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Modo: Corpus Pro

CONVIVENCIA, RÉGIMEN DE. PRINCIPIOS JURÍDICOS QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA PARA SU CORRECTO DESARROLLO ENTRE MENORES Y SUS PROGENITORES, CUANDO ÉSTOS SE ENCUENTRAN SEPARADOS O DIVORCIADOS.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 109/2008. · Registro digital (IUS): 22810
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Abril de 2011, , Pág. 1087.

AMPARO DIRECTO 109/2008. **********.

CONSIDERANDO:

QUINTO. ...

En contra de la referida sentencia, ********** promovió la demanda de garantías cuyo estudio y decisión se avoca este órgano jurisdiccional federal.

Ahora, antes de abordar los aspectos de fondo de la controversia, y aunque la demanda de amparo de que se trata es promovida por **********, por propio derecho, este órgano jurisdiccional federal advierte que en la controversia de origen se ven involucrados los derechos de los niños **********, ambos de apellidos **********, quienes en la actualidad cuentan con una edad aproximada de cinco años y seis meses, y tres años con ocho meses, respectivamente; de ahí que, con estricto apego a lo dispuesto por el artículo 76 Bis, fracción V, de la Ley de Amparo, en lo concerniente a la suplencia de la queja en favor de menores, este órgano constitucional federal estima pertinente hacer hincapié, como en el caso, cuando se involucran derechos de menores, es procedente tener en cuenta e invocar todo aquello que redunde en beneficio de los niños y niñas, supliéndose en su favor la deficiencia de la queja, por así disponerlo imperativamente el precitado numeral.

Así, hay que establecer que respecto de la patria potestad, guarda y custodia y el derecho a un régimen de visita o convivencia, que es en sí el tema controvertido en este caso, el artículo 4.205 del código sustantivo aplicable previene que en caso de separación de quienes ejerzan la patria potestad, como en la especie, en que los papás de ********** se encuentran divorciados y la progenitora es quien ejerce la guarda y custodia, el Juez de lo Familiar y la Sala Familiar habrán de resolver lo conducente en torno a la controversia suscitada teniendo siempre en cuenta lo mejor para los intereses de los hijos menores de edad.

En el orden fáctico y jurídico precedente, debe tenerse en cuenta de modo preponderante que, como se ha dicho, y según las constancias y actuaciones que integran los juicios acumulados de origen, así como lo determinado en segunda instancia, ********** y ********** se encuentran finalmente divorciados, en tanto su relación ha sido hostil desde hace tiempo, según lo narrado en la demanda primigenia promovida por **********, aún así, destaca de modo preeminente que, ésta nunca exteriorizó la existencia de algún daño psicológico real y trascendente que se provocara en sus menores hijos con motivo de la conducta violenta que dice ha desplegado hacia ellos el aquí tercero perjudicado **********, quien, a su vez, en diversa demanda de divorcio solicitó la guarda y custodia de sus menores hijos, lo cual debe ser considerado por este órgano jurisdiccional federal, para resolver lo más apegado a los intereses supremos de dichos niños, respecto de la convivencia con cada uno de sus progenitores.

En orden con lo anterior, hay que señalar que en los casos de desintegración familiar provocados por la separación de los cónyuges, los hijos resultan ser los menos responsables; sin embargo, son los que más la resienten en el ámbito psicológico, social, y económico; de ahí que, en aras de evitar ese daño, los progenitores deben anteponer a su interés personal el de sus menores hijos, teniendo en cuenta que la ruptura conyugal les genera inseguridad, desprotección, baja autoestima e incluso desinterés por la vida.

Aunque los papás de ********** y **********, sin duda ya lo saben, pues ********** es profesionista y se desempeña como docente, amén de que han sobrevivido a un proceso de divorcio, las rupturas matrimoniales y pérdidas afectivas en muchas de las ocasiones hieren los sentimientos en forma letal, a la vez que erosionan el pensamiento y, por ello, quienes la sufren necesitan someterse a un proceso terapéutico de sanidad mental, mayormente cuando en la entrevista psicológica que se practicara al menor **********, éste manifestó cierto desapego por las figuras paterna y materna, como un reflejo, quizás, de las desavenencias de sus progenitores; ante ello, atento al resultado de dicho estudio, es menester que sus progenitores se aparten de todo egoísmo e interés personal y velen por el sano desarrollo físico y mental de sus dos hijos, teniendo únicamente en cuenta que el interés que manifiesten en sus hijos redundará en que el día de mañana no guarden resentimiento alguno hacia sus padres y, en cambio, puedan revelar un verdadero amor por ellos y por la sociedad que los verá crecer sanos y seguros de sí mismos, no perdiéndose de vista que, por su edad, ********** y ********** requieren ser llevados "de la mano" y conducidos por caminos seguros por sus propios progenitores, sin que éstos tengan facultad alguna de hacerlos partícipes de sus problemas matrimoniales y personales, que como consortes arrastraran durante su vida conyugal; luego, en aras de ese supremo derecho que tienen los niños de ser amados y respetados sin condición alguna, los progenitores deben ejercer la guarda y custodia en un ambiente de comprensión, amor y máximo respeto, recurriéndose, incluso, como se estableció en la sentencia reclamada, a terapeutas especializados en salud mental con la única finalidad de entablar una mejor relación de convivencia con los indicados menores, despojándose de todo resentimiento que llegase a perjudicarles; de modo tal que, la convivencia con uno y otro de sus progenitores no debe generarles ningún desequilibrio emocional, sino por el contrario, que al convivir con cada uno de ellos se sientan queridos, respetados y protegidos, nunca manipulados o utilizados para satisfacer los intereses de sus padres.

Así, aquéllos deberán tener en cuenta que ********** y **********, como hijos de progenitores divorciados, tienen menos defensas contra ataques del medio social, que la separación de sus padres les produce una baja autoestima que los hace vulnerables y menos fuertes o firmes en sus convicciones; entonces, en aras de prevenir algún posible daño psicológico, incluso, corregirlo si es que lo hubiere, sus padres deben asumir una responsabilidad absoluta, pues el hecho de que se encuentren divorciados no implica que no puedan ser excelentes padres, incluso mejores que si vivieran juntos; ello por cuanto se encuentran obligados a compensar el terrible inconveniente que a los niños les produce la separación de sus padres; de no ser así, la dimisión o renuncia de éstos de asumir responsablemente su función protectora y orientadora, constituirá una falta o infracción grave cuyos alcances pueden repercutir en la propia sociedad a la que los menores pertenecen.

Por tanto, para ayudar a los niños ********** y **********, ambos de apellidos **********, a que no sufran incertidumbre alguna respecto de su futuro y, por el contrario, que crezcan tranquilos y sanos en todos los ámbitos personales, es menester que sus progenitores actúen honestamente en cuanto a sus sentimientos filiales, y así, prescindirán de egoísmos al disputarse la guarda y custodia, y, en especial, el derecho de los aludidos menores a convivir con sus progenitores, fortaleciendo entre ellos lazos de amor, diciéndoles como papá o mamá: "Queremos estar contigo donde tu estés, apoyarte y protegerte, pues siempre contarás conmigo", porque no es tanto la presencia física, sino la emocionalmente afectiva la que verdaderamente interesa y la que los hijos valoran en extremo; de ahí, que los aludidos menores, en la medida de lo posible, no deben ser inmiscuidos en los conflictos de sus padres, a quienes, con base en lo aquí expuesto, la Sala Familiar emisora de la sentencia reclamada deberá tener en cuenta que en relación con los menores hijos, los padres deben seguir conviviendo con dichos infantes, educándolos consciente e integralmente, incluso, inculcándoles valores, pues la paternidad nunca termina con el divorcio; por lo que ambos deben permitir que se lleve a cabo una convivencia con sus hijos libre de celos, de resentimientos o de envidias, fungiendo como verdaderos padres, plenos e íntegros, inculcándoles a ********** y ********** sentimientos de amor, de inspiración, de esperanza y, sobre todo, de responsabilidad, evitando en la medida de lo posible cualquier conflicto personal o judicial que involucre a dichos niños; por lo que, a partir de esa referencia, podrán organizar su futuro pues no tienen la más mínima opción de desampararlos, por su corta edad.

Las anteriores reflexiones encuentran sustento en el hecho de que el derecho de familia es un conjunto de normas jurídicas dirigidas a regir la conducta de los miembros del grupo familiar entre sí, creando las relaciones conyugales y consanguíneas constituidas por un sistema de derechos y obligaciones, poderes, facultades y deberes entre consortes y parientes.

Esas facultades y deberes de carácter asistencial que nacen entre los padres, hijos, parientes colaterales (hermanos, tíos, sobrinos, etcétera), tienen como objetivo tutelar los derechos entre ascendientes y descendientes, sujetándose a normas establecidas para la protección de los hijos.

Por ello, el derecho de familia se ocupa, entre otros aspectos, de la protección de los menores a través del ejercicio de la patria potestad, la que es considerada como una institución protectora de la persona y bienes de los hijos menores de edad no emancipados, que nace de la filiación.

Ahora bien, es pertinente precisar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que rige el sistema jurídico de nuestro país desde mil novecientos diecisiete, establece diversas garantías de orden personal y social a favor de los menores, precisamente en su artículo 4o., lo hace en los términos siguientes:

"Artículo 4o. ... Es deber de los padres preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental. La ley determinará los apoyos a la protección de los menores, a cargo de las instituciones públicas. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que se coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez."

También es pertinente dejar asentado que nuestro país es parte firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en Nueva York, Estados Unidos de América, en mil novecientos ochenta y nueve, en vigor desde el dos de septiembre de mil novecientos noventa, y ratificada por esta nación el veintiuno de septiembre de ese mismo año.

De la declaración de principios contenida en el preámbulo de este instrumento de derecho internacional, resaltan como puntos esenciales, los siguientes:

a) La igualdad de derechos para todos los miembros de la familia humana; la dignidad y el valor de la persona humana;

b) La promoción del progreso y elevación de los niveles de vida dentro de un marco de libertad; el derecho de la infancia a tener cuidados y asistencia especiales por su falta de madurez tanto física como mental; la protección de la familia, como grupo en el cual la niñez crece y se desarrolla;

c) El reconocimiento de la persona humana en su niñez, su necesidad de crecer en un ambiente familiar de felicidad, amor y comprensión para lograr un desarrollo pleno y armonioso;

d) La preparación de la niñez para una vida independiente con "espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad";

e) La toma de conciencia de las condiciones especialmente difíciles en las que viven muchos niños y niñas en el mundo; y,

f) La importancia de las tradiciones.

Con base en esa declaración de principios, los artículos del 1 al 41 de la citada convención enuncian, entre otros, los derechos para la niñez que a continuación se enumeran:

1. El derecho a la vida y a un sano desarrollo psicofísico.

2. El derecho a la identidad, que incluye el derecho al nombre y a la nacionalidad.

3. El derecho a una atención especial en consideración a sus propios intereses calificados de superiores en todas las instancias judiciales, administrativas o de bienestar social.

4. El derecho a dar su opinión y que ésta sea tomada en cuenta en todos los asuntos que les afecten, incluyendo los de carácter judicial y administrativo.

5. El derecho a la no discriminación.

6. El derecho a vivir en familia, que incluye la incorporación plena a una nueva familia a través de la adopción.

7. El derecho a ser protegido contra peligros físicos o mentales, contra el descuido, el abuso sexual, la explotación, el uso de drogas y enervantes o el secuestro y la trata.

8. El derecho a que se le proporcionen los cuidados alternativos adecuados en caso de desamparo familiar.

9. El derecho a una educación, trato y cuidados especiales en caso de impedimento psicofísico o cuando hayan sido víctimas de maltrato.

10. El derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud.

11. El derecho a la enseñanza primaria y a una educación que respete su dignidad y los prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia.

12. El derecho al descanso, al juego y a las actividades culturales y artísticas.

13. El derecho a disfrutar libremente de su cultura, religión o idioma.

Ahora bien, de la Convención sobre los Derechos del Niño, cabe destacar lo que prevén los dispositivos 3, 7, 9, 12, 18, 19, 20 y 27 que, en forma preponderante, constriñen a los tribunales judiciales a velar por el interés superior del niño, en los siguientes términos:

"Artículo 3

"1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

"2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

"3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada."

"Artículo 9.

"1. Los Estados Partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño.

"2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones.

"3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño.

"4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados Partes se cerciorarán, además, de que la presentación de tal petición no entrañe por sí misma consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas."

"Artículo 12.

"1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.

"2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional."

"Artículo 19.

"1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

"2. Esas medidas de protección deberán comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial."

"Artículo 20.

"1. Los niños temporal o permanente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado.

"2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otro tipo de cuidado para esos niños.

"3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico."

"Artículo 21.

"Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración primordial ..."

"Artículo 27.

"1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.

"2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño."

Como efecto inmediato de esa convención internacional, aparece en el sistema jurídico mexicano el concepto "interés superior de la niñez", el cual implica que en todo momento las políticas, acciones y toma de decisiones relacionadas con esta etapa de la vida humana, tendrán que realizarse de modo tal que, en lo principal, se busque el beneficio directo del niño o niña a quien van dirigidas.

De esta manera, las instituciones familiares heredadas desde el Derecho Romano sufren una transformación, acercándose más hacia la niñez y alejándose más de los intereses de los adultos.

La patria potestad es un ejemplo muy claro de estas transformaciones, antiguamente, implicaba el derecho de vida o muerte que el pater tenía sobre las personas sujetas a él; visión que, poco a poco, fue cambiando para dirigir su foco de atención hacia la niñez, estableciendo no sólo derechos para quien ejerce la patria potestad, sino también deberes, pues los primeros sólo existen en función de estos últimos y para facilitar su cumplimiento. Así, se convierte de un poder, en una verdadera función social.

En este panorama, la aparición del concepto interés superior de la niñez supedita, con mayor claridad, los derechos que las personas adultas pudieran tener sobre un niño o niña, al deber de atenderlos y cuidarlos, buscando siempre el mayor beneficio posible para ellos, como un imperativo de la comunidad hacia las personas que ejercen la patria potestad; con ello, la función social es ahora explícitamente de orden público e interés social.

Ahora bien, por disposición expresa del artículo 133 de la Constitución Política del país, los tribunales judiciales al resolver sobre controversias que incidan sobre los derechos de los menores, tienen la obligación de atender a estas disposiciones, pues el citado precepto establece:

"Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados."

De la transcripción anterior se advierte que constitucionalmente se reconoce en los tratados a la fuente única del derecho internacional y, como consecuencia de lo anterior, el Constituyente Permanente determinó la incorporación a la Ley Suprema de la Unión, de las normas contenidas en los tratados aludidos y, por ende, al sistema jurídico nacional, y las hace vigentes en cuanto se cumpla con los requisitos que la misma establece.

De acuerdo con la interpretación gramatical de la primera parte del artículo 133 referido, para considerar que un tratado sea, junto con las leyes emanadas de la Constitución y aprobadas por el Congreso de la Unión, la "Ley Suprema de toda la Unión", es menester que se satisfagan dos requisitos formales y uno de fondo: los primeros se hacen consistir en que el tratado se hubiere celebrado por el presidente de la República y que sea aprobado por el Senado. El requisito de fondo consiste en la adecuación de la convención internacional con el texto de la propia Ley Fundamental.

Por otra parte, es oportuno destacar la supremacía de los tratados frente a la legislación local.

Esta posición ha sido soportada por las diversas teorías asumidas por los principales constitucionalistas mexicanos, las que plantean la superioridad de los tratados frente a la legislación local. Tal situación se ve reforzada, no sólo por la fuerza normativa que representan los compromisos internacionales sino, sobre todo, por el hecho de que ese tratado es suscrito por el presidente de la República, en su carácter de jefe de Estado, y con la participación del Senado de la República, todo en un proceso que representa la participación de las entidades federativas para la incorporación de un compromiso internacional al derecho positivo mexicano.

Así, cuando surgen conflictos entre lo prescrito por las normas de derecho interno y el derecho internacional adoptado como vigente, de acuerdo con nuestro sistema constitucional debe partirse de la base del nivel jerárquico de la norma en cuestión y, sobre todo, al mandato que la Constitución establece sobre el particular; en consecuencia, un tratado tendrá la jerarquía que expresa o tácitamente la propia Ley Fundamental le otorgue, y que en nuestro ámbito constitucional se ubica jerárquicamente por encima de las leyes federales y, en un segundo plano, respecto de la Constitución Federal.

Sirve de fundamento a lo anterior la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número P.LXXVII/99, fue publicada en la página 46 del Tomo X, noviembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la Constitución Federal es la norma fundamental y que aunque en principio la expresión ‘... serán la Ley Suprema de toda la Unión ...’ parece indicar que no sólo la Carta Magna es la suprema, la objeción es superada por el hecho de que las leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido, como lo es el Congreso de la Unión y de que los tratados deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que claramente indica que sólo la Constitución es la Ley Suprema. El problema respecto a la jerarquía de las demás normas del sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: supremacía del derecho federal frente al local y misma jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y llana, y con la existencia de ‘leyes constitucionales’, y la de que será ley suprema la que sea calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado Mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. Otro aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados, es la relativa a que en esta materia no existe limitación competencial entre la Federación y las entidades federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido del tratado, sino que por mandato expreso del propio artículo 133 el presidente de la República y el Senado pueden obligar al Estado Mexicano en cualquier materia, independientemente de que para otros efectos ésta sea competencia de las entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior, la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y al local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Fundamental, el cual ordena que ‘Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.’. No se pierde de vista que en su anterior conformación, este Máximo Tribunal había adoptado una posición diversa en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 60, correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de rubro: ‘LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA.’, sin embargo, este Tribunal Pleno considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquía superior de los tratados incluso frente al derecho federal."

Fruto y cumplimiento de lo convenido ante la comunidad internacional, ha sido la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil, cuya exposición de motivos fue muy clara al establecer la necesidad de ese ordenamiento para allegarse una legislación encaminada a la protección integral de los menores, para que así resultaran tutelados no solamente por instituciones especializadas, sino por toda la sociedad, para integrarlos a ella y permitirles el goce pleno de sus derechos como seres humanos.

Asimismo, se apuntó en dicha exposición de motivos que nuestro sistema jurídico no atendía aún a esta nueva forma de ver a los menores, porque fue diseñado cuando se les consideraba como seres afectados de una especie de minusvalía, que los hacía distintos de los adultos y dependientes de éstos, creando un sistema que establecía un control casi ilimitado y autoritario sobre quienes no habían cumplido aún la mayoría de edad, que no protegía sus garantías ni sus derechos, ni atendía sus necesidades de desarrollarse y crecer plena, espontánea y libremente, señalándose que un sistema de tal naturaleza resultaba contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Corolario de tales consideraciones fue señalar la necesidad de implementar marcos jurídicos que sustentaran y permitiesen la puesta en marcha de un nuevo sistema, con la participación en todo el país tanto de los servidores públicos de todas las instancias, en los tres órdenes de gobierno, como de las madres, los padres, otros familiares y demás integrantes de la sociedad civil, para así cumplir los compromisos adquiridos al suscribir la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.

Así, esta nueva ley procuró desarrollar los lineamientos que derivan del artículo 4o. constitucional, con el fin de atender a la necesidad de establecer los principios básicos conforme a los cuales el orden jurídico mexicano habría de proteger que niñas, niños y adolescentes ejercieran sus garantías y sus derechos, estableciendo las bases de la acción concurrente de los municipios, de los Estados y la Federación, para permitir que las Legislaturas Locales emitiesen disposiciones sobre el orden normativo que obligara a que garantías y derechos constitucionales se hicieran efectivos también a los menores, de conformidad con los principios jurídicos dispuestos en la referida convención internacion

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22810-8c61ace3/convivencia-regimen-de-principios-juridicos-que-deben-tenerse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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