acuerdos del consejo técnico, dentro de la circunscripción territorial que comprende al Estado de Guerrero, y el inciso a) indica claramente que la Subdelegación y Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social en Acapulco, ejerce jurisdicción en los Municipios de Acapulco de Juárez, entre otros, por lo que si la demandante tiene su domicilio ubicado dentro de la circunscripción territorial del Municipio de Acapulco (***********), lo cual así se desprende de las resoluciones impugnadas que se localizan de la foja ciento veintisiete a ciento cincuenta y nueve del juicio de nulidad, entonces, es evidente que la autoridad demandada al fundar su competencia territorial en el artículo 155, primer párrafo, fracción XI, inciso a), del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, cumple cabalmente con lo dispuesto por el artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, en relación con el 16 constitucional y, consecuentemente, no deja en estado de indefensión a la demandante, ya que cita con claridad, certeza y precisión el precepto legal en que se contienen sus facultades por razón de territorio.

Sin que la omisión de la cita o transcripción del párrafo segundo del inciso a) de la fracción XI del citado precepto normativo se tenga como un incumplimiento a la garantía de fundamentación, ya que dicho párrafo únicamente contiene el enunciado de los Municipios donde la Subdelegación y Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social Acapulco, ejercerán sus funciones en la circunscripción territorial señalada en dicho numeral, en el caso, Acapulco, y específicamente, es innecesario que se haga alusión textual al Municipio en el cual ejerce la circunscripción territorial, pues tal exigencia sólo es obligatoria cuando la norma no contiene fracciones, incisos y subincisos, y el precepto aplicado sí las contiene.

Puntualizado lo anterior, tal como lo aduce la inconforme en los agravios en estudio, bastó que la autoridad administrativa haya citado el artículo 155, primer párrafo, fracción XI, inciso a), del invocado reglamento, para tener por plenamente satisfecho el requisito de fundar su competencia territorial para emitir la resolución impugnada, sin ser necesario, como ya se dijo, que se precisara el párrafo segundo del numeral en comento, puesto que al no tratarse de una norma compleja, resulta suficiente la cita del artículo, fracción e inciso que sirve de fundamento, como en el caso aconteció, cumpliendo cabalmente con lo dispuesto por el artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación en relación con el 16 constitucional y, consecuentemente, no deja en estado de indefensión a la demandante, ya que cita con claridad, certeza y precisión el precepto legal en que se contienen sus facultades por razón de territorio.

Lo anterior, se insiste, tal como lo indica la recurrente, así se sostiene en la mencionada tesis de jurisprudencia por contradicción 2a./J. 115/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de dos mil cinco, página trescientos diez, bajo el tenor literal siguiente:

"COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.-De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 77, mayo de 1994, página 12, con el rubro: ‘COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.’, así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se advierte que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, se concluye que es un requisito esencial y una obligación de la autoridad fundar en el acto de molestia su competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le permite, de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado por la autoridad facultada legalmente para ello dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas que lo autoricen; por tanto, para considerar que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso; sin embargo, en caso de que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden, pues considerar lo contrario significaría que el gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en el documento que contiene el acto de molestia, si tiene competencia por grado, materia y territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio."

Así las cosas, al resultar fundado parte del agravio marcado como séptimo, se hace innecesario el estudio de los restantes argumentos de inconformidad que se hacen valer, porque hacerlo a ningún fin práctico conduciría, si con ello no variaría el sentido de la presente ejecutoria.

Apoya lo considerado, la tesis de jurisprudencia VI.2o.A. J/9, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que este tribunal comparte y que aparece publicada en la página dos mil ciento cuarenta y siete del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, enero de dos mil seis, que establece:

"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.-Si del análisis de uno de los agravios se advierte que éste es fundado y suficiente para revocar la sentencia dictada por la Sala a quo, es innecesario que en la ejecutoria correspondiente se analicen los restantes agravios que se hicieron valer en el escrito de revisión, pues ello a nada práctico conduciría si de cualquier manera el fallo recurrido ha de quedar insubsistente en virtud del agravio que resultó fundado."

En consecuencia, al resultar fundado el agravio analizado, lo que procede es revocar el fallo recurrido, para el efecto de que la Sala Fiscal, con base en las consideraciones que se expresan en la presente ejecutoria, estime que para cumplir con la garantía de debida

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22488-a2d4132e/competencia-territorial-de-la-subdelegacion-y-oficina-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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