PERICIAL EN AMPARO. ANTE LA DIVERGENCIA DE LAS CONCLUSIONES EN LOS DICTÁMENES, ES INDEBIDO NOMBRAR A UN PERITO TERCERO. SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 406/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero, fracción VI, a contrario sensu, y cuarto del Acuerdo General 5/2001 del Tribunal Pleno, en virtud de que la denuncia de contradicción proviene de criterios sostenidos por Tribunales Colegiados de Circuito, y no de las Salas de este Alto Tribunal, caso en el cual procedería conocer al Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que la formulan los Magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, órgano jurisdiccional que participó en la solución de uno de los asuntos respecto de los que se hace dicha denuncia y, por ende, está facultado para hacerlo en términos de la fracción XIII del artículo 107 constitucional y 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. Criterios contendientes.
El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el juicio de amparo en revisión AR. 274/2010, en la parte que interesa para la solución de la presente contradicción de tesis, señaló:
"TERCERO. Los agravios hechos valer son infundados en parte e inoperantes por lo demás.
"...
"Sin que sea obstáculo a lo expuesto lo que refieren los disconformes sobre que el Juez de Distrito debió nombrar a un perito tercero en discordia por el hecho de que son discrepantes los dictámenes del perito oficial y del que designó el quejoso **********, toda vez que esa afirmación es infundada, porque además de que dicha figura no la prevé la Ley de Amparo, en su artículo 151 regulariza a plenitud el desahogo de la prueba de que se trata, en la medida que establece que al promoverse ese medio de convicción el rector del proceso constitucional designará un experto o los que estime pertinentes para la práctica de la diligencia respectiva, sin perjuicio de que cada parte pueda elegir al suyo para que se asocie al nombrado por el Juez o rinda dictamen por separado, con lo que se elimina cualquier posibilidad de que la autoridad federal nombre a un tercero en discordia en términos de las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la mencionada ley.
"No escapa a la vista que la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles a la Ley de Amparo, también procede en relación a instituciones que no estén previstas en ella como lo ilustra la tesis 2a. LXXII/95, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 279 del Tomo II, de agosto de mil novecientos noventa y cinco, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que preceptúa: ‘AMPARO. SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.’ (No es necesario transcribir su texto para la solución de este asunto).
"Sin embargo, como el propio criterio lo refiere, la institución de que se trata (supletoriedad) operará siempre y cuando no se contraponga con el conjunto de normas legales cuyas lagunas deban llenar y que sea congruente con los principios del proceso de amparo, todo lo cual se infringiría si se introduce, aun de manera supletoria, la figura del perito tercero en discordia al juicio constitucional, por lo siguiente:
"De los artículos 145, 146 y 152 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se infiere que la institución del perito tercero en discordia tiene lugar cuando la prueba respectiva deba desahogarse colegiadamente, esto es, con las opiniones de los expertos designados por las partes de un proceso y, en caso de discrepancia, es cuando se nombra al perito tercero. Mas en el juicio constitucional ese medio de convicción debe desahogarse única y exclusivamente con el estudio del diestro oficial, sin que las partes tengan que sufragar los honorarios de un perito, circunstancia que a la vez les permite acceder al juicio de amparo sin que les sea gravoso.
"De esta forma, si se implementara la figura del perito tercero en discordia es obvio que se cambiaría la naturaleza de la prueba pericial al convertirla en colegiada, pues las partes no sólo estarían obligadas a presentar sus peritos, sino que tendrían que sufragar los honorarios de aquéllos, lo que además de ir contra la ley también contravendría el principio de accesibilidad al juicio de amparo. Ilustra lo anterior la tesis publicada en la página 481 del Volumen 217-228, Sexta Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que expresa: ‘PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. EN SU INTEGRACIÓN Y DESAHOGO NO RIGE EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.’ (Es innecesario para la solución de este asunto, reproducir el texto de la indicada tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito).
"Incluso es de explorado derecho que la prueba pericial en el juicio de amparo puede integrarse única y exclusivamente con el diestro que designe el juzgador, como lo explica la jurisprudencia 349 del Tomo VI, del último Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: ‘PRUEBA PERICIAL EN AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley de Amparo, la prueba pericial en el juicio de garantías puede integrarse, exclusivamente, con el dictamen del perito del juzgado.’
"Atentas las anteriores consideraciones, no se comparte el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que con el número XVII.37 K, aparece publicado en la página 1112 del Tomo XXVII de mayo de dos mil ocho, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que estatuye:
"‘PERITO TERCERO EN DISCORDIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO SU DESIGNACIÓN COMO RECTOR DEL DESARROLLO DE LA PRUEBA PERICIAL EN EL AMPARO, CUANDO ES NECESARIO PARA LA SOLUCIÓN DEL ASUNTO.’ (En este momento no es pertinente reproducir el texto de esta tesis debido a que se hará posteriormente) Razón por la cual se ordena hacer la denuncia de contradicción de tesis como corresponda. ..."
Por su parte, el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el juicio de amparo en revisión AR. 698/2007, estableció, esencialmente, lo siguiente:
"CUARTO. Son fundados los agravios, suplidos en su deficiencia de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo; por las razones y consideraciones que a continuación serán señaladas:
"...
"Quien recurre medularmente sostiene, en primer lugar, que el Juez Federal violentó el procedimiento en el juicio de amparo porque ante la disparidad en el sentido de los dictámenes periciales desahogados en autos no designó perito tercero en discordia.
"Lo anterior es fundado, por lo siguiente:
"Sobre el tema, deviene indispensable transcribir el contenido del artículo 151 de la Ley de Amparo, que establece: (Es innecesario transcribir el texto de este numeral en este momento, pues se hará posteriormente).
"De dicho texto legal se advierte la obligación del Juez de Amparo de hacer la designación de un perito o los que estime convenientes para la práctica de la diligencia correspondiente y la posibilidad para las demás partes en el juicio, para que se asocien al nombrado por el Juez, o bien, para que nombren uno que rinda dictamen por separado.
"A pesar de que el texto legal transcrito no menciona expresamente que el Juez Federal deba designar perito tercero en discordia, de dicha norma se advierte un elemento que lleva a considerar, de manera implícita, el deber del juzgador de amparo en ese aspecto; lo anterior, por contener el comentado precepto la expresión ‘hará’ con relación a la designación de un perito por el Juez, pero seguido de la conjunción disyuntiva ‘o’ respecto de los peritos que dicho juzgador estime convenientes para la práctica de la diligencia.
"Atento lo anterior, ante la deficiente reglamentación de la prueba pericial en la Ley de Amparo en torno al tema, en términos de lo dispuesto en la última parte de su artículo 2o., lo conducente sería acudir a la aplicación supletoria de las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles.
"En relación expresa con la facultad y la oportunidad para designar perito tercero en discordia, el artículo 146 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en lo que interesa, previene: ‘Artículo 146. La parte que desee rendir prueba pericial, deberá promoverla dentro de los diez primeros días del término ordinario o del extraordinario, o en su caso, por medio de un escrito en que formulará las preguntas o precisará los puntos sobre que debe versar; hará la designación del perito de su parte, y propondrá un tercero para el caso de desacuerdo. ...’
"De lo que se puede colegir que sí se prevé la figura del perito tercero en discordia, aunque confiere derecho a las partes para proponerlo para el caso de desacuerdo.
"Sobre la particular referencia de cómo opera la supletoriedad en estos casos, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 82/2000, que dio lugar a la jurisprudencia 1a/J. 44/2002, de rubro: ‘PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE LA APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA OTORGAR A LA CONTRAPARTE DEL OFERENTE EL DERECHO A ADICIONAR EL CUESTIONARIO QUE ÉSTE EXHIBIÓ.’, consideró lo siguiente: ‘... Al respecto, esta Primera Sala considera que tratándose de la prueba pericial en el juicio de amparo, resulta aplicable la disposición contenida en el artículo 146 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por la que se establece que debe otorgarse a las partes en el juicio, distintas de aquella que ofreció la prueba pericial, el derecho a adicionar el cuestionario exhibido al efecto por el oferente de la prueba. Esto es así, en atención a lo siguiente: El artículo 2o. de la Ley de Amparo, en su último párrafo, establece la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles para el caso de la falta de disposición expresa. Dicho precepto textualmente previene: (se transcribe); Por lo que hace a la prueba pericial en el juicio de amparo, el artículo 151 de la Ley de Amparo textualmente previene: (se transcribe). Como puede advertirse de la sola lectura del precepto, en lo referente a la prueba pericial se establecen ciertas reglas para su ofrecimiento, como son las de anunciarla dentro de los cinco días hábiles anteriores al señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el de la audiencia, y en el que se exhiba el cuestionario para los peritos; para su admisión y preparación, como es que el Juez de Distrito debe designar un perito o los que estime convenientes para la práctica de la diligencia, sin perjuicio de que las partes puedan designar también a un perito para que se asocie al nombrado por el juzgador o rinda su dictamen por separado; para el desahogo de la prueba, como es que los peritos no son recusables, pero que el nombrado por el Juez deberá excusarse cuando considere estar comprendido en alguno de los supuestos legales de impedimento, por lo que al aceptar su nombramiento, bajo protesta de decir verdad, deberá señalar que no tiene ninguno de los impedimentos legales; y para su valoración, pues se dispone que la prueba pericial será calificada por el Juez de Distrito según su prudente estimación. Sin embargo, no obstante la existencia de dichas reglas, en ninguna de ellas queda comprendida, de manera expresa, alguna que establezca la obligación de otorgar el derecho a adicionar el cuestionario exhibido por la contraparte al ofrecer la prueba pericial, pues nada se dice al respecto, aunque sí existe un elemento que permite concluir que de manera implícita se reconoce la posibilidad de que la contraparte del oferente de la prueba pericial amplíe el cuestionario. Esto es así, de conformidad con lo siguiente: En el segundo párrafo del artículo 151 de la Ley de Amparo se regula, de manera destacada, el ofrecimiento de las pruebas testimonial y pericial, y aparte de los límites temporales que impone para ofrecer esos medios de convicción, la norma establece que, en el caso de la prueba testimonial, deberá exhibirse copia de los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los testigos. Por lo que ve a esta exigencia, el mismo precepto esclarece su finalidad al disponer, en su tercer párrafo, que el Juez ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes para que puedan formular por escrito o hacer verbalmente repreguntas, se entiende que a los testigos, al verificarse la audiencia. Por otro lado, y ya por lo que hace a la prueba pericial, el referido artículo 151 de la Ley de Amparo establece una exigencia similar, consistente en que deberá exhibirse copia del cuestionario para los peritos, sólo que en este caso la norma no previene expresamente la finalidad de ese requisito. No obstante lo anterior, en un orden lógico se puede advertir que la exigencia de exhibir copias del cuestionario al ofrecer la prueba pericial, debe corresponder a una finalidad similar a la perseguida con la exigencia de exhibir copias de los interrogatorios al ofrecer la prueba testimonial, que es la de correrle traslado a la contraparte del oferente de la prueba, y de esa manera, permitirle preparar su desahogo, que en caso de la prueba pericial se podría traducir en permitirle tener conocimiento de la materia de la prueba, lo que se tiene que dilucidar, para de ahí determinar si nombra o no perito de su parte, y a qué tipo de perito debe nombrar, y ya sobre esa base proponer tal vez la ampliación del cuestionario, si lo estima conveniente. Como puede advertirse, de la norma respectiva de la Ley de Amparo se advierte un elemento que lleva a considerar, tal vez de manera implícita, el derecho de la contraparte del oferente de la prueba pericial a adicionar el cuestionario respectivo. Atento lo anterior, ante la deficiente reglamentación de la prueba pericial en la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en la última parte de su artículo 2o., lo conducente es acudir a la aplicación supletoria de las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles. ...’
"Atento a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si bien no aparece claro que en el caso del nombramiento del perito tercero en discordia, el Juez de Distrito puede nombrarlo, porque el Código Federal de Procedimientos Civiles no resulta acorde con el principio de mediación bajo el cual se constituye el desarrollo de la prueba pericial en el juicio de amparo, ya que al otorgar dicho ordenamiento a la parte oferente de la prueba pericial el derecho de proponer el perito tercero en discordia en caso de desacuerdo, rompe con el equilibrio procesal entre las partes al establecer dicha facultad en provecho únicamente de quien ofrece la prueba, circunstancia que en forma precisa quiso evitar el legislador al atribuir al Juez de Distrito la rectoría del desarrollo de la prueba pericial en el juicio de amparo.
"Empero, acorde con lo relatado, no es motivo para sostener que en el juicio constitucional resulte improcedente tal designación, pues si el párrafo tercero del artículo 151 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en tratándose de la prueba pericial que el Juez de Distrito es quien debe realizar la designación de un perito o de los que estime convenientes para la práctica de la diligencia, dicho juzgador, ante dictámenes periciales divergentes y a fin de mantener el equilibrio procesal entre las partes, está constreñido a designar un perito tercero en discordia, para estar en aptitud de conocer la verdad buscada con el desahogo de dicha prueba.
"Lo anterior se estima así, ya que, ante la inaplicabilidad en forma supletoria del artículo 146 del Código Federal de Procedimientos Civiles en lo relativo a la facultad de las partes para designar perito tercero en discordia en caso de desacuerdo, surge que lo relativo a la designación de peritos en el juicio de amparo no puede considerarse como una facultad discrecional del Juez de Distrito, sino como un débito legal que el artículo 151 de la Ley de Amparo le impone como rector del procedimiento y del desahogo de la prueba pericial.
"En mérito de lo expuesto, si en el caso, ante la existencia de dictámenes periciales divergentes, el Juez Federal fue omiso en designar perito tercero en discordia a fin de elucidar la verdad buscada con el desahogo de dicha prueba, diáfano emerge que se actualizó una violación a las normas fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, lo que conduce a este tribunal revisor a ordenar, con fundamento en lo dispuesto en la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, la reposición del procedimiento respectivo para que el Juez Federal dejando insubsistente la audiencia constitucional designe perito tercero en discordia a fin de elucidar la verdad buscada con el desahogo de la prueba pericial ofrecida por la quejosa.
"Lo anterior, sin soslayar que la prueba pericial en el juicio de garantías puede integrarse, exclusivamente, con el dictamen del perito designado por el Juez de Amparo, en términos de la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 159 del tomo 217-228, Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuya voz y contenido son: ‘PRUEBA PERICIAL EN AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley de Amparo, la prueba pericial en el juicio de garantías puede integrarse, exclusivamente, con el dictamen del perito del juzgado.’
"Pues tal eventualidad supone que las partes no realizaron designación de perito que se asociara al nombrado por el Juez o bien para que rindiera dictamen por separado; esto es, el citado criterio no es aplicable a la hipótesis de que los dictámenes periciales rendidos por los peritos designados en el juicio de amparo fueren divergentes, cuestión que constituye la materia de decisión de este órgano colegiado. ..."
Derivado de esta resolución, se emitió la tesis aislada XVII.37 K, identificada con el número de registro IUS 169656, consultable en la página 1112 del Tomo XXVII, correspondiente al mes de mayo de dos mil ocho del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Materia(s): Común, cuyo texto es el siguiente:
"PERITO TERCERO EN DISCORDIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO SU DESIGNACIÓN COMO RECTOR DEL DESARROLLO DE LA PRUEBA PERICIAL EN EL AMPARO, CUANDO ES NECESARIO PARA LA SOLUCIÓN DEL ASUNTO. Si bien es cierto que la figura del perito tercero en discordia no aparece reglamentada en la Ley de Amparo, ni es aplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, porque no resulta acorde con el principio de mediación bajo el cual se constituye el desarrollo de la prueba pericial en el juicio de amparo, ya que al otorgar dicho ordenamiento a la parte oferente de la prueba pericial el derecho de proponer el perito tercero en discordia en caso de desacuerdo, rompe con el equilibrio procesal entre las partes al establecer dicha facultad en provecho únicamente de quien ofrece la prueba, circunstancia que en forma precisa quiso evitar el legislador al atribuir al Juez de Distrito la rectoría del desarrollo de la prueba pericial en el juicio de amparo; también lo es que sólo en el caso que así resulte necesario, como cuando la pericial en un juicio de garantías se integra con un perito nombrado por una de las partes y el designado por el Juez de Distrito y entre ambos existe una conclusión opuesta, ello no da motivo para sostener que resulte improcedente la designación de un perito tercero en discordia por parte del Juez de Distrito, pues si el párrafo tercero del artículo 151 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en tratándose de la prueba pericial el Juez de Distrito es quien debe realizar la designación de un perito o de los que estime convenientes para la práctica de la diligencia, sobre todo a que se integre lo mejor posible, a efecto de resolver con plenitud de conocimiento el asunto, ante dictámenes periciales divergentes, está constreñido a designarlo, sin que ello constituya una facultad discrecional del Juez de Distrito, sino un débito legal que el citado artículo le impone como rector del procedimiento en el desahogo de las pruebas, especialmente la pericial." (Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito).
CUARTO. Existencia de la contradicción. El análisis de las ejecutorias antes sintetizadas pone de relieve la existencia de la contradicción de tesis denunciada, en virtud de lo siguiente:
El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito calificó como infundado el agravio acerca de que el Juez de Distrito debió nombrar un perito tercero en discordia por el hecho de que fueron discrepantes los dictámenes del perito oficial y el de la quejosa, pues esa figura no la prevé el artículo 151 de la Ley de Amparo que regulariza a plenitud el desahogo de la prueba de que se trata, señalando que la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles se contrapone a lo establecido en dicho numeral, debido a que se cambiaría la naturaleza de la prueba pericial al convertirla en colegiada, cuando puede integrarse sólo con el peritaje oficial, ocasionando que las partes sufraguen los honorarios del perito tercero, lo que además de ir contra la indicada ley, también viola el principio de accesibilidad al juicio de amparo.(1)
A su vez, el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito declaró como fundados los agravios suplidos en su deficiencia, en el sentido de que a pesar de que el artículo 151 de la Ley de Amparo no menciona que el Juez de Distrito debe designar un perito tercero en discordia ante la discrepancia de las conclusiones de los dictámenes periciales entre el perito oficial y el de la quejosa, lo cierto es que al señalarse en dicho dispositivo legal que: "... el Juez hará la designación de un perito, o de los que estime convenientes para la práctica de la diligencia ..." se deduce que existe una deficiente reglamentación de la prueba pericial en la Ley de Amparo que hace procedente la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que, ante dictámenes divergentes, el Juez de Distrito debe designar un perito tercero en discordia, sin que ello constituya una facultad discrecional, sino un debido legal que el citado artículo le impone como rector del procedimiento.(2)
Lo anterior revela que, al avocarse al análisis de la misma cuestión jurídica, los órganos colegiados contendientes llegaron a conclusiones opuestas.
Sobre esta base, se establece que el punto jurídico a resolver, materia de la presente contradicción, se centra en determinar si, ante la divergencia de las conclusiones de los dictámenes entre el perito oficial y el de la quejosa, el Juez de Distrito debe o no designar a un perito tercero en discordia aplicando supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles a lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley de Amparo.
QUINTO. Estudio de fondo. El criterio que debe prevalecer como jurisprudencia es el que esta Sala determina al tenor de las siguientes consideraciones:
En sesión de veintiocho de noviembre de dos mil siete, al resolver por unanimidad de votos la contradicción de tesis 26/2007-PL, bajo la ponencia de la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ocupó de elucidar lo establecido en el tercer párrafo del artículo 151 de la Ley de Amparo, el cual dispone:
"Artículo 151. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia del juicio, excepto la documental que podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el Juez haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado.
"Cuando las partes tengan que rendir prueba testimonial o pericial para acreditar algún hecho, deberán anunciarla cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, exhibiendo copia de los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los testigos, o del cuestionario para los peritos. El Juez ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes, para que puedan formular por escrito o hacer verbalmente repreguntas, al verificarse la audiencia. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho. La prueba de inspección ocular deberá ofrecerse con igual oportunidad que la testimonial y la pericial.
"Al promoverse la prueba pericial, el Juez hará la designación de un perito, o de los que estime convenientes para la práctica de la diligencia; sin perjuicio de que cada parte pueda designar también un perito para que se asocie al nombrado por el Juez o rinda dictamen por separado.
"Los peritos no son recusables, pero el nombrado por el Juez deberá excusarse de conocer cuando en él concurra alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 66 de esta ley. A ese efecto, al aceptar su nombramiento manifestará, bajo protesta de decir verdad, que no tiene ninguno de los impedimentos legales.
"La prueba pericial será calificada por el Juez según prudente estimación."
Al respecto, de la lectura particular del tercer párrafo del artículo en comento, en aquel asunto, se establecieron ciertas directrices, a saber, las siguientes:
a) No hay obligación de que al ofrecerse la prueba pericial se proponga un perito por parte del oferente;
b) El Juez de Distrito es quien tiene la obligación de nombrar al especialista que estime conveniente para la práctica de la diligencia;
c) La selección del perito debe hacerse con conocimiento de las partes a fin de que, en su caso, puedan formular algún impedimento que tuvieran para que intervenga en el asunto;
d) La designación del perito oficial no impide a las demás partes que puedan ofrecer un experto en la misma ciencia o arte para que, asociado al nombrado por el Juez, o por separado, rinda su dictamen respectivo;
e) El Juez de Distrito debe vigilar que a las partes se les brinde la posibilidad de ofrecer oportunamente un versado en la materia de la pericial, para que formule un diverso dictamen conjunta o separadamente con el perito del juzgado;
f) No hay obligación para las partes, incluida la oferente, de proponer un especialista adicional, sino que es potestativo hacerlo; y,
g) Una vez que las partes, incluida la oferente, no hicieron uso de su derecho para adicionar un perito para el desahogo de la prueba, no hay sanción procesal alguna expresamente prevista, como no sea la que naturalmente derivaría de su inactividad en tal sentido, es decir, sólo puede declararse la pérdida de su derecho para allegar al juicio un diverso dictamen.
De lo anterior derivó que es claro que la prueba pericial en el juicio de amparo no es de carácter colegiado, pues basta con el peritaje del perito del juzgado para que se entienda legalmente desahogada, característica de este medio de prueba que ha sido reiteradamente reconocida por este Alto Tribunal en los siguientes criterios:
"PRUEBA PERICIAL EN AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley de Amparo, la prueba pericial en el juicio de garantías puede integrarse, exclusivamente, con el dictamen del perito del juzgado." (Séptima Época. Jurisprudencia. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 217-228, Tercera Parte, tesis, página 159).
"PRUEBA PERICIAL EN EL AMPARO. De acuerdo con el artículo 151 de la Ley de Amparo, la prueba pericial se rinde en el juicio constitucional por medio del dictamen que produzca el perito que designe el Juez de Distrito, al que pueden asociarse los que nombren las partes, o bien éstos pueden rendir su dictamen por separado, así que en un juicio constitucional la prueba pericial se perfecciona con el solo dictamen del perito nombrado por el juzgador, cuando las partes se abstienen de nombrar los suyos." (Sexta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen XII, Tercera Parte, página 64).
"PRUEBA PERICIAL EN EL AMPARO. NO REQUIERE INELUDIBLEMENTE PLURALIDAD DE PERITOS. El artículo 151 de la Ley de Amparo, dice en lo conducente: ... ‘Al promoverse la prueba pericial, el Juez hará la designación de un perito, o de los que estime convenientes para la práctica de la diligencia; sin perjuicio de que cada parte pueda designar también un perito para que se asocie al nombrado por el Juez o rinda dictamen por separado’ ... Luego, si en el juicio de garantías se probó que el perito de la quejosa no emitió su dictamen por culpa de dicha demandante, pudo el Juez de Distrito atenerse legalmente al peritaje amplio y fundado del otro perito que sí dictaminó." (Sexta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Informes. Informe 1964, tesis, página 156).
Siendo así las cosas, en aquella contradicción se dedujo, como principio extraíble, que las partes en el juicio de amparo están legitimadas, pero no obligadas, para proponer peritos en el desahogo de la prueba pericial, dado que para diligenciarla no se requiere que cada parte nombre a su perito, característica que priva a la prueba de un carácter colegiado, el cual, sin embargo, no impide que en su desahogo participen otros expertos propu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22921-918d0c00/pericial-en-amparo-ante-la-divergencia-de-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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