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Modo: Corpus Pro

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. EL HECHO DE QUE LA LEY QUE LO RIGE NO PREVEA UN RECURSO ORDINARIO PARA IMPUGNAR LAS RESOLUCIONES QUE EMITA EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, NO TRANSGREDE EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS NI LOS PRECEPTOS 1, PUNTO 1 Y 2 DE DICHO INSTRUMENTO, YA QUE PARA ELLO EL PARTICULAR CUENTA CON EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO Y EL RECURSO DE REVISIÓN FISCAL ADHESIVA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 476/2010. · Registro digital (IUS): 22915
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Junio de 2011, , Pág. 981.

AMPARO DIRECTO 476/2010. **********.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO. En el segundo concepto de violación la promovente aduce esencialmente que:

a) La sentencia reclamada es inconstitucional porque se funda en la ejecutoria dictada en la revisión fiscal 70/2010, la cual sostiene una interpretación integradora del artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil nueve, que va más allá de la lógica del principio de legalidad de las contribuciones, creado desde la Carta Magna de Inglaterra y que afecta a las clases más desprotegidas, y que sólo puede ser modificada mediante el presente juicio de amparo, pues de no ser así, se violentaría el artículo 17 de la Constitución, el principio de acceso a la administración de la justicia y los derechos humanos reconocidos en el Pacto de San José.

b) Ante la sentencia que se dicta en cumplimiento, y al no contar el gobernado con medio de defensa que permita modificar el fallo del Tribunal Colegiado, es de aplicarse el Pacto de San José que prevé la institución jurídica denominada "error judicial", como sustento del derecho humano de acceso a la administración de justicia ante la sentencia dictada en cumplimiento del fallo del Tribunal Colegiado, en concreto se trata del artículo "10. Derecho a indemnización", y con la finalidad de no acudir a las instancias internacionales por parte del gobernado, ante la arbitrariedad cometida y la grave violación a los derechos humanos que se ha cometido, es que resulta procedente resolver el juicio de amparo y modificar la ejecutoria del Tribunal Colegiado que permita respetar, en una interpretación extensiva a las garantías individuales, a lo que se denomina interpretación pro homine, acorde con la cual si en el caso está acreditado que la regla es una trampa procesal para obtener un derecho legal previsto en el artículo 16 de la citada Ley de Ingresos, no se le puede dar la interpretación que se le está dando, so pena de ser violatoria del principio en cita y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en San José de Costa Rica.

c) En este sentido, dice la quejosa, el procedimiento de origen transgrede el derecho a la protección judicial previsto en los artículos 25, 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al no prever una segunda instancia que permita revocar o modificar la ejecutoria dictada con motivo de la revisión fiscal 70/2010.

d) Por lo anterior -dice-, y atendiendo al principio pro homine, es procedente que se conceda el amparo para que se modifique el criterio arbitrario y violador de la seguridad jurídica, emitido al resolverse la revisión fiscal 70/2010.

Los argumentos precisados en los incisos a) y d) devienen inoperantes, pues a través de ellos la parte quejosa pretende controvertir las consideraciones derivadas de la sentencia que recayó a la revisión fiscal 70/2010, del índice de este Tribunal Colegiado de Circuito, lo cual no es susceptible de hacerse en atención a que, como se establece en párrafos precedentes, en esta ejecutoria, lo decidido en dicho recurso de revisión fiscal por este Tribunal Colegiado constituye cosa juzgada, ya que son argumentos dirigidos a combatir aspectos ya analizados y desestimados en un asunto anterior y respecto de los cuales no se dejó a la Sala Fiscal plenitud de jurisdicción.

Aplica en esta parte la tesis que a continuación se inserta y se comparte:

"Registro 186642

"Localización: Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XVI, julio de 2002

"Página: 1266

"Tesis: I.8o.A.27 A

"Aislada

"Materia(s): Administrativa

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON EN AMPARO DIRECTO, LOS FORMULADOS EN CONTRA DE UNA SENTENCIA DICTADA EN CUMPLIMIENTO A UNA DIVERSA PRONUNCIADA EN UN RECURSO DE REVISIÓN FISCAL EN LA QUE NO SE DEJÓ A LA AUTORIDAD PLENITUD DE JURISDICCIÓN. Por disposición expresa del artículo 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las sentencias dictadas al resolver el recurso de revisión fiscal con que cuentan las autoridades administrativas y a que alude el numeral 248 del Código Fiscal de la Federación, resultan inatacables por medio de recurso o juicio alguno, en su aspecto de legalidad. Por ello, si el acto reclamado fue emitido en cumplimiento a una resolución dictada en un recurso de revisión fiscal, y en ésta la autoridad responsable se limitó a acatar los lineamientos ordenados por el órgano de control constitucional (sin plenitud de jurisdicción), resulta entonces incuestionable que la misma no puede ser objeto de análisis a través del juicio de amparo donde sólo se cuestione la legalidad, porque la litis establecida sobre ese aspecto, en el conflicto de origen fue dilucidada en ese procedimiento, pues, considerar lo contrario, equivaldría a examinar a la luz de los conceptos de violación las consideraciones de la resolución dictada con motivo del recurso de revisión fiscal, lo que atentaría contra la figura jurídica de cosa juzgada que le atribuye el precepto constitucional referido. De ahí que los conceptos de violación hechos valer en la demanda de amparo directo, encaminados a combatir la legalidad de la resolución dictada en cumplimiento a lo resuelto en el recurso de revisión fiscal devienen inoperantes."

Ilustra igualmente dicho argumento la jurisprudencia siguiente:

"Registro 168959

"Localización: Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXVIII, septiembre de 2008

"Página: 589

"Tesis: P./J. 85/2008

"Jurisprudencia

"Materia(s): Común

"COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales."

Como se observa, por la figura jurídica de la cosa juzgada y para garantizar la ejecución de los fallos, lo ya decidido no es susceptible de discutirse nuevamente.

También es inoperante el argumento sintetizado en el inciso b), pues al manifestarse que para controvertir lo resuelto en la sentencia dictada por este Tribunal Colegiado en el recurso de revisión fiscal 70/2010, debe hacerse uso de la institución del error judicial prevista en el artículo 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para acceder así a la administración de justicia ante la sentencia dictada por la Sala en cumplimiento de aquel fallo; la quejosa, en realidad insiste en su pretensión de que a través de este juicio de amparo puede controvertir lo resuelto en dicho recurso y obtener que se modifique o revoque.

Sin embargo, como se resolvió en párrafos precedentes, lo determinado en aquella sentencia por la figura jurídica de la cosa juzgada y para garantizar la ejecución de los fallos, no es susceptible de discutirse nuevamente.

Por tanto, el planteamiento contenido en el agravio que se examina, consistente en la forma de controvertir lo que decidió este Tribunal Colegiado en aquel fallo, resulta inoperante, precisamente porque lo que ya no puede hacerse en esta instancia es examinar argumentos que lo controviertan.

Por otra parte, resulta infundado el argumento precisado en el inciso c), pues en contra de lo que aduce la quejosa, la ley prevé medios de defensa eficaces para que el particular controvierta las decisiones que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa emita y le deparen perjuicio, y obtenga con ello que se le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley e incluso en la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que no se actualiza, en el caso, la trasgresión a lo dispuesto por los artículos 25, 1.1 y 2 de dicha convención.

En efecto, esos preceptos literalmente establecen:

"Artículo 25. Protección judicial

"1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

"2. Los Estados Partes se comprometen:

"a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;

"b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

"c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso."

"Artículo 1. Obligación de respetar los derechos

"1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. ..."

"Artículo 2. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno

"Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades."

Es así, porque el particular promovente afectado por una resolución que se dicte en la instancia contenciosa administrativa, si bien no cuenta con un recurso ordinario que prevea la ley que rige el procedimiento de dicha instancia (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo), no por ello se transgrede la tutela judicial, pues para combatirla cuenta con el juicio de amparo directo, previsto en los artículos 103 y 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 158 a 191 de la Ley de Amparo.

De los preceptos anteriores se desprende que se trata de un medio extraordinario de defensa para los particulares que se sientan vulnerados en sus garantías y derechos fundamentales consagrados en la Constitución, y procede ante los Tribunales Colegiados de Circuito que corresponda, contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados.

Lo anterior, en el entendido de que para garantizar la tutela judicial efectiva no siempre debe existir un medio ordinario de defensa para que el gobernado controvierta el acto estatal, ya que la necesidad de establecerlo depende de la naturaleza de la relación que surge con el Estado y del contexto constitucional en que se actualiza, pues así se advierte de los artículos 14, 16 y 17 constitucionales y del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Sirve para ilustrar el punto anterior, la tesis siguiente, que si bien se refiere en específico al artículo séptimo transitorio, fracción VII, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil siete, en su texto señala que con el juicio de garantías se logra la tutela jurídica prevista como derecho fundamental por la Constitución Federal y por el precepto 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tesis que es del tenor siguiente:

"Registro 167957

"Localización: Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXIX, febrero de 2009

"Página: 467

"Tesis: 2a. VIII/2009

"Aislada

"Materia(s): Constitucional, Administrativa

"CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS. EL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA. De los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que para garantizar la tutela judicial efectiva no siempre debe existir un medio ordinario de defensa para que el gobernado controvierta el acto estatal, ya que la necesidad de establecerlo depende de la naturaleza de la relación que surge con el Estado y del contexto constitucional en que se actualiza, pues incluso el juicio de amparo puede complementar esa tutela judicial en aquellos casos en que el legislador válidamente no dispone un medio ordinario de defensa o lo restringe, según se desprende de los artículos 46 y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, aunque debe destacarse que este medio de control no es un mecanismo que permita hacer constitucional toda ley, en virtud de que si no existe una razón constitucionalmente aceptable para no prever, limitar o restringir la interposición de medios ordinarios de defensa, la ley relativa deberá declararse inconstitucional sin posibilidad de que el juicio de garantías pueda salvar ese vicio o integrar adecuadamente la tutela judicial efectiva. En ese tenor, el artículo séptimo transitorio, fracción VII, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2007, al prever que las resoluciones que dicte la autoridad fiscal sobre las solicitudes de condonación de adeudos que señala el mismo precepto no podrán impugnarse por los medios de defensa, no transgrede la garantía de acceso a la justicia contenida en el artículo 17 constitucional, si se pondera que no es indispensable que se haya previsto su impugnabilidad a través de recursos o juicios ordinarios, pues atendiendo a la naturaleza de la condonación con ella no se pretende preservar un derecho del sujeto obligado, sino constituirlo, de modo que en este supuesto el juicio de amparo, a pesar de tener un carácter extraordinario, puede garantizar como único medio el derecho a la tutela judicial efectiva del gobernado que pretenda acceder a ese beneficio tributario, máxime que la señalada Convención Americana sobre Derechos Humanos sólo exige a los Estados firmantes que se establezca un medio de defensa efectivo, independientemente de que sea ordinario o no."

Resulta conveniente transcribir, en la parte conducente, la ejecutoria que dio origen a la señalada tesis emitida al resolverse el amparo en revisión 1201/2008.

"Al igual que el Código Fiscal de la Federación tratándose de la condonación de multas,(1) el artículo séptimo transitorio, fracción VII, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil siete, dispone que las resoluciones que se dicten sobre la petición de condonación no podrán ser impugnadas a través de los medios de defensa, lo cual a criterio de la parte quejosa viola la garantía de acceso a la justicia establecida en el artículo 17 de la Constitución Federal porque ineludiblemente debe permitirse la impugnación relativa en las instancias ordinarias, ya que no existe ninguna excepción en el texto constitucional.

"Para abordar este tema, debe tenerse en consideración que el Tribunal Pleno al resolver por unanimidad de votos los amparos en revisión números 973/97 y 1034/97, en sesiones de dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y siete, y cuatro de ese mismo mes pero de mil novecientos noventa y nueve, estableció lo siguiente:

"CUARTO...

"...

"De las anteriores ejecutorias derivó la tesis aislada plenaria siguiente:(2)

"CONDONACIÓN DE MULTAS FISCALES. LAS RESOLUCIONES RECAÍDAS A LAS SOLICITUDES RELATIVAS, SON IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO. Si bien la condonación de multas a que se refiere el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación, no es un derecho que sea susceptible de exigirse coactivamente por el solicitante, sino un beneficio concedido por la autoridad hacendaria consistente en la remisión parcial o total de la multa fiscal impuesta al particular, en atención a las específicas circunstancias de cada caso y a las causas que originaron la imposición de la sanción, ello no impide que la resolución recaída a la solicitud de condonación pueda ser impugnada a través del juicio de amparo, porque será a través de este medio extraordinario de defensa como se determinará si la apreciación de los hechos realizada por la autoridad se ajusta a las reglas de la lógica y la razón, mediante el análisis de los motivos y fundamentos expresados como sustento de su decisión, máxime que el referido artículo dispone que la resolución recaída a tal solicitud de condonación no puede impugnarse a través de los medios de defensa establecidos en dicho ordenamiento."

"En ese tenor, la resolución que se dicte con motivo de una solicitud de condonación no requiere necesariamente que prevea un medio ordinario de defensa contra ella, aunque puede hacerlo el legislador ordinario, atendiendo esencialmente a la naturaleza de la relación jurídica que surge con la condonación y el contexto constitucional en que se actualiza, que conllevan a establecer que no se pretende privar de un derecho incorporado a la esfera del particular, sino a constituirlo, de tal modo que queda a elección del creador de la norma establecer mecanismos de defensa contra la negativa a condonar los créditos fiscales, así como sus accesorios, si se pondera que la Constitución Federal en sus artículos 14, 16 y 17 no establecen que siempre deba existir un medio de defensa ordinario contra cualquier actuación estatal, sino que en algunos supuestos se torna constitucionalmente obligatorio con base en la interpretación que se realice de otro precepto supremo, o bien, en una regla o principio constitucional, cuyas circunstancias orientan a la necesidad de establecer un medio ordinario de defensa para garantizar plenamente la eficacia del postulado constitucional como sucede cuando la autoridad pretende privar de un derecho previo a un particular.

"...

"Incluso, como parte de la tutela judicial efectiva el artículo 25 (1) de la Convención Americana de Derechos Humanos(3) dispone que ‘Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales’, por lo que en aquellos supuestos en que el legislador no prevea expresamente un medio ordinario de defensa contra la actividad del Estado o los restrinja válidamente, el particular afectado podrá acudir al juicio de amparo, tal como se observa del contenido de las tesis antes transcritas, con lo que no se veda su derecho de acceso a la justicia.

"Se expone tal aserto, porque la propia Ley de Amparo en sus artículos 46 y 114, fracción V, dispone esta posibilidad, al señalar:

"...

"Debe aclararse que la circunstancia de que proceda el juicio de amparo cuando no exista un medio ordinario de defensa o se establezca expresamente la inimpugnabilidad a través del último, no torna al medio de regularidad constitucional en uno ordinario, ni es contrario a su naturaleza extraordinaria, porque si el quejoso combate de inconstitucional una ley por no prever algún recurso o porque expresamente limita su interposición, el juicio de amparo no es un mecanismo para validar la constitucionalidad de toda ley, ya que actúa para complementar la tutela judicial efectiva en aquellos supuestos en que válidamente el legislador no prevé recursos o los restringe, puesto que si no existe una razón constitucionalmente aceptable, la norma legal tendrá que declararse inconstitucional sin posibilidad de que el juicio de amparo pueda colmar ese vicio.

"Por estas razones, el artículo séptimo transitorio, fracción VII, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil siete, no vulnera el artículo 17 de la Constitución Federal, pues es constitucionalmente aceptable que las resoluciones que se dicten con motivo de la petición de condonación no puedan ser impugnadas por los medios ordinarios de defensa y, por ende, el juicio de amparo válidamente puede integrar el derecho a la tutela judicial efectiva de los gobernados que pretendan acceder a ese beneficio tributario; aunado a lo anterior debe decirse que resultan inoperantes los argumentos de la recurrente en el sentido de que el Juez de Distrito no examinó íntegramente sus argumentos de inconstitucionalidad, porque aún en la hipótesis no revelada de que le asista razón, ello en nada cambiaría el sentido del fallo."

Razonamientos que este tribunal hace suyos, en lo conducente, y que forman parte de la motivación de la presente ejecutoria, sin que deba considerarse que esto es indebido.

Apoya lo anterior, por analogía, la siguiente jurisprudencia.

"Registro 917934

"Localización: Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Apéndice 1917-2000

"Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN

"Página: 344

"Tesis: 400

"Jurisprudencia

"Materia(s): Común

"SENTENCIA. CUANDO EL JUEZ CITA UNA TESIS PARA FUNDARLA, HACE SUYOS LOS ARGUMENTOS CONTENIDOS EN ELLA. Cuando en una sentencia se cita y transcribe un precedente o una tesis de jurisprudencia, como apoyo de lo que se está resolviendo, el Juez propiamente hace suyos los argumentos de esa tesis que resultan aplicables al caso que se resuelve, sin que se requiera que lo explicite, pues resulta obvio que al fundarse en la tesis recoge los diversos argumentos contenidos en ella."

Así, de la mencionada ejecutoria, en lo que importa a la resolución del presente asunto, se desprenden los siguientes puntos:

1. Los artículos 14, 16 y 17 constitucionales no establecen que siempre deba existir un medio de defensa ordinario contra cualquier actuación estatal, sino que en algunos supuestos se torna constitucionalmente obligatorio, con base en la interpretación que se realice de otro precepto supremo, o bien, en una regla o principio constitucional, cuyas circunstancias orientan a la necesidad de establecer un medio ordinario de defensa para garantizar plenamente la eficacia del postulado constitucional, como sucede cuando la autoridad pretende privar de un derecho previo a un particular.

2. En aquellos supuestos en los que el legislador no prevea expresamente un medio ordinario de defensa contra la actividad del Estado o lo restrinja válidamente, el particular afectado podrá acudir al juicio de amparo, en términos de los artículos 46 y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, con lo que no se veda su derecho de acceso a la justicia.

3. La circunstancia de que proceda el juicio de amparo cuando no exista un medio ordinario de defensa o se establezca expresamente la inimpugnabilidad a través del último, no torna al medio de regularidad constitucional en uno ordinario, ni es contrario a su naturaleza extraordinaria, porque si el quejoso combate de inconstitucional una ley por no prever algún recurso o porque expresamente limita su interposición, el juicio de amparo no es un mecanismo para validar la constitucionalidad de toda ley, ya que actúa para complementar la tutela judicial efectiva en aquellos supuestos en que válidamente el legislador no prevé recursos o los restringe, puesto que si no existe una razón constitucionalmente aceptable, la norma legal tendrá que declararse inconstitucional sin posibilidad de que el juicio de amparo pueda colmar ese vicio.

4. El artículo séptimo transitorio, fracción VII, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil siete, no vulnera el artículo 17 de la Constitución Federal, pues es constitucionalmente aceptable que las resoluciones que se dicten con motivo de la petición de condonación no puedan ser impugnadas por los medios ordinarios de defensa y, por ende, el juicio de amparo válidamente puede integrar el derecho a la tutela judicial efectiva de los gobernados que pretendan acceder a ese beneficio tributario.

En atención a lo antes precisado, es evidente que el juicio de garantías es el medio de defensa que permite al gobernado la impugnación de las resoluciones que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa llegue a dictar en el juicio contencioso administrativo.

De igual manera cuenta con el recurso de revisión adhesiva que prevé el artículo 63, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues en todos aquellos casos a que se refiere el propio precepto, la parte que obtuvo resolución favorable a sus intereses puede adherirse a la revisión interpuesta por el recurrente (la autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo), expresando los agravios correspondientes, supuesto en el cual la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste.

Al efecto, es pertinente destacar que el recurso de revisión fiscal previsto por los artículos 104, fracción I-B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, puede ser interpuesto por las autoridades demandadas en el juicio respectivo, contra las sentencias que dicten las Salas Regionales o la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Los preceptos citados establecen:

"Artículo 104. Corresponde a los Tribunales de la Federación conocer:

"...

"I-B. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso-administrativo a que se refieren la fracción XXIX-H del artículo 73 y fracción IV, inciso e) del artículo 122 de esta Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no procederá juicio o recurso alguno; ..."

"Artículo 63. Las resoluciones emitidas por el Pleno, las Secciones de la Sala Superior o por las Salas Regionales que decreten o nieguen el sobreseimiento, las que dicten en términos de los artículos 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 6o. de esta ley, así como las que se dicten conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y las sentencias definitivas que emitan, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica o por la entidad federativa coordinada en ingresos federales correspondiente, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede del Pleno, Sección o Sala Regional a que corresponda, mediante escrito que se presente ante la responsable, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación respectiva, siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes supuestos:

"I. Sea de cuantía que exceda de tres mil quinientas veces el salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, vigente al momento de la emisión de la resolución o sentencia.

"En el caso de contribuciones que deban determinarse o cubrirse por periodos inferiores a doce meses, para determinar la cuantía del asunto se considerará el monto que resulte de dividir el importe de la contribución entre el número de meses comprendidos en el periodo que corresponda y multiplicar el cociente por doce.

"II. Sea de importancia y trascendencia cuando la cuantía sea inferior a la señalada en la fracción primera, o de cuantía indeterminada, debiendo el recurrente razonar esa circunstancia para efectos de la admisión del recurso.

"III. Sea una resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria o por autoridades fiscales de las entidades feder

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22915-fe998ac8/juicio-contencioso-administrativo-federal-el-hecho-de-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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