DEFENSA ADECUADA EN SEGUNDA INSTANCIA. SE VULNERA ESTE DERECHO CUANDO EL ACTUARIO ADSCRITO A LA SALA QUE TRAMITA LA APELACIÓN TOMA LA INICIATIVA DE NOTIFICAR ASPECTOS AJENOS AL PROVEÍDO POR EL QUE SE ORDENA REQUERIR AL DEFENSOR PARTICULAR LA ACEPTACIÓN Y PROTESTA DEL CARGO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). DEFENSA ADECUADA EN SEGUNDA INSTANCIA. SE VULNERA ESTE DERECHO CUANDO SE CITA AL DEFENSOR PARTICULAR DESIGNADO PARA QUE COMPAREZCA ANTE EL TRIBUNAL DE APELACIÓN A UNA HORA PRECISA DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA NOTIFICACIÓN, A FIN DE ACEPTAR Y PROTESTAR EL CARGO CONFERIDO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).
AMPARO DIRECTO 1217/2010. **********.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Uno de los conceptos de violación relativos a las transgresiones de las leyes del procedimiento penal es sustancialmente fundado, suplido en su deficiencia conforme a lo previsto en el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, pues se cometió una infracción procesal que afectó las defensas del quejoso y trascendió al resultado del fallo, haciendo innecesario ocuparse de los restantes.
Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia 369 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 268 del Tomo II, Materia Penal, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes:
"SUPLENCIA DE LA QUEJA. AUSENCIA DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La suplencia de la queja, autorizada en materia penal por la fracción II del artículo 107 de la Constitución Federal y por el artículo 76 de la Ley de Amparo, procede no sólo cuando son deficientes los conceptos de violación, sino también cuando no se expresa ninguno, lo cual se considera como la deficiencia máxima."
Por tratarse de violaciones suscitadas durante el procedimiento, su estudio es preferente a las cuestiones que atañen al fondo del litigio, máxime que el efecto de la concesión del amparo será que se reponga el procedimiento en el proceso de origen con el objeto de subsanar tal irregularidad; por tanto, resulta innecesario el análisis de los motivos de inconformidad relativos al fondo del asunto.
La parte quejosa alega que se violaron en su perjuicio las garantías constitucionales consagradas en el artículo 14 constitucional, ya que no se le permitió nombrar defensor en la forma que marca la ley, por lo que se actualizó una violación a las leyes del procedimiento en términos del artículo 160, fracción II, de la Ley de Amparo.
Del análisis de las constancias que, en vía de informe justificado, remitió la Sala responsable, se advierte que el sentenciado, aquí quejoso, no contó con una defensa adecuada en la segunda instancia, pues no obstante que, con motivo del requerimiento realizado por el Juez de primera instancia, nombró como sus defensores en la alzada a los particulares designados en la primera instancia, la Sala responsable omitió requerirlos de forma adecuada para que comparecieran a aceptar y protestar el cargo que les fue conferido, vulnerando con ello la garantía del quejoso de contar con una defensa adecuada en la segunda instancia.
En efecto, dentro de la causa y toca penal que nos ocupan se advierte que el Juez Quinto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, el diecisiete de junio de dos mil diez, dictó sentencia condenatoria en contra de **********, hoy quejoso, por su responsabilidad penal en la comisión del delito de robo, previsto y sancionado por el artículo 202, fracción I, del Código Penal para el Estado de Veracruz, en agravio de **********; hechos denunciados por **********, en su calidad de apoderado de la **********; en consecuencia, le impuso las penas: privativa de libertad de cuatro años y seis meses de prisión y multa de diez días de salario mínimo vigente en la época de los hechos (uno de agosto de dos mil ocho), conforme al grado de culpabilidad ligeramente superior al mínimo en que ubicó al sentenciado; y lo absolvió del pago de la reparación del daño (fojas 131 a 140 de la causa penal).
En diligencia de veintiuno de junio de dos mil diez se notificó al agente del Ministerio Público adscrito y, el veintitrés siguiente, al sentenciado la sentencia referida; sentencia que apelaron y, además, el referido sentenciado señaló como defensores en segunda instancia a los licenciados ********** y **********, con domicilio en ********** (foja 140 vuelta de la causa penal).
Dicho medio de impugnación fue admitido por el Juez a quo mediante acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil diez, donde tuvo como designado a los defensores particulares del sentenciado a ********** y ********** (fojas 140 vuelta y 141 de la causa penal).
Por oficio ********** de treinta de junio de dos mil diez, el Juez Quinto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, remitió los autos del expediente natural al tribunal de alzada para la tramitación del recurso de apelación, el cual fue radicado por la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, mediante proveído de veintitrés de agosto de dos mil diez, el cual dice:
"... Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintitrés de agosto de dos mil diez. Por recibido en esta secretaría el asunto de cuenta, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 14, fracción II, 17, fracción V, 43, 46, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 320, 323 y 324 del Código de Procedimientos Penales, radíquese y regístrese en el libro de control correspondiente. Por otra parte, se declara bien admitido en tiempo y forma, y correcta la calificación del grado, respecto del recurso de apelación interpuesto por el ciudadano agente del Ministerio Público y el sentenciado ********** y su defensor, en contra de la sentencia condenatoria pronunciada con fecha diecisiete de junio del año dos mil siete por el Juez del Juzgado Quinto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, relativo a la causa penal número **********, en consecuencia, pónganse los autos a la vista del recurrente por el término de seis días para que ofrezca las pruebas que en el caso procedan y, una vez desahogadas, formulará agravios en el plazo de diez días. Si no ofreciera probanza alguna en el plazo que se le concede, expresará su inconformidad en el término de seis días, el cual comenzará a computarse a partir de la fecha en que se verifique la vista a que se contrae este proveído, en cuyo caso el secretario procederá a certificar el inicio y conclusión del término correspondiente y, al concluir éste, dará cuenta inmediata. Teniéndose en esta alzada como defensor del sentenciado de mérito a los ciudadanos licenciados ********** y **********, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en la **********, de esta ciudad capital (apercibido que en caso de no comparecer a aceptar el cargo conferido, se le tendrá como su defensor en esta segunda instancia al de oficio adscrito a esta Sala), a quien se le hará saber su designación para los efectos legales procedentes. notifíquese y cúmplase ..." (foja 3 del toca penal).
Proveído que fue notificado a los licenciados ********** y **********, con domicilio en **********, mediante cédula de notificación de veintitrés de agosto de dos mil diez, que se reproduce a continuación vía escáner:
Ver cédula de notificación
El veinticinco de agosto de dos mil diez, la secretaria de acuerdos dio cuenta a los Magistrados integrantes de la Sala responsable con la cédula de citación a los defensores particulares (foja 3 vuelta del toca penal); y, mediante proveído de esa fecha la Sala responsable hizo constar que los licenciados ********** y ********** no habían comparecido a aceptar y protestar el cargo conferido y, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20, apartado B, fracción IX, constitucional, en relación con el diverso numeral 322 del Código de Procedimientos Penales vigente, designó al defensor de oficio para que representara, ante esa instancia, al sentenciado **********, el cual literalmente dice (foja 5 de la causa penal):
"Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veinticinco de agosto del año dos mil diez. Vista la certificación que antecede y con la que se da cuenta, y toda vez que los ciudadanos licenciados ********** y **********, designados defensores voluntarios del sentenciado ********** no han comparecido aceptar el cargo conferido, a pesar de habérsele girado la cédula de notificación correspondiente; tal y como consta en la cédula que corre agregada en autos, y a fin de no atrasar este procedimiento, se le hace efectivo el apercibimiento en donde se advierte que, en caso de que el defensor citado no compareciera a aceptar el cargo conferido o el domicilio señalado no sea el correcto se tendrá como defensor en esta segunda instancia del sentenciado de mérito al de oficio adscrito a esta Sala; es por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 322 del Código de Procedimientos Penales del Estado y 20, fracción IX, de la Constitución General del País, téngase como defensor del sentenciado de mérito al ciudadano licenciado **********, defensor de oficio adscrito a esta quinta Sala, a quien deberá hacérsele saber el nombramiento que recayó en su favor; hecho que sea con fundamento en lo dispuesto por el artículo 324 del Código de Procedimientos Penales actualmente en vigor, désele vista al ciudadano procurador general de justicia, para que aporte pruebas o exprese agravios, dentro del término legal. Notifíquese y cúmplase ..."
De los antecedentes narrados se colige que el tribunal de alzada, en el auto de radicación de veintitrés de agosto de dos mil diez (foja 3 del toca penal), tuvo por hecha la designación de los defensores particulares del sentenciado a los licenciados ********** y ********** para que lo asistieran en la alzada, quienes fungieron como tal en la primera instancia; ordenó su notificación personal en el domicilio señalado para tales efectos, los requirió para que protestaran el cargo conferido y los apercibió con que, de no hacerlo, se le designaría como su defensor de oficio adscrito a la Sala responsable.
De lo anterior se aprecia que la Sala responsable fue omisa en señalar, en el auto de radicación, plazo alguno a los defensores particulares para que comparecieran a aceptar y protestar el cargo conferido en el proceso de apelación y, no obstante lo anterior, la actuaria adscrita a la propia Sala requirió a los buscados en la cédula de notificación de veintitrés de agosto de dos mil diez para que "se sirva comparecer ante la secretaría de esta Sala en punto de las 11:00 horas del día veinticuatro del mes de agosto, a fin de notificarles su designación como defensores voluntarios; y en caso de no presentarse, se aplicará lo dispuesto por los artículos ___ del Código de Procedimientos Penales, ___ lo que notifico a usted para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe ..."
De lo cual se advierte que la citación actuarial, en los términos efectuados, no encuentra apoyo en el acuerdo de la Sala de la que deriva, ya que dicha Sala nunca dispuso que los defensores particulares tuvieran que comparecer ante su secretaría a las "11:00 horas del día veinticuatro del mes de agosto", por lo que, esto último, fue producto de la iniciativa de la actuaria notificadora; a lo que se agrega que la invocada notificación no indicó el año de esa comparecencia, además que tampoco informó el apercibimiento contenido en dicho proveído "(apercibido que en caso de no comparecer a aceptar el cargo conferido se le tendrá como su defensor en esta segunda instancia al de oficio adscrito a esta Sala)", incluso, aparece en blanco el número del artículo en que se sustenta la eventualidad de la incomparecencia.
En virtud de lo anterior, resultó ilegal que la Sala responsable, mediante proveído de veintitrés de agosto de dos mil diez, hiciera efectivo el apercibimiento decretado previamente (ante la incomparecencia de los defensores particulares) y designara como defensor al de oficio adscrito, toda vez que la referida Sala responsable inadvirtió las anomalías destacadas, preponderantemente: a) Su propia omisión de otorgarle un plazo al defensor particular para que compareciera a aceptar el cargo; y b) La indebida iniciativa actuarial de fijar hora y día precisos para que aquél realizara esa comparecencia dado que, por una parte, no se limitó a hacer del conocimiento el contenido del acuerdo que era materia de notificación, sino que improvisó agregando aspectos ajenos a aquél y, por otra parte, omitió informar adecuadamente el apercibimiento que sí estaba contenido en el propio acuerdo; todo lo cual influyó en demérito del derecho que tiene el sentenciado de que el defensor particular designado en el recurso de apelación sea notificado adecuadamente, a fin de que comparezca a ejercer la defensa en su favor.
A mayor abundamiento es oportuno señalar que, incluso, resultó ilegal que el actuario procediera a elaborar un citatorio y fijara día y hora precisos para que el defensor particular compareciera a aceptar y protestar el cargo ante la Sala; máxime que mediaban menos de veinticuatro horas entre la notificación (dieciocho horas con treinta minutos del veintitrés de agosto de dos mil diez) y la fecha fijada para su comparecencia (once horas del veinticuatro de agosto), toda vez que el artículo 322 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz que contempla el derecho de que el apelante señale defensor en segunda instancia, no precisa el plazo que se le deberá conceder para que se presente a aceptar y protestar el cargo conferido y, en esa virtud, resultaban aplicables los artículos 85, 86 y 87 de ese ordenamiento legal, precisamente, porque este último señala el plazo genérico de tres días en caso de que en la propia codificación no fije uno específico; mismos numerales que señalan:
"Artículo 85. Los términos son improrrogables. Empiezan a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, salvo los casos que este código señale expresamente.
"No se incluirán en los términos los días inhábiles, salvo cuando se trate de poner al inculpado a disposición del tribunal que conocerá de su caso, de tomarle su declaración preparatoria o de resolver su situación jurídica.
"El término para resolver podrá ampliarse sólo a petición del inculpado o de su defensor. Decretada la ampliación, el Juez deberá comunicarla inmediatamente al encargado del reclusorio donde se halle el detenido."
"Artículo 86. Los términos se contarán por días naturales, excepto lo señalado en el segundo párrafo del artículo anterior, y a cualquier otro que deba computarse por horas, pues éstos se contarán de momento a momento, a partir de la hora en que corresponda conforme a la ley."
"Artículo 87. Cuando no se fije un término especial en este código, el término será de tres días; pero siempre que la práctica de un acto judicial requiera citación de personas que se hallen fuera del lugar del proceso, a juicio del Juez se ampliará el término señalado por la ley para que concurran ante el tribunal, tomando en cuenta la mayor o menor facilidad en las comunicaciones."
De ahí que resultara ilegal que el actuario adscrito a la Sala responsable se excediera en sus funciones al citar al defensor particular, fijando hora y fecha para que se presentara a aceptar y protestar el cargo, toda vez que ese proceder no se encuentra autorizado en el acuerdo a notificar; máxime que el artículo 119 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz establece las formalidades a seguir para la práctica de las notificaciones personales, el cual dispone:
"Artículo 119. Las notificaciones personales se harán en el tribunal o en el domicilio designado. Si no se halla al interesado en el domicilio, se le dejará con cualquiera de las personas mayores de edad que ahí residan una cédula en la que se expresen: el tribunal que ordena la diligencia, transcripción en lo conducente de la resolución que se le notifica, día y hora en que se hace dicha notificación y persona en poder de la que se deja, expresando además el motivo por el cual no se hizo en persona al interesado.
"Si el que deba ser notificado se niega a recibir al encargado de hacer la notificación, o las personas que residen y se hallan en el domicilio se rehúsan a recibir la cédula, o no se halla a nadie en el lugar, la cédula se fijará en la puerta de entrada."
En efecto, de lo anterior se evidencia que el actuario adscrito a la Sala responsable está facultado para notificar a las partes el contenido de la resolución o el acuerdo que se le comisiona, sin que se advierta que entre sus facultades esté agregar, motu proprio, aspectos no contemplados en la normatividad ni en el acuerdo que es materia de notificación.
Los artículos 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Federal y 160, fracción II, de la Ley de Amparo, establecen:
"Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías:
"A. Del inculpado:
"...
"IX. Desde el inicio de su proceso será informado de los derechos que en su favor consigna esta Constitución y tendrá derecho a una defensa adecuada, por sí, por abogado, o por persona de su confianza. Si no quiere o no puede nombrar defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, el Juez le designará un defensor de oficio. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera; y, ..."
"Artículo 160. En los juicios del orden penal se consideran violadas las leyes del procedimiento, de manera que su infracción afecte a las defensas del quejoso:
"...
"II. Cuando no se le permita nombrar defensor, en la forma que determine la ley; ..."
En efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Federal se advierte que el enjuiciado tiene la garantía constitucional de contar con una defensa adecuada durante todo el desarrollo del proceso penal, ya sea por sí o a través de persona de su confianza, abogado particular o del de oficio (público o social) que le designe el órgano jurisdiccional ante quien se le instruya el procedimiento, ya en primera o segunda instancias, en caso de no contar con alguno de los dos anteriores para que lo asista en sus intereses en cada una de las etapas procedimentales (preinstrucción, instrucción, audiencia de derecho en primera y de vista en segunda instancia), en las cuales deba participar.
Lo anterior, con la finalidad de que en el curso del procedimiento el enjuiciado pueda enterarse, ya sea por sí o por conducto de su defensor, de cada una de las actuaciones en las que deba intervenir como parte, la naturaleza, el alcance de su participación y la finalidad de la misma para que, con previo y pleno conocimiento de su actuación, el inculpado se conduzca de la manera que crea adecuada en la defensa de sus intereses y no esté ante una desigualdad procesal por carecer de una adecuada defensa y le cree incertidumbre sobre su situación jurídica.
Consideración que se ve confirmada por el contenido de los artículos 3o., 13, 100, 165, 170 y 322 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz, en los que el procedimiento penal tiene como finalidad garantizar al procesado su defensa, así como que en todas las audiencias el inculpado podrá defenderse por sí mismo o por las personas que nombre libremente y, en caso de no poder o no querer hacerlo, previo requerimiento para ello, el juzgador le designará al de oficio.
Los artículos 3o., 13, 100, 166, 170 y 322 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz, son del siguiente tenor:
"Artículo 3o. El procedimiento tiene como finalidad:
"...
"III. Garantizar al procesado los principios constitucionales para su defensa; ..."
"Artículo 13. El inculpado podrá intervenir en la investigación ministerial y en el proceso por sí mismo o con la asistencia de su defensor o persona de su confianza."
"Artículo 100. En las audiencias el inculpado podrá defenderse por sí mismo o por medio de su defensor. El Ministerio Público intervendrá cuantas veces fuere necesario. ..."
"Artículo 166. La declaración preparatoria comenzará por las generales del inculpado, en las que se incluirán también los apodos si los tuviere, la comunidad indígena a que pertenezca en su caso, si habla y entiende suficientemente el idioma español y sus demás circunstancias personales. Acto seguido se le hará saber el derecho que tiene para defenderse por sí o por persona de su confianza, advirtiéndole de que si no lo hiciere, el Juez le nombrará un defensor de oficio y además le informará acerca de las garantías que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a los inculpados. ..."
"Artículo 170. No pueden ser defensores quienes se hallen presos o estén siendo procesados. Tampoco los condenados por alguno de los delitos señalados en los capítulos I, II y III del título XVIII, libro segundo, del código penal.
"El inculpado podrá designar persona de su confianza para que lo defienda. En caso de que la designación no recaiga en quien tenga cédula profesional de licenciado en derecho o autorización de pasante conforme a la ley de la materia, el tribunal dispondrá que intervenga, además del designado, un defensor de oficio.
"Si el inculpado designa a varios defensores, éstos nombrarán en el mismo acto a un representante común; y si no lo hicieren, el Juez lo determinará. Si concurren a la audiencia varios agentes del Ministerio Público, sólo uno hará uso de la voz."
En ese orden de ideas, se entiende que si desde el inicio del proceso el inculpado debe contar con la asistencia efectiva del defensor para que le sea garantizada una defensa adecuada, no hay razón alguna para que dicha efectividad de la defensa se disminuya o reduzca en el trámite de la segunda instancia del proceso penal. Es decir, que para acreditar que existe una defensa adecuada, debe valorarse y tomarse en cuenta la efectividad de ésta y no sólo considerarse por satisfecha con la presencia física de cualquiera que la ejerza en cualquier etapa del proceso.
Ahora bien, el recurso de apelación se encuentra regulado en los artículos 318, 319, 320, 322, 324, 327 y 328 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Veracruz, los cuales establecen:
"Artículo 318. El recurso de apelación tiene por objeto examinar si en la resolución recurrida no se aplicó la ley correspondiente o se aplicó inexactamente, si se violaron los principios reguladores de la valoración de la prueba y del arbitrio judicial o si se alteraron los hechos. El tribunal de alzada confirmará, revocará o modificará la resolución apelada."
"Artículo 319. La segunda instancia se abrirá a petición de parte legítima para resolver sobre los agravios que el apelante estime que le causa la resolución recurrida, sin perjuicio de que el tribunal de apelación supla la deficiencia de los agravios cuando el recurrente sea el acusado o siéndolo su defensor se advierta que no los hizo valer debidamente, en cuyo caso, el tribunal de alzada lo comunicará al procurador general de justicia del Estado para los efectos de su representación."
"Artículo 320. Tienen derecho a apelar el Ministerio Público, el inculpado o su defensor y sólo para efectos de la reparación del daño el ofendido, la víctima o su legítimo representante, en los términos establecidos por el artículo 20 constitucional.
"...
"Son apelables en ambos efectos las sentencias condenatorias y los autos que concedan o nieguen la libertad por desvanecimiento de datos."
"Artículo 322. Interpuesto el recurso dentro del término legal, el tribunal que dictó la resolución apelada lo admitirá o lo desechará de plano.
"Sin perjuicio de la calificación que haga el tribunal de apelación, contra el auto que admita la apelación no procede recurso alguno.
"Si el apelante fuere el acusado, al admitirse el recurso se le prevendrá que nombre defensor que lo patrocine en la segunda instancia, de no hacerlo se le tendrá como defensor al de oficio."
"Artículo 324. Si el recurso fuere admitido en efecto devolutivo, el tribunal pondrá los autos a vista del apelante, para que en el término de nueve días exprese agravios. Tratándose de sentencia absolutoria el Ministerio Público podrá ofrecer pruebas y formular agravios en el término señalado.
"Si fuere admitido en ambos efectos, se pondrán los autos a la vista del apelante por el término de seis días, para el ofrecimiento de pruebas, las que de proceder se desahogarán en un plazo de diez días, sin contar los que se empleen en el correo. Si el apelante no promoviere pruebas, dentro de ese término contado desde la fecha en que se le dé vista, expresará agravios."
"Artículo 327. Cuando el acusado o su defensor no expresen agravios dentro del término legal, el tribunal de apelación tendrá por manifestada su inconformidad con la resolución recurrida en cuanto perjudique al acusado y continuará la tramitación del recurso."
"Artículo 328. Cuando el tribunal de apelación note que el defensor faltó a sus deberes por no haber interpuesto los recursos que procedían; por haber abandonado los interpuestos cuando de las constancias de autos aparezca que debían prosperar; por no haber alegado circunstancias probadas en el proceso y que habrían favorecido notablemente al inculpado; por haber alegado hechos no probados en autos o por no expresar agravios oportunamente, podrá imponerle una corrección disciplinaria o darle vista al Ministerio Público, si procede. Si el defensor es el de oficio, dará cuenta al órgano competente."
De los numerales transcritos se advierte que:
1. El citado recurso tiene por objeto examinar si en la resolución recurrida no se aplicó la ley correspondiente o se aplicó inexactamente, si se violaron los principios reguladores de la valoración de la prueba y del arbitrio judicial, si se alteraron los hechos o no se fundó o motivó correctamente.
2. La segunda instancia solamente se abrirá a petición de parte legitimada para resolver sobre los agravios que estime el apelante le cause la resolución recurrida. El tribunal de apelación suplirá la deficiencia de los agravios cuando el recurrente sea el procesado o, siéndolo el defensor, se advierta que, por torpeza, no los hizo valer debidamente.
3. Si el apelante fuere el acusado, al admitirse el recurso, se le prevendrá que nombre defensor que lo patrocine en la segunda instancia, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se tendrá por designado al de oficio que el tribunal elija.
4. Si la apelación se admitió en ambos efectos se pondrán los autos a la vista del apelante por el término de seis días para el ofrecimiento de pruebas si no lo hiciere; dentro de este término contado desde la fecha en que se le dé vista, formulará agravios.
5. En caso de que el acusado y su defensor no formulen agravios, se le tendrá por manifestada su inconformidad con la resolución recurrida en cuanto perjudique al acusado y continuará la tramitación del recurso.
6. Cuando el tribunal de apelación note que el defensor faltó a sus deberes, podrá imponerle una corrección disciplinaria o darle vista al Ministerio Público si proceso; y si es el de oficio, dará cuenta al órgano competente.
Ahora bien, al establecerse en el Código de Procedimientos Penales del Estado de Veracruz que al momento de admitirse la apelación se "prevendrá que nombre defensor que lo patrocine en segunda instancia, de no hacerlo se le tendrá como defensor al de oficio", se busca asegurar que el inculpado esté representado en la segunda instancia para garantizar su derecho de defensa, ya sea a través de la persona que designe (defensor particular) o de la designación oficiosa que se haga de un defensor público; en el primer caso, será a partir del momento en que la persona designada comparezca ante el tribunal de alzada a aceptar y protestar el cargo, y en el segundo caso, hasta en tanto se le notifique dicha designación que ejercerán el cargo y representarán al inculpado ofreciendo pruebas y formulando agravios.
De lo expuesto, se colige que el aquí quejoso no contó con una defensa adecuada durante el procedimiento del recurso de apelación, porque la Sala no respetó su derecho a designar a la persona que deseaba lo defendiera en la segunda instancia, primeramente, porque en proveído de veintitrés de agosto de dos mil diez no señaló el plazo con el que contaba el defensor particular para aceptar y protestar el cargo conferido y, en segundo lugar, inadvirtió que el actuario adscrito a la Sala responsable improvisó y notificó aspectos no señalados en dicho proveído; por lo que se le dejó en estado de indefensión, al no tener conocimiento de los aspectos destacados.
Tiene aplicación a lo anterior, la tesis aislada LXXXIV/2007 que derivó de la contradicción de tesis 160/2006, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a folio 787 del Tomo XXV, mayo de 2007, Materia Penal, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece:
"AUDIENCIA DE VISTA EN SEGUNDA INSTANCIA. ACTUACIÓN QUE DEBE OBSERVAR EL TRIBUNAL DE ALZADA PARA HACER EFECTIVO Y RESPETAR EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA DEFENSA ADECUADA.-Del contenido del artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los diversos preceptos que regulan la tramitación de la segunda instancia en el Código Federal de Procedimientos Penales, se advierte que para hacer efectivo el derecho fundamental a la defensa adecuada, el tribunal de alzada debe observar lo siguiente: 1) si al momento de interponerse la apelación o durante el trámite de la segunda instancia, el inculpado no designa a ninguna persona que lo represente, al recibir las constancias relativas al recurso el tribunal de alzada hará la designación oficiosa de un defensor público, quien una vez notificado ejercerá el cargo y representará al inculpado -ofreciendo pruebas o formulando agravios- además de que tendrá la obligación de comparecer a la audiencia de vista. 2) Si al interponerse la apelación el inculpado nombra a su defensor, cuando el tribunal de alzada reciba el recurso deberá tener por hecha dicha designación, debiendo ordenar se notifique personalmente al defensor nombrado por el inculpado a efecto de que comparezca a aceptar el cargo conferido, señalando que en tanto se produce la comparecencia referida, ejercerá la defensa del inculpado el de oficio de la adscripción, quien también será notificado de dicha circunstancia, así como al inculpa
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22905-9dd9ac0a/defensa-adecuada-en-segunda-instancia-se-vulnera-este · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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