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Modo: Corpus Pro

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. ES COMPETENTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS QUE SE SUSCITEN CON SUS TRABAJADORES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 344/2010. · Registro digital (IUS): 22567
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, , Pág. 566.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 344/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 37 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con el punto segundo del Acuerdo General Número 5/2001, del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver asuntos en materia de trabajo, que es una de las materias de especialización de esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el apoderado legal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tal como lo demuestra con la copia certificada de la escritura pública número 80742, pasada ante la fe del licenciado Luis Felipe Morales Viesca, titular de la Notaría Pública Número 22 del Distrito Federal, en la que se hace constar que el doctor Raúl Plascencia Villanueva, en su carácter de presidente de la comisión citada, otorgó facultades, entre otros, a Alberto Espejel Juárez, para que por ministerio del artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo tenga el carácter de representante legal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en sus relaciones con sus trabajadores, así como que también se le otorgó, sin limitación alguna, en su carácter de representante legal, poder general para pleitos y cobranzas en términos del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos que rigen en los diversos Estados de la República Mexicana.

Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis de esta Segunda Sala que lleva por rubro, texto y datos de publicación siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL APODERADO JURÍDICO DEL TRABAJADOR EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 692 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA. El apoderado jurídico de quien fue parte en un juicio de garantías está legitimado para denunciar la posible oposición de criterios derivada del asunto en que intervino, no obstante que su legitimación sólo esté reconocida en el proceso seguido ante la autoridad del trabajo en donde se le confirió poder en términos del artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, y ante el Tribunal Colegiado respectivo, en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque aunque dicha representación se limita a su intervención en dichos procedimientos y la denuncia referida no constituye un acto procesal del amparo, ni una instancia posterior a éste, el artículo 197-A de la última ley citada otorga a cualquiera de las partes que intervinieron en los juicios donde las tesis respectivas fueron sustentadas, la facultad de denunciar la contradicción, constituyéndose en un derecho en favor de quienes intervinieron en los juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros; así, al haber tenido la calidad de parte para actuar en el juicio de garantías como apoderado del trabajador quien fue quejoso en el amparo participante en una posible contradicción de tesis, esa representación debe estimarse suficiente para realizar la denuncia correspondiente, al provenir de una de las partes." (Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, abril de 2009, tesis 2a. XXIX/2009, página 727).

TERCERO. Como cuestión previa y con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la procedencia, así como sobre la existencia de la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron, por lo que a continuación se transcriben:

La parte considerativa de la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito en el recurso de revisión 77/2010 es del siguiente tenor:

"QUINTO. Para una mejor comprensión del asunto, es menester realizar previamente al estudio de los agravios, una síntesis de los antecedentes que se desprenden de las constancias que integran los expedientes laboral y de amparo: 1. Mediante escrito de ocho de diciembre de dos mil ocho, **********, demandó ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, su reinstalación como segunda visitadora general en dicho organismo, y el pago de diversas prestaciones; que se radicó en la Junta Especial Número Once de la Federal de Conciliación y Arbitraje. (fojas de la 1 a la 21 del expediente laboral). 2. Por escrito de cinco de marzo de dos mil nueve, el organismo demandado promovió como incidente de previo y especial pronunciamiento el relativo a la competencia de la autoridad jurisdiccional. (fojas de la 45 a la 59 del cuaderno referido). 3. El cuatro de junio de dos mil nueve, la autoridad de instancia declaró improcedente el incidente respectivo. (fojas de la 68 a la 70 del expediente en consulta). 4. Inconforme con dicha resolución, la comisión demandada promovió el juicio de amparo indirecto, del que conoció el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, con número de expediente 1168/2009; que mediante sentencia de veintidós de julio de dos mil nueve, terminada de engrosar el veintiocho del mismo mes y año, la Juez Federal del conocimiento concedió el amparo solicitado. (foja 170 vuelta del mismo cuaderno). 5. Contra dicha resolución, la comisión quejosa interpuso el recurso de revisión RT. 157/2009, que resolvió este órgano jurisdiccional por ejecutoria de ocho de octubre de dos mil nueve, en la que consideró fundados los agravios expresados por la recurrente, habiendo confirmado la concesión del amparo ‘... para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente la resolución de cuatro de junio de dos mil nueve, y en su lugar emita otra, con plenitud de jurisdicción, en la que resuelva sobre el incidente de incompetencia planteado en el expediente laboral 1238/2008, tomando en cuenta la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, concretamente su artículo 74, a que se refirió la quejosa al promover el incidente.’ (fojas 198 vuelta y 199 del expediente laboral). 6. En cumplimiento a la ejecutoria citada, el diez de diciembre de dos mil nueve, la Junta del conocimiento emitió una nueva resolución en el incidente de competencia mencionado, en que lo declaró improcedente. (fojas de la 203 a la 206 del expediente señalado). 7. En contra de esa resolución, la comisión promovió un nuevo juicio de amparo, que la Juez Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal radicó con número de expediente 49/2010, en el que dictó sentencia el ocho de febrero de dos mil diez, que terminó de engrosar el dieciocho del mismo mes y año, habiendo concedido el amparo a la comisión quejosa, ‘... para el efecto de que la responsable deje insubsistente el acto reclamado, y dicte otro en el que establezca que carece de competencia legal para conocer del juicio laboral en cuestión, en términos del artículo 74 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y ordene su envío al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo indicado en la presente resolución’; que fue impugnada mediante este recurso. En la sentencia impugnada, la Juez Federal, consideró que al tratarse la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de un organismo constitucional autónomo, que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, mantiene con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación, atiende funciones coyunturales en beneficio de la sociedad, no es un organismo descentralizado; además que el artículo 74 de la ley de la comisión referida contiene disposición expresa en el sentido de que el personal que preste sus servicios a dicho organismo, se regirá por las disposiciones del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal y de la ley burocrática. SEXTO. El estudio de los agravios que se hacen valer conduce a determinar lo siguiente: La agraviada expresa que por la autonomía e independencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sus relaciones laborales no pueden estar comprendidas en el apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal. Lo anterior es infundado. En efecto, el artículo 123 de la Constitución Federal establece, en lo que interesa, que: (se transcribe). Asimismo, el artículo 74 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señala, en su parte conducente, lo que sigue: ‘Artículo 74.’ (se transcribe). En el caso, como se expuso en la síntesis de los antecedentes de este asunto en el apartado anterior, el acto reclamado en el juicio de amparo 49/2010, en que se dictó la sentencia impugnada, consiste en la resolución de diez de diciembre de dos mil nueve, mediante la cual la Junta Especial Número Once de la Federal de Conciliación y Arbitraje, declaró improcedente el incidente de competencia planteado por la demandada Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el juicio laboral 1238/2008, promovido por **********, en que reclamó su reinstalación en el puesto de segunda visitadora general de ese organismo, y otras prestaciones. Como lo consideró la Juez de Distrito, el acto reclamado es ilegal, porque existe disposición expresa en el artículo 74 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el sentido de que el personal que preste sus servicios a la comisión referida se regirá por las disposiciones del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. De la misma forma, la fracción XII del apartado B del artículo 123 constitucional, señala que los conflictos individuales serán sometidos al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. En la especie, se trata de una controversia individual promovida por una trabajadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; por tanto, dicho conflicto debe ser del conocimiento del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, porque la relación de trabajo respectiva está regulada por el apartado B del artículo 123 constitucional y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Sin que obste lo que aduce la recurrente respecto a que la Juez Federal no tuvo en cuenta que el artículo 74 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos violenta lo establecido en el apartado B del artículo 123 de la Carta Magna, que sólo hace referencia a las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal, y sus respectivos trabajadores. Se sostiene lo que antecede; porque el artículo 74 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no ha sido declarado inconstitucional por la autoridad competente; por tanto, debe aplicarse; pues toda ley goza de la presunción de constitucionalidad a su favor. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2279, Tomo XCVI, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son como sigue: ‘LEYES, DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS, POR LOS JUECES.’ (se transcribe). Tampoco es impedimento el argumento de la inconforme en torno a que las relaciones entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y sus trabajadores no se rigen por el apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, y que al no haberlo establecido así el legislador ordinario en el artículo 74 de la ley respectiva, esta última resulta inconstitucional. Se afirma lo anterior, porque en el juicio de amparo del que deriva este recurso de revisión no fue reclamada la inconstitucionalidad del artículo 74 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; por tanto, no es un tema que pueda ser materia de análisis en este medio de defensa. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 150/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 52, Tomo XXII, diciembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son como sigue: ‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN.’ (se transcribe). Asimismo, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 100, Tomo XC, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son los que siguen: ‘REVISIÓN, AGRAVIOS EN LA.’ (se transcribe). No es óbice el argumento de la recurrente respecto a que la sentencia impugnada es imprecisa y contradictoria porque por una parte reconoce que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio, y tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano; y por otra parte, afirma que ‘por exclusión’, no se trata de un organismo descentralizado; que por sus características, la comisión mencionada no pertenece a los Poderes de la Unión, ni al Gobierno del Distrito Federal, siendo un organismo descentralizado, como lo establece el artículo cuarto transitorio de su ley, y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y que el Poder Ejecutivo Federal no puede intervenir en la prenombrada comisión, por lo que no puede considerarse como un órgano dependiente directamente de la administración pública centralizada apegada a dicho poder. Se sostiene lo anterior porque, de acuerdo a su evolución histórica-jurídica, mediante decreto de seis de junio de mil novecientos noventa, se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. El veintinueve de junio de mil novecientos noventa y dos, se expidió la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que adquirió el carácter de organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios. El trece de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma constitucional al artículo 102, apartado B, que atribuyó a dicha institución el carácter de órgano constitucional autónomo, pues le otorgó autonomía de gestión y presupuestaria. Dicho precepto constitucional establece, en lo que interesa, que el Congreso de la Unión instituirá un organismo de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, que conocerá de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. Dicho organismo formulará recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Asimismo, el organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y contará con autonomía de gestión y presupuestarias, personalidad jurídica y patrimonio propios. En observancia a la reforma constitucional citada, el veintiséis de noviembre de dos mil uno se modificó el artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuyo texto original señalaba: ‘Artículo 2o. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios que tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos previstos por el orden jurídico mexicano.’ (Texto original). Para quedar como sigue: ‘Artículo 2o. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, y tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano.’ (Texto vigente). Lo que evidencia que, al ser considerada constitucionalmente como un órgano autónomo, la comisión de que se trata dejó de ser un organismo descentralizado de la administración pública federal; pues está establecida y configurada directamente en la Constitución Federal; mantiene con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación; cuenta con autonomía e independencia funcional y financiera; y, ejerce una función coyuntural del Estado, que consiste en proteger, observar, promover, estudiar y divulgar los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, que requiere ser eficazmente atendida en beneficio de la sociedad. Dicha transformación del organismo protector de los derechos humanos citado obedece a que, con motivo de la evolución del concepto de distribución del poder público, se han introducido en el sistema jurídico mexicano, a través de diversas reformas constitucionales, órganos autónomos cuya actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder público, a los que se les han encargado funciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor especialización, agilización, control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales; como es el caso de la comisión mencionada. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia P./J. 12/2008, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1871, Tomo XXVII, febrero de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son como sigue: ‘ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS.’ (se transcribe). Contrariamente a lo que aduce la inconforme, no existe contradicción en las consideraciones de la Juez de amparo respecto a este tema, al estimar que la comisión de mérito no es actualmente un organismo descentralizado; pues, como se explicó, dejó de serlo al convertirse en un órgano constitucionalmente autónomo. Por lo anterior, es incorrecto el argumento de la recurrente respecto a que, conforme a la tesis de jurisprudencia P./J. 1/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: ‘ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. SU INCLUSIÓN EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL.’, los organismos que cumplan con tal carácter rigen sus relaciones laborales por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal, como es el caso de la comisión demandada en el juicio natural; y que cuando se expidió el numeral 74 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no existía la interpretación contenida en la tesis de jurisprudencia referida. En virtud que al haberse establecido que la comisión citada no es actualmente un organismo descentralizado; no aplica la tesis de jurisprudencia a que alude la inconforme, pues ésta se refiere a los organismos descentralizados de la administración pública federal, que, como se explicó, no es el caso de la comisión referida. Además que, como se expuso con antelación, por disposición expresa del artículo 74 de su ley, las relaciones con sus trabajadores se rigen por el apartado B del artículo 123 constitucional, y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, siendo competente para conocer de los conflictos individuales respectivos el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de la fracción XII del apartado B referido, y dicho precepto no ha sido declarado inconstitucional por la autoridad competente, por lo que debe aplicarse. En consecuencia, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida; y conceder el amparo a la comisión quejosa."

Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 8/2009, externó las siguientes consideraciones:

"SEGUNDO. La competencia para conocer de la demanda laboral que nos ocupa corresponde a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, por lo siguiente: El actor ********** demandó como acción principal el pago de la indemnización constitucional y otras prestaciones a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y/o quien resulte responsable o patrón de la fuente de trabajo. Como antecedentes de la acción intentada afirmó haber sido contratado por la parte demandada con la categoría de jefe de departamento, y que el 15 de junio de 2004 fue despedido sin justificación alguna. Finalmente, como fundamento de la demanda laboral y de las prestaciones derivadas del despido alegado invocó el artículo 123, apartado B, de la Constitución Federal y distintos numerales (46, 126 y 127) de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. La Junta Federal en proveído de veintiuno de noviembre de dos mil seis, declaró carecer de competencia para conocer y resolver sobre las acciones y derechos reclamados por la parte actora, sustancialmente al considerar que dicha comisión al ser un organismo descentralizado, se encuentra regulado en el apartado ‘B’ del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, además de que al ser autónomo se rige por el artículo 102, apartado ‘B’, de nuestra Carta Magna, por lo tanto correspondía conocer de la demanda al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, por virtud del artículo 124, fracción I y artículo 124-B, fracción I, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Mediante proveído de diecinueve de abril de dos mil siete, la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a quien correspondió el conocimiento del asunto, rechazó la competencia declinada, bajo el argumento de que la demandada es un organismo público descentralizado de carácter autónomo y sus trabajadores se regirán por la ley reglamentaria del artículo 123, apartado ‘A’, fracción XXXI, inciso b), numeral 1, en relación con el artículo 527, fracción II, numeral 1, citando en apoyo el rubro de la tesis de jurisprudencia: ‘ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. SU INCLUSIÓN EN EL ARTÍCULO PRIMERO DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL.’. Ahora, para justificar que la competencia corresponde a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y no a la Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, es preciso transcribir lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, en su fracción XXXI, inciso b), subinciso 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 527, fracción II, numeral 1, de la Ley Federal del Trabajo, que dicen: ‘Artículo 123.’ (se transcribe). Por su parte, el artículo 527, fracción II, inciso 1, de la Ley Federal del Trabajo establece: ‘Artículo 527.’ (se transcribe). De los numerales transcritos, especialmente de la fracción XXXI, inciso b), subinciso 1, de la Constitución Federal y 527, fracción II, inciso 1, de la ley obrera, se desprende que corresponde a las Juntas Federales la aplicación de las normas de trabajo cuando se demande a organismos que sean administrados en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal. Es decir, frente a este supuesto se reserva la competencia exclusiva de las Juntas Federales, de los asuntos relativos a empresas que sean administradas en forma descentralizada por el Gobierno Federal, característica que corresponde a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al ser un organismo descentralizado, de acuerdo al artículo 102, apartado B, cuarto párrafo, de la Constitución Federal, así como el 2o. de la ley de dicha comisión. El artículo 102, apartado B, en su cuarto párrafo, de la Carta Magna por su parte señala: (se transcribe). De igual forma el artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos indica: ‘Artículo 2o.’ (se transcribe). Asimismo, de su transcripción se advierte que dicha dependencia es un organismo que cuenta con autonomía, presupuesto, personalidad jurídica y patrimonio propios. En ese sentido, si el conflicto laboral se ubica en el supuesto previsto en la Norma Constitucional específicamente en el artículo 123, fracción XXXI, inciso b), subinciso 1, de la Constitución Federal, es claro que corresponde la competencia a la Junta Federal. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 2a./J. 47/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, octubre de 1997, página 273, que dice: ‘COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE A LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUANDO SE DEMANDA A EMPRESAS ADMINISTRADAS EN FORMA DIRECTA O DESCENTRALIZADA POR EL GOBIERNO FEDERAL.’ (se transcribe). Sin que obste a lo anterior que la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de junio de 1992, en su título V ‘Del régimen laboral’ capítulo único, artículo 74, establezca: ‘El personal que preste sus servicios a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se regirá por las disposiciones del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Dicho personal quedará incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. ...’. Lo anterior, ya que esta disposición contraría el Pacto Fundamental, en específico el artículo 123, fracción XXXI, inciso b), subinciso 1, de la Constitución Federal, al cual se debe atender por razón de jerarquía. Tampoco obsta que el artículo 1o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado señale: ‘Artículo 1o.’ (se transcribe). Pues, dicho artículo fue declarado inconstitucional de acuerdo a la siguiente tesis de jurisprudencia P./J. 1/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta la (sic) Novena Época, Tomo III, febrero de 1996, página 52, que señala: ‘ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. SU INCLUSIÓN EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). Consecuentemente, procede declarar competente a la Junta Especial Número Once de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para conocer de la demanda a que se refiere el resultando primero de esta resolución."

CUARTO. Como cuestión previa, es necesario determinar si la presente denuncia de contradicción de tesis reúne o no los requisitos para su existencia.

Con tal propósito, es pertinente tener en cuenta los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, los cuales ordenan:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. ..."

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.

"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

Los transcritos artículos regulan la figura de la contradicción de tesis surgida entre cuerpos colegiados sobre una misma situación jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, debiendo destacarse que por "tesis" se entiende la posición que, manifestada mediante una serie de proposiciones que se expresan con el carácter de propias, adopta el tribunal en la solución de un negocio jurídico.

Asimismo, de los referidos artículos se infiere que la determinación que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación adopte al resolver la contradicción, debe precisar el criterio que en el futuro deberá prevalecer con el carácter de jurisprudencia, sin afectar las situaciones jurídicas concretas resultantes de las sentencias opuestas, con el objeto de que exista certeza jurídica en relación con el problema debatido.

De igual forma, el Pleno de esta Suprema Corte de Justici

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22567-b317ed7f/comision-nacional-de-los-derechos-humanos-es-competente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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