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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. DEBE DESECHARSE POR INOPERANCIA DE LOS AGRAVIOS CUANDO, POR UN LADO, SE COMBATEN ASPECTOS DE MERA LEGALIDAD Y, POR OTRO, NO SE CONTROVIERTE EL PRONUNCIAMIENTO DE CONSTITUCIONALIDAD DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1276/2007. · Registro digital (IUS): 22984
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: INTERNOS Y EQUIPOS DE TRANSFERENCIA, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Julio de 2011, , Pág. 279.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1276/2007. INTERNOS Y EQUIPOS DE TRANSFERENCIA, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción V y 84, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el punto cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, en relación con el punto primero, fracción II, inciso c) y punto segundo, fracciones IV y V, del Acuerdo 5/1999, emitido por el Tribunal Pleno, toda vez que el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia pronunciada por un Tribunal Colegiado de Circuito, en un juicio de amparo directo; sin embargo, dado el sentido que rige a este fallo, no se está en el caso de establecer un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional y, por ende, resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO.-La sentencia recurrida fue notificada personalmente a la quejosa el jueves veintiuno de junio de dos mil siete, surtiendo sus efectos el viernes veintidós siguiente, por lo que el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, transcurrió del lunes veinticinco de junio al viernes seis de julio del mismo año, descontándose los días sábado treinta de junio y domingo uno de julio de dos mil siete, en términos de lo dispuesto en los artículos 23, párrafo primero, de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, si el recurso de revisión fue interpuesto el día cinco de julio del citado año, resulta que el referido medio de defensa fue presentado oportunamente.

TERCERO.-La quejosa expresó los agravios que enseguida se sintetizan:

Los agravios expresados por la quejosa, hoy recurrente, están orientados a controvertir lo sostenido por el Tribunal Colegiado en el considerando noveno de la sentencia recurrida, donde el tribunal a quo analizó el planteamiento de la quejosa, relativo a que la Sala Fiscal responsable no otorgó plazo para ampliar la demanda de nulidad.

Así, la recurrente, después de transcribir el considerando noveno de la sentencia recurrida, señaló, de manera inexacta, que de dicha transcripción "... se advierte que el Juez (sic) ad quem acertadamente entra al estudio y análisis del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, respecto a su inconstitucionalidad, otorgando el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que la Sexta Sala Regional Metropolitana deje sin efectos la sentencia ..."

Después, la recurrente argumenta que el Tribunal Colegiado fue omiso en realizar un estudio minucioso, en relación con el planteamiento de incompetencia de la directora de fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León. Aduce que "la Sala ad quem" (sic) debió también otorgar el amparo, declarando la incompetencia de dicha autoridad, porque la orden de visita no está debidamente fundada.

La recurrente transcribe en su agravio las cláusulas de un "Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal federal que celebran el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Nuevo León.", e insiste en que las autoridades demandadas no fundaron debidamente su competencia material y territorial, y que la orden de visita domiciliaria no está fundada y motivada.

También señala que "la Sala ad quem" (sic) no tomó en cuenta lo relativo a que la Sala Fiscal estimó fundados los "actos fiscales", sin considerar que había conceptos de impugnación que no fueron contestados por la autoridad demandada.

CUARTO.-A fin de estar en condiciones de hacer un pronunciamiento respecto a la procedencia del recurso, debe tomarse en cuenta que el Tribunal Colegiado sostuvo lo siguiente:

Dicho órgano jurisdiccional analizó "el segundo argumento del noveno concepto de violación", en el que la quejosa planteó la supuesta inconstitucionalidad del primer párrafo del artículo 42, en relación con la fracción III del Código Fiscal de la Federación, vigente en dos mil cuatro, pues se adujo que dicha disposición va más allá de lo establecido en el undécimo párrafo del artículo 16 constitucional, porque faculta a la autoridad administrativa para que en una visita domiciliaria determine contribuciones y créditos fiscales.

Dicho concepto de violación fue declarado "ineficaz", pues el Tribunal Colegiado sostuvo que la determinación de contribuciones consignada en el artículo impugnado no rebasa lo dispuesto en el undécimo párrafo del artículo 16 constitucional, porque en dicha norma se contempla, de forma implícita, la facultad de la autoridad fiscal para determinar una contribución o crédito fiscal y, con ello, reiteró la ineficacia del concepto de violación.

Por otro lado, en el noveno considerando de la sentencia recurrida, el Tribunal Colegiado analizó el primer concepto de violación, en el que la quejosa planteó que la Sala Fiscal no le otorgó un plazo para ampliar la demanda de nulidad, dado que la autoridad demandada dio a conocer nuevos elementos (citatorio y acta parcial donde comunicó la sustitución de la autoridad revisora), que ameritaban ser controvertidos. Por ese motivo, el Tribunal Colegiado concedió el amparo a la quejosa "para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y emita una nueva en la que se ordene al Magistrado instructor dictar un proveído en el que conceda a la parte actora el término de ley para formular la ampliación de demanda, por los motivos ya expuestos en la presente ejecutoria ..."

QUINTO.-El presente recurso de revisión debe desecharse, porque no satisface los requisitos de importancia y trascendencia que, para su procedencia, exigen la fracción IX del artículo 107 de la Constitución General de la República y el Acuerdo General Número 5/1999, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De acuerdo con las disposiciones legales referidas, para la procedencia del recurso de revisión interpuesto en contra de resoluciones que, en materia de amparo directo, pronuncien los Tribunales Colegiados, en primer término, es menester que en tales resoluciones se decida sobre la constitucionalidad de una ley o se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, o bien, que en dichas sentencias se omita el estudio de las cuestiones mencionadas, cuando se hubieran planteado en la demanda de amparo y, en segundo lugar, que el asunto entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia, a juicio de la Sala respectiva.

Por su parte, el acuerdo general referido expresamente determina que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia, cuando no se hayan expresado agravios o cuando habiéndose expresado sean inoperantes, siempre que no se advierta queja deficiente que suplir.

En el caso concreto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que los agravios expresados por la recurrente resultan inoperantes, en virtud de que, por un lado, están encaminados a combatir aspectos de mera legalidad y, por otro, la parte de la sentencia en la que el Tribunal Colegiado hace un pronunciamiento de constitucionalidad no es controvertida.

En efecto, según se advierte de la lectura de los agravios, la recurrente expresa lo siguiente:

1) Controvierte la consideración del Tribunal Colegiado, relativa a que la Sala Fiscal responsable no otorgó plazo para ampliar la demanda de nulidad.

2) La quejosa expresa que el Tribunal Colegiado no estudió minuciosamente el planteamiento relativo a la incompetencia de la directora de fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos. Aduce que dicho órgano jurisdiccional debió otorgar el amparo por la incompetencia de dicha autoridad, e insiste en que las autoridades demandadas no fundaron debidamente su competencia material y territorial, y que la orden de visita domiciliaria no está fundada y motivada.

3) También aduce que la Sala Fiscal estimó fundados los "actos fiscales", sin considerar que había conceptos de impugnación que no fueron contestados por la autoridad demandada.

En este contexto, debe precisarse que las cuestiones relativas a la competencia o atribuciones de las autoridades fiscales o administrativas son aspectos de legalidad y no de constitucionalidad pues, como ya se dijo, de acuerdo con lo establecido por este Máximo Tribunal, las cuestiones propiamente constitucionales implican el pronunciamiento y decisión sobre la constitucionalidad de una norma legal, o la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, de ahí que lo que la recurrente propone en sus agravios deviene inoperante, porque sus planteamientos no constituyen cuestiones propiamente constitucionales.

De modo que si, en el presente caso, las cuestiones de legalidad mencionadas no encajan en los presupuestos de procedencia del presente recurso, los agravios expresados necesariamente resultan inoperantes.

Sirven de apoyo a lo anterior los siguientes criterios jurisprudenciales:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: II, diciembre de 1995

"Tesis: P./J. 46/95

"Página: 174

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, RECURSO DE. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS AJENOS A LA CUESTIÓN CONSTITUCIONAL PLANTEADA.-De conformidad con el artículo 83, fracción V, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, la materia del recurso de revisión contra resoluciones que pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, en materia de amparo directo, se limitará, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras. En consecuencia, todo agravio ajeno a las cuestiones constitucionales examinadas en la resolución recurrida resulta inoperante."

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: III, febrero de 1996

"Tesis: 2a./J. 3/96

"Página: 218

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, REQUISITOS DE SU PROCEDENCIA.-La interpretación armónica de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX de la Constitución Federal; 83, fracción V de la Ley de Amparo; 10, fracción III, y 21, fracción III, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, permite determinar que para la procedencia del recurso de revisión contra las resoluciones pronunciadas en amparo directo por los Tribunales Colegiados de Circuito, se requiere que en la demanda de amparo se hubiere impugnado la constitucionalidad de una ley, de un tratado internacional o de un reglamento, o se hubiere planteado en los conceptos de violación la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que al dictar sentencia el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, haya decidido sobre la constitucionalidad de la ley, tratado internacional o reglamento impugnado; o bien, establecido la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, u omitido el estudio y decisión de estas cuestiones."

Debe ponerse de manifiesto que si bien es cierto que el Tribunal Colegiado sostuvo la constitucionalidad del artículo 42, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, también es verdad que la quejosa no controvierte las consideraciones expresadas por el Tribunal Colegiado al declarar "ineficaz" el concepto de violación en el que la quejosa cuestionó la constitucionalidad de dicho precepto legal.

Al respecto, la quejosa únicamente mencionó, en su escrito de agravios, lo siguiente: "... se advierte que el Juez (sic) ad quem acertadamente entra al estudio y análisis del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, respecto a su inconstitucionalidad, otorgando el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que la Sexta Sala Regional Metropolitana deje sin efectos la sentencia ...". Ya quedó precisado que la razón por la cual el Tribunal Colegiado concedió el amparo consistió en que la Sala Fiscal responsable no le otorgó a la hoy recurrente, la oportunidad de ampliar la demanda de nulidad. Por lo tanto, queda claro que los agravios expresados por la quejosa envuelven únicamente cuestiones de legalidad, y respecto a la decisión del Tribunal Colegiado relativa al tema de la constitucionalidad del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, la hoy recurrente no formuló ningún agravio, de ahí que, por las razones expuestas, lo que procede es desechar el presente recurso de revisión y dejar firme la sentencia recurrida.

No es obstáculo a esta determinación el hecho de que por auto de presidencia de fecha uno de agosto de dos mil siete se haya admitido a trámite el recurso de revisión; en principio, porque es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los autos de presidencia no causan estado y, porque, además, en el propio acuerdo se precisó que la admisión del medio de defensa se hacía con reserva, es decir, sin perjuicio del examen que posteriormente se hiciera para determinar si el caso se ajusta al requisito previsto en la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que la resolución que al efecto deba dictarse entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia.

Al respecto, es aplicable la siguiente tesis de jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: VII, marzo de 1998

"Tesis: P./J. 19/98

"Página: 19

"REVISIÓN EN AMPARO. NO ES OBSTÁCULO PARA EL DESECHAMIENTO DE ESE RECURSO, SU ADMISIÓN POR EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.-La admisión del recurso de revisión por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituye una resolución que no es definitiva, ya que el Tribunal Pleno está facultado, en la esfera de su competencia, para realizar el estudio a fin de determinar la procedencia del recurso y, en su caso, resolver su desechamiento."

Consecuentemente, ante la ausencia de cuestiones propiamente constitucionales, y siendo inoperantes los expresados agravios, debe desecharse el presente recurso y dejar firme la sentencia recurrida.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Se desecha el presente recurso de revisión 1276/2007, a que este toca se refiere.

SEGUNDO.-Queda firme la sentencia recurrida.

Notifíquese; con testimonio de la presente ejecutoria vuelvan los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el presente toca como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: José de Jesús Gudiño Pelayo, Sergio A. Valls Hernández, Juan N. Silva Meza (ponente), Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente José Ramón Cossío Díaz.

En términos de lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión de veinticuatro de abril de dos mil siete, y conforme a lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y los puntos cuarto y quinto de los Lineamientos para la elaboración de versiones públicas de las sentencias del Pleno y de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22984-fa74f9ac/revision-en-amparo-directo-debe-desecharse-por-inoperancia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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