INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. AUN CUANDO ACTÚE COMO ÓRGANO ASEGURADOR, NO PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE A SU FAVOR, NI AUN EXCEPCIONALMENTE, TRATÁNDOSE DE UNA VIOLACIÓN MANIFIESTA DE LA LEY QUE LO HAYA DEJADO SIN DEFENSA.
AMPARO DIRECTO 1194/2010. **********.
CONSIDERANDO:
OCTAVO. Son infundados los conceptos de violación.
Alega la apoderada del quejoso en la primera parte de sus conceptos de violación, que la Junta condenó ilegalmente a su representado a otorgar al actor una pensión de invalidez, pues en su consideración basó dicha decisión sólo en las opiniones médicas del perito del actor y del tercero en discordia, resolviendo por mayoría de razón, sin tomar en cuenta la opinión del perito de su intención, ni los dos requisitos que establece el artículo 128 de la Ley del Seguro Social, que establece se acredite la imposibilidad de procurarse una remuneración superior al cincuenta por ciento de la habitual obtenida y la enfermedad sea de origen no profesional, requisito este último que le correspondía acreditar al actor. Que los peritajes a los que otorgó valor provienen del mismo centro de salud y que por lo mismo no debió otorgarles valor, invocando como apoyo las tesis de rubros: "PENSIÓN POR INVALIDEZ. PROCEDE SU OTORGAMIENTO SEGÚN LA SEVERIDAD DEL PADECIMIENTO." e "INVALIDEZ, ESTADO DE. PRUEBAS QUE EL TRABAJADOR PUEDE REUNIR PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL."
Es infundado lo anterior porque del análisis del laudo que ahora se reclama, se aprecia que la Junta no resolvió la litis tomando en consideración tan sólo los dictámenes del perito del actor y el emitido por el tercero en discordia, pues en sus consideraciones expuso las razones lógico y jurídicas del porqué no le merecía valor probatorio el dictamen emitido por el perito del ********** demandado y del porqué sí les concedía a los emitidos por los otros dos galenos. Aunado a que el actor sí acreditó su carga procesal respecto a la enfermedad de origen general que presenta a través del resultado de las periciales médicas que le favorecieron.
Ello es así, teniendo en cuenta que **********, demandó del **********, otorgamiento de la pensión de invalidez, señalando que padecía disminución de la agudeza visual de tiempo no determinado, así como diabetes mellitus tipo 2 de un año de evolución. Agregó que se desempeñaba como guardia de seguridad en su último empleo y que en la actualidad ya no cuenta con trabajo. El ********** demandado se excepcionó en el sentido de que era improcedente la reclamación del actor, por no reunir los requisitos del artículo 119 de la vigente Ley del Seguro Social, en relación con el 128 de su similar abrogada. También señaló que el demandante no se encontraba impedido para laborar, pues en la actualidad prestaba sus servicios para la empresa **********. En la etapa de pruebas ofreció, para demostrar su acción, la prueba pericial médica. A su vez el ********** demandado ofreció la misma probanza. La Junta admitió y desahogó tales periciales y al resultar contradictorios, solicitó el auxilio del perito tercero en discordia. Con base en el análisis de dichos peritajes, la juzgadora estimó que el actor había acreditado su carga probatoria para tener derecho a la pensión solicitada, al resultarle favorables los dictámenes emitidos por el perito de su intención como el del tercero en discordia, y le negó eficacia al de su contraparte, exponiendo las razones lógico y jurídicas del porqué no le merecía valor probatorio.
Entonces, fue correcto que la responsable condenara al ********** demandado al pago de la pensión de invalidez, por considerar que a través del resultado de las periciales médicas tanto del perito oficial como del tercero en discordia el actor había acreditado su carga probatoria, evento que el ********** no pudo controvertir al no resultarle favorable el resultado del dictamen emitido por el perito de su intención para acreditar su defensa.
Lo anterior es así, porque la Junta, al negarle valor probatorio al dictamen emitido por el perito del **********, consideró que en su dictamen no tomó en cuenta que el actor presenta **********, que dicha enfermedad es permanente, irreversible y progresiva, que fue lo que sí consideraron los otros galenos en sus dictámenes, lo que le impide desempeñarse en el puesto de trabajo de guardia de seguridad, de ahí que se advierta que, contrario a lo que sostiene el ********** quejoso, la Junta valoró correctamente las periciales médicas aportadas por las partes, expresando en el laudo las razones y motivos por los cuales estimó cuál de los dictámenes le merecía valor probatorio y a qué otro negárselo, haciendo un estudio minucioso entre los argumentos que expresaron los facultativos en relación con las enfermedades generales presentadas por el actor y sus actividades laborales para, de esa forma, considerar que tanto el perito de la actora al igual que el del tercero en discordia merecían valor por considerar aspectos de las enfermedades que el perito del ********** demandado no tomó en cuenta, cumpliendo con la obligación constitucional que le impone el artículo 16 de la Carta Magna, al fundamentar y motivar debidamente su resolución tocante a la valoración de la prueba pericial médica y, por ende, en el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, cuando señaló, en esencia, que:
"... la prueba pericial médica ofrecida por la parte actora, la cual fue rendida por el perito médico, doctor **********, emitiendo su dictamen con fecha veintitrés de julio del año dos mil siete (fojas 56-57), en la que se desprende que se practicó interrogatorio y exploración física, así como exámenes clínicos, paraclínicos de laboratorio y gabinete, además de ser valorado en los departamentos de medicina interna, oftalmología, radiodiagnóstico y medicina legal ... Que dejan al actor en un estado de invalidez, ya que se encuentra imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración superior al 50% (cincuenta por ciento), de la remuneración habitual percibida durante el último año, como lo marca el artículo 128 de la Ley del Seguro Social. A dicho dictamen se le otorga valor probatorio pleno, por las siguientes estimaciones: Atrofia óptica bilateral. Atrofia de la papila óptica como consecuencia de la degeneración de las fibras del nervio óptico y de la cintilla óptica. Puede deberse a un defecto congénito, inflamación, oclusión de la arteria central de la retina o de la arteria carótida interna, alcohol, arsénico, plomo, tabaco u otras sustancias tóxicas. Acompaña a enfermedades como la arteriosclerosis, diabetes, glaucoma, hidrocefalia, anemia perniciosa y diversas alteraciones neurológicas. Diabetes mellitus tipo II. Diabetes mellitus (DM) o diabetes sacarina es un síndrome orgánico multisistémico crónico que se caracteriza por un aumento de los niveles de glucosa en la sangre ... A mayor abundamiento, resulta relacionado el dictamen médico del perito tercero en discordia realizado por el doctor **********, en fecha diecisiete de abril del año dos mil ocho ... también se realizaron estudios en los departamentos de medicina interna, oftalmología, radiodiagnóstico y medicina legal, además de haberse practicado interrogatorio, exploración física completa, así como exámenes clínicos y paraclínicos de laboratorio y gabinete, que dejan al actor en un estado de invalidez, de acuerdo al artículo 128 de la Ley del Seguro Social. Detectando lo siguiente: Atrofia óptica bilateral. Atrofia de la papila óptica como consecuencia de la degeneración de las fibras del nervio óptico y de la cintilla óptica ... Diabetes mellitus tipo II. Diabetes mellitus (DM) o diabetes sacarina es un síndrome orgánico multisistémico crónico que se caracteriza por un aumento de los niveles de glucosa en la sangre ... De dichas limitaciones se observa que el actor presenta como secuelas agudeza ojo derecho cuenta dedos, observándose que su visión es casi nula y en cuanto al ojo izquierdo es de 20/50 y no hay que pasar por alto que también presenta una diabetes mellitus en su fase intermedia y que entre las alteraciones que presenta la parte actora es la visión borrosa son los síntomas cardinales de este padecimiento, esta última enfermedad es permanente, irreversible y progresiva, lo que le permitirá que pierda la visión del ojo izquierdo, esto le impide desempeñarse como guardia de seguridad, lo mismo acontece al desempeñarse como ayudante de soldador o como pintor de tubería, ya que no cuenta con la visión binocular, al no contar con la visión del ojo derecho ... En lo que respecta al dictamen médico ofrecido por la demandada, el cual fue rendido por el doctor **********, ... detectando como padecimientos: **********, ... la cual concluye que el actor ********** no presenta un estado de invalidez ... A este dictamen se le niega el valor probatorio correspondiente, al no tomar en cuenta que el actor presenta como secuelas; ********** ..." (fojas 80 a 81).
Luego, es evidente que de la anterior transcripción se aprecia que contrario a lo señalado por la representante del ********** amparista, la Junta también tomó en cuenta el dictamen emitido por su perito, exponiendo las razones por las cuales no le otorgaba valor probatorio.
Es aplicable al caso la jurisprudencia número 4a./J. 28/94, derivada de la contradicción de tesis 19/94, que sustentó la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 80, agosto de 1994, página 25, que dice:
"PRUEBA PERICIAL. SU ESTIMACIÓN POR LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEBE HACERSE ANALIZANDO TODOS LOS DICTÁMENES RENDIDOS EN EL JUICIO, EXPRESANDO LAS RAZONES POR LAS CUALES LES OTORGAN O NIEGAN VALOR PROBATORIO. Esta Suprema Corte ha sostenido con fundamento en lo dispuesto por el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, que tratándose de la apreciación de la prueba pericial, las Juntas de Conciliación y Arbitraje deben expresar en el laudo las razones o motivos que las conduzcan a conceder o negar eficacia probatoria a los dictámenes periciales rendidos por las partes o, en su caso, por el tercero en discordia, para cumplir de esa manera con la garantía de fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 constitucional, según aparece en la tesis jurisprudencial publicada con el número mil cuatrocientos ochenta y tres de la Compilación de mil novecientos ochenta y ocho, Segunda Parte, bajo el rubro de ‘PRUEBA PERICIAL. VALOR DE LA.’, con la cual quedó superada la diversa tesis jurisprudencial que aparece publicada con el número mil cuatrocientos setenta y seis de la citada compilación, Segunda Parte, con el título de ‘PRUEBA PERICIAL, APRECIACIÓN DE LA, POR LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.’, en la que se establecía que las Juntas gozaban de una facultad soberana para apreciar la prueba pericial; el criterio sostenido en esta última tesis fue abandonado luego de que una nueva reflexión sobre el tema condujo a esta Sala a estimar que la facultad de aquéllas para apreciar en conciencia dicha probanza no las libera del deber de expresar las razones por las cuales conceden o niegan eficacia probatoria a los dictámenes rendidos durante el juicio, a fin de que el particular afectado por el laudo esté en posibilidad tanto de conocer los motivos y fundamentos del laudo, como de cuestionarlos ante el órgano de control constitucional, pues aunque las Juntas carecen de los conocimientos técnicos propios de la materia sobre la cual versa la pericial, les corresponde examinar si las conclusiones alcanzadas por los peritos resultan de un estudio profundo, acucioso, lógico y objetivo del problema planteado, por cuanto de ello depende que la prueba les merezca confiabilidad y credibilidad."
De acuerdo a las consideraciones anteriores, es aplicable la tesis de rubro: "PENSIÓN POR INVALIDEZ. PROCEDE SU OTORGAMIENTO SEGÚN LA SEVERIDAD DEL PADECIMIENTO." que invoca el ********** quejoso pero reafirmando que debido a la gravedad de las enfermedades de tipo general que presenta el actor, consistentes en **********, confirman que sí se encuentra imposibilitado para desempeñarse como guardia de seguridad, por no contar con una integridad anatómica necesaria para realizar sus funciones.
Asimismo, por cuanto a la diversa tesis que invoca el amparista, de rubro: "INVALIDEZ, ESTADO DE. PRUEBAS QUE EL TRABAJADOR PUEDE REUNIR PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.", dicha tesis también cobra aplicación para confirmar que la prueba pericial médica es apta para demostrar el estado invalidante reclamado por la actora, cuando de las particularidades del caso se advierta que en relación con la naturaleza de la enfermedad, en confrontación con las actividades desempeñadas, el trabajador ya no puede realizar sus funciones, como acontece en el caso a estudio, en el cual el asegurado tenía el puesto de guardia de seguridad, en donde se requiere de una integridad anatómica, que fue la que determinaron los peritos médicos oficial y tercero en discordia, misma que está perdiendo en forma progresiva, lo que le impide seguir desempeñando su actividad laboral.
Sigue alegando la apoderada del ********** quejoso, que la Junta emitió un laudo incongruente y violatorio de los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, pues a su consideración no tomó en cuenta que el actor no acreditó el segundo de los requisitos del artículo 128 de la Ley del Seguro Social, que establece la imposibilidad de procurarse una remuneración superior al cincuenta por ciento de la habitual percibida, pues estima que la prueba pericial médica no es la prueba idónea para acreditar ese evento, invocando la tesis de jurisprudencia 2a./J.121/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRUEBA PERICIAL MÉDICA PARA DEMOSTRAR EL ESTADO DE INVALIDEZ DE UN ASEGURADO. SU VALOR PROBATORIO NO DEPENDE DE QUE EL PERITO HAGA MENCIÓN DEL SALARIO QUE AQUÉL PERCIBÍA, PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997.", así como la tesis jurisprudencial del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro: "INVALIDEZ, ESTADO DE. PARA TENER POR DEMOSTRADO EL REQUISITO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL ANTERIOR (119 DE LA ACTUAL), CONSISTENTE EN QUE EL TRABAJADOR NO PUEDE PROCURARSE UNA REMUNERACIÓN SUPERIOR AL CINCUENTA POR CIENTO DE LA QUE HABITUALMENTE PERCIBÍA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO DE TRABAJO, NO BASTA QUE EL ASEGURADO HAYA MANIFESTADO A LOS PERITOS QUE NO LABORABA."
Es infundado porque de acuerdo con el criterio sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 51/96, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se analizó que la prueba pericial médica puede ser apta para demostrar la imposibilidad económica del actor de procurarse una remuneración superior del cincuenta por ciento de la habitual percibida durante el último año de servicios, cuando se advierta de las particularidades del caso o de la naturaleza de la enfermedad detectada, acreditando con ello lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley del Seguro Social, criterio que es de aplicación obligatoria, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, el cual aparece publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, octubre de 1996, visible en la página 265, que dice:
"INVALIDEZ, ESTADO DE. PRUEBAS QUE EL TRABAJADOR PUEDE RENDIR PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. Del artículo 128 de la Ley del Seguro Social se desprende que son dos los requisitos que han de satisfacerse para demostrar el estado de invalidez de un asegurado: que el mismo no esté en posibilidad de procurarse una remuneración laboral superior al cincuenta por ciento de la remuneración habitual que hubiere percibido en el último año de trabajo; y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesionales. Si bien es exacto que para demostrar la existencia del segundo de los requisitos mencionados, resulta idónea la prueba pericial médica, en cuanto aporta a la Junta los conocimientos técnicos y científicos necesarios para conocer la existencia de un padecimiento o accidente y el origen no profesional del mismo, no ocurre sin embargo igual tratándose del primero de los requisitos mencionados, a saber, la imposibilidad del asegurado de obtener una remuneración en el porcentaje especificado, toda vez que para demostrar este hecho, el interesado goza de la facultad de ofrecer todas las pruebas que estime necesarias para acreditar su dicho, siempre que las mismas no sean contrarias a la moral o al derecho, pruebas entre las cuales puede figurar incluso la prueba pericial médica, cuando de la misma se desprenda por las particularidades del caso o la naturaleza de la enfermedad o accidente, que el asegurado esté impedido para desempeñar alguna actividad con una remuneración como la establecida por el legislador, considerando que para resolver la cuestión propuesta, la Junta está obligada a analizar todas las pruebas que le rindan las partes, tanto en lo individual como en conjunto, a fin de establecer si está o no demostrado el estado de invalidez del asegurado."
Nota: Lo subrayado es destacado por el relator.
De ahí que, a través del resultado de las pruebas periciales médicas emitidas por el perito oficial y el tercero en discordia, la Junta correctamente estimó que sí beneficiaron al actor para justificar que el estado de invalidez que presenta lo imposibilitan para procurarse mediante un trabajo, una remuneración superior al cincuenta por ciento de la habitual percibida durante el último año de servicios, porque los peritos analizaron las particularidades del caso, sus actividades y la naturaleza de las enfermedades detectadas.
Lo anterior es así porque el perito del actor señaló en su dictamen que:
"Paciente masculino de 54 años de edad que laboró con el señor ********** durante 3 años de ayudante de soldador, en **********, durante 3 años de pintor de tubería, en seguridad privada y comercial durante 11 meses y, en ********** durante 4 años de guardia; área en la que se requiere de integridad anatómica y funcional de los siguientes aparatos y sistemas: visual, auditivo y vestibular, músculo-esquelético y articular para desarrollar las labores para las que fue contratado. Refiere **********. Fue valorado en los departamentos de medicina interna, oftalmología, radiodiagnóstico y medicina legal donde reportan lo siguiente: paciente masculino de 54 años de edad, que cursa con **********. Exploración física: **********. Exámenes de laboratorio: **********, el electrocardiograma fue normal. El examen de campos visuales demostró: **********. Por todo lo antes descrito se puede concluir que el actor ********** presenta como enfermedades de origen no profesional: atrofia óptica ********** ya que se encuentra imposibilitado para procurarse mediante un trabajo igual una remuneración superior al cincuenta por ciento de la remuneración habitual percibida durante el último año como lo marca el artículo 128 de la Ley del Seguro Social." (fojas 56 y 57).
A su vez el perito tercero en discordia precisó en su dictamen que:
"Paciente masculino de 54 años de edad que laboró como ayudante de soldador durante 3 años en **********; como pintor de tubería durante 3 años en **********; como guardia de seguridad durante aproximadamente 5 años para diferentes patrones; área en la que se requiere de integridad anatómica y funcional de los siguientes aparatos y sistemas: visual, auditivo y vestibular, músculo esquelético y articular para desarrollar las labores para las que fue contratado. Actualmente refiere padecer disminución de su capacidad visual; **********. Fue valorado por los departamentos de medicina interna, oftalmología, radiodiagnóstico y medicina legal de donde reportan lo siguiente: masculino de 54 años de edad, **********. Exámenes de laboratorio dentro de límites normales. Por todo lo antes descrito se puede concluir que el actor presenta como enfermedades de origen no profesional: ********** de acuerdo al artículo 128 de la Ley del Seguro Social." (fojas 67 y 68).
Contrario a lo señalado por los anteriores galenos, el perito del ********** demandado manifestó que:
"Perfil de puesto de trabajo: Paciente masculino de 54 años de edad que actualmente labora con el puesto de guardia de seguridad para la empresa **********, con una antigüedad de 5 años. Las actividades que desempeña consisten en el cuidado de bienes y personas de la empresa, realizar rondines de seguridad, abrir y cerrar puertas, portones, oficinas, sanitarios entre otras instalaciones de la empresa, manejar intercomunicación, entre otras labores propias del oficio. Expuesto a agentes antiergonómicos, físicos y mecánicos. Requiere para el puesto integridad de los sistemas osteomuscular, neurológico, mental, cardiorrespiratorio y audiovisual, mismos que actualmente conserva para desempeñar sus labores y se encuentra laborando. Interconsultas: Al servicio de medicina interna, oftalmología, otoneurología, radiodiagnóstico y salud en el trabajo, que corroboran y fundamentan los diagnósticos que a continuación se mencionan en su rubro correspondiente: Diagnósticos. 1. Nosológico: **********. 2. Etiológico: Idiomático metabólico. 3. Anatomofucional: **********, conservando capacidades físicas residuales para laborar y se encuentra actualmente en tal condición ... Se concluye que ********** no presenta un estado de invalidez, ya que se encuentra en la posibilidad de continuar desempeñando una categoría similar que la desempeñada durante su último año de trabajo. A su vez no se encontraron enfermedades de origen profesional ..." (foja 61).
Con base en los anteriores dictámenes, la Junta estimó que si bien el emitido por el perito de la intención del ********** demandado había externado que el actor presentaba diversas enfermedades de orden general, entre ellas, **********, también señaló que al confrontarlos con los requerimientos que exige el perfil del puesto de trabajo desempeñado durante el último año laborado no le propiciaba un estado de invalidez.
En cambio, respecto al peritaje rendido por el perito oficial, señaló que el actor presentaba como enfermedades de origen no profesional **********, que le propician un estado de invalidez.
Asimismo, señaló que por cuanto al dictamen emitido por el perito tercero en discordia, dicho médico consideró que el actor presentaba como enfermedades no profesionales **********, que le ocasionan estado de invalidez.
Por tanto, del análisis de los anteriores dictámenes se aprecia que aunque el perito del **********, no estimó que el demandante tuviera el estado de invalidez que reclamó; sin embargo, tanto el perito oficial como el tercero en discordia sí lo hicieron, pues al emitir sus conclusiones en cuanto a que si el actor se encontraba imposibilitado para obtener una remuneración en términos del citado artículo 128 de la anterior Ley del Seguro Social, tomaron en cuenta los estudios que le realizaron en los departamentos de medicina interna, oftalmología, radiodiagnóstico, que el asegurado tiene disminución en la agudeza visual, diabetes mellitus tipo 2, lo cual le provoca enfermedades no profesionales consistentes en **********, aspectos que le impiden seguir realizando sus actividades como guardia de seguridad, pues en esa función tiene que contar con integridad visual y músculo-esquelético, lo que se estima es suficiente para dar soporte a las conclusiones vertidas por ambos peritos, en el sentido de que las enfermedades que presenta el actor lo imposibilitan para obtener una remuneración superior al cincuenta por ciento de la percibida en el último año de labores, conforme a lo dispuesto en el artículo 128 de la abrogada Ley del Seguro Social.
Consecuentemente, para que la Junta esté en aptitud de determinar si se acredita este requisito, debe analizar en su integridad los dictámenes médicos rendidos tomando en consideración las circunstancias personales del asegurado relativas a su edad, antigüedad laboral, trabajos desempeñados, exigencias mínimas de salud requeridas para el desempeño de la última actividad realizada, así como su capacidad y limitación para llevar a cabo la misma y sus antecedentes médicos, aspectos todos ellos que, al confrontarlos con la naturaleza de las enfermedades detectadas por los peritos, llegue a determinar la eficacia o ineficacia de la prueba pericial médica para demostrar los dos requisitos que requiere el multirreferido artículo 128 de la anterior Ley del Seguro Social, para decretar el estado de invalidez.
Es aplicable al caso la tesis jurisprudencial IV.3o.T. J/64 sustentada por este Tribunal Colegiado, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, página 1897, que a la letra dice:
"PENSIÓN DE INVALIDEZ. PARA SU OTORGAMIENTO LAS JUNTAS DEBEN ESTUDIAR LOS DICTÁMENES MÉDICOS DE LOS PERITOS Y CONFRONTAR LOS PADECIMIENTOS CON LA ACTIVIDAD LABORAL DEL ASEGURADO, NO OBSTANTE QUE EL TRABAJADOR ESTUVIESE LABORANDO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 128 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL ABROGADA Y 119 DE LA VIGENTE). El artículo 128 de la Ley del Seguro Social abrogada y su correlativo 119 de la legislación en vigor, prevén de manera similar que existe invalidez cuando el asegurado se halle imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración superior al cincuenta por ciento de la habitual percibida durante el último año de trabajo y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesionales; estado de invalidez que, por su naturaleza, corresponde determinarlo a peritos médicos, previos estudios y exámenes que se le practiquen al trabajador. Por otra parte, interpretando sistemáticamente los numerales 119, en relación con el 120, ambos de la Ley del Seguro Social vigente, se infiere que el estado de invalidez da derecho al otorgamiento de una pensión (temporal o definitiva), asistencia médica, asignaciones familiares y ayuda asistencial, en su caso. Ahora bien, de una interpretación teleológica de los mencionados artículos 128 y 119, se deduce que la intención del legislador al precisar la existencia del estado de invalidez fue la de considerar que ésta se produce cuando el asegurado no pueda procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración superior al cincuenta por ciento de la habitual percibida durante el último año de trabajo por una enfermedad no profesional; sin embargo, ello no debe entenderse en el sentido de que la solicitud de esa pensión se encuentre condicionada a que el actor esté trabajando, y que la afección le impida realizar sus actividades, lo cual no fue su propósito, pues considerarlo de esa manera conduciría a estimar que para poder demandar el otorgamiento del seguro de invalidez tendría que tenerse un estado de salud de tal manera agravado, que imposibilitara solicitar, por ese estado, el derecho a ser pensionado. Consecuentemente, si la Junta de Conciliación y Arbitraje negó el derecho al pago de una pensión, basada en que el trabajador estaba prestando sus servicios a un patrón al momento de reclamarla, no obstante haber advertido presuntivamente que los padecimientos presentados evidenciaban de manera clara y categórica que de un momento a otro podrían agravarle su estado de salud, con posibilidades, incluso, de incapacitarlo de manera total, la Junta debe estudiar los dictámenes médicos rendidos por los peritos en el juicio, confrontar tales padecimientos con su actividad laboral, y deducir si procede o no su otorgamiento."
También se comparte como apoyo la tesis IV.2o. J/25, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, julio de 1998, página 273, que dice:
"INVALIDEZ, ESTADO DE, LA PERICIAL MÉDICA ES APTA PARA ACREDITARLO, SI DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL ASEGURADO Y LA NATURALEZA DE LA ENFERMEDAD O ACCIDENTE, SE DESPRENDE SU IMPOSIBILIDAD PARA DESEMPEÑAR ALGUNA ACTIVIDAD CON UNA REMUNERACIÓN SUPERIOR AL 50% DE LA QUE RECIBIÓ DURANTE EL ÚLTIMO AÑO LABORADO. Del texto de la tesis de jurisprudencia sustentada por la actual Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 265, del Tomo IV, correspondiente a octubre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro: ‘INVALIDEZ, ESTADO DE. PRUEBAS QUE EL TRABAJADOR PUEDE RENDIR PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.’, se infiere que una de las pruebas idóneas para acreditar que el asegurado no está en posibilidad de procurarse una remuneración superior al 50% de la percepción que recibió durante el último año laborado, es la pericial médica, siempre y cuando de las particularidades del caso o la naturaleza de la enfermedad o accidente, se acredite el extremo indicado; en ese contexto, se entiende que la autoridad laboral está obligada a justipreciar en su integridad los dictámenes médicos que obran en autos, a fin de que con base en la circunstancias personales del asegurado relativas a su edad, antigüedad laboral, trabajos desempeñados, exigencias mínimas de salud requeridas para el desempeño de la actividad última realizada, su capacidad y limitación para dicha actividad, sus antecedentes médicos, etcétera, confrontándolas con la naturaleza de las enfermedades y padecimientos de origen no profesional que presenta, determine la eficacia no ineficacia de la prueba pericial médica para la configuración del estado de invalidez definitiva requerido por el artículo 128 de la Ley del Seguro Social."
Luego, es inconcuso que la determinación de la Junta al estimar que el actor tenía derecho al otorgamiento y pago de la pensión de invalidez fue correcta y apegada a derecho.
No tiene aplicación la tesis jurisprudencial 2a./J. 121/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puesto
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23030-ed98d218/instituto-mexicano-del-seguro-social-aun-cuando-actue · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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