DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 422/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y CUARTO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito.
SEGUNDO. El denunciante se encuentra legitimado para formular la denuncia de contradicción de tesis, conforme al artículo 197-A de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en virtud de que se promueve por **********, quien actuó como procurador judicial de **********, quejoso y recurrente en la improcedencia 26/2010 del conocimiento del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, así como en la improcedencia 204/2010 resuelta por el Primer Tribunal Colegiado del mismo circuito, en las que se dictaron las ejecutorias que participan en la presente contradicción.
TERCERO. El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión (improcedencia civil) 267/2009, en sesión de treinta de septiembre de dos mil nueve, sostuvo:
"CUARTO. Por otra parte, en sus motivos de disenso, la parte recurrente adujo, en síntesis, que el auto de desechamiento resultaba contrario al contenido del artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, pues para efectos de la ejecución, la delegación del Gobierno del Distrito Federal en Milpa Alta, sí actuó con imperio y ya no existía la igualdad procesal, pues no podría dictarse en su contra mandamiento de ejecución ni providencia de embargo y estarían exentos de prestar las garantías que la legislación adjetiva establezca para las partes, sin que se pudieran hacer requerimientos a los funcionarios en lo personal, pues éstos ya se habían realizado; agregó que se debió considerar autoridad a la delegación en cita, pues disponía de la fuerza pública, por lo que debía ser considerada como autoridad para efectos del juicio de amparo; añadió que al no poderse ejecutar la sentencia en forma coercitiva, era claro que la negativa de la autoridad no era un acto de naturaleza particular, sino como autoridad en uso de facultades discrecionales, lo que encuadraba en el artículo 11 de la Ley de Amparo; finalmente, citó en apoyo de sus consideraciones, las tesis sustentadas con los rubros: ‘AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.’; ‘AUTORIDAD, CONCEPTO DE, PARA EFECTOS DEL AMPARO.’; y, ‘AMPARO. PROCEDENCIA DEL, CUANDO LA AUTORIDAD ESTATAL O MUNICIPAL ES OMISA EN CUMPLIR VOLUNTARIAMENTE UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURÓ COMO PARTE DEMANDADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA).’. Los anteriores motivos de inconformidad son esencialmente fundados, pues el Juez de Distrito revisado, realizó una indebida aplicación del artículo 11 de la Ley de Amparo, que dispone: ‘Artículo 11.’ (se transcribe). En términos de la norma previamente transcrita, es autoridad responsable la que ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado, por lo que un ente público que habría de realizar actos en ejercicio de esas facultades, aunque sea como consecuencia de una obligación impuesta como resultado de la tramitación de un juicio en el que ese organismo fue parte formal, su actuación sí reviste la realización de actos autónomos, en ejercicio de su imperio, dado que la ejecutividad de la resolución, se encuentra acotada por las normas procesales que impiden coaccionar a las personas morales oficiales, para el cumplimiento de la condena, de ahí que la actuación de la autoridad, deje de estar en un plano de igualdad con la parte accionante. Es importante señalar que la norma citada, ha sido objeto de interpretación por nuestro Máximo Tribunal, en donde se ha considerado que autoridad, para efectos del juicio de amparo, es el órgano del Estado que emite actos que gozan de la característica de unilateralidad, y que inciden en la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas, y que tienen como resultado la afectación de la esfera legal de los gobernados, actos que por su imperio, no requieren de la comparecencia ante los órganos judiciales para su ejecutividad plena, ni mucho menos, la exteriorización de la voluntad del afectado; esto implica que para que la autoridad goce de tal carácter, es menester que el órgano de gobierno despliegue su facultad de imperio y produzca una ley, sentencia o un acto genérico que agravie a los gobernados. En este sentido es aplicable la tesis número P. XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 118 del Tomo V, febrero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto: ‘AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.’ (se transcribe). Asimismo, es aplicable la parte conducente de la sentencia emitida en el expediente de contradicción de tesis número 14/2001-PL, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se sostuvo en forma literal: (se transcribe). Al tenor de los criterios previamente insertos, es necesario que en el acto de autoridad se encuentre acreditada la existencia de una relación de supra a subordinación, cuya facultad derive de la propia ley, que afecte la esfera jurídica del quejoso, sin que se requiera de la intervención de un órgano jurisdiccional, para que se logre su objetivo. Por ello, la calidad de autoridad en el juicio de amparo, deriva de la participación de un ente público, dentro de las partes que intervengan en la controversia, ya que el acto que se le atribuye, está dotado de una aptitud del organismo, impositiva y unilateral que afecta bienes, derechos y posesiones de la parte agraviada, ya que en términos de la legislación aplicable, no es viable ejecutar la resolución en forma coactiva, en contra del órgano del Estado, lo que suprime el plano de igualdad con el que las partes comparecieron al procedimiento, para dotar a la omisión de una característica imperativa, que trasciende en la esfera jurídica del inconforme, por lo que se configura un acto de autoridad. Esto se afirma, ya que el órgano oficial goza de las prerrogativas a que hace alusión el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, pues la oposición al cumplimiento de la sentencia, es resultado de una conducta autónoma que goza de imperio, conducta contumaz que no puede ser objeto de oposición por otros conductos legales, ni siquiera seguidos ante las autoridades jurisdiccionales del conocimiento. En este sentido es dable señalar, que en la exposición de motivos del Código Federal de Procedimientos Civiles, en lo tocante al ordinal 4o., se señaló: (se transcribe). Esto es, que el acto legislativo claramente establece las razones por las cuales estima que no procede la ejecución coactiva de las resoluciones, en perjuicio del Estado, de ahí que se impida dicha ejecución forzosa, por lo que la prohibición inserta en la norma, varía las características de la actuación desempeñada por el órgano del Estado, recuperando la autonomía y unilateralidad de su conducta, en forma trascendente en la esfera jurídica del quejoso. Por ello, puede válidamente llegarse a la conclusión, de que la actuación de la delegación del Gobierno del Distrito Federal en Milpa Alta, por su calidad de parte en el juicio de origen, sí se encuentra dotada de las características atribuibles a la autoridad para efectos del juicio de amparo, esto atendiendo a las siguientes razones: a) Porque la delegación en cita, ante la imposibilidad legal de ejecutar coactivamente el fallo, se encuentra en un plano de supra a subordinación, en relación con la quejosa **********, por conducto de su apoderado **********, sin que dicha entidad oficial se encuentre sometida al proceso jurisdiccional, y sujeta a las determinaciones que emita el Juez Quincuagésimo de lo Civil en el Distrito Federal, pues como ya se dijo, no existe posibilidad de ejecutar coactivamente el fallo. b) Porque con motivo de esa relación, la delegación del Gobierno del Distrito Federal en Milpa Alta, emite actos unilaterales que crearán, modificarán o extinguirán por sí, situaciones jurídicas que afectarán la esfera legal de los particulares, pues a pesar de la comparecencia ante el órgano jurisdiccional, no se puede forzar el cumplimiento de la sentencia. Esto propicia que sea inexacto lo resuelto por el Juez de amparo, pues la calidad de autoridad deriva de la realización de actos unilaterales que incidan en la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas, y que tienen como resultado la afectación de la esfera legal de los gobernados, actos que por su imperio, no serán objeto de ejecutividad plena, por la comparecencia ante los órganos judiciales, pues precisamente la acción u omisión que se atribuye a la entidad pública, no puede verse variada en forma coactiva por el Juez de instancia. Debe decirse, que en este sentido se comparte la tesis invocada por la recurrente, publicada con el rubro: ‘AMPARO. PROCEDENCIA DEL, CUANDO LA AUTORIDAD ESTATAL O MUNICIPAL ES OMISA EN CUMPLIR VOLUNTARIAMENTE UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURÓ COMO PARTE DEMANDADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA).’, toda vez que a pesar de fundarse en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, se parte de los efectos de disposiciones similares a las contempladas en las legislaciones tanto procesal federal, como mercantil, las cuales impiden la ejecución coactiva de las sentencias en las que se condene a los órganos del Estado, aspecto que guarda relación con los ordenamientos en estudio. En tal virtud, es evidente que en el caso en estudio, no se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 11 de la Ley de Amparo, por lo que no era dable desechar la demanda por su notoria improcedencia. Por otra parte, son igualmente fundados los agravios en los que la parte recurrente expuso que en todo caso, se debió analizar la abstención cometida y la participación que pudiera tener la delegación del Gobierno del Distrito Federal en Milpa Alta, por lo que se debió admitir la demanda de garantías y verificar el informe justificado, para apreciar si contaba o no con la calidad de autoridad responsable. Esto es así, pues el desechamiento de la demanda, en términos de lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, es resultado de la existencia de causas notorias, manifiestas e indudables de improcedencia. Los motivos ‘manifiestos’ e ‘indudables’ de improcedencia a que alude el precepto previamente citado, son aquellos en los que se advierten circunstancias que por sí mismas, sin necesidad de ulterior comprobación o demostración, surgen a la vista haciendo improcedente la acción de amparo; y si existe alguna duda respecto a circunstancias que pudieran envolver ese hecho controvertido, que tornaran procedente el juicio, debe recaer, un auto admisorio, a fin de estudiarse debidamente la cuestión planteada y otorgar a la parte quejosa, la posibilidad de exhibir en el juicio elementos de convicción, que demuestren la inconstitucionalidad del acto, y evidentemente, la procedencia del juicio, sin perjuicio de que después se dicte el sobreseimiento que corresponda, si del resultado del estudio respectivo apareciere realmente la existencia de alguna causa de improcedencia. Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto, la jurisprudencia número I.4o.C. J./3, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo contenido comparte este cuerpo colegiado, publicada en la página 655, del Tomo II, Segunda Parte-2, julio a diciembre de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con el título y texto siguiente: ‘DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS.’ (se transcribe). Por tanto, si en el caso en estudio no existe la posibilidad de atribuir alcances absolutos a la conducta desplegada por la autoridad señalada como responsable, es inconcuso que no existían los elementos que hacen patente o manifiesta la causa de improcedencia alegada, por lo que en todo caso se requeriría de mayores elementos de prueba, para apreciar debidamente la actualización o no de la causa alegada por el juzgador de garantías. Es decir, que al momento de pronunciarse respecto del desechamiento o admisión de la demanda de amparo, el Juez de control constitucional no se encontraba en aptitud de conocer si efectivamente la omisión de cumplir la sentencia por una parte que, además, es un ente público, reviste o no la calidad de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo; por ello, es dable sostener que no se cumplió con los requisitos del ordinal 145 invocado por el resolutor de origen, dado que el adjetivo ‘manifiesto’, significa claro, evidente y el ‘indudable’, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse; de ahí que de una adecuada interpretación del numeral en comento, demuestre su inaplicabilidad. Finalmente es fundado el agravio, en el cual la quejosa y recurrente expuso que por las razones previamente expuestas se violó en su perjuicio el contenido de las jurisprudencias previamente transcritas, las cuales se dejaron de aplicar por el juzgador de amparo; esto es así, tomando en consideración que dicho disenso se hizo depender de la procedencia de sus alegaciones previas, las cuales fueron objeto de estudio en los párrafos precedentes, las que se estimaron aptas para concluir que el fallo recurrido era violatorio de los preceptos que rigen la procedencia del juicio de garantías, por lo que la misma suerte deben correr los argumentos que de ellas se hacen depender. En las relatadas condiciones lo procedente es revocar el proveído recurrido, consistente en el auto de diecisiete de agosto de dos mil nueve, por el que el Juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, desechó por notoriamente improcedente, la demanda de amparo presentada por **********, por conducto de su apoderado **********, a efecto de que el Juez de Distrito del conocimiento, de no existir diversa causal de improcedencia indudable y manifiesta, admita a trámite la demanda de garantías que nos ocupa, sin perjuicio que al dictar la sentencia definitiva correspondiente, proceda conforme a derecho al estudio de las posibles causales de improcedencia ..."
El anterior criterio dio lugar a la siguiente tesis:
"AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. TIENE EL CARÁCTER DE, EL ÓRGANO DEL ESTADO, QUE INTERVIENE COMO PARTE FORMAL EN EL PROCEDIMIENTO NATURAL Y, QUE EN ETAPA DE EJECUCIÓN, OMITE ACATAR LA SENTENCIA DE CONDENA. En términos de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, y de la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el rubro: ‘AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.’, se estima que es autoridad responsable la que ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado, en ejercicio de su imperio. Por lo tanto, la calidad de autoridad en el juicio de amparo, del órgano gubernamental que contendió en el procedimiento como parte formal, y que en ejecución se rehúsa a cumplir con la condena que le fue impuesta, deriva de la participación de un ente público, que está dotado de una aptitud del organismo, impositiva y unilateral que afecta bienes, derechos y posesiones de la parte agraviada, ya que en términos de la legislación aplicable, no es viable ejecutar la resolución en forma coactiva, en contra del órgano del Estado, lo que suprime el plano de igualdad con el que las partes comparecieron al procedimiento, para dotar a la omisión de una característica imperativa, que trasciende en la esfera jurídica del inconforme, por lo que se configura un acto de autoridad. Lo anterior, se patentiza por el hecho de que el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, confiere a la oposición al cumplimiento de la sentencia, la calidad de autónoma y que goza de imperio, por lo que la conducta contumaz, no puede ser objeto de oposición por otros conductos legales, ya que no procede la ejecución coactiva de las resoluciones, en perjuicio del Estado, de ahí que se impida dicha ejecución forzosa, por lo que la prohibición inserta en la norma, varía las características de la actuación desempeñada por el órgano del Estado, recuperando la autonomía y unilateralidad de su conducta, en forma trascendente en la esfera jurídica del quejoso." (Novena Época. Registro: 165881. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, tesis I.8o.C.287 C, página 1482).
CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión (improcedencia) 204/2010 en sesión de siete de junio de dos mil diez, sostuvo las siguientes consideraciones:
"QUINTO. Los agravios son fundados. A efecto de evidenciarlo es menester acudir, en principio, al texto del artículo 145 de la Ley de Amparo que dispone: ‘Artículo 145.’ (se transcribe). De la literalidad de este numeral se advierte que el Juez de Distrito está facultado para desechar de plano una demanda de garantías si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por ‘manifiesto’ debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por ‘indudable’, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. De modo que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, en virtud de que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes. Es por ello que de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable no debe ser desechada la demanda, pues de lo contrario se estaría privando al quejoso de su derecho de instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio. Luego, lo procedente en estos casos será admitir a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente el tema debatido. Así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis LXXXI/2002, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 448, que a la letra dice: ‘DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.’ (se transcribe). Con base en los parámetros expuestos es dable colegir que la causal de improcedencia analizada por el Juez de Distrito no se actualiza en forma indudable y manifiesta. Cierto, en el caso, el recurrente ********** compareció ante el Juez de Distrito reclamando de la Comisión Federal de Electricidad, que señaló como única autoridad responsable, la falta de cumplimiento de la resolución que recayó al incidente de liquidación de sentencia en el expediente 274/2008, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa. En el capítulo de antecedentes de su demanda de garantías, la parte recurrente expuso: ‘1. Presenté una demanda en contra de la responsable, por la constitución de una servidumbre legal de paso y el pago de la indemnización correspondiente, radicándose el juicio ante el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, bajo el expediente #274/2008. 2. Después de haber agotado todas las instancias, obtuve sentencia definitiva favorable, en la que se condenó a la responsable al pago de todas las prestaciones en ejecución de sentencia. 3. Presentado en incidente de liquidación de sentencia y tramitándose el incidente respectivo, se resolvió con la aprobación de la regulación planteada, condenando a la responsable a pagar la cantidad de ********** (**********). 4. A pesar del requerimiento ordenado por el Juez de Primera Instancia en el auto de 6 de noviembre de 2009, para que la responsable diera cumplimiento a la sentencia interlocutoria, ésta se ha negado a hacerlo, y ni siquiera expresó razón alguna que justificara dicho incumplimiento. ‘Este es el acto reclamado ...’ (foja 4). Por auto de dieciséis de marzo del año en curso, el Juez Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, desechó de plano la demanda de amparo, por considerar que en el caso, se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los numerales 1o. y 11, todos de la Ley de Amparo. El Juez Federal sustentó su determinación en que el acto del cual se duele el promovente del amparo, no es de aquellos a que se refiere la fracción I del artículo 1o. de la Ley de Amparo, pues consideró que la Comisión Federal de Electricidad no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio biinstancial, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 11 de la citada ley, dado que de la lectura de los antecedentes narrados en la demanda de garantías, advirtió que se demandó en el juicio de origen a dicha paraestatal por la declaratoria de una servidumbre de paso y el pago de la indemnización correspondiente y, por tanto, asumía el carácter de parte en la relación procesal y no de autoridad; de ahí que estimó incorrecto el señalamiento atribuido a la Comisión Federal de Electricidad de autoridad responsable, pues en un juicio de garantías dicha paraestatal no puede tener la dualidad de caracteres, esto es, el de autoridad responsable y tercero perjudicada. La parte recurrente alega ahora contra dicha determinación, que en el caso la Comisión Federal de Electricidad sí tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, aun cuando sea parte demandada en el juicio génesis de los actos reclamados, ya que cuando se trata de la negativa a cumplir con una condena impuesta en contra de una dependencia u organismo que forme parte de la administración pública federal, como lo es la referida paraestatal, debe ser considerada como autoridad para efectos del juicio de amparo, pues aunque no pueda dictarse mandamiento de ejecución para cumplir las sentencias de condena dictadas contra el organismo público descentralizado citado, por disposición de los artículos 516 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa y 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, ello no implica que por su naturaleza no deba cumplir con la condena impuesta. La parte recurrente agregó que al no aplicar los medios coactivos que señala la ley para el cumplimiento de una sentencia de condena impuesta a una dependencia del gobierno, como es la Comisión Federal de Electricidad, la negativa u omisión de ese organismo no se constituye en un acto de naturaleza particular ejecutado como parte demandada en el juicio natural, sino que se trata de actos negativos u omisiones de autoridad, que encuadran en el supuesto del artículo 11 de la Ley de Amparo. Por último, la parte recurrente alegó que no es verdad que a la Comisión Federal de Electricidad le resulta el doble carácter de autoridad responsable y tercero perjudicada, pues aunque es parte demandada en el juicio natural, en el juicio de amparo sólo tiene el carácter de autoridad responsable, porque los actos reclamados son imputables a la paraestatal, no a título de parte demandada, sino a título de autoridad responsable dada la negativa a cumplir con la condena impuesta en su contra. Con el fin de evidenciar lo fundado de los anteriores agravios, se hace necesario citar el contenido del artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, que a la letra establece lo siguiente: ‘Artículo 4o.’ (se transcribe). Como puede apreciarse, el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles es explícito al prever cuáles son las personas morales oficiales respecto de las que no procede mandamiento de ejecución ni diligencia de embargo en su contra y, además, están exentas de prestar las garantías que la ley exige a las partes, a saber, las instituciones, servicios y dependencias de la administración pública de la Federación y de las entidades federativas y que las resoluciones dictadas en su contra serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes, dentro de los límites de sus atribuciones. Entonces, la causa de improcedencia no es manifiesta ni indudable, si el Juez de Distrito para estimar que la Comisión Federal de Electricidad no tiene carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado, que afecte la esfera del gobernado, esto es, cuando sus actos se encuentran revestidos de unilateralidad, imperatividad y coercitividad; deja de lado el contenido del artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, mismo que, como se ha dicho, prevé cuáles son las personas morales oficiales respecto de las que no procede mandamiento de ejecución ni diligencia de embargo en su contra, a saber, las instituciones, servicios y dependencias de la administración pública de la Federación y de las entidades federativas, y de manera fundamental, establece que las resoluciones dictadas en su contra serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes, dentro de los límites de sus atribuciones. Lo anterior pone en evidencia que el tópico discutido, esto es, la determinación de la naturaleza de la Comisión Federal de Electricidad en cuanto a si es parte procesal o autoridad para los efectos del juicio de amparo, al tener ella que cumplir por sí misma con la sentencia emitida en el incidente de liquidación 274/2008 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede esta ciudad, en términos del artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles; constituye una cuestión que debe dilucidarse con un análisis más profundo, propio de la sentencia definitiva, en que el promovente tenga oportunidad de alegar y probar lo que a su derecho convenga; de ahí que en el caso, no se surta lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley de Amparo, que sólo faculta al Juez de Distrito a desechar la demanda de amparo directo cuando de ésta o de sus anexos, se advierta, sin lugar a dudas algún motivo manifiesto de improcedencia. En estas condiciones, al no advertirse motivo manifiesto e indudable de improcedencia en cuanto a los referidos actos, lo procedente es revocar el auto recurrido a efecto de que el Juez de Distrito provea nuevamente sobre la demanda de garantías y, de no existir motivo para mandarla aclarar, proceda a su admisión ..."
QUINTO. Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, en sesión de once de marzo de dos mil diez, falló la improcedencia 26/2010, en el siguiente sentido:
"QUINTO. Los agravios transcritos con antelación devienen infundados. Antes de corroborar tal aserto, resulta conveniente precisar que mediante escrito presentado el dieciséis de diciembre de dos mil nueve, **********, por conducto de su procurador judicial **********, presentó demanda de amparo indirecto contra el acto de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en esta ciudad, consistente en la falta de cumplimiento de la sentencia que resolvió el incidente de regulación de costas en el expediente número 894/2006, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, aduciendo que con dicha negativa se violaba lo dispuesto en los artículos 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles y 516 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, así como la garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal (fojas 2 a 9 del juicio de amparo 1294/2009). Por auto de dieciocho de diciembre del citado año (fojas 30 a 35 ídem), la secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, en funciones de Juez de Distrito, desechó de plano la demanda de amparo, por considerar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los numerales 1o. y 11, todos de la Ley de Amparo, bajo los argumentos siguientes: - Que el acto del cual se dolía el promovente del amparo, no era de aquellos a que se refiere la fracción I del artículo 1o. de la ley de la materia, habida cuenta que la Comisión Federal de Elect
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22950-097a95d7/dependencias-de-la-administracion-publica-federal-o-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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