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Modo: Corpus Pro

EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS. LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARÁ EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA AQUÉLLOS, AL DAR FACULTADES DISCRECIONALES AL COMITÉ TÉCNICO PARA ESTABLECER LAS REGLAS DE OPERACIÓN, SIN FIJARLE LÍMITES TEMPORALES PARA DETERMINAR LO RELATIVO A LA ENTREGA DE DOCUMENTOS, ES INCONSTITUCIONAL. EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS. LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 6o. DE LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARÁ EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA AQUÉLLOS, AL CONDICIONAR LA ENTREGA DE LOS APOYOS A QUIENES SE ENCUENTREN REGISTRADOS EN EL PADRÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y NO ESTABLECER REGLAS ACERCA DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE ÉSTE, VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 1o. DE SEPTIEMBRE DE 2008).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 380/2010. · Registro digital (IUS): 22858
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Mayo de 2011, , Pág. 1136.

AMPARO DIRECTO 380/2010. **********.

CONSIDERANDO:

OCTAVO. Estudio de constitucionalidad. Como se aprecia de la demanda de garantías, la parte quejosa expresa conceptos de violación dirigidos a demostrar tanto la ilegalidad en que supuestamente incurrió la autoridad responsable al resolver el asunto sometido a su consideración, por el contenido de los razonamientos que realizó, como la inconstitucionalidad de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, publicada, en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de mayo de dos mil cinco.

De ambos reclamos, es de estudio preferente el que involucra el apego de la norma general de referencia, al texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que, de resultar fundado, evidentemente afectaría a las interpretaciones que respecto de dicha normatividad hizo la Sala Fiscal en el acto reclamado.

Ahora bien, la parte quejosa sostiene que la legislación antes citada viola sus garantías individuales por las siguientes razones:

a) Restringe la posibilidad de recibir el apoyo social previsto en su artículo 1o., sin que el afectado sea oído y vencido en juicio;

b) Otorga discrecionalidad absoluta a la autoridad administrativa para limitar temporalmente la recepción de documentos acreditadores de la calidad de ex trabajador migratorio;

c) No prevé algún medio de defensa contra posibles conductas arbitrarias de quienes reciban dichos documentos;

d) No normativiza el funcionamiento del padrón de la Secretaría de Gobernación y, finalmente,

e) Limita la posibilidad de acreditar ser ex trabajador migratorio mediante determinados documentos, lo que contraviene el principio de que los hechos pueden demostrarse con cualquier clase de pruebas lícitas y que tengan relación inmediata con aquéllos.

De los reclamos de inconstitucionalidad antes sintetizados, el marcado como e) resulta inoperante, pues no se observa que la prohibición de acreditar la calidad de ex trabajador migratorio mediante distintas pruebas, sino sólo a través de determinados documentos, le haya sido aplicada al quejoso, dado que ni en el acto administrativo de origen ni en la sentencia que constituye el acto reclamado existe pronunciamiento sobre ese particular.

Antes bien, lo único que la autoridad demandada, secretaria de actas del comité técnico del Fideicomiso de administración del fondo de apoyo social para ex trabajadores migratorios mexicanos, adujo para resolver en sentido negativo la solicitud del hoy impetrante, radicó en que éste no se encuentra registrado en el padrón de la Secretaría de Gobernación, y que tampoco se cuenta con registros que acrediten que dicha persona se presentó en las mesas receptoras a efectuar los trámites correspondientes a la obtención del pago durante el periodo comprendido entre noviembre de dos mil cinco y marzo de dos mil seis.

Sobre dicho tema, la Sala Fiscal únicamente se pronunció en el sentido de que el quejoso no logró desvirtuar la motivación del acto impugnado; es decir, que no acreditó estar inscrito en el mencionado padrón ni tampoco que acudió a las mesas receptoras a efectuar gestión alguna en el lapso antes señalado.

Luego, los antecedentes del caso lo que demuestran no es la restricción para acreditar la calidad de ex trabajador migratorio, exclusivamente mediante documentos, lo que agravia al quejoso, pues se reitera que no existió pronunciamiento en ese sentido; de ahí que el reclamo de inconstitucionalidad correspondiente se considere inoperante.

Idénticas consideraciones cabe hacer sobre el planteamiento reseñado en el inciso d), en el que el quejoso sostiene que la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, es inconstitucional, por no prever algún medio de defensa contra las posibles conductas arbitrarias de quienes revisan documentos en las mesas receptoras.

Dicho argumento también se califica como inoperante, pues si ya se señaló que no existió rechazo de documentación alguna y que, más bien, el debate se centra sobre la inasistencia del gobernado a las mesas receptoras instaladas entre los meses de noviembre de dos mil cinco y marzo de dos mil seis, así como su falta de inclusión en el padrón de la Secretaría de Gobernación; entonces, es patente la intrascendencia que para dicha parte tiene lo relativo a que no esté previsto algún recurso ordinario contra las decisiones de quienes se encuentran al frente de tales unidades de recepción.

En cambio, el reclamo que sí resulta atendible es el que quedó reseñado en el inciso a) y que se relaciona con el hecho de que, a decir del quejoso, la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos restringe la posibilidad de recibir el apoyo social previsto en su artículo 1o., sin que el afectado sea oído y vencido en juicio.

Las razones por las cuales el solicitante de amparo afirma la existencia de esa restricción, son precisamente las que se reseñaron en los diversos incisos b) y d); esto es, que la mencionada ley otorgó discrecionalidad absoluta a la autoridad administrativa para limitar temporalmente la recepción de documentos tendientes a que los interesados acreditaran su calidad de ex trabajadores migratorios, así como que quedó sin regular lo relativo a la integración y funcionamiento del padrón de la Secretaría de Gobernación.

Puesto en otros términos, el reclamo sustancial que subyace en los planteamientos del quejoso, consiste en que Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, se encuentra estructurada de tal manera que, sin justificación constitucional alguna, restringe la posibilidad de que sus beneficiarios reciban el apoyo previsto en su artículo 1o., tanto porque otorga facultades discrecionales a la autoridad administrativa para fijar el límite temporal de recepción de documentos, como porque establece el requisito de aquellos que se encuentren registrados en el padrón de la Secretaría de Gobernación, sin que el funcionamiento de dicha base de datos se encuentre suficientemente regulado.

Pues bien, para analizar tales argumentos es preciso destacar, que de acuerdo con el proceso legislativo que le dio origen, la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de mayo de dos mil cinco, se emitió con el propósito de que el Estado Mexicano cumpliera obligaciones que mantenía con un grupo de ex trabajadores, derivado de un compromiso internacional.

Ello, porque el cuatro de agosto de mil novecientos cuarenta y dos se firmó con el gobierno de los Estados Unidos de América el Convenio Binacional para Trabajadores Braceros Agrícolas, que permitió a nacionales mexicanos obtener en aquel país una fuente de trabajo, bajo las condiciones de que no podrían ser empleados en ningún tipo de servicio militar, que no habría discriminación y que gozarían de garantías como alimentos, hospedaje, transporte y, en su caso, repatriación.

Se estableció, asimismo, la creación de un fondo de retención del diez por ciento de los salarios que percibieran los trabajadores mexicanos en los Estados Unidos de América, denominado Fondo de Ahorro Campesino, para el efecto de que dichos montos les fueran entregados a su regreso a México.

El convenio binacional estipulaba que los recursos retenidos se depositarían en la institución denominada **********, con el propósito de transferirlos al Banco de México y de ahí, a su vez, al Banco de Crédito Agrícola y al Banco del Ahorro Nacional, quienes, finalmente, debían entregar a los trabajadores un cheque certificado a su nombre, por un monto correspondiente a la totalidad de lo que les hubiere sido retenido durante su estadía en el extranjero.

No obstante, cabe destacar que el proceso legislativo reconoce que ese dinero nunca se devolvió a sus legítimos propietarios, esto es, a los ex trabajadores migratorios, como originalmente se había previsto, en razón de que ninguna instancia gubernamental mexicana asumió la obligación de restituir dichos recursos.

Para atender entonces esa problemática social, el Congreso de la Unión expidió la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de mayo de dos mil cinco, que en su texto vigente a la fecha en que se emitió el acto impugnado en el juicio de nulidad, en lo que interesa, especificaba:

"Artículo 1o. El Ejecutivo Federal constituirá el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

"El fideicomiso tendrá por finalidad otorgar un apoyo social en los términos establecidos en esta ley a los Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos que hayan prestado sus servicios en los Estados Unidos de América durante los años de 1942 a 1964, de conformidad con lo establecido por el Programa de trabajadores migratorios o, en su caso, a sus cónyuges o a los hijos o hijas que sobrevivan y que acrediten la procedencia del mismo, de conformidad con los requisitos establecidos por el artículo 6o. de la presente ley."

"Artículo 2o. Para efectos de esta ley, se entenderá por:

"...

"IX. Padrón: el registro de ex trabajadores migratorios mexicanos integrado por la Secretaría de Gobernación, y ..."

"Artículo 3o. El fideicomiso contará con un comité técnico que estará integrado por un representante de cada una de las siguientes dependencias del Poder Ejecutivo Federal: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien lo presidirá, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de la Función Pública. Por cada representante propietario habrá un suplente, quien deberá suplirlo en sus ausencias. ..."

"Artículo 5o. El comité técnico tendrá, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes facultades:

"I. Establecer las reglas de operación por las cuáles se regirá el cumplimiento del fin del fideicomiso; ..."

"Artículo 6o. Serán beneficiarios de los apoyos a que se refiere este ordenamiento los ex trabajadores migratorios mexicanos o sus cónyuges o hijos o hijas que sobrevivan y que cumplan con los siguientes requisitos y condiciones:

"I. Que hayan efectuado su registro en el padrón de la Secretaría de Gobernación. ..."

"Transitorios

"...

"Segundo. El periodo durante el cual operará el Fideicomiso que administrará el fondo de apoyo social para ex trabajadores migratorios mexicanos será de cinco años o menos contados a partir del inicio de sus actividades, o hasta el momento en que se extinga su patrimonio, o se dé cumplimiento al fin objeto de su creación."

La regulación que acaba de ser transcrita pone de manifiesto las siguientes cuestiones:

a) El fideicomiso se constituyó con la finalidad de otorgar un apoyo a los ex trabajadores migratorios mexicanos que hayan prestado sus servicios en los Estados Unidos de América durante los años de mil novecientos cuarenta y dos a mil novecientos sesenta y cuatro, de conformidad con lo establecido en el Programa de Trabajadores Migratorios.

b) Su manejo se encomendó a un comité técnico, a quien también se facultó para emitir reglas de operación conforme a las cuales se regiría el cumplimiento del fin del fideicomiso.

c) Se estableció que, para ser beneficiario de los apoyos del fideicomiso, se requeriría, entre otros supuestos, contar con un registro en el padrón de la Secretaría de Gobernación.

Aquí cabe destacar que en ninguno de los restantes artículos que conforman la ley, ni tampoco en sus transitorios, se regula lo relativo a la integración o funcionamiento de ese padrón.

d) Igualmente, se previó que el fideicomiso funcionaría durante cinco años "o menos", o bien, hasta que ocurriese cualquiera de los siguientes supuestos: 1) la extinción de su patrimonio o, 2) se dé cumplimiento al fin objeto de su creación.

Lo que se acaba de destacar permite afirmar que la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, primeramente, condicionó la entrega de los apoyos a quienes se encontraran inscritos en el padrón de la Secretaría de Gobernación, cuando no existen reglas acerca de la integración y funcionamiento de dicha base de datos.

Tal situación implica que, en lugar de propiciar el respeto de un derecho preexistente, como se desprendía de su objeto y de los antecedentes de su expedición, la legislación cuestionada quedó redactada de forma tal que limitó artificialmente el universo de sujetos beneficiarios, por exigirles estar en un padrón que careció de reglas en cuanto a su funcionamiento y conformación, lo que implica que, para todo efecto práctico, quedó al libre arbitrio de la autoridad administrativa decidir a quiénes se les daría oportunidad de presentar documentos y a quienes no; es decir, que sólo a aquellos que se encontraran en una base de datos carente de normatividad se les permitiría intentar demostrar su calidad de ex trabajadores migratorios.

Evidentemente, esa falta de regulación legislativa del padrón y la obligatoriedad de contar con un registro en éste para acceder a los beneficios de la ley, atenta contra la garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 constitucional, pues se deja un amplio margen de discrecionalidad a la Secretaría de Gobernación para que, sin bases objetivas, determine la identidad de los posibles beneficiarios.

Además, cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que el citado requisito de encontrarse inscrito en el padrón es también contrario a la garantía de igualdad, como se advierte de la siguiente tesis:

"Novena Época

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXVI, septiembre de 2007

"Tesis: 1a. CXCIII/2007

"Página: 385

"EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS. EL ARTÍCULO 6o., FRACCIÓN I DE LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARÁ EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA AQUÉLLOS, TRANSGREDE EL DERECHO A LA IGUALDAD, POR EXCLUIR DE LA POSIBILIDAD DE ACREDITAR SER BENEFICIARIOS DEL APOYO SOCIAL A LOS NO INSCRITOS EN EL PADRÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN. El hecho de que la citada ley no permita acreditar a ex trabajadores migratorios mexicanos que legalmente prestaron sus servicios en los Estados Unidos de América de 1942 a 1964 bajo los acuerdos bilaterales celebrados entre México y aquel país, ser beneficiarios del apoyo social por no haber estado previamente inscritos en el Padrón de la Secretaría de Gobernación, transgrede en su perjuicio el derecho a la igualdad. Ello es así, porque los trata sin justificación alguna en forma desigual respecto de aquellos que por estar inscritos en el padrón antes señalado, sí pueden acreditar, en su caso, ser titulares del beneficio económico."

Desde otra perspectiva, la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, también otorga amplias atribuciones discrecionales a su comité técnico, pues en su artículo 5o., fracción I, indica que éste tendrá: "... de manera enunciativa mas no limitativa", diversas facultades, entre otras, la de establecer las reglas de operación conforme a las cuales se regirá el cumplimiento del fin del fideicomiso.

Cabe destacar que, con base en dichas atribuciones, el citado comité técnico publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de octubre de dos mil cinco, las "Reglas de operación del Fideicomiso 2106 fondo de apoyo social para ex trabajadores migratorios mexicanos (de 1942 a 1964)", entre las que destaca la indicación siguiente:

"6.1. Recepción de documentos.

"...

"La dependencia coordinadora convocará mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación y en 2 diarios de mayor circulación local respectivos, a más tardar dentro de los 15 días naturales contados a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las presentes reglas, a las personas registradas en el padrón de la SEGOB, para que acudan a las mesas receptoras en los lugares establecidos en un periodo que no exceda de 4 meses, contados a partir del día hábil siguiente a la publicación antes indicada, a efecto de que presenten original y copia de la documentación señalada en las fracciones II, III, y en su caso IV del artículo 6o. del decreto. Las mesas receptoras únicamente atenderán a las personas integradas en el padrón de la SEGOB."

La transcripción que precede demuestra que el comité técnico del fideicomiso que administrará el fondo de apoyo social para ex trabajadores migratorios mexicanos, limitó a cuatro meses, siguientes a la publicación de una convocatoria, la oportunidad para que los posibles beneficiarios y que, se reitera, debían estar previamente registrados en el padrón de la Secretaría de Gobernación (pues de otro modo no se les atendería), acudieran a las mesas receptoras a entregar los documentos tendientes a acreditar su calidad de ex trabajadores migratorios.

Esos cuatro meses no tienen tampoco referencia directa en el texto de la legislación, salvo porque en el artículo 5o., fracción I, se permite que el comité técnico establezca libremente las reglas de operación conforme las cuales se regirá el cumplimiento del fin del fideicomiso; es decir, que sin existir un marco normativo expreso, en cuanto al límite temporal, susceptible de ser pormenorizado con sujeción a los principios de subordinación jerárquica y de reserva de ley, se facultó a una autoridad administrativa para fijar libremente tan importante aspecto.

En razón de lo expuesto, se coincide con el quejoso respecto a la inconstitucionalidad de los artículos 5o., fracción I y 6o., fracción I, de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, el primero por dar facultades discrecionales al comité técnico para establecer las reglas de operación, sin fijarle límites temporales para determinar lo relativo a la entrega de documentos; y, el segundo, por exigir el registro en el padrón de la Secretaría de Gobernación, como condición para obtener el beneficio, sin que la integración y funcionamiento de tal base de datos se encuentre regulada.

Es relevante señalar que los vicios de dicha legislación, incluso, han sido reconocidos por su propio autor, pues el Poder Legislativo Federal aprobó en dos mil ocho diversas reformas, por las razones que se advierten de la siguiente exposición de motivos:

"El fideicomiso fue el mecanismo institucional para encauzar la solución de las demandas que se venían presentando. El primer punto para avanzar en la atención de este asunto fue que la Secretaría de Gobernación integrara un padrón de ex trabajadores migratorios; la inclusión en este listado quedó sujeta a la exhibición de pruebas documentales que acreditaran efectivamente que las personas interesadas laboraron en Estados Unidos de América durante los años que comprenden de 1942 a 1964 en el marco del convenio migratorio, o bien, que eran familiares con legítimo derecho a recibir los recursos.

"Sin embargo, la integración del padrón fue motivo de posicionamientos encontrados y disparidad de criterios, tan es así, que hasta hoy subsiste la inconformidad de muchos ex trabajadores migratorios y de sus organizaciones porque quedaron fuera del listado de beneficiarios.

"Es importante destacar que no hubo una campaña informativa que difundiera eficazmente los términos y requisitos para inscribirse en el padrón, resultando que un sinnúmero de ex trabajadores migratorios ni siquiera pudo enterarse oportunamente de que debería inscribirse en el padrón para recuperar sus ahorros.

"La falta de difusión oficial generó desconfianza, pues se han presentado hechos fraudulentos o que pretenden manipular a los ex trabajadores migratorios.

"Adicionalmente a todo esto, se sumó la desorganización en las mesas receptoras de documentación instaladas en las delegaciones estatales de la Secretaría de Gobernación y la falta de precisión respecto a cuáles eran los documentos idóneos para acreditar el derecho a ser inscritos en el padrón.

"El resultado fue que aproximadamente 60 por ciento de los ex trabajadores migratorios con legítimo derecho a recuperar parte de sus ahorros quedaron excluidos, por la imposición de términos fatales en la inscripción al padrón y por la falta de reconocimiento de la existencia de otro tipo de documentos que acreditan que el trabajador laboró en esa época.

"Es importante actuar con sensibilidad frente a estos hechos; el fin último es atender a los ex trabajadores migratorios que tienen el legítimo derecho de recuperar, al menos en parte, sus ahorros. Si bien es cierto que debe imperar en todo trámite el orden y cumplimiento de los requerimientos de la autoridad, también lo es que no debemos permitir la imposición de rigideces que cancelen toda posibilidad del ejercicio de un derecho.

"En conclusión, es necesario abrir una segunda etapa para la inscripción de ex trabajadores migratorios en el padrón y reconocer otro tipo de documentos como prueba fehaciente de que laboraron durante la época en Estados Unidos de América, documentos tales como la credencial expedida por la propia Secretaría de Gobernación que acredita como trabajador emigrante y la mención honorífica expedida por el Departamento del Trabajo (US Department of Labor de Estados Unidos) donde se reconoció al trabajador el cumplimiento satisfactorio del contrato de trabajo bajo el convenio migratorio."

Con base en ese proceso legislativo, la normatividad actual quedó redactada en los siguientes términos:

"Artículo 6o. Serán beneficiarios de los apoyos a que se refiere este ordenamiento los ex trabajadores migratorios mexicanos o sus cónyuges o hijos o hijas que sobrevivan y que cumplan con los siguientes requisitos y condiciones:

"I. (Derogada, D.O.F. 1 de septiembre de 2008)

"...

"Transitorios

"...

"Tercero. El comité técnico expedirá con cargo al patrimonio del fideicomiso, una sola convocatoria, la cual deberá publicitarse a través del Diario Oficial de la Federación por un período de cinco días hábiles consecutivos, así como tener una amplia difusión en los medios de comunicación que determine dicho comité, incluyendo los tiempos oficiales de los que dispone el Estado.

"Dentro del plazo de dos meses contados a partir del quinto día hábil de la última publicación de la convocatoria, los interesados podrán acudir a las mesas receptoras para presentar la documentación a que se refiere el artículo 6o. de la ley.

"Cuarto. Al finalizar el plazo establecido en el artículo tercero transitorio, el Comité Técnico integrará un registro de las personas que presentaron la documentación respectiva; asimismo, autorizará los apoyos de quienes hayan cumplido con los requisitos y condiciones previstos en el artículo 6o. de la ley y publicará en el Diario Oficial de la Federación la lista de beneficiarios que recibirán el apoyo social, debiendo para tal efecto observar lo dispuesto en la fracción III del artículo 5o. de la ley.

"...

"Séptimo. El Fideicomiso, operará hasta que se de cumplimiento a su objeto."

La transcripción que precede demuestra que en la actualidad ya no es un requisito para recibir el apoyo, el encontrarse registrado en el padrón de la Secretaría de Gobernación, puesto que se derogó la fracción I del artículo 6o.; además, se indicó legislativamente (en el artículo tercero transitorio) cuál sería el plazo para entregar documentación en las mesas receptoras, lapso del que antes se carecía, por no haberlo establecido el legislador, dado que delegó la atribución de fijarlo en el comité técnico; finalmente, se precisó que el fideicomiso funcionaría hasta el cumplimiento de su objeto.

Ahora bien, cabe reiterar que en el acto impugnado en el juicio de nulidad, de acuerdo con su fecha, se aplicó la legislación anterior, que aquí se ha considerado inconstitucional, pues como ya quedó establecido, en el oficio correspondiente se estableció que el quejoso no se encuentra registrado en el padrón de la Secretaría de Gobernación y que tampoco existe evidencia de que haya acudido a las mesas receptoras entre los meses de noviembre de dos mil cinco y marzo de dos mil seis.

Obviamente, esa postura de la autoridad demandada revela tanto que se exigió al interesado el requisito consistente en la necesidad de su registro en el referido padrón; como lo relativo a que debió acudir a las mesas de recepción de documentos, dentro del plazo original de cuatro meses, arbitrariamente fijado.

Por tanto, al estar fundado el acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, en normas que en este fallo se consideran inconstitucionales, se impone conceder el amparo que se solicita, para los siguientes efectos:

Efectos del otorgamiento de la protección constitucional:

a) La Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, deberá dejar insubsistente la sentencia de **********, dictada en el expediente número **********;

b) Enseguida, deberá emitir otra en sustitución de la anterior, en la que declare la nulidad del oficio **********, de **********, signado por la secretaria de actas del comité técnico del fideicomiso de administración del fondo de apoyo social para ex trabajadores migratorios mexicanos, dado que éste se sustenta en normas inconstitucionales;

c) Adicionalmente, deberá condenar a la autoridad originalmente instada, esto es, al fideicomiso de administración del fondo de apoyo social para ex trabajadores migratorios mexicanos, para que analice directamente los documentos exhibidos por el quejoso para acreditar su calidad de ex trabajador migratorio, pero sin exigirle los requisitos de encontrarse inscrito en el padrón de la Secretaría de Gobernación y de haber acudido oportunamente a las mesas receptoras; hecho lo cual, dicha autoridad administrativa podrá resolver con plenitud de jurisdicción sobre el derecho del peticionario a obtener el apoyo social reclamado.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 80, 190 y 192 de la Ley de Amparo; se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a ********** contra la sentencia de **********, dictada por la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el expediente número **********, para los efectos expuestos en el último considerando.

Notifíquese personalmente al quejoso y por oficio a las autoridades que tienen el carácter de terceras perjudicadas; anótese en el libro de gobierno de este Tribunal Colegiado, envíese testimonio de la presente resolución a la autoridad responsable, el cual se clasifica como relevante en cumplimiento a lo previsto en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 2/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, sin que de momento haya lugar a devolverle los autos, toda vez que la presente sentencia, al estudiar un tema de constitucionalidad de leyes, admite el recurso de revisión previsto en el artículo 83, fracción V, de la Ley de Amparo.

Así, por unanimidad de votos y sin discusión lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Jesús de Ávila Huerta, Ariel Alberto Rojas Caballero y Víctor Manuel Estrada Jungo, siendo ponente el segundo de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 8, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el diverso 47 del Reglamento de la misma, 2, fracciones XXI y XXIII, y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, en esta versión se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22858-6b11b015/ex-trabajadores-migratorios-mexicanos-la-fraccion-i-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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