INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PENAS. LA DETERMINACIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA DE ATENDER PARA SU FIJACIÓN, A FACTORES DESFAVORABLES AL CONDENADO ACREDITADOS EN EL PROCESO, AUN CUANDO ÉSTOS NO HAYAN SIDO HECHOS VALER POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LAS CONCLUSIONES ACUSATORIAS, NO ES VIOLATORIA DE GARANTÍAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA).
AMPARO DIRECTO 458/2010.**********.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Los conceptos de violación que hace valer **********, son inoperantes por una parte, e infundados por otra.
En efecto, tienen la primera de las características los motivos de disenso en los que el aquí quejoso aduce -en esencia- que le causa agravio que los integrantes de la Primera Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, no examinaran cada una de las probanzas que obran en autos de la causa penal de origen, e indicaran el valor legal que merece cada una de ellas.
Lo inoperante de dicho motivo de disenso deviene de la circunstancia de que el acto reclamado resolvió el recurso de apelación interpuesto por el agente del Ministerio Público del fuero común, únicamente con relación a la individualización de la pena impuesta a **********, y la condena al pago de la reparación del daño; y ninguna de las partes se inconformó con algún otro aspecto de la sentencia apelada.
En atención a ello, el tribunal de alzada, acertadamente, dejó intocada aquella parte de la sentencia de primer grado, en la que el Juez instructor tuvo por acreditado el delito de HOMICIDIO PRETERINTENCIONAL, previsto y sancionado por los artículos 252 y 256, con relación al numeral 6o., fracción III, todos del Código Penal para el Estado de Sonora, y la plena responsabilidad penal de ********** en su comisión; y únicamente efectuó el análisis de los agravios expresados por el representante social del fuero común, con relación a las penas impuestas por el a quo, lo cual es jurídicamente correcto.
Son aplicables en lo conducente, las tesis 5716 y 3619, generadas, respectivamente, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito -que este órgano colegiado comparte- publicadas en el Apéndice al Semanario Judicial del la Federación 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, Precedentes Relevantes de Tribunales Colegiados de Circuito, páginas 2983 y 1717, y de rubros y textos:
"SENTENCIA, CONSENTIMIENTO DE LA. CUESTIONES A DECIDIR EN AMPARO DIRECTO, CUANDO SÓLO APELA EL MINISTERIO PÚBLICO. Si únicamente el Ministerio Público es el que apela de la sentencia de primer grado, por estimar que el acusado tiene el carácter de reincidente y que indebidamente se le concedió el beneficio de la suspensión condicional de la pena privativa de libertad, debe entenderse que éste consintió dicha resolución por lo que hace a la existencia del delito, a su responsabilidad en la comisión del mismo y a la pena impuesta por el Juez, razón por la que sólo puede reclamar en amparo directo la revocación del aludido beneficio." y
"AMPARO CONTRA UNA SENTENCIA DE APELACIÓN QUE SÓLO MODIFICÓ LA PENA IMPUESTA AL ACUSADO QUE SE CONFORMÓ CON LA DE PRIMERA INSTANCIA, MATERIA DEL. Si el quejoso en su carácter de acusado se conformó con la sentencia de primera instancia y el Ministerio Público apeló exclusivamente por lo que hace a la cuantía de la sanción impuesta, en el juicio de amparo promovido contra la sentencia de segunda instancia no puede abordarse ya lo referente a la comprobación del delito y a la responsabilidad que en el mismo tuvo el enjuiciado, limitándose el estudio a lo relativo a la individualización de la sanción que en la apelación fue modificada; debiendo desestimarse los conceptos de violación tocantes a que no está comprobado el delito ni la responsabilidad del amparista al no poder ser objeto de análisis en la vía constitucional."
Asentado lo anterior, debe decirse que este Tribunal Colegiado abandona el criterio sostenido en los amparos directos penales 298/2010, 336/2010 y 344/2010, resueltos en sesiones de once de octubre, veintidós de noviembre y trece de diciembre de dos mil diez, respectivamente, para adoptar el siguiente:
Se considera que fue acertado el criterio de la autoridad responsable, al declarar fundados los agravios planteados por el subprocurador de Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en los que, por una parte, expuso que al individualizar la pena, el juzgador inobservó lo previsto en los artículos 56 y 57 del Código Penal para el Estado de Sonora y, por otra, manifestó que el a quo debió condenar al pago de la reparación del daño, con base en las constancias allegadas en autos para acreditar tal concepto.
En efecto, en su escrito de agravios, el subprocurador de control de procesos manifestó que el juzgador incumplió con su obligación de tomar en consideración los siguientes factores:
1. El móvil del delito, pues fue realizado como un arrebato de coraje; de tal suerte que -adujo el apelante- la reacción violenta del reo revela que es una persona impulsiva y poco tolerante;
2. Los medios empleados -utilización de los puños- dada la desproporción física existente entre el reo y el ofendido, ya que éste tenía sesenta y cinco años, y complexión delgada, en tanto que el ahora quejoso tenía treinta y seis años, y es robusto;
3. El hoy occiso se encontraba en estado de ebriedad, lo cual lo colocaba en una situación más vulnerable;
4. Las condiciones y antecedentes personales, familiares y sociales del delincuente, en la medida que en autos quedó acreditado que el sentenciado conocía a la víctima desde hacía muchos años;
5. Que por su edad, grado de instrucción y sentido común, tuvo oportunidad de reflexionar sobre sus actos;
6. La extensión del daño causado, pues causó una gran afectación en la esposa e hijos de la víctima;
7. La mayor o menor posibilidad razonable de conducirse conforme a derecho, ya que tuvo suficiente tiempo para reflexionar sobre su conducta y, por tanto, mayor posibilidad razonable de conducirse conforme a derecho.
De los anteriores puntos, el ad quem declaró fundados los precisados en los puntos uno, dos y siete; circunstancias expresamente previstas en el primer párrafo del artículo 56 y en el 57, fracción III, del código punitivo local, que al efecto disponen:
"Artículo 56. El juzgador, al dictar sentencia determinará el grado de reprochabilidad fijando en consecuencia la sanción que estime justa, dentro de los límites legalmente establecidos para cada caso, para lo cual apreciará en cada hecho la conducta precedente relacionada con la realización delictiva que se reproche, las condiciones y antecedentes personales, familiares y sociales del delincuente, su mayor o menor posibilidad razonable de conducirse conforme a derecho, los móviles del delito, las atenuantes, las agravantes y todas las demás modalidades y circunstancias de ejecución, así como el comportamiento posterior del acusado con relación al delito cometido. Igualmente tomará en consideración el grado de lesión jurídica, para lo cual apreciará: La trascendencia de los daños materiales y morales, en su caso; el peligro que afrontó el ofendido y su relación con el agente, en la medida que ello influyó en la comisión del delito, así como los demás datos que se estimen pertinentes ..."
"Artículo 57. El Juez deberá tomar conocimiento directo del delincuente, del ofendido y de las circunstancias del hecho, para imponer en congruencia con todo ello la sanción o sanciones que en su caso correspondan. Al efecto, tomará en cuenta:
"I. ... II. ... III. La naturaleza del acto u omisión y de los medios empleados en su desarrollo; la extensión del daño causado o del peligro corrido; la edad, sexo y complexión física de la víctima, comparativamente con la del delincuente, en su caso, así como las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión de la comisión del delito; ..."
Atento a lo anterior, el tribunal responsable consideró que ********** revela un grado de reprochabilidad ubicado en el punto medio que existe entre el mínimo y el punto intermedio existente entre la mínima y el equidistante entre la mínima y la media; determinación que -adversamente a lo que considera el inconforme- no es jurídicamente incorrecta.
En efecto, aduce el disidente que -a su juicio- "no es dable ni permitido que lo que no fue solicitado por el fiscal de primera instancia lo solicite el subprocurador de control de segunda instancia ..."; por lo tanto -considera el quejoso- al declarar fundados los agravios esgrimidos en segunda instancia por el representante social, el ad quem suplió la deficiencia de la queja a favor del órgano técnico, toda vez que los argumentos del apelante no coinciden con los formulados en el pliego acusatorio.
Lo infundado de dicho concepto de violación deviene, por una parte, de la circunstancia de que en el pliego acusatorio, el representante social solicitó al a quo que al momento de dictar la sentencia condenatoria correspondiente, tomase en consideración las circunstancias particulares del procesado y las exteriores de ejecución del delito, en términos de los numerales 56 y 57 del Código Penal para el Estado de Sonora; entre las cuales se encuentran las que tomó en consideración el tribunal de alzada para estimar que el reo revela un grado de reprochabilidad mayor al precisado por el primiinstancial.
Además, y al margen de la solicitud aludida en párrafos precedentes, y de las circunstancias particulares que invocó el órgano técnico acusador en el capítulo que denominó "IV. PELIGROSIDAD CRIMINAL", no debe perderse de vista que la individualización de las penas corresponde exclusivamente a la autoridad judicial, cuya única limitante -además del deber jurídico que tiene de fundar y motivar sus determinaciones- consiste en que no puede imponer penas por delitos que no hayan sido motivo de la acusación.
Empero, se insiste, el órgano jurisdiccional goza de arbitrio judicial para determinar el grado de reprochabilidad que revela el agente, e individualizar las penas aplicables, tal como lo dispone el numeral 21 de la Carta Magna, que establece que la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial; y su determinación en ese sentido no está supeditada a lo solicitado por la representación social, ni implica que, al tomar en cuenta cuestiones que no fueron precisadas en las conclusiones acusatorias, esté supliendo la deficiencia de éstas, o rebasando la acusación.
Cobra aplicación al caso, la tesis 1a./J. 5/93, modificada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en atención a la solicitud de modificación 12/2004-PS, y publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, mayo de dos mil cinco, página 89, de rubro y texto:
"CONCURSO DE DELITOS, FACULTAD EXCLUSIVA DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES EN LA IMPOSICIÓN DE LAS PENAS. Si la autoridad judicial, al analizar los hechos delictivos delimitados por el Ministerio Público en sus conclusiones, se percata que existe un concurso real de delitos, debe aplicar las penas correspondientes con base en dicho concurso, independientemente de que la institución acusadora haga o no expresa referencia en sus conclusiones a la aplicación de dicha regla. Sin que ello implique que la autoridad judicial rebase la acusación del Ministerio Público, porque tal regla atañe a la imposición de las sanciones que es facultad propia y exclusiva del órgano jurisdiccional, en términos del artículo 21 constitucional. Máxime que el Juez, al imponer las penas, no realiza un acto meramente mecánico, sino que goza de arbitrio judicial para calificar la gravedad del delito y el grado de culpabilidad del agente, en función a lo cual debe necesariamente determinar la pena, toda vez que ésta, por mandato de ley, debe ser individualizada. Tal individualización que corresponde exclusivamente a la autoridad judicial y de ningún modo puede realizar el Ministerio Público. Así pues, concluir de manera distinta anularía de facto el arbitrio del que está dotada la autoridad judicial para la imposición de las penas, y llevaría al absurdo de dejar que la función jurisdiccional permanecería supeditada a no poder hacer nada fuera de lo expresamente pedido por el representante social, con lo que se le otorgarían a ésta facultades fuera del límite de sus funciones, invadiendo con ello las del juzgador. Lo anterior, con independencia de que el juzgador no puede introducir en sus fallos penas por delitos que no hayan sido motivo de la acusación, ya que con ello no sólo se agravaría la situación jurídica del procesado, sino que incluso el Juez estaría invadiendo la órbita del Ministerio Público, a quien por mandato constitucional corresponde la persecución de los delitos, violando con ello el principio esencial de división de poderes. Es necesario precisar, que el criterio que ahora se establece no se contrapone con el contenido de las garantías de legalidad, seguridad jurídica, defensa y exacta aplicación de la ley, previstas en los artículos 14, 16 y 20, fracción IX, de la Carta Magna, ya que con el mismo no se autoriza al juzgador a actuar con base en atribuciones que no tiene expresamente concedidas en la Constitución y en las leyes secundarias; aunado a que la decisión del Juez de actualizar la existencia de un concurso de delitos y sancionar por el mismo, está supeditada a que funde y motive suficientemente su actuación, aunado a que no podrá imponer pena alguna respecto de un delito que no haya sido materia de acusación; además, de que el acusado tendrá oportunidad de conocer las conclusiones del Ministerio Público y dar respuesta a las mismas al formular las que corresponden a su defensa, todo esto previo al dictado de la sentencia respectiva en la que se le determine la punición de la autoridad judicial, en términos del numeral 21 de la Constitución Federal."
Así como la tesis 4713, del otrora Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, Precedentes Relevantes de Tribunales Colegiados de Circuito, página 2362, que dispone:
"INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. NO ENTRAÑA SUPLENCIA DE LAS CONCLUSIONES QUE EL JUEZ CONSIDERE CIRCUNSTANCIAS NO PROPUESTAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO, SI LAS MISMAS ESTÁN ACREDITADAS EN EL PROCESO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA). Atento al artículo 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Sonora, el Ministerio Público está obligado a fijar en proposiciones concretas, entre otras cosas, las circunstancias que deben tomarse en cuenta para individualizar la pena o medida; empero, esa obligación no restringe ni excluye la que tiene a su vez el Juez, de establecer la temibilidad del reo y la sanción que le corresponda, pues así lo ordenan los artículos 56 y 57 del Código Penal del mismo Estado, que disponen, entre otras cuestiones, que el juzgador al dictar sentencia, fijará la sanción que estime justa, conforme a su prudente arbitrio y dentro de los límites que el propio código establece, sin que al cumplir con esa obligación se pueda sostener que al tomar en consideración cuestiones acreditadas en el proceso, que no fueron precisadas en las conclusiones acusatorias, esté supliendo incorrectamente la deficiencia de tales conclusiones, pues sólo acata y satisface la obligación que le imponen los artículos 56 y 57 en comento."
Por otra parte, y como bien lo señaló el subprocurador de Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, el artículo 279, fracción IV, del código adjetivo de la materia y fuero, dispone que el Ministerio Público, al formular conclusiones acusatorias "... podrá señalar las condiciones personales del acusado, circunstancias exteriores de ejecución del delito, móviles que tuvo para cometerlo y de extensión del daño causado o peligro corrido por la víctima, que deban tomarse en cuenta para la individualización de la pena o medida de seguridad."; empero, la formulación de tales consideraciones es una facultad, no un requisito indispensable que deba contener la acusación.
Pues bien, de lo anteriormente planteado, se tiene que:
a) El órgano técnico acusador no está obligado a precisar en su pliego acusatorio las circunstancias que deberá tomar en cuenta el a quo para establecer el grado de reprochabilidad que revela el agente;
b) El juzgador de primer grado está legalmente obligado, por disposición expresa de los artículos 56 y 57, a tomar en consideración los factores precisados en dichos numerales; y
c) El Juez de primera instancia goza de arbitrio judicial para determinar el grado de reprochabilidad que revela el agente, e individualizar las penas aplicables.
De lo anterior se sigue que, al individualizar las sanciones que deban imponerse al inculpado, el juzgador de primer grado no está constreñido a atender estrictamente aquellas circunstancias que sean planteadas en el pliego acusatorio.
Estimar lo contrario, conduciría a la inadmisible conclusión de que, de no ejercer tal facultad el órgano técnico acusador, el a quo estaría imposibilitado para dar cumplimiento a lo previsto en los numerales 56 y 57 del código represivo local, a falta de petición expresa del representante social; y tal deficiencia, a su vez, no sería susceptible de ser reparada en segunda instancia; circunstancias que, además de carecer de fundamento legal alguno, son lógica y jurídicamente insostenibles.
Ello es así, en la medida en que el capítulo de individualización de las penas en primera instancia -se insiste- es por una parte, un ejercicio del arbitrio judicial del a quo; empero, también entraña el cumplimiento a la obligación prescrita en los arábigos 56 y 57, que disponen cuáles son los factores que deberá tomar en consideración para graduar la reprochabilidad del inculpado.
Luego, al ser una determinación propia y exclusiva de la autoridad judicial, la representación social tiene la facultad de impugnar tales consideraciones en segunda instancia. Esto es, si el capítulo de individualización de sanciones en primera instancia no está supeditado o limitado a lo peticionado por el representante social acusador, tampoco debe estarlo la litis en la apelación; y los agravios que la representación social formule en segunda instancia tampoco están sujetos a lo pedido en el escrito acusatorio.
Por otra parte, debe decirse que la amonestación del sentenciado, aquí quejoso, y la condena al pago de la reparación del daño y la cuantificación hecha en segunda instancia, no violan garantía constitucional alguna en su perjuicio, en la medida en que son consecuencias jurídicas de la plena responsabilidad penal que le resulta en el antijurídico que se le atribuyó.
En esa virtud, ante lo infundado de los conceptos de violación examinados, y toda vez que este órgano colegiado no advierte causa alguna que amerite suplir la deficiencia de la queja, que a favor de todo reo permite el dispositivo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es negar al quejoso el amparo solicitado.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 76, 77, 78 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve:
ÚNICO. La justicia de la unión NO AMPARA NI PROTEGE a **********, contra el acto que reclama consistente en la sentencia de veintiocho de junio de dos mil diez, terminada de engrosar el veintinueve siguiente, dictada por la Primera Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, en el toca de apelación **********.
Notifíquese; publíquese; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos respectivos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese este expediente.
Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Federico Rodríguez Celis, Óscar Javier Sánchez Martínez y Evaristo Coria Martínez, siendo ponente el primero de los nombrados y presidente el último de ellos, con voto concurrente de los Magistrados Evaristo Coria Martínez y Óscar Javier Sánchez Martínez.
En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 6, 14, fracciones I y IV, 4, fracción III, 8, 12, 18, fracciones I y II, 19 y 20, fracción II, 21 y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22960-bd301dae/individualizacion-de-las-penas-la-determinacion-del-tribunal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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