IMPUESTO PREDIAL. LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE CONSTRUCCIÓN PARA LOS MUNICIPIOS DE CORREGIDORA, QUERÉTARO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2010 Y EL MARQUÉS, QUERÉTARO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2009, CONTENIDAS EN LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 17 DE DICIEMBRE DE 2009 Y EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008, RESPECTIVAMENTE, TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 444/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que corresponde a la materia de la especialidad de esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis debe estimarse que proviene de parte legítima.
El artículo 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales establece que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o sus Magistrados, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas.
En el caso, la denuncia de contradicción la formuló **********, parte recurrente en el amparo en revisión **********, asunto respecto del que se denuncia la posible contraposición de criterios, por lo que cabe concluir que la denuncia proviene de parte legítima.
TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito al resolver el amparo en revisión **********, en sesión de siete de octubre de dos mil diez, determinó negar el amparo solicitado a la quejosa al estimar, entre otras cuestiones, que las tablas de valores de construcción, para el **********, para el ejercicio fiscal de dos mil diez, no violan el principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal. El referido fallo establece, en la parte que interesa, lo siguiente:
"DÉCIMO SEGUNDO. El examen de fondo se hace con base en el tercero y cuarto conceptos de violación, que ya quedaron insertos en el considerando noveno de esta ejecutoria, así como el apartado correspondiente al escrito de ampliación de demanda, los que por estar estrechamente vinculados serán examinados de manera conjunta. En esta parte, resulta pertinente aclarar que no fueron transcritos los conceptos de violación primero y segundo de la demanda de amparo, porque el primero de ellos se refiere a la diversa contribución de educación que no es materia de este recurso y el segundo, porque en estricto orden numérico secuencial no se contiene en la demanda de amparo, pues del primer concepto se salta al tercero que ya quedó inserto. Ahora bien, en los conceptos de violación materia de estudio, la quejosa básicamente sostiene lo siguiente: Que los artículos 33, 34 y 36 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, numeral 11 de la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Querétaro, para el ejercicio fiscal de dos mil diez, así como el decreto por el que la Legislatura Local aprobó las tablas de valores de suelo y construcciones, para dos mil diez, que en su conjunto prevén la base para el cálculo del impuesto predial, transgreden en perjuicio de la quejosa el principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque toman en cuenta para determinar la base gravable de la contribución un factor que no está claramente establecido en la norma, como lo es el valor catastral, el cual se obtiene de la tabla de valores unitarios de suelo y construcciones, en la que no se precisa con claridad el procedimiento por medio del cual pueden clasificarse cada una de las construcciones que en la realidad fáctica existan con respecto a los tipos que se enuncian en la citada tabla. Que conforme a la garantía de legalidad tributaria los elementos esenciales de una contribución deben estar establecidos en un acto formal y materialmente legislativo, fijándolos con precisión para impedir el comportamiento arbitrario o caprichoso de las autoridades administrativas que participan en la recaudación del tributo, y evitar que se genere al gobernado incertidumbre sobre en qué hecho o circunstancia existe un gravamen contributivo en cuanto a cómo se calculará la base y tasa, cuándo y dónde se causa y dónde se realizará el entero respectivo. Que el legislador de la entidad, consideró que para el cálculo del impuesto predial se tuviera en cuenta como factor el valor catastral cuando el propio sujeto pasivo del tributo no hubiese presentado su avalúo. Que el motivo de inconstitucionalidad radica en que el decreto que contiene las tablas de valores unitarios de suelo y construcción, adolece del defecto de no precisar con claridad el procedimiento por medio del cual pueden clasificarse cada una de las construcciones que en la realidad fáctica existan con respecto a los tipos que se enuncian en las citadas tablas de valores. Que ese vicio trasciende a la determinación de la contribución, porque dicha tabla de valores unitarios de suelo y, construcciones, sirve de instrumento para determinar el elemento denominado ‘valor catastral’ que a su vez integra la base gravable. Que la referida tabla no es precisa en cuanto a la forma en que cada una de las construcciones deben clasificarse según los tipos que en la misma se establecen. Que para explicar de forma más particularizada el motivo de inconstitucionalidad, debe considerarse que el valor catastral lo constituye la cantidad que con motivo del avalúo practicado por la autoridad catastral emita conforme a los lineamientos jurídicos que se encuentren establecidos en el marco normativo que se integra en los artículos 2o., 4o., fracción IV, 17, 20, fracción I, 28, 37, 38 y 39 de la Ley del Catastro del Estado de Querétaro. Que conforme a los preceptos en cita, el catastro está referido a la valuación de bienes inmuebles; que tal valuación se realiza tomando en cuenta las características de los mismos, esto es, suelo y construcciones; que para realizar el avalúo catastral habrá de tomarse en cuenta los valores unitarios de suelo y construcciones aprobados al respecto en forma de tabla; que a la Dirección de Catastro del Estado de Querétaro le corresponde practicar y emitir el avalúo catastral de los bienes inmuebles; que el avalúo catastral constituye un factor que sirve para determinar la base gravable de todas aquellas contribuciones que incidan en la propiedad inmobiliaria, como lo es el impuesto predial; que el avalúo catastral se obtiene empleando como instrumento para su cálculo los valores unitarios tanto de suelo como de construcciones que al efecto apruebe la Legislatura del Estado de Querétaro, por ser tal factor uno de los elementos que integran la base gravable y porque a través del mismo se advierte la capacidad contributiva de los sujetos pasivos mediante el conocimiento del valor del inmueble según sus características. Que la tabla de valores unitarios reviste capital importancia en torno a la integración de los elementos que conforman la base gravable de la contribución controvertida, por lo que su establecimiento debe respetar la garantía de legalidad tributaria. Que el decreto por el que se aprueba la tabla de valores unitarios de suelo y construcciones para el Municipio de Querétaro, Querétaro, dos mil diez, revela que el legislador en la primera columna estableció veintidós tipos de construcciones; en la segunda columna otorgó un nombre para cada uno de los tipos; en la tercera asentó el valor en moneda nacional que a cada uno de los tipos corresponde por metro cuadrado. Que lo anterior resulta inconstitucional, porque el legislador omitió establecer la forma en que habrá de proceder la autoridad administrativa para emitir el avalúo catastral y determinar y recaudar las contribuciones en materia inmobiliaria, en cuanto a cómo habrá de considerarse si una construcción corresponde clasificarla como de tipo 1, 2 o 15, pues el decreto impugnado que contiene los valores unitarios transcritos no prevé regulación al respecto, ni tampoco existe en alguna otra norma de carácter formal regla alguna mediante la cual se puedan conocer los criterios objetivos y racionales que deban ser tomados en cuenta por la autoridad exactora a fin de evitar que la misma actúe de forma caprichosa o discrecional en demérito del gobernado, y que a su vez permitan dar certeza jurídica al particular en cuanto a conocer cuál es la forma cierta mediante la cual habrá de determinarse una carga tributaria en su contra. Que es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 25/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: ‘PREDIAL. LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DEL SUELO, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ESPECIALES, CONTENIDAS EN LOS DECRETOS NÚMEROS 292 Y 184, PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA ENTIDAD FEDERATIVA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2004, RESPECTIVAMENTE, TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.’ (se transcribe). Que en el caso concreto, no existe en disposición alguna formal ni material, los métodos, reglas generales, principios y parámetros básicos dentro de los cuales quede claro y preciso cómo es que se procede a clasificar a una construcción como de tipo 1, 2 o 20, etcétera, siendo que dichos factores sirven de sustento para determinar el valor catastral que a su vez integra la base gravable del impuesto predial. Que el gobernado no puede conocer a qué tipo de construcción corresponde la suya: a una rudimentaria provisional, industrial económica, económica mediana, antigua típico, antigua de lujo, y así sucesivamente en cuanto a los veintidós tipos que el legislador estableció de que todos los preceptos impugnados que prevén la forma de determinación de la base gravable son inconstitucionales porque los mismos forman parte integrante del sistema de cálculo de la referida contribución, por lo que así deben ser declarados y, por ende, procede la devolución a favor de la suscrita de la cantidad que por tal impuesto enteré. Que en satisfacción a la garantía de acceso a la justicia, corresponde al órgano jurisdiccional pronunciarse en torno a la aplicabilidad al caso de la tesis 2a./J. 109/2007 de rubro y texto: ‘PREDIAL. EL ARTÍCULO 8o., FRACCIÓN I, INCISOS A) Y C), DE LAS LEYES DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE 2005 Y 2006, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA.’ (se transcribe). Son infundados los conceptos de violación. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala: ‘Artículo 31.’ (se transcribe). Del precepto invocado, se desprenden tres garantías específicas en materia tributaria, que son: 1) El Estado tiene la obligación de destinar las contribuciones al gasto público de la Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios. 2) Las contribuciones deben ser proporcionales y equitativas. 3) Las contribuciones deben estar establecidas en una ley. Es de interés el último aspecto, que también se conoce como la garantía de legalidad tributaria consagrada en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la importancia de la ley, como fuente de imposición de tributos, radica en que constituye un vehículo generador de certeza y seguridad jurídica, como mecanismo de defensa frente a las posibles arbitrariedades de los órganos exactores del Estado. Sobre dicho principio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversos criterios como lo es la jurisprudencia aprobada por el Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 91-96, primera parte, página ciento setenta y dos, que dice: ‘IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY.’ (se transcribe). Destaca también, la tesis aislada aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 199-204, Primera Parte, página cincuenta y ocho, que dice: ‘IMPUESTOS. SUS CARACTERES, FORMA, CONTENIDO Y ALCANCES DEBEN CONSIGNARSE EN LA LEY.’ (se transcribe). De acuerdo con los criterios plasmados por el Más Alto Tribunal, el respeto a la garantía de legalidad tributaria exige que la carga impositiva esté prevista en una ley, por las siguientes razones: Para evitar que quede al margen de la arbitrariedad de las autoridades exactoras la fijación del tributo, quienes sólo deberán aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas antes de cada caso concreto. Para evitar el cobro de impuestos imprevisibles. Para evitar el cobro de impuestos a título particular. Para que el particular pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir al gasto público, al ser el legislador y no otro órgano quien precise los elementos del tributo. En suma, nadie debe estar obligado a satisfacer tributos que no hayan sido establecidos y reg
lados por una ley; lo cual implica el hecho de que la obligación de contribuir nazca únicamente como consecuencia de un hecho previsto en una norma objetiva y no en virtud de un acto discrecional de la administración de carácter singular, lo que denota, un principio de racionalidad de la y al mismo tiempo, una garantía de certeza para los gobernados. De modo que lo que exige el principio de legalidad tributaria es precisamente que en una ley, en sentido formal y material, se definan con precisión todos los conceptos relativos al sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, época de pago y sanciones aplicables, de modo que cualquier persona de entendimiento ordinario pueda saber a qué atenerse respecto de sus obligaciones fiscales, a fin de no quedar en estado de inseguridad jurídica. Ahora bien, conforme al inciso a) de la fracción IV del artículo 115 de la Carta Magna, las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria están constitucionalmente destinadas a las haciendas municipales; en efecto, conforme al citado precepto la hacienda municipal deberá estar integrada, en todo caso, por las contribuciones que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. El impuesto predial al tener por objeto la propiedad inmobiliaria se trata de una contribución municipal, que en virtud de la reforma al artículo 115, fracción IV, párrafo primero, inciso a) y párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Legislador Federal cuidó de fortalecer a la hacienda municipal y a través del artículo quinto transitorio del decreto por el que se reformó dicho artículo en diciembre de mil novecientos noventa y nueve, precisó que al ser el impuesto predial una contribución de naturaleza real cuya base fundamental de cálculo debe ser el valor unitario de los predios y de las construcciones, ordenó a través de dicha disposición transitoria que antes del inicio del ejercicio fiscal de dos mil dos, las Legislaturas de los Estados, en coordinación con los Municipios respectivos, tendrían que adoptar las medidas para el fin de que dichos valores que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, fueran equiparados a los valores de mercado. Lo que así interpretó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de dieciséis de noviembre de dos mil cuatro, al resolver la controversia constitucional ********** interpuesta por el Municipio de **********, que ya ha quedado inserta en el considerando octavo de esta ejecutoria, en el sentido de que a los Municipios corresponde la facultad para proponer tanto las tablas de valores unitarios del suelo que hayan de servir de base para el cobro del impuesto predial, como las cuotas o tarifas que deberán aplicarse sobre esas tablas para el cálculo final de la cantidad que los contribuyentes deberán pagar por dicho impuesto y a las Legislaturas Estatales, y tomar la decisión final sobre estos aspectos. De la ejecutoria que se cita, surgió la jurisprudencia P./J. 11 2/2004, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, diciembre de dos mil cuatro, página mil ciento veinticuatro, que dice: ‘PREDIAL MUNICIPAL. CONDICIONES A LAS QUE DEBEN SUJETARSE LAS LEGISLATURAS LOCALES EN LA REGULACIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).’ (se transcribe). La delimitación de atribuciones referida se estableció en lo que dispone el artículo 17, fracciones X y XIX, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, que dice: (se transcribe). Como se observa, la Constitución Local remite al Pacto Federal en lo relativo a la atribución que tiene la Legislatura Local de aprobar el decreto por el que se aprueban las tablas de valores de suelo y construcciones de los Municipios. Ahora bien, respecto del **********, se advierte que para el ejercicio fiscal dos mil diez, tal atribución la ejerció la Legislatura Local conforme a la publicación que apareció en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado ‘La Sombra de Arteaga’, Número 92, de diecisiete de diciembre de dos mil nueve. En ese sentido, es infundada la parte de la aseveración de la quejosa de que los valores unitarios para suelo y construcciones establecidos, generen incertidumbre, porque si bien inciden en los elementos esenciales de las contribuciones inmobiliarias como lo es el impuesto predial, dichos valores unitarios han quedado establecidos y fijados por decreto ley al ser aprobados por el órgano constitucionalmente competente para ello como lo es la propia Legislatura Local, a través de un acto formal y materialmente legislativo, dada su generalidad y abstracción de aplicabilidad a todos los inmuebles comprendidos en el Municipio de **********, en el ejercicio fiscal de dos mil diez, lo que de suyo impide el comportamiento arbitrario o caprichoso de las autoridades administrativas que participan en la recaudación del tributo. Resulta aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia que por reiteración de criterios aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, enero de dos mil diez, página doscientos noventa y uno, que dice: ‘PREDIAL. EL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 27 DE DICIEMBRE DE 2007, AL PREVER LOS VALORES UNITARIOS RELATIVOS, CONSTITUYE UN ACTO FORMAL Y MATERIALMENTE LEGISLATIVO (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008).’ (se transcribe). Consiguientemente, es igualmente infundado lo que sostiene la quejosa en el sentido de que conforme a la Ley de Catastro para el Estado de Querétaro, el valor del avalúo catastral se obtenga atendiendo al procedimiento que la misma Ley de Catastro establece para realizar el avalúo catastral, en el que conforme a dicho cuerpo normativo habrá de tomarse en cuenta los valores unitarios de suelo y construcciones aprobados por el consejo estatal municipal, respecto de los valores unitarios de suelo y construcciones que al respecto emita en formas de tablas el consejo catastral estatal, quien lo hará tomando en consideración el dictamen que al respecto emita el Consejo Catastral Municipal, a quien de forma primaria le corresponderá aprobar la propuesta de tablas de mérito que hiciere la Dirección de Catastro, en términos de los numerales 17, fracción I y 20, fracción I, que disponen: (se transcriben). Si bien conforme a dichas disposiciones normativas, antes de la reforma constitucional le correspondía al Consejo Catastral Estatal aprobar en definitiva los parámetros de valores unitarios, en coordinación con las autoridades municipales, esa disposición ha quedado tácitamente derogada por la reforma constitucional de vigencia posterior, pues la Ley de Catastro para el Estado de Querétaro, se publicó en el Periódico Oficial del Estado ‘La Sombra de Arteaga’, el veinte de marzo de mil novecientos noventa y siete, y entró en vigor al día siguiente; mientras la reforma constitucional contenida en el comentado artículo 115, fracción IV, párrafo primero, inciso a) y párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue de veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, esto es, de fecha posterior, lo que sin prejuzgar sobre la propuesta que los Municipios puedan hacer sobre los valores unitarios que deberán aprobarse para cada ejercicio fiscal, lo cierto es que la quejosa parte de la premisa falsa de que los valores unitarios de suelo y construcción son aprobados en definitiva por el Consejo Catastral Estatal, lo que no es así, pues se ha señalado que esa facultad es absoluta del legislador local. No pasa inadvertido, lo que sobre la valuación catastral base de los impuestos inmobiliarios continúan disponiendo los artículos 2o., 4o., fracción IV, 28, 37 y 39 de la Ley de Catastro del Estado de Querétaro, que disponen lo siguiente: (se transcriben). La lectura de los preceptos en cita revela que el catastro implica la valuación de bienes inmuebles teniendo en cuenta sus características cualitativas y cuantitativas; que tal valuación o avalúo catastral se realiza por la Dirección de Catastro; que el valor catastral es un elemento que servirá como referencia para fijar el monto de los impuestos inmobiliarios; que la base para determinar el valor catastral son las tablas de parámetros de valores unitarios de suelo y construcción. Por tanto, si el avalúo catastral se obtiene empleando como instrumento para su cálculo los valores unitarios tanto de suelo como de construcciones y dicho valor incide como factor para fijar el monto (base gravable) de los impuestos inmobiliarios como lo es el predial, dicho procedimiento de obtención del avalúo catastral no vulnera la garantía de legalidad tributaria, pues es la propia Legislatura del Estado de Querétaro quien aprueba los parámetros o valores que tendrá que considerar la autoridad administrativa para la valuación catastral y fijación del tributo. En ese sentido, es infundado que no está claramente establecido en la norma un factor que incide en la base gravable del impuesto predial, como lo es el valor catastral, porque contrariamente a lo que aduce la quejosa, no existe inseguridad jurídica ni incertidumbre para el causante, pues la fijación y modificación de los valores unitarios para la valuación, no se trata de una atribución que quede en manos de la autoridad administrativa, máxime que su intervención se limita a aplicar los valores unitarios ya aprobados por el legislador local, pues ello acontece en un momento posterior al de la fijación de los elementos del tributo. Lo anterior exige que mediante decreto ley, primeramente haya quedado fijada y establecida la tabla que servirá de referencia a la autoridad administrativa para la valuación catastral; luego, tanto la autoridad exactora como los gobernados tienen la posibilidad de conocer de manera precisa la forma en que deben contribuir para el sostenimiento de los gastos públicos, pues al estar aprobados dichos valores se impide que las autoridades administrativas puedan, a su arbitrio, establecer valores y parámetros propios o modificar los ya aprobados para efectos de la valuación catastral; por lo cual resulta infundado que dicho factor no está claramente establecido en la norma. En efecto, no se vulnera la garantía de legalidad tributaria en detrimento de la quejosa, pues aun cuando el avalúo lo lleven a cabo autoridades administrativas, lo cierto es que los valores unitarios que sirven como su fundamento no los aprueban las autoridades catastrales sino la Legislatura Local, en ese sentido si el valor catastral se toma en cuenta para la fijación de la base gravable del impuesto predial, cuando el contribuyente no hubiese presentado su avalúo, no resulta inconstitucional el cálculo del impuesto que considera el avalúo catastral para la determinación y entero del impuesto predial. En otro motivo de inconstitucionalidad, aduce la quejosa que el sistema normativo que contempla la determinación de la base gravable del impuesto predial contenido en los artículos 33, 34 y 36 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, numeral 11 de la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Querétaro, para el ejercicio fiscal de dos mil diez, así como el decreto por el que la Legislatura Local aprobó las tablas de valores de suelo y construcciones para dos mil diez, transgreden en perjuicio de la quejosa el principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la tabla de valores unitarios de suelo y construcciones, no precisa con claridad el procedimiento por medio del cual pueden clasificarse cada una de las construcciones que en la realidad fáctica existen con respecto a los tipos que se enuncian en la citada tabla, lo que implica que si la tabla define uno de los elementos del impuesto -valor catastral- que a su vez integra la base gravable para efectos del impuesto predial, al considerarse que dicha tabla no precisa en cuanto a la forma en que cada una de las construcciones deban clasificarse por parte de la autoridad según los tipos 01, 02, 05, etcétera, que en la misma se establece, lo que viola el principio de legalidad tributaria, porque no se prevé regulación alguna al respecto ni otra norma de carácter formal mediante la que se puedan conocer los criterios objetivos y racionales que deban ser tomados en cuenta por la exactora a fin de evitar que la misma actúe de manera caprichosa o discrecional en demérito del gobernado. Es infundado lo anterior. Para corroborarlo, procede conocer el contenido del marco legal aplicable, que dispone lo siguiente: Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro: ‘Artículos 33, 34 y 36.’ (se transcriben). Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Querétaro, para el ejercicio fiscal de dos mil diez: ‘Artículo 11.’ (se transcribe). Decreto por el que la Legislatura Local aprobó las tablas de valores de construcción, para el Municipio de Corregidora, Querétaro, para el ejercicio fiscal de dos mil diez: (se transcribe). De los numerales 33, 34 y 36 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, se sigue que las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones serán el factor para el cálculo de la base gravable del impuesto predial; que el valor catastral será aquel que la dependencia encargada del catastro determine y por valor comercial el que tuviera el predio en el supuesto de que fuera objeto una libre operación onerosa y sea declarado por el contribuyente ante la autoridad municipal; que si el contribuyente no presenta su avalúo autorizado, dentro de los meses de enero y febrero del ejercicio fiscal que corresponda, será base del impuesto el valor catastral. Por su parte, el artículo 11 de la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Querétaro, para el ejercicio fiscal de dos mil diez, prevé la tarifa que se debe aplicar a los inmuebles objeto del impuesto predial y señala que las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones aprobados por la Legislatura para el Municipio de Corregidora, Querétaro, será el factor que sirva para el cálculo de la base gravable de este impuesto. Por su parte, el decreto por el que la Legislatura Local aprobó las tablas de valores de suelo y construcciones, para dos mil diez, enlista veintidós tipos de construcciones a los que les asigna una descripción, así como un valor catastral unitario en pesos por cada metro cuadrado. Conforme a la legislación invocada, es inconcuso que las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones aprobados por la Legislatura para el Municipio de Corregidora, Querétaro, se constituyen en el factor o instrumento que sirve de fundamento para el cálculo de la base gravable del impuesto predial en los casos señalados por la Ley de Hacienda. Si bien, como sostiene la quejosa, las referidas tablas de valores unitarios, en el caso específico, la de construcciones que como ejemplo pone la solicitante de amparo, no se precisa el procedimiento por medio del cual pueden clasificarse cada una de las construcciones, ni se contiene en ninguna otra legislación, lo cierto es que aun ante dicha indefinición de los tipos, la clasificación en cita permite a la autoridad la asignación directa de un valor por metro cuadrado de suelo o construcción en función de las características de cada inmueble, lo cual no viola el principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues para efectos de la determinación del impuesto predial, la Legislatura Local aprobó las tablas a partir de un criterio de racionalidad objetivo directamente vinculado al tipo de construcción de que se trate, pues si se observa la clasificación por sus tipos en realidad sólo se refiere a cuatro grupos de construcciones: rudimentaria, industrial, antigua y moderna. Mientras que se subclasifican en: Rudimentario: provisional. Industrial: económico, económico mediano, mediano, económico mediano calidad, calidad y calidad lujo. Antiguo: típico, típico común, común, común notable, notable, notable relevante
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22863-10d8dd1c/impuesto-predial-las-tablas-de-valores-unitarios-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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