"EMOLUMENTOS" DE LOS PRESIDENTES DE LAS JUNTAS ESPECIALES DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. INTERPRETACIÓN DEL TÉRMINO RELATIVO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 631 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 285/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, del Acuerdo 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de la posible contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito al resolver asuntos en materia laboral, cuyo conocimiento corresponde a esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por uno de los Tribunales Colegiados que intervienen en la presente contradicción.
TERCERO. Como cuestión previa y con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la procedencia, así como sobre la existencia de la contradicción de tesis denunciada y, en su caso resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados que la motivaron, por lo que a continuación se transcriben:
El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el amparo directo DT. 441/2010 (6186/2010) en la parte que interesa, consideró lo siguiente:
"QUINTO. El estudio de los conceptos de violación expresados por la quejosa, conduce a determinar lo siguiente. Reclama la solicitante de amparo en sus primeros dos conceptos de violación, que la parte demandada al producir su contestación a la demanda señaló que el nombramiento de la actora había concluido en la plaza de confianza, además de que había incurrido en irregularidades y fueron suficientes para acreditar su baja justificada, pero que esas excepciones son excluyentes entre sí y contradictorias porque es imposible que al mismo tiempo concluya el periodo para el que fue contratada y además se le dé de baja por irregularidades y que por ello la responsable estaba impedida para pronunciarse respecto de ella; que al haberse excepcionado el demandado que la actora ocupaba un puesto de confianza, a éste le correspondió la carga de la prueba, para demostrar que las labores están asignadas en el catálogo general de puestos del Gobierno Federal y que dichas funciones se encuentran en el artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y que también debió acreditar que la trabajadora desarrolló esas actividades; que la Sala resolutora llegó a la conclusión de que las funciones de presidente de Junta Especial son de confianza, por así advertirlo en el contenido del Reglamento Interior de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y por tenerlo así clasificado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, según en el informe que rindió en ese sentido, pero dice la quejosa que esta conclusión es violatoria de garantías, porque de acuerdo con el artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado son trabajadores de confianza los que se desempeñan en el Poder Ejecutivo y que realizan funciones previstas en ese numeral de conformidad con el catálogo general de puestos del Gobierno Federal. También dice la solicitante del amparo que el Reglamento Interior de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, es un documento emitido por el Pleno de ese organismo y en él no se puede establecer qué puestos son de confianza e inclusive no puede establecer las funciones, sino que tal aspecto corresponde al artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y que esto mismo ocurre con el informe rendido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que el hecho de que esa dependencia tenga clasificado al puesto de presidente de Junta Especial como de confianza, no lleva a la conclusión de que ese puesto tenga esa calidad; que la demandada ofreció copias del catálogo institucional de perfiles de puestos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social al cual la responsable le otorgó valor probatorio, pero que eso es incorrecto porque ese documento no se perfeccionó y que por ello la responsable transgredió sus garantías, y que aun en el caso de se (sic) demostrara que el puesto de presidente de Junta Especial como de confianza, ello no es suficiente para llegar a la conclusión de que la actora realizaba funciones de esa naturaleza, ya que la demandada se limitó a acreditar las funciones del puesto de presidente, pero que no demostró las funciones que en realidad desempeñaba la quejosa. Son infundados los conceptos de violación sintetizados por lo que a continuación se exponen. En su escrito inicial de demanda la actora reclamó del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como acción principal la nulidad del oficio número 079 de veintiocho de septiembre de dos mil cinco, en el que se le comunicó la no confirmación en el cargo de presidente de Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje y, como consecuencia, su confirmación en ese mismo cargo, así como el pago de sus emolumentos correspondientes a esa plaza a partir del primero de octubre de dos mil cinco; al narrar sus hechos la trabajadora manifestó que el diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y nueve, fue nombrada para ocupar el puesto de auxiliar de Junta Especial, en la Secretaría de Conflictos Colectivos y posteriormente en la Secretaría Auxiliar de Conflictos Individuales; que el primero de octubre de mil novecientos noventa y nueve, fue designada como presidente de Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje, teniendo su última adscripción en la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco con residencia en la ciudad de Veracruz, y agregó que el veintiocho de septiembre de dos mil cinco recibió el oficio 079 firmado por el secretario del Trabajo y Previsión Social, en el que le informó que a partir del primero de octubre del mismo año, dejaría de fungir como presidente de Junta Especial, por haber considerado no confirmarle su nombramiento por otro periodo (fojas 1 a 5 del expediente laboral). Al contestar la demanda, el secretario del Trabajo y Previsión Social indicó que era improcedente la acción ejercida por la trabajadora porque el nivel de presidente de Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje es de confianza, por desempeñar funciones de dirección, representatividad y decisión, de acuerdo con el artículo 618 de la Ley Federal del Trabajo y con el catálogo general de puestos del Gobierno Federal, además agregó que la actora desempeñó el puesto de confianza de presidente de Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en la ciudad de Veracruz, Veracruz, y que causó baja por oficio de veintiocho de septiembre de dos mil cinco, por conclusión del término del nombramiento, y porque el titular demandado consideró no confirmarle su nombramiento por otro periodo, por lo que a partir del primero de octubre de dos mil cinco, dejó de fungir como presidente de Junta Especial, ya que es facultad potestativa del secretario del ramo confirmar o no a los presidentes de las Juntas Especiales al término de la vigencia de su nombramiento (foja 52 a 56). Al emitir el laudo la Sala resolutora declaró improcedente la nulidad del oficio de veintiocho de septiembre de dos mil cinco, por el que se le notificó a la trabajadora su no confirmación en el cargo de presidenta de Junta Especial porque señaló que el artículo 634 de la Ley Federal del Trabajo, no obligaba al titular del ramo a confirmar la designación de la actora en ese puesto, sino que era una facultad potestativa; y agregó que además las funciones inherentes a tal cargo son de confianza, de acuerdo con el Reglamento Interior de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y con el informe rendido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que concluyó que la quejosa carecía de estabilidad en el puesto (foja 216 y 217). En primer lugar debe indicarse que es infundado lo que aduce la solicitante de amparo cuando afirma que son contradictorias las excepciones opuestas por la parte demandada, consistentes en que el nombramiento de la actora había concluido en la plaza de confianza, y que además, había incurrido en irregularidades que fueron suficientes para acreditar su baja justificada. En efecto, las excepciones antes citadas tienen fundamentos distintos una de otra, ya que para la primera se requiere el solo transcurso del tiempo por el que se le otorgó el nombramiento, y de la actualización de los supuestos normativos establecidos en el artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que señala cuales son los cargos que son considerados de confianza, y que por ello, no tienen estabilidad en el empleo. En cambio, para la segunda, esto es, para la excepción opuesta en el sentido de que la trabajadora había incurrido en irregularidades que el patrón equiparado consideró suficientes para acreditar su baja justificada, se requiere precisamente de la acreditación de esas irregularidades, que llevaron al patrón a decidir la terminación de la relación de trabajo. Lo anterior, permite concluir que, contrario a lo afirmado por la quejosa, esas excepciones no se excluyen para su análisis entre sí, porque no se contraponen, sino que cada una con sus hipótesis de actualización, están encaminadas a declarar la improcedencia de las acciones de nulidad del oficio número 079 de veintiocho de septiembre de dos mil cinco, en el que se le comunicó a la actora su no confirmación en el cargo de presidente de Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje, y su confirmación en ese mismo cargo. Por otra parte, para establecer si el puesto de presidente de Junta Especial es o no de confianza, no sólo hay que atender a verificar si las pruebas que ofreció la parte demandada demuestran esas circunstancias, sino que contrario a lo que aduce la solicitante de amparo, es obligación de la Sala resolutora analizar si la trabajadora satisface los requisitos de la acción inclusive verificando la existencia de normas complementarias que prevean o de las cuales se deriven las funciones de dirección, como consecuencia del ejercicio de sus atribuciones que de manera permanente y general le confieran representatividad e impliquen poder de decisión en el ejercicio del mando, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 5o., fracción II, inciso a) de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ya sea que se desprendan de una ley o reglamento. Lo anterior es así, y para evidenciarlo es necesario transcribir el contenido del artículo, fracción e inciso citados, así como el diverso 618 de la Ley Federal del Trabajo, y 21 del Reglamento Interior de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que al efecto disponen. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. ‘Artículo 5o.’ (se transcribe). Ley Federal del Trabajo. ‘Artículo 618.’ (se transcribe). Reglamento Interior de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. ‘Artículo 21.’ (se transcribe). Respecto a los trabajadores al servicio del Estado, el Pleno del Máximo Tribunal del país, se ha pronunciado en el sentido de que para determinar si éstos tienen un nombramiento de base o de confianza, debe atenderse a la naturaleza de las funciones que desarrollan y no a la denominación que en sentido se le dé. Las anteriores consideraciones tiene sustento en la jurisprudencia número 36/2006, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de 2006, página 10, con número de registro 175,735, que dice: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA DETERMINAR SI TIENEN UN NOMBRAMIENTO DE BASE O DE CONFIANZA, ES NECESARIO ATENDER A LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES QUE DESARROLLAN Y NO A LA DENOMINACIÓN DE AQUÉL. De la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que «la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza», se desprende que el Poder Revisor de la Constitución tuvo la clara intención de que el legislador ordinario precisara qué trabajadores al servicio del Estado, por la naturaleza de las funciones realizadas, serían considerados de confianza y, por ende, únicamente disfrutarían de las medidas de protección al salario y de los beneficios de la seguridad social y, por exclusión, cuáles serían de base; lo que implica, atendiendo a que todo cargo público conlleva una específica esfera competencial, que la naturaleza de confianza de un servidor público está sujeta a la índole de las atribuciones desarrolladas por éste, lo que si bien generalmente debe ser congruente
con la denominación del nombramiento otorgado, ocasionalmente, puede no serlo con motivo de que el patrón equiparado confiera este último para desempeñar funciones que no son propias de un cargo de confianza. Por tanto, para respetar el referido precepto constitucional y la voluntad del legislador ordinario plasmada en los numerales que señalan qué cargos son de confianza, cuando sea necesario determinar si un trabajador al servicio del Estado es de confianza o de base, deberá atenderse a la naturaleza de las funciones que desempeña o realizó al ocupar el cargo, con independencia del nombramiento respectivo.’. En el caso, de acuerdo con la transcripción hecha de los artículos 618 de la Ley Federal del Trabajo, y 21 del Reglamento Interior de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que prevén las funciones que tienen obligación de efectuar los presidentes de las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje, se destacan las de cuidar del orden y de la disciplina del personal a su cargo, como son los actuarios, secretarios, auxiliares y secretarios generales, y designar a otros servidores públicos de menor jerarquía; conocer, resolver y vigilar los asuntos que se ventilen en la junta especial a su cargo, proveer lo conducente para que los juicios que ante ellos se tramitan no queden inactivos dictar las medidas conducentes para el buen funcionamiento de la Junta a su cargo y endosar los documentos de Nacional Financiera o de cualquier otra institución, respecto de los asuntos de su competencia. Lo anterior permite discernir que las funciones antes descritas, asignadas tanto en la Ley Federal del Trabajo como en el Reglamento Interior de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, constituyen actos de dirección de los mencionados en el inciso a) de la fracción II del artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, pues son una consecuencia del ejercicio de sus atribuciones legales que de manera permanente y general les confieren representatividad de la Junta que dirigen, e implican poder de decisión y vigilancia en el ejercicio del mando, en forma constante y para todo el personal a su cargo; y por ello, debe declararse improcedente la acción ejercida, inclusive aun cuando no se haya opuesto excepción alguna en ese sentido, ya que es obligación de la autoridad jurisdiccional verificar la existencia de alguna norma que prevea esas posiciones y con ello verificar la procedencia de la acción, como en el caso acontece. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 36/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, abril de 2003, página 201, con número de registro 184376, que en su rubro y texto dice. ‘TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. CUANDO DE LA LEGISLACIÓN CORRESPONDIENTE (FEDERAL O LOCAL) APAREZCA QUE CARECEN DE ACCIÓN PARA DEMANDAR LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL O LA REINSTALACIÓN POR DESPIDO, LA DEMANDADA DEBE SER ABSUELTA AUNQUE NO SE HAYA OPUESTO LA EXCEPCIÓN RELATIVA. El hecho de que por no contestar en tiempo la demanda el tribunal correspondiente la tenga por contestada en sentido afirmativo, no tiene el alcance de tener por probados los presupuestos de la acción ejercitada, pues atento al principio procesal de que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los extintivos, impeditivos o modificativos de ella, si el actor no prueba los que le corresponden, debe absolverse al demandado, aun en el caso de que éste, por aquella circunstancia o por cualquier otro motivo, no haya opuesto excepción alguna, o bien, haya opuesto defensas distintas a dicha falta de acción. Por tanto, cuando un trabajador de confianza, que ordinariamente sólo tiene derecho a las medidas de protección al salario y de seguridad social, pero no a la estabilidad en el empleo, demanda prestaciones a las que no tiene derecho, por disposición constitucional y por la ley aplicable, como son la indemnización o la reinstalación por despido, y a la parte demandada se le tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo, no deben tenerse por probados los presupuestos de la acción ejercitada y, por ende, debe absolverse a aquélla, habida cuenta de que el tribunal laboral tiene la obligación, en todo tiempo, de examinar si los hechos justifican dicha acción y si el actor, de conformidad con la ley burocrática correspondiente, tiene o no derecho a las prestaciones reclamadas.’. Cabe señalar que aun cuando el cargo de presidente de una Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje, no esté comprendido dentro de los enunciados en el artículo 5o., fracción II, inciso a), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, como son: directores generales, directores de área, adjuntos, subdirectores o jefes de departamento, lo cierto es que dadas las funciones que la ley les confiere, nada impide que se les considere como de confianza, en razón de que tal listado de cargos es enunciativo mas no limitativo; de ahí que el puesto que desempeñan dichos funcionarios se equipare al de los que desempeñan los directores generales. Al caso se cita, por compartir las mismas consideraciones, la tesis número I.3o.T.107 L, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de 2005, página 1523, con número de registro 177217, que es del tenor siguiente: ‘PRESIDENTES DE LAS JUNTAS ESPECIALES DE LAS FEDERALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. AL REALIZAR FUNCIONES EQUIPARABLES A LAS DE DIRECCIÓN PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DEBEN CONSIDERARSE COMO DE CONFIANZA. Las funciones que por ley tienen obligación de efectuar los presidentes de las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje están señaladas en el artículo 618 de la Ley Federal del Trabajo y en el catálogo de puestos a que alude el artículo 20 de la ley burocrática federal, entre las que destacan, respecto del primero, las de cuidar del orden y de la disciplina del personal a su cargo, como son los actuarios, secretarios, auxiliares y secretarios generales, y designar a otros servidores públicos de menor jerarquía, por lo que esas funciones constituyen actos de dirección de los mencionados en el inciso a) de la fracción II del artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, pues son una consecuencia del ejercicio de sus atribuciones legales que de manera permanente y general les confieren representatividad de la Junta que dirigen, e implican poder de decisión y vigilancia en el ejercicio del mando, en forma constante y para todo el personal a su cargo, aun cuando el cargo de presidente de una Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje no esté comprendido dentro de los enunciados en el último de los preceptos citados, como son: directores generales, directores de área, adjuntos, subdirectores o jefes de departamento, pues dadas las funciones que la ley les confiere, nada impide que se les considere como de confianza, en razón de que tal listado de cargos es enunciativo mas no limitativo; de ahí que el puesto que desempeñan dichos funcionarios se equipare al de los que desempeñan los directores generales.’. En atención a lo expuesto debe concluirse que, fue ajustada a derecho la consideración hecha por la Sala resolutora, en el sentido de que la hoy quejosa realizaba funciones equivalentes a un trabajador de confianza. Cabe señalar que la quejosa en sus conceptos de violación afirma que no se demostró en el juicio que haya realizado las actividades consideradas de confianza, que fueron descritas con antelación; sin embargo, tal argumento es ineficaz, ya que al estar definidas en la ley las actividades que tiene obligación de desempeñar el presidente de una Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje, tal circunstancia genera la presunción de que la actora al ostentar ese cargo, las realizaba, pues inclusive, de no cumplir con ellas, puede hacerse acreedora a una sanción. En el tercer concepto de violación argumenta la solicitante de amparo que se le otorgó un nombramiento por seis años, pero que el artículo 634 establece que su nombramiento puede ser confirmado dos o más veces; que la confirmación no es potestativa para el secretario del Trabajo y Previsión Social porque de acuerdo con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establecido en la contradicción de tesis 26/96, el verbo poder, no necesariamente tiene el significado de discrecionalidad, sino que en ocasiones se utiliza en el sentido de obligatoriedad, esto es, como un deber, por lo que de la lectura sistemática de los artículos 633 y 634 de la Ley Federal del Trabajo, se observa que no es una facultad discrecional del Titular, sino que debía hacerse una evaluación para determinar si la ratificaba o no dependiendo de la evaluación, pero que la trabajadora tenía derecho a ser confirmada al no haberse aportado prueba alguna que demeritara su empeño, y que a pesar de que en la contestación a la demanda se hizo referencia a irregularidades en que incurrió la quejosa, en ningún momento se aportó prueba alguna para demostrar esa circunstancia. Es infundado el argumento así expresado, por lo siguiente. En primer lugar debe destacarse que en el caso no es aplicable el contenido de la Jurisprudencia 2a./J. 31/97, que derivó de la contradicción 26/96, resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, agosto de 1997, página 174, con número de registro 197,900, que en su rubro dice: ‘VISITAS DOMICILIARIAS. NO ES DISCRECIONAL LA ATRIBUCIÓN DE CONCLUIRLAS ANTICIPADAMENTE, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 47, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.’. Lo anterior en razón de que al emitir la jurisprudencia citada el Máximo Tribunal del País analizó la palabra ‘podrá’ en la hipótesis de aplicación del artículo 47, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, en Materia Administrativa, pero no para analizar si el otorgamiento de un nombramiento de un funcionario dependiente del Ejecutivo Federal, constituye o no una facultad discrecional. También es infundada la afirmación que hace la quejosa en el sentido de que la facultad de confirmarla en el puesto de presidente de Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, contenida en el artículo 634 de la Ley Federal del Trabajo, no es potestativa o discrecional del secretario del Trabajo y Previsión Social, sino que debía hacerse una evaluación para determinar si la ratificaba o no dependiendo de la evaluación. Así es, en el caso, se advierte que la Sala responsable al emitir el laudo, además de declarar que en el juicio se demostró que la trabajadora desempeñaba funciones consideradas de confianza, también dijo que la ratificación en el cargo de presidente de una Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje, constituía una facultad discrecional del secretario del Trabajo y Previsión Social, por lo que concluyó que eran improcedentes las acciones de nulidad del oficio en el que se le notificó su no ratificación en el cargo y la confirmación respectiva. La anterior determinación fue ajustada a derecho por lo que a continuación se expone. Los artículos 633 y 634 de la Ley Federal del Trabajo, disponen lo siguiente: ‘Artículo 633.’. ‘Artículo 634.’ (se transcriben)-Del texto de los artículos transcritos, se advierte que la designación de los presidentes de las Juntas Especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje, está a cargo del secretario del Trabajo y Previsión Social; asimismo, se prevé la posibilidad de que quien haya si
o nombrado presidente de una Junta Especial, pueda ser confirmado una o más veces. En principio, debe destacarse que la designación de la persona que ocupará el cargo de presidente de una Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje, constituye una facultad personal y discrecional del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en atención a que para la designación de ese funcionario no requiere de la aprobación de algún otro órgano, ni está supeditada a algún procedimiento de esa naturaleza, sino que su designación es definitiva por disposición expresa de la ley, pues le otorga amplia discrecionalidad mediante la elección de personal de su entera confianza, para que en la institución se observen los principios rectores en el ejercicio de las funciones relacionadas con la tramitación y resolución de los conflictos en materia de trabajo, que son de su competencia. Además, conforme al contenido de los artículos, 618 de la Ley Federal del Trabajo y 21 del Reglamento Interior de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, transcritos con antelación, por las funciones que desempeñan, a partir de su designación debe considerárseles como servidores públicos de la confianza inmediata del titular de la secretaría de Estado; aspecto que ya se analizó en párrafos anteriores. En concordancia con lo anterior, debe concluirse que la facultad otorgada en esos términos al secretario del Trabajo y Previsión Social, para confirmar a alguien en el cargo de presidente de una Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje, es discrecional, ya que no puede desvincularse de la naturaleza de la facultad de su otorgamiento; esto es, que el nombramiento sea por un lado discrecional, y por otro, que su ratificación no lo sea; porque como ya se indicó, esa confirmación no requiere de la aprobación de algún otro órgano, sino sólo de la facultad discrecional que se le otorgó a ese secretario de Estado en la ley. En ese orden de ideas, si de acuerdo con lo narrado, la facultad de ratificación en el cargo aludido, es discrecional, y en el caso, concluyó el periodo para el que la actora fue nombrada, porque de acuerdo con los hechos citados en la demanda, el primero de octubre de mil novecientos noventa y nueve, fue designada con el cargo de presidente de Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje, y el veintiocho de septiembre de dos mil cinco, mediante el oficio 079, el secretario del Trabajo y Previsión Social, le comunicó que por conclusión del término del nombramiento, consideró no confirmarle ese nombramiento por otro periodo, y agregó que por ello, a partir del primero de octubre siguiente, dejaría de fungir con ese cargo, entonces es evidente que el nombramiento dejó de surtir sus efectos por conclusión del periodo para el que fue otorgado, y no existe obligación del secretario del Trabajo y Previsión Social, de confirmarla por otro periodo, porque ya se dijo que esa facultad es discrecional. Lo anterior, con independencia de que también es improcedente la acción de confirmación en el cargo que ejerció, porque de acuerdo con lo que ya se analizó en párrafos precedentes, las funciones que tiene asignadas ese funcionario tanto en la Ley Federal del Trabajo como en el Reglamento Interior de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, son consideradas como de confianza, y ello, de cualquier manera, implica que los empleados que realicen esa función no tienen estabilidad en el empleo, por así disponerlo de manera expresa el numeral 8o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Por ello, es claro que resulta improcedente la ratificación en el cargo de presidente de una Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje, que reclamó la quejosa, así como la nulidad del oficio en el que se le comunicó su no ratificación, ya que al considerarse ese cargo como de confianza, quien lo desempeñe no está protegido en cuanto a la estabilidad en el empleo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia número 655, sustentada por la desaparecida Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, Volumen 1, página 532, que dice lo siguiente: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE CONFIANZA. NO ESTÁN PROTEGIDOS POR EL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 EN CUANTO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje no incurre en violación de garantías si absuelve del pago de indemnización constitucional y salarios caídos reclamados por un trabajador de confianza que alega un despido injustificado, si en autos se acredita tal carácter, porque los trabajadores de confianza no están protegidos por el artículo 123 de la Constitución, apartado B, sino en lo relativo a la percepción de sus salarios y las prestaciones del régimen de seguridad social que les corresponde, pero no en lo referente a la estabilidad en el empleo.’. En atención a lo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22580-9b52191d/emolumentos-de-los-presidentes-de-las-juntas-especiales · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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