AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE DIRIGEN A COMBATIR EL FONDO DEL ASUNTO Y NO LAS CONSIDERACIONES RELACIONADAS CON LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO.
AMPARO EN REVISIÓN 151/2010. INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-El estudio de los motivos de disenso reproducidos en el considerando anterior, conduce a establecer lo siguiente:
De la demanda de amparo, se advierte que la dependencia quejosa (aquí recurrente) señala como acto reclamado: "La resolución incidental de fecha 28 de abril de 2010, emitida por la autoridad señalada como responsable ..." (foja 3), Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, en el expediente laboral 975/2008.
En dicha resolución, la Junta responsable declaró improcedente el argumento referente a que esa autoridad debía declararse incompetente para conocer del asunto porque la relación subsistente entre las partes (actor y demandada) era de índole civil. Los puntos en que se basó para declarar la improcedencia de tal razonamiento consistieron en que en una sentencia interlocutoria no se debe determinar la naturaleza del vínculo jurídico que une a los contendientes, porque de hacerlo, se estaría resolviendo el fondo del asunto, impidiéndole al actor la oportunidad de demostrar la procedencia de su acción, violando, en consecuencia su garantía de audiencia.
Por otra parte, consideró que debido a que la naturaleza jurídica de la demandada (Instituto de Vivienda del Distrito Federal) corresponde a la de un organismo público descentralizado de la administración pública del Distrito Federal, lo procedente era enviar los autos a la Junta Especial Número Diecisiete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, dado que a ésta le concierne conocer de los asuntos en los que estén involucrados los organismos públicos descentralizados. De esta forma, se declaró incompetente para conocer del conflicto suscitado entre las partes. Folios 4 y 5.
En su oportunidad, el secretario encargado de despacho del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, por auto de veintiuno de mayo de dos mil diez, ordenó formar el expediente respectivo, registrándolo con el número 1367/2010. Acto seguido, desechó de plano la demanda de garantías, por considerar que la resolución en la que se declina la competencia de una Junta para conocer del asunto, no constituye un acto de imposible reparación, sino que el mismo está supeditado a la aceptación o rechazo por parte de la autoridad a quien se declinó la competencia.
Contra esta determinación, el instituto inconforme expresa que el a quo, lesiona sus garantías individuales consagradas en el artículo 17, de la Constitución Federal.
Tal motivo de disentimiento es inoperante.
Así se afirma, porque los Jueces de Distrito, en su calidad de autoridades conocedoras del amparo, no infringen garantías individuales, pues su función como órgano de control constitucional estriba, precisamente, en cuidar el respeto de esas prerrogativas y, por tanto, sería un contrasentido que las vulneraran.
En efecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, constitucionales, interpretados en forma sistemática, el único medio de defensa para reclamar violaciones constitucionales, lo es el juicio de amparo, ante los Tribunales del Poder Judicial de la Federación; por lo anterior, si la parte quejosa interpone recurso de revisión en contra de un auto emitido en un juicio de garantías y, en vía de agravios, le atribuye al a quo, que conoció de ese asunto, violación a sus garantías individuales, el tribunal de alzada no puede examinarlas, ya que, de hacerlo, se desnaturalizaría la vía establecida para elevar reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, mismas que sólo corresponden al juicio de garantías, debido a que, de otra manera, se ejercitaría un control constitucional sobre otro de esa misma naturaleza.
Luego, como el recurso de revisión es un instrumento a través del cual el legislador tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial y no un medio de control constitucional mediante el cual se busca restituir en el goce de la garantía violada al quejoso, como en el juicio de amparo, sino sólo un procedimiento de segunda instancia cuya finalidad, exclusivamente, es controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de amparo, entonces, el tribunal ad quem, sólo puede verificar si se realizó o no un adecuado análisis de la constitucionalidad del acto reclamado.
De ahí que si el acuerdo motivo del presente recurso de revisión, fue dictado por un Juez de Distrito, que actuó como órgano de control constitucional, con ese carácter, no transgrede las garantías individuales del gobernado, sino que, en su caso, podría infringir preceptos de la Ley de Amparo; infracciones que pueden ser revisadas a la luz de los recursos ordinarios que las rigen, previstos en la citada ley, entre los que se encuentra el recurso de revisión, el cual, se reitera, no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación de garantías individuales que se atribuyen al Juez Federal que conoció del asunto, ya que ello significaría darle el carácter de autoridad responsable y pretender ejercer un control constitucional sobre otro.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 2/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, enero de 1997, página 5 que dice:
"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.-Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."
En diverso segmento de los agravios, el recurrente manifiesta que el a quo, al dictar el auto impugnado, violó el principio de exhaustividad, ya que estaba obligado a examinar la totalidad de los conceptos de violación y ni siquiera analizó uno solo.
Insiste que el Juez Federal debió estudiar los conceptos de violación, las jurisprudencias invocadas y los argumentos narrados en el capítulo de antecedentes de la demanda de garantías, pues dice que en esos puntos se plasmaron, de manera contundente, las violaciones cometidas por la Junta; que el Juez de Amparo, deliberadamente, omitió entrar al fondo del asunto, siendo que estaba obligado a examinar lo que dio origen a la interposición del juicio constitucional.
También refiere que, en razón de lo expuesto es claro que en el acuerdo recurrido no se agotó el principio de exhaustividad, que emerge del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, lo cual permite hablar de una resolución propiamente incompleta, dado que el a quo no se ocupó de los conceptos de violación.
Los agravios resumidos en los tres párrafos anteriores, son inoperantes, habida cuenta que, mediante ellos se argumenta la omisión de análisis de los conceptos de violación y, por ende, la transgresión al principio de exhaustividad; sin embargo, cuando el a quo desechó la demanda de garantías con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo, fue porque encontró un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo cual no sólo liberó al Juez de Distrito de abordar el estudio del fondo del asunto, sino que le impidió realizar su análisis, pues de lo contrario, su proceder sería incongruente, en razón de que la principal consecuencia del desechamiento de la demanda es poner fin al juicio de amparo sin resolver la controversia de fondo.
En este contexto, no está por demás señalar que no le produce ningún perjuicio al instituto recurrente el hecho de que el a quo no se hubiere ocupado de los planteamientos formulados vía conceptos de violación, pues se insiste que, si omitió su análisis, ello se debe a que advirtió que, en la especie, se actualizaba de modo notorio y manifiesto, una causal de improcedencia, cuyo estudio, por ser una cuestión de orden público, es preferente al examen de cualquier otra, en términos de la última parte del artículo 73, de la Ley de Amparo.
Las consideraciones anteriores, encuentran apoyo, en lo conducente, en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del Volumen 24, Tercera Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:
"SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.-No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio."
Así como en la jurisprudencia IV.2o.C. J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, misma que comparte este órgano de control constitucional y que puede localizarse en la página 1042, Tomo XXVII, junio de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, cuyos rubro y texto rezan:
"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO, SI EL JUEZ DE DISTRITO DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS.-Resultan inoperantes los agravios en que se argumenta la omisión de análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, cuando el Juez de Distrito desechó la demanda de amparo con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo, al encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, habida cuenta que lo anterior no sólo libera al a quo de abordar el estudio del fondo del asunto, sino que le impide realizarlo pues, de lo contrario, su proceder sería incongruente, en razón de que la principal consecuencia del desechamiento de la demanda es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo."
En esta vertiente, también resultan inoperantes los agravios en los que el instituto inconforme refiere que el a quo debió tomar en cuenta que cuando se hizo valer ante la Junta el incidente de competencia e injurisdicción, se dijo que la falta de competencia de la responsable no fue por materia, sino por jurisdicción.
Se dice que los resumidos planteamientos son inoperantes porque se dirigen a combatir cuestiones de fondo sin controvertir el razonamiento toral que condujo al a quo, a desechar la demanda de garantías, consistente en que el acto reclamado (resolución en la que la Junta responsable declina la competencia en favor de otra), no tiene una ejecución de imposible reparación, dado que, ello está supeditado a que la autoridad a quien se declinó la competencia la acepte o la rechace, por lo cual, es improcedente el amparo indirecto.
La conclusión que antecede, encuentra sustento en la tesis aislada I.6o.T.32 K, de este Tribunal Colegiado, publicada en la página 1626, Tomo XXI, febrero de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto que enseguida se transcriben:
"-Si el Juez de Distrito desechó la demanda de amparo por estimar que no se combate un acto de imposible reparación, y el recurrente en sus agravios se limita a esgrimir argumentos relativos al fondo del asunto que no se abordó, debe concluirse que tales manifestaciones resultan inoperantes al no combatir las consideraciones relacionadas con la improcedencia del juicio."
En otra parte de los puntos de disenso, el instituto recurrente aduce que jamás se impugnó la declinación de la competencia, sino el desechamiento del incidente respectivo; es decir, que el acto reclamado consiste en el desechamiento del incidente de competencia y no en la declinación de ésta.
Este argumento es infundado, pues basta una simple lectura de la demanda de garantías para advertir que el impetrante de amparo nunca se quejó del desechamiento de un incidente, sino de la sentencia incidental de veintiocho de abril de dos mil diez, en la cual, la Junta responsable declinó su competencia en favor de otra Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal.
Cierto, del capítulo dedicado al acto reclamado y de la integridad de la demanda de amparo se aprecia que el instituto quejoso designó como acto impugnado la resolución incidental de veintiocho de abril de dos mil diez, dictada por la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Distrito Federal, en el expediente laboral 975/08, tan es así que la transcribió, advirtiéndose que en la última parte de los considerandos y el segundo punto resolutivo de esa determinación, dicha autoridad se declara incompetente para conocer del asunto, disponiendo que los autos sean enviados a la Junta Especial Número Diecisiete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Distrito Federal, por ser esta autoridad la que debe conocer de los conflictos laborales en los que interviene un organismo público descentralizado, como el Instituto de Vivienda del Distrito Federal.
Por lo anterior, fue correcto que el a quo considerara que el acto reclamado, consiste en la resolución incidental en la que la Junta responsable declinó la competencia a favor de otra Junta para conocer del conflicto laboral, pues esto así se desprende de la demanda de garantías, en la que la parte quejosa ahora recurrente, de forma expresa, designó dicha resolución como el acto impugnado.
Finalmente, también es infundado lo expresado por el instituto recurrente al señalar que es erróneo considerar que el acto reclamado está supeditado a la aceptación o rechazo de la autoridad a favor de quién se declinó la competencia, y que lo resuelto por el a quo le perjudica, porque la declinación de la competencia sí constituye un acto de imposible reparación, al afectar la esfera jurídica del quejoso en un grado predominante o superior.
Se afirma lo anterior, atento a que la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 5/89, determinó que la declaración de incompetencia de una autoridad de trabajo, que inicialmente conoce de un juicio laboral y que remite los autos a la autoridad que estima competente, no constituye un acto de ejecución irreparable, pues todavía no se sabe si la segunda autoridad aceptará o no la competencia; razón por la que, en ese estado, no es procedente el amparo indirecto.
Los argumentos que anteceden dieron lugar a la jurisprudencia publicada bajo el número 267, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, Volumen 1, página 216, que dice:
"INCOMPETENCIA, DECLARACIÓN DE. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO.-La declaración de incompetencia de la autoridad de trabajo que inicialmente conoce de un juicio laboral y que remite los autos a la autoridad que estima competente, no constituye un acto de ejecución irreparable, pues no se sabe si aceptará o no la competencia la segunda autoridad, ni cómo se resolverá, en su caso, el conflicto competencial, razón por la que en ese estado, no es procedente el amparo indirecto."
Así como a la diversa 268, localizable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, Volumen 1, página 216, de rubro y texto siguientes:
"INCOMPETENCIA, DECLARACIÓN DE. NO ES UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE.-Es inexacto que la declaración de incompetencia adoptada por el tribunal de trabajo que conoce de la demanda en primer lugar y que remite los autos a la autoridad que estima competente, sea de ejecución irreparable porque él ya no pueda revocar tal determinación; por el contrario, puede tener reparación mediante el procedimiento señalado en el artículo 701 de la Ley Federal del Trabajo y por las autoridades mencionadas en el artículo 705 del mismo ordenamiento."
En las relatadas condiciones, sin que opere la suplencia de la deficiencia de la queja porque el instituto recurrente no se encuentra dentro del supuesto previsto en el artículo 76 Bis, de la Ley de Amparo, procede confirmar el acuerdo recurrido y desechar la demanda de garantías.
Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 83, 85, 86 y 91, de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma el auto recurrido.
SEGUNDO.-Se desecha de plano la demanda de garantías, promovida por el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, en contra del acto que le atribuye a la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos a su lugar de origen; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este tribunal y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que integran los Magistrados: presidenta, Carolina Pichardo Blake, Genaro Rivera y Marco Antonio Bello Sánchez; siendo relator el segundo de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22732-a0323104/agravios-inoperantes-en-la-revision-lo-son-aquellos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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