VISITA DOMICILIARIA. CUANDO SE SUSPENDE EL PLAZO PARA CONCLUIRLA POR NO HABERSE LOCALIZADO AL CONTRIBUYENTE EN EL NUEVO DOMICILIO FISCAL QUE SEÑALÓ, LA AUTORIDAD NO PUEDE LEVANTAR LA ÚLTIMA ACTA PARCIAL Y NOTIFICARLA POR ESTRADOS. VISITA DOMICILIARIA. LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA CONCLUIRLA CUANDO NO SE LOCALIZA AL CONTRIBUYENTE EN EL NUEVO DOMICILIO FISCAL QUE SEÑALÓ, INICIA A PARTIR DE QUE SE LEVANTE EL ACTA PARCIAL EN LA QUE SE HAGA CONSTAR ESA CIRCUNSTANCIA.
AMPARO DIRECTO 251/2010. **********.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Son fundados pero inoperantes en una parte, infundados en otra, inoperantes en una más, inatendibles en diversa y fundados en lo demás, los conceptos de violación que se hacen valer.
Es importante indicar, desde ahora, que dado lo extensamente desarrollado de los conceptos de violación y para su mejor estudio, este órgano colegiado procede a sintetizarlos, lo que no implica romper con los principios de congruencia y exhaustividad que deben existir en los fallos jurisdiccionales, como así lo indica la jurisprudencia que sostiene este tribunal:
"Registro: 187528
"Jurisprudencia
"Materia(s): Común
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XV, marzo de 2002
"Tesis: VI.3o.A. J/13
"Página: 1187
"GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD Y CONGRUENCIA. ALCANCES. La garantía de defensa y el principio de exhaustividad y congruencia de los fallos que consagra el artículo 17 constitucional, no deben llegar al extremo de permitir al impetrante plantear una serie de argumentos tendentes a contar con un abanico de posibilidades para ver cuál de ellos le prospera, a pesar de que muchos entrañen puntos definidos plenamente, mientras que, por otro lado, el propio numeral 17 exige de los tribunales una administración de justicia pronta y expedita, propósito que se ve afectado con reclamos como el comentado, pues en aras de atender todas las proposiciones, deben dictarse resoluciones en simetría longitudinal a la de las promociones de las partes, en demérito del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos verdaderamente exigen la máxima atención y acuciosidad judicial para su correcta decisión. Así pues, debe establecerse que el alcance de la garantía de defensa en relación con el principio de exhaustividad y congruencia, no llega al extremo de obligar a los órganos jurisdiccionales a referirse expresamente en sus fallos, renglón a renglón, punto a punto, a todos los cuestionamientos, aunque para decidir deba obviamente estudiarse en su integridad el problema, sino a atender todos aquellos que revelen una defensa concreta con ánimo de demostrar la razón que asiste, pero no, se reitera, a los diversos argumentos que más que demostrar defensa alguna, revela la reiteración de ideas ya expresadas.
"Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito.
"Amparo directo 37/2000. Hilados de Lana, S.A. de C.V. 1o. de diciembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Antonio Pescador Cano. Secretario: Jorge Arturo Gamboa de la Peña.
"Amparo directo 173/2001. Celestino Pedro Sánchez León. 18 de octubre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. Secretario: Emiliano Hernández Salazar.
"Amparo directo 375/2001. Industrias Embers, S.A. de C.V. 6 de diciembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. Secretario: Emiliano Hernández Salazar.
"Amparo directo 384/2001. Cándido Aguilar Rodríguez. 31 de enero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. Secretario: Emiliano Hernández Salazar.
"Amparo en revisión 455/2001. Margarita Ortiz Barrita. 8 de febrero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. Secretario: Emiliano Hernández Salazar."
También, debe destacarse que en el presente asunto se analizarán primero algunas cuestiones de legalidad y posteriormente las de inconstitucionalidad de leyes, ello en razón de que queda al prudente arbitrio de este órgano de control constitucional determinar la preeminencia en el estudio de los conceptos de violación, atendiendo a la consecuencia que para la quejosa tuviera el que se declararan fundados.
Sustenta el actuar de este tribunal la jurisprudencia siguiente:
"Registro: 179367
"Jurisprudencia
"Materia(s): Común
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXI, febrero de 2005
"Tesis: P./J. 3/2005
"Página: 5
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUÉLLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. De acuerdo con la técnica para resolver los juicios de amparo directo del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, con independencia de la materia de que se trate, el estudio de los conceptos de violación que determinen su concesión debe atender al principio de mayor beneficio, pudiéndose omitir el de aquellos que, aunque resulten fundados, no mejoren lo ya alcanzado por el quejoso, inclusive los que se refieren a constitucionalidad de leyes. Por tanto, deberá quedar al prudente arbitrio del órgano de control constitucional determinar la preeminencia en el estudio de los conceptos de violación, atendiendo a la consecuencia que para el quejoso tuviera el que se declararan fundados. Con lo anterior se pretende privilegiar el derecho contenido en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en garantizar a los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, esto es, que en los diversos asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de amparo se diluciden de manera preferente aquellas cuestiones que originen un mayor beneficio jurídico para el gobernado, afectado con un acto de autoridad que al final deberá ser declarado inconstitucional.
"Contradicción de tesis 37/2003-PL. Entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 31 de agosto de 2004. Unanimidad de diez votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías.
"El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy siete de febrero en curso, aprobó, con el número 3/2005, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a siete de febrero de dos mil cinco."
Además, dada la diversa naturaleza de los planteamientos que se alegan en los motivos de disenso, no se abordará su estudio en el orden en que fueron esgrimidos en la demanda de amparo, sino atendiendo a su mayor entidad en cuanto a los beneficios que podría obtener la disconforme.
Así, se procede a analizar el concepto de violación cuarto en el que se cuestiona el inexacto análisis del argumento de impugnación cuarto de la demanda de nulidad en el que se cuestionó la extemporaneidad en la conclusión de la visita domiciliaria, pues de resultar fundado, traería consigo la nulidad de la resolución determinante de los créditos fiscales impugnados.
Así, en el concepto de violación cuarto se aduce lo siguiente:
Que en la foja 38 de la sentencia reclamada, se determinó lo siguiente:
"... Por tanto, si dicha visita domiciliaria se notificó con fecha **********, al levantarse acta parcial de inicio, el plazo de doce meses concluía el ********** y si la última acta parcial se notificó con fecha **********, es claro que la autoridad demandada no había excedido el término de doce meses para la conclusión de la multicitada visita domiciliaria; de ahí que sean infundados los conceptos de impugnación."
Que lo antes determinado evidencia un limitado análisis por parte de la autoridad responsable, ya que de las fechas que ahí se aluden se advierte que la demandada se excedió del plazo de los doce meses con los que contaba para concluir la visita domiciliaria a que alude el artículo 46-A del Código Fiscal de Federación.
Que la responsable tomó como referencia para el cómputo la fecha de la última acta parcial sin atender el acta final.
Que la responsable no tomó en consideración las siguientes fechas, que el ********** inició la visita domiciliaria, que el ********** se notificó el acta parcial ********** en la que se comunicó la suspensión del plazo para concluir la visita, mientras que el ********** se comunicó la sustitución de la autoridad revisora y la continuación de la visita domiciliaria (reanuda el plazo de la visita), así el ********** se levantó el acta final, con las que se demuestra que la demandada excedió el plazo de doce meses para concluir la visita domiciliaria.
En apoyo de lo anterior, la quejosa cita la jurisprudencia del rubro: "VISITA DOMICILIARIA O REVISIÓN DE GABINETE. SU CONCLUSIÓN EXTEMPORÁNEA DA LUGAR A QUE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DECLARE LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA."
Que en la contestación de la demanda se alude a la acta parcial ********** de **********, la cual fue levantada el día anterior y omite señalar que ésta se notificó el **********.
Que la demandada no señaló que la notificación del acta parcial ********** se notificó el **********.
Son fundados los anteriores argumentos de violación, en la parte en la que la agraviada refiere que la Sala Regional no tomó en consideración las fechas de inicio y conclusión de la visita domiciliaria, lo que produjo un limitado análisis del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, respecto al plazo de los doce meses con los que la autoridad fiscalizadora contaba para concluir la visita domiciliaria.
No obstante lo anterior, ello es insuficiente para conceder el amparo solicitado, pues en el fondo la quejosa carece de razón, por las siguientes consideraciones.
En el considerando séptimo de la sentencia reclamada se determinó lo siguiente:
"SÉPTIMO. ... A juicio de los Magistrados que integran esta Sala los conceptos de impugnación son infundados. Así, el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, fue reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de junio de dos mil seis, y en el artículo segundo en la fracción IV y único transitorio de ese decreto se establece que sólo las facultades de comprobación que se iniciaran a partir de la entrada en vigor de ese decreto se apegarían a la reforma, tal como se puede ver a continuación: ‘Artículo segundo. Para los efectos de lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación, se aplicarán las siguientes disposiciones: (...) VI. Lo dispuesto en los artículos 46, fracción IV, 46-A, 48, fracción VII y 52-A del código, se aplicará al ejercicio de las facultades de comprobación que se inicien a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.’. En ese sentido, si la orden de visita ********** (sic), antecedente de la resolución impugnada, se inició con fecha **********, para entonces, ya estaba vigente la reforma del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, por lo que le es aplicable a ese procedimiento de fiscalización el artículo 46-A, con su reforma, precepto que en lo conducente, a la letra dice: ‘(reformado primer párrafo, D.O.F. 28 de junio de 2006) Artículo 46-A. Las autoridades fiscales deberán concluir la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la contabilidad de los mismos que se efectúe en las oficinas de las propias autoridades, dentro de un plazo máximo de doce meses contados a partir de que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación, salvo tratándose de: ... (reformado primer párrafo, D.O.F. 28 de junio de 2006) Los plazos para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete a que se refiere el primer párrafo de este artículo, se suspenderán en los casos de: III. Cuando el contribuyente desocupe su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando no se le localice en el que haya señalado, hasta que se le localice. (...)’. La disposición transcrita establece, que es de doce meses el plazo general y máximo dentro del cual deben concluirse las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete. En las revisiones de gabinete dicho plazo se inicia al notificar a los contribuyentes el requerimiento de información y/o documentación, o la orden de visita, pues es el momento en que la autoridad inicia el ejercicio de sus facultades de comprobación y debe entenderse que concluye al notificar a los propios contribuyentes el oficio de observaciones, o se levante la última acta parcial. Ese precepto también establece que los plazos para concluir las visitas domiciliarias o revisiones de gabinete, pueden ser susceptibles de suspenderse, entre otros supuestos, cuando el contribuyente desocupe su domicilio sin haber presentado el aviso de cambio, o bien, cuando no se localice al contribuyente en el domicilio fiscal que haya señalado. Asimismo, es de indicar que el artículo 134, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, menciona lo siguiente: ‘Artículo 134. Las notificaciones de los actos administrativos se harán: ... (reformada, D.O.F. 28 de junio de 2006) III. Por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse no sea localizable en el domicilio que haya señalado para efectos del Registro Federal de Contribuyentes, se ignore su domicilio o el de su representante, desaparezca, se oponga a la diligencia de notificación o se coloque en el supuesto previsto en la fracción V del artículo 110 de este código y en los demás casos que señalen las leyes fiscales y este código.’. Se prevé el hecho de que no pueda ser localizada la persona a quien se le deba notificar un acto de autoridad, en el domicilio que haya señalado en el Registro Federal de Contribuyentes, por lo que en ese caso, la autoridad fiscal está facultada para notificar por estrados el acto administrativo, sin que se establezca limitación del tipo de acto a notificar. Considerando lo anterior, en el presente caso, la contribuyente visitada presentó aviso de cambio de domicilio fiscal el **********, señalando como nuevo domicilio el ubicado en **********, interior **********, entre **********, colonia **********, **********, C.P. **********, en escrito libre de **********, reiteró su cambio presentando vía Internet el aviso de actualización o modificación de situación fiscal, esto es, el nuevo domicilio se hizo después de iniciadas las facultades de comprobación de la autoridad. La autoridad fiscal para comprobar el nuevo domicilio fiscal, se constituyó en ese domicilio el **********, levantando acta de constancia de hechos, a fojas de la 492 a la 494, en donde la visitadora hizo constar que llamó reiteradamente a la puerta sin que nadie le respondiera, pues no se encontraba persona alguna. Posteriormente se levantó acta parcial ********** con fecha **********, en donde se hizo constar que se efectuó una visita de verificación con fecha **********, en la cual se consignó que el lugar del domicilio parecía en remodelación, por lo que no se encuentra ahí la administración principal del negocio de acuerdo al artículo 10, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, que por eso la contribuyente estaba no localizada. Por lo que en esa acta se suspendió el procedimiento para suspender el plazo para concluir la visita domiciliaria, en términos del artículo 46-A, tercer párrafo, fracción II, del Código Fiscal de la Federación. Con base en lo anterior, con fecha **********, se levantó la última acta parcial, la que se ordenó notificar por estrados, a foja 362. La circunstancia de que la visitadora que levantó el acta parcial **********, de fecha **********, haya señalado que no fue localizada la contribuyente en el nuevo domicilio fiscal, no es el ejercicio de una facultad, sino la declaración de un hecho que se hizo constar en actas anteriores; pues el no encontrar a la contribuyente en el domicilio fiscal, en el cual se pudo ver que estaba en remodelación, da como resultado que no se localizara. Por ello, la parte actora actualizó los supuestos previstos en los artículos 46-A, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, en el sentido de que procedía la suspensión del plazo de 12 meses para finalizar la visita domiciliaria, lo cual quiere decir que ese hecho beneficia a la autoridad demandada, pues cuenta con una suspensión de ese plazo, pero eso no quiere decir que se suspenda la visita, pues son dos circunstancias distintas, una es suspender un plazo y otra suspender una visita, impidiendo con esto llevar a cabo cualquier acto por parte de la autoridad; pues eso no se deduce de la fracción III del citado artículo 46-A, ya que ese precepto sólo menciona suspensión de plazo. En ese contexto, si la autoridad fiscal, además de suspender el plazo, al no localizar a la contribuyente, en términos del artículo 134, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, procedió a notificar por estrados la última acta parcial, con fecha **********, esa actuación de la autoridad es legal, ya que el precepto citado, establece precisamente que cuando no se localice al contribuyente en el domicilio fiscal, se podrá notificar por estrados el acto de autoridad, supuesto que se concretó en el asunto a estudio, pues la parte actora no se localizó en el nuevo domicilio fiscal que señaló al efecto, por lo que la autoridad válidamente pudo notificar el acto administrativo, última acta parcial por estrados. Por tanto, si dicha visita domiciliaria se notificó con fecha **********, al levantarse acta parcial de inicio, el plazo de doce meses concluía el ********** y si la última acta parcial se notificó con fecha **********, es claro que la autoridad demandada no había excedido el término de doce meses para la conclusión de la multicitada visita domiciliaria, de ahí que sean infundados los conceptos de impugnación. ..." (Fojas 783 vuelta a 785 vuelta) [Lo resaltado y subrayado es nuestro].
Lo resuelto por la autoridad responsable evidencia un inexacto cómputo en las fechas que derivan de las actuaciones practicadas en la visita domiciliaria; sin embargo, ello no arroja la extemporaneidad en la conclusión de la visita domiciliaria, ya que no excedió del plazo de los doce meses como así lo obliga el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, como inexactamente lo alega la quejosa.
En efecto, el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, vigente en octubre de dos mil seis, fecha de emisión e inicio de la visita domiciliaria, establece lo siguiente:
"Artículo 46-A. Las autoridades fiscales deberán concluir la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la contabilidad de los mismos que se efectúe en las oficinas de las propias autoridades, dentro de un plazo máximo de doce meses contados a partir de que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación, salvo tratándose de:
"A. Contribuyentes que integran el sistema financiero, así como de aquellos que consoliden para efectos fiscales de conformidad con el título II, capítulo VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En estos casos, el plazo será de dieciocho meses contados a partir de la fecha en la que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación.
"B. Contribuyentes respecto de los cuales la autoridad fiscal o aduanera solicite información a autoridades fiscales o aduaneras de otro país o esté ejerciendo sus facultades para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 86, fracción XII, 215 y 216 de la Ley del Impuesto sobre la Renta o cuando la autoridad aduanera esté llevando a cabo la verificación de origen a exportadores o productores de otros países de conformidad con los tratados internacionales celebrados por México. En estos casos, el plazo será de dos años contados a partir de la fecha en la que se le notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación.
"Los plazos para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete a que se refiere el primer párrafo de este artículo, se suspenderán en los casos de:
"I. Huelga, a partir de que se suspenda temporalmente el trabajo y hasta que termine la huelga.
"II. Fallecimiento del contribuyente, hasta en tanto se designe al representante legal de la sucesión.
"III. Cuando el contribuyente desocupe su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando no se le localice en el que haya señalado, hasta que se le localice.
"IV. Cuando el contribuyente no atienda el requerimiento de datos, informes o documentos solicitados por las autoridades fiscales para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, durante el periodo que transcurra entre el día del vencimiento del plazo otorgado en el requerimiento y hasta el día en que conteste o atienda el requerimiento, sin que la suspensión pueda exceder de seis meses. En el caso de dos o más solicitudes de información, se sumarán los distintos periodos de suspensión y en ningún caso el periodo de suspensión podrá exceder de un año.
"Si durante el plazo para concluir la visita domiciliaria o la revisión de la contabilidad del contribuyente en las oficinas de las propias autoridades, los contribuyentes interponen algún medio de defensa en el país o en el extranjero contra los actos o actividades que deriven del ejercicio de sus facultades de comprobación, dichos plazos se suspenderán desde la fecha en que se interpongan los citados medios de defensa hasta que se dicte resolución definitiva de los mismos.
"Cuando las autoridades no levanten el acta final de visita o no notifiquen el oficio de observaciones, o en su caso, el de conclusión de la revisión dentro de los plazos mencionados, ésta se entenderá concluida en esa fecha, quedando sin efectos la orden y las actuaciones que de ella se derivaron durante dicha visita o revisión." [Lo resaltado es nuestro].
Del citado precepto legal se advierte lo siguiente:
a) Las autoridades fiscales deberán concluir la visita domiciliaria dentro de un plazo máximo de doce meses contados a partir de que notifiquen a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación.
b) Como salvedad, el plazo para concluir la visita domiciliaria se suspenderá cuando el contribuyente desocupe su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando no se le localice en el que haya señalado, hasta que se le localice.
c) Se entenderá concluida la visita en la fecha en que se levante el acta final de visita.
De lo antes señalado, se tiene que el plazo al que está obligada la autoridad fiscalizadora a concluir la visita domiciliaria es de doce meses dentro de los cuales debe iniciarla y concluirla, a través de levantamiento de actas de inicio y acta final, entre esas actuaciones y sus respectivas fechas se establece el plazo referido, ya que su actuación implica la presunción legal de que se practicaron en el domicilio de la contribuyente visitada, y es esa actuación la que da seguridad jurídica de que así se realizaron, pues se llevaron a cabo en el domicilio fiscal de la contribuyente y surten efectos desde ese momento.
Asimismo, la suspensión en el plazo para concluir la visita domiciliaria se genera cuando existe imposibilidad de la autoridad fiscalizadora para concluirla en el plazo al que ésta obliga, esto es, doce meses, por causas ajenas a su voluntad, atribuibles a la contribuyente, ya sea porque ésta desocupe su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio de domicilio correspondiente o cuando no se le localice en el que haya señalado.
Lo anterior sólo suspende el plazo pero no la visita domiciliaria, la cual puede proseguir, salvo las actuaciones que la autoridad fiscalizadora no puede llevar a cabo; en general, en esa suspensión la autoridad exactora no puede concluir la visita, precisamente por estar impedida para hacerlo.
Ahora bien, la suspensión del plazo para concluir la visita domiciliaria a que alude el normativo transcrito, tiene como efectos suspender el plazo a partir de la fecha en que actualiza el motivo de la suspensión, esto es, el plazo que haya transcurrido desde el inicio de la visita hasta la fecha de la suspensión no se anula y cuenta para que una vez que queda sin efectos la suspensión continúe o prosiga ese plazo para estar en el supuesto reglado para la demandada, de poder concluir la visita en el plazo de los doce meses como lo dispone el numeral transcrito líneas atrás.
Precisado lo anterior, para el análisis de la temporalidad cuestionada por la quejosa, se hace necesario destacar el caudal probatorio exhibido por las partes en el juicio de origen, del cual, cobran relevancia los documentos y fechas siguientes:
Mediante oficio ********** de ********** (fojas ********** y ********** del juicio de origen), el administrador local de Auditoría Fiscal de **********, **********, ordenó la práctica de la visita domiciliaria en contra de la contribuyente (persona moral quejosa), para la comprobación de las obligaciones fiscales, en cuanto sujeto directo de las contribuciones federales siguientes: impuesto al activo, impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado; en cuanto retenedor en materia de las siguientes contribuciones: retenedor de salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral; retenedor por prestación de servicios profesionales; retenedor de arrendamiento y, en general, por otorgar el uso o goce temporal de inmuebles a personas físicas; retenedor de ingresos asimilados a salarios y retenedor de impuesto al valor agregado, por el ejercicio fiscal de 2005.
El ********** (fojas ********** a ********** idem), se practicó el acta parcial de inicio de visita domiciliaria.
El ********** (fojas ********** a ********** idem) se levantó el acta parcial ********** en la que se hizo constar que no se localizó o no operaba la contribuyente en el domicilio fiscal señalado como su nuevo domicilio, y que por tal motivo se actualizaba lo previsto en el artículo 46, tercer párrafo, fracción III, del Código Fiscal de la Federación.
Lo anterior fue notificado por estrados conforme a la constancia de data ********** (fojas ********** y ********** idem) en la que se hizo saber a la contribuyente no localizable la suspensión en el plazo para concluir la visita, y en diversa constancia consta el retiro de notificación por estrados de ********** (foja ********** idem), en la que se hace constar los días que transcurrieron en esa publicación y sus efectos.
No obstante lo anterior, el ********** (fojas ********** a ********** idem), se levantó la última acta parcial notificada por estrados, conforme a la constancia de publicación de la fecha antes citada y que se retiró de los estrados conforme a la diversa constancia de ********** (fojas ********** y ********** idem).
El ********** (fojas ********** a **********) se levantó el acta de notificación, en la que se comunicó a la contribuyente la sustitución de la autoridad fiscalizadora y la continuación de la visita domiciliaria, ello en el domicilio fiscal en el que fue localizada.
El ********** (fojas ********** a ********** idem) se levantó el acta final en el domicilio fiscal de la contribuyente.
El ********** (fojas ********** a ********** idem) el Administrador Local de Auditoría Fiscal de Puebla Norte determinó crédito fiscal en contra de la contribuyente quejosa contenido en el oficio **********, notificado a través de los citatorios y actas de notificación de ********** y ********** de ese mes y año (fojas ********** a ********** idem), desglosado con los números de crédito del ********** al **********.
De lo anterior se desprende, como lo refiere la quejosa, que el ********** iniciaron las facultades de comprobación fiscal, que a partir de esa fecha la autoridad fiscalizadora estuvo obligada a concluir la visita domiciliaria dentro del plazo de doce meses a que alude el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, vigente en esa época.
Asimismo, cobra relevancia que la suspensión del plazo para concluir la visita se hizo constar en el acta parcial **********, de **********, momento en el que se estableció la no localización de la contribuyente, lo cual fue notificado a ésta por estrados, mediante constancias de fijación y retiro de esa notificación de ********** y **********, respectivamente, por lo que a la fecha en que se actualizó el motivo de la suspensión **********, habían transcurrido diez meses y tres días del plazo de la visita domiciliaria.
Por otra parte, el plazo para la conclusión de la visita estuvo suspendido desde el **********, hasta el **********, fecha en la que se levantó acta en la que, entre otras cuestiones, se notificó a la contribuyente visitada la continuación de la visita domiciliaria en el domicilio en el que se le localizó; por lo que, a partir de esa fecha prosiguió o continuó el plazo restante de los doce meses dentro del cual la autoridad exactora tenía la obligación de concluirla.
De modo que, del ********** al **********, fecha en la que se levantó el acta final, transcurrió un mes y veintiséis días, que sumados a los diez meses y tres días transcurridos antes de la suspensión, dan un total de once meses, veintinueve días, plazo que no excede del límite máximo de los doce meses a que alude el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, vigente en esa época, en el que la autoridad fiscalizadora estuvo obligada a concluir la visita domiciliaria.
Lo anterior no se opone a la determinación de la Sala Regional aunque ésta haya concluido lo siguiente:
"... Por tanto, si dicha visita se notificó con fecha **********, al levantarse acta parcial de inicio, el plazo de doce meses concluía el ********** y si la última acta parcial se notificó con fecha **********, es claro que la autoridad demandada no había excedido el término de doce meses para la conclusión de la multicitada visita domiciliaria, de ahí que sean infundados los conceptos de impugnación."
Esto es, si bien la Sala Regional concluyó de manera incompleta, lo cierto es que de acuerdo a las constancias analizadas y conforme a lo resuelto por la autoridad responsable y lo controvertido por la quejosa,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22714-8ab6a546/visita-domiciliaria-cuando-se-suspende-el-plazo-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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