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Modo: Corpus Pro

FACTURAS. VALOR PROBATORIO ENTRE QUIEN LAS EXPIDIÓ Y QUIEN ADQUIRIÓ LOS BIENES O SERVICIOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 378/2010. · Registro digital (IUS): 23092
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO, SEGUNDO Y QUINTO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, , Pág. 464.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 378/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO, SEGUNDO Y QUINTO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, por tratarse de una posible contradicción de criterios suscitada entre los criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos de materia civil, de la competencia especializada de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo pues, en el caso, fue realizada por los Magistrados integrantes del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO. Para poder resolver el presente asunto, en primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, para lo cual es necesario analizar las ejecutorias que participan en la misma.

En primer lugar se analizan los argumentos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al dictar sentencia en el amparo directo DC. **********, para lo cual es preciso repasar sus antecedentes:

1. Por escrito presentado el catorce de abril de dos mil nueve en la Oficialía de Partes Común del Tribunal Superior de Justicia en el Distrito Federal, el apoderado legal de **********, demandó de **********, el pago de cierta cantidad por concepto de suerte principal, intereses moratorios y el pago de gastos y costas generados en el juicio.

2. El representante legal de la empresa demandada contestó negando los hechos que se le imputaban.

3. El Juez responsable dictó sentencia definitiva en la que condenó a la demandada al pago de las prestaciones reclamadas por considerar que ésta no justificó sus excepciones y defensas.

En contra de dicho fallo, la empresa demandada, a través de su representante legal, promovió juicio de amparo directo del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuya sentencia contiende en la presente contradicción en los siguientes términos:

"En el sexto motivo de oposición, el promovente de la acción de amparo expresa que la juzgadora del conocimiento, indebidamente, atribuyó valor probatorio pleno a la copia de la factura número **********, como si se tratara de un original, no obstante que en el escrito de demanda, la demandante expresó, con claridad, que se trataba de una copia de ese documento, por lo que se aplicaron indebidamente los artículos 1324 y 1326, en relación con los diversos numerales 1287, 1289, 1296, 1305 y 1306 de la legislación mercantil.

"Los sintetizados argumentos son infundados.

"Es así, porque aun cuando se considerara que la factura original fue entregada a la aquí quejosa, demandada en el procedimiento natural, precisamente para que verificara el pago de la misma; en el negocio jurídico concreto es viable llegar a la convicción de que el documento cuestionado por la impetrante de la acción constitucional, quedó perfeccionado con los diversos medios de convicción aportados en el sumario de donde deriva el acto reclamado, tal y como enseguida se demuestra:

"La interpretación sistemática y funcional de los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y 1391, fracción VII, del Código de Comercio, en relación con los usos mercantiles y la doctrina especializada en derecho fiscal y mercantil, hace patente que las facturas adquieren distinto valor probatorio, en atención al sujeto contra quien se emplean, los usos dados al documento y su contenido.

"En este orden de ideas, contra quien expide la factura hace prueba plena, salvo prueba en contrario, como comprobante fiscal, documento demostrativo de la propiedad de un bien mueble, documento preparatorio o ejecutivo de una compraventa comercial; contra la persona a quien va dirigida o cliente, ordinariamente se emplea como documento preparatorio o ejecutivo de una compraventa comercial o de la prestación de servicios, respecto de los cuales la factura produce indicios importantes sobre la relación comercial y la entrega de las mercancías o prestación de los servicios, susceptible de alcanzar plena fuerza probatoria si es reconocida o aceptada por dicho sujeto, en forma expresa o tácita, o si se demuestra su vinculación al acto documentado por otros medios.

"En efecto, las facturas son documentos sui géneris, porque no son simples textos elaborados libremente por cualquier persona, en cuanto a contenido y forma, sino documentos que solamente pueden provenir legalmente de comerciantes o prestadores de servicios registrados ante las autoridades hacendarias, mediante los formatos regulados jurídicamente sujetos a ciertos requisitos para su validez, y a los cuales se les sujeta a un estricto control, desde su elaboración impresa hasta su empleo, y cuya expedición puede acarrear serios perjuicios al suscriptor, requisitos que, en su conjunto, inclinan racionalmente hacia la autenticidad, como regla general, salvo prueba en contrario.

"Así, los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación exigen la impresión de los formatos por impresor autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que se consigne en ellos el nombre del comerciante o prestador de servicios, la fecha de la impresión, un número de folio consecutivo, datos del expedidor y del cliente, incluido el Registro Federal de Contribuyentes de ambos, relación de las mercancías o servicios, su importe unitario y total, etcétera.

"Por lo tanto, su contenido adquiere una fuerza indiciaria de mayor peso específico que la de otros documentos privados, simples, al compartir de algunas características con los documentos públicos.

"En ese orden de ideas, las facturas atribuidas a cierto comerciante se presumen provenientes de él, salvo prueba en contrario, como sería el caso de la falsificación o sustracción indebida del legajo respectivo.

"Respecto del cliente, partiendo del principio de que el documento proviene del proveedor y que a nadie le es lícito constituirse por sí el título o documento del propio derecho.

"En esto se pueden dar diversas situaciones, verbigracia, el reconocimiento expreso de factura ante el Juez o de los hechos consignados en ella; el reconocimiento tácito por no controvertirse el documento en el juicio, la firma de la copia de la factura en señal de recepción del original o de las mercancías o servicios que éste ampara.

"Al respecto, debe decirse que un elemento importante para acreditar la relación entre el acreedor y el demandado sería la prueba de que la entrega de la mercancía se hizo en el domicilio del cliente o en alguna bodega o local donde realiza sus actividades, porque al tratarse del lugar de residencia habitual, del principal asiento de los negocios del cliente, o simplemente de un lugar donde desempeña actividades, se presume la existencia de cierta relación de éste con las personas encontradas en el inmueble, como familiares, apoderados y empleados, a los cuales autoriza explícita o expresamente para recibir en su nombre las cosas o servicios pedidos; en la inteligencia de que cuando el demandado no acepta o desconoce la factura, deberá demostrar su objeción. Por último, cuando la factura se presenta contra terceros, puede tener pleno valor probatorio, con base en los usos mercantiles conducentes con las previsiones legales específicas aplicables, pero en lo demás sólo formarán indicios cuya fuerza persuasiva dependerá de las otras circunstancias concurrentes.

"En la especie, es conveniente reiterar, que no quedó desvirtuado el valor probatorio que la Juez de los autos tasó a los medios de convicción que la accionante allegó al juicio natural, tal y como se ha expuesto en esta ejecutoria, para llegar al conocimiento de que efectivamente se prestó el servicio solicitado por la demandada, que fue la publicación del mencionado publireportaje contenido en la orden de inserción de anuncios impresos.

"En efecto, la valoración de los medios probatorios aportados por la enjuiciante, unos frente a otros, en términos de lo dispuesto por el normativo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia mercantil, conforme al contenido del artículo 1054 del Código de Comercio, producen plena convicción de que a través de la orden de inserción número **********, la sociedad mercantil denominada **********, encargó a **********, la publicación de un publireportaje relacionado con **********, que dicha publicación fue efectuada en la ********** y que la prestación de ese servicio se documentó en la factura número ********** (**********), la cual fue reclamada por la accionante a la demandada, aquí quejosa, ante su falta de pago.

"El enlace de los descritos medios de cognición pone de relieve que quedaron robustecidos los elementos de la factura exhibida como documento base de la acción, lo que además fue corroborado con la prueba confesional en la que la demandada por conducto de su representante, reconoció que remitió la orden de inserción a la demandante, lo que significa que en realidad encargó la prestación del servicio de publicidad que, se insiste, quedó documentado a través de la citada factura y cuyo pago no fue demostrado en el contradictorio natural por la aquí inconforme, por lo tanto, es de concluirse que en la especie no se infringieron las disposiciones legales invocadas por la impetrante de garantías."

La resolución reseñada dio lugar a la siguiente tesis aislada:

"FACTURAS. TIENEN EL VALOR DE UNA PRESUNCIÓN LEGAL, RESPECTO DEL ACTO DE COMERCIO Y LA ENTREGA DE LA MERCANCÍA O PRESTACIÓN DEL SERVICIO, COMPRENDIDOS EN LA MISMA. Del contenido de los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, se colige que la expedición de una factura produce, entre otros efectos, los de carácter fiscal. Así, el mencionado documento mercantil es la forma objetiva de comprobar lo que se ha pagado por un bien o servicio, para así estar en aptitud de determinar cuál es el monto del tributo a cubrir. En ese tenor, la factura tiene la eficacia probatoria de una presunción legal sobre la relación comercial, la entrega de la mercancía o la prestación del servicio, debido a que los apuntados efectos jurídicos que conforme a las leyes fiscales y a las prácticas y costumbres mercantiles genera, deben ser tenidos en cuenta; sostener lo opuesto, esto es, atribuirle a ese documento mercantil, solamente el valor de un indicio, llevaría a imponer a quien lo expide requisitos que no están previstos en el Código de Comercio y obstáculos que impiden la facilidad y rapidez de la circulación de la riqueza. Es importante tener en consideración, que la referida calidad de presunción legal con que se reviste a las facturas, es una de tipo relativo o iuris tantum, es decir, que admite prueba en contrario."

De lo anterior se desprende que según el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, las facturas atribuidas a cierto comerciante se presumen provenientes de él, salvo prueba en contrario. Añade que la factura tiene la eficacia probatoria de una presunción legal sobre la relación comercial, la entrega de la mercancía o la prestación del servicio, debido a que los apuntados efectos jurídicos deben ser tenidos en cuenta conforme a las leyes fiscales y a las prácticas y costumbres mercantiles.

Por su parte, el juicio de amparo **********, resuelto por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, tiene los siguientes antecedentes:

1. Por escrito presentado el trece de febrero de mil novecientos noventa y seis, ante la Oficialía de Partes Común del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, **********, por conducto de su apoderado legal, demandó en la vía ordinaria mercantil de **********, el pago de determinada cantidad por concepto de pago omitido de diversas facturas, intereses moratorios y gastos y costas generados en el juicio.

2. El representante legal de la empresa demandada contestó la demanda instaurada en su contra en que negó la procedencia de las prestaciones reclamadas y opuso las excepciones y defensas que consideró convenientes.

3. El Juez responsable dictó sentencia definitiva en la que condenó a la demandada al pago de las prestaciones reclamadas.

4. En contra de esa resolución, la demandada promovió recurso de apelación, mismo que fue resuelto por la Sala responsable en el sentido de confirmar los puntos resolutivos relativos a la condena.

Esta resolución y su ejecución constituyen los actos reclamados en la sentencia dictada en el juicio de amparo **********, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que, en lo que a la presente contradicción interesa, señala lo siguiente:

"Es infundada la primera parte del concepto de violación expresado.

"Ahí aduce la sociedad quejosa que la sentencia reclamada resulta violatoria de garantías en su perjuicio toda vez que la Sala responsable no tomó en cuenta que las facturas que sirvieron de documentos base de la acción ejercitada en su contra, independientemente de que se acrediten que recibió la mercancía que ahí refieren ello no implicaba que hubiera habido el consenso de voluntades respecto al ánimo de la parte hoy tercera perjudicada de vender y el deseo de la quejosa de comprar las mercancías de que hoy se trata. Es decir, aun cuando exista constancia de que la parte actora en el juicio natural hubiera entregado a mi representada las mercancías amparadas por las facturas respectivas, ello de ninguna manera implica la voluntad de las partes para celebrar el contrato de compraventa correspondiente.

"Se dice que es infundado el anterior argumento de acuerdo con lo siguiente:

"Los artículos 75, fracciones I y XXIV, 78, 371, 374, 375, 378 y 383 del Código de Comercio, textualmente disponen: (se transcriben).

"De los preceptos transcritos se pone de manifiesto que el Código de Comercio establece diversas hipótesis para determinar cuándo se está en presencia de actos de comercio que regula ese ordenamiento mercantil especial.

"Al respecto, dispone que todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósitos de especulación comercial, son considerados actos de comercio.

"Ahora bien, las prácticas y usos mercantiles permiten advertir que la adquisición de mercancías por parte de los comerciantes a sus proveedores, ordinariamente se documenta con facturas que se remiten al adquirente como justificación de la adquisición de la mercancía que amparan. El tráfico comercial de acuerdo con sus costumbres y usos, lleva al grado de que en la práctica, la adquisición de mercancía por parte de los comerciantes se realiza incluso telefónicamente documentándose precisamente con recibos, facturas o cualquier otro documento que determina la recepción y en su caso el pago de la mercancía que se recibe.

"Congruente con ello, el artículo 374 del Código de Comercio dispone que cuando el objeto de las compraventas sean mercancías que no han sido vistas por el comprador, el contrato no se tendrá por perfeccionado mientras el comprador no las examine y acepte.

"Lo anterior significa que aceptada la mercancía, se perfecciona su adquisición o venta; por ello, el artículo 383 del Código de Comercio, es categórico al señalar que si el adquirente dentro de los cinco días de recibir la mercancía no reclama nada al vendedor, ni dentro de los treinta días le comunica algún vicio interno de la misma, perderá toda acción y derecho a repetir por tales causas contra el vendedor.

"Lo señalado también permite advertir que la mecánica en cuanto a los elementos de la compraventa mercantil y la civil son distintos, pues en la práctica comercial sobre todo tratándose del tráfico de mercancía, la adquisición o compra de este tipo de bienes se perfecciona cuando el comprador la acepta y no hace reclamación alguna al vendedor dentro del término señalado en la ley.

"De acuerdo con todo lo anterior, si bien es cierto que el Código de Comercio no contiene disposición alguna sobre el valor probatorio de las facturas, probablemente por haberse expedido en una época en que no se había generalizado el uso de esos documentos por los comerciantes; sin embargo, la experiencia y de acuerdo con los usos comerciales que a dichas facturas se ha dado, es inconcuso que esa clase de documentos sí pueden servir de base para estimar que la mercancía o mercancías que amparan, han sido objeto de una operación comercial, sobre todo cuando no son objetados debidamente. Lo anterior se hace más patente si se adoptan las reglas y se tiene en cuenta que de acuerdo con las leyes fiscales, las facturas que reúnen los requisitos que las mismas señalan hacen prueba de la compraventa a que se refieren.

"Es decir, las facturas sí acreditan, salvo prueba en contrario u objeción fundada, que la mercancía que amparan ha sido objeto de una operación comercial de compraventa, más aún si de ellas se deduce que el proveedor entregó y el cliente comprador recibió la mercancía señalada.

"Debe tomarse en cuenta lo que establece el Diccionario Jurídico Mexicano en relación al concepto de los documentos denominados ‘facturas’ en el sentido de que: ‘Factura: I. (del latín factura), es un documento privado, no negociable, de carácter exclusivamente probatorio, expedido por empresarios, en el cual se hacen constar la mercancía o mercancías que han sido objeto de una operación comercial y su importe. En la actualidad se facturan también servicios. Contablemente es una cuenta que describe la operación y muestra el importe del adeudo creado por ésta. El comprador, o quien recibe el servicio, comprueban el pago y el gasto correspondiente, cuando tienen en su poder la factura firmada. Los documentos que en el uso cotidiano se llaman notas, cuentas, etcétera, son auténticas facturas.’ (página 1404).

"Por consiguiente, se reitera, si una factura en determinado momento es suficiente para acreditar la propiedad de los bienes muebles que ampara, es inconcuso, que dicho documento también es un medio para justificar que la mercancía que señala ha sido objeto de una operación comercial de compraventa.

"Pues bien, en el caso particular, fue correcto lo considerado por la Sala responsable, pues las facturas expedidas por la parte actora en el juicio natural ********** a cargo de la demandada ********** (quejosa), sí demuestran que la mercancía a que aluden dichos documentos, fue objeto de una operación comercial de compraventa entre dichas partes. Es decir, que el vendedor entregó y el cliente comprador recibió dicha mercancía.

"Es así, pues no sólo en las facturas, sino también en los diversos documentos que acompañó la actora como base de su acción aparece el sello y firma de ‘recibido’ perteneciente a dicha empresa; que demuestran que la mercancía que amparan fue recibida por la sociedad quejosa.

"Debiendo decidirse, que la demandada en el juicio natural se limitó a excepcionarse en el sentido de que no estaba acreditado que haya recibido la mercancía; sin embargo, no objetó ni por lo mismo negó que el sello y firma de recibido que en los aludidos documentos aparece no correspondan a dicha sociedad demandada, con lo cual su alegato no encuentra sustento.

"Lo anterior significa entonces que dicha demandada sí recibió la mercancía pues las facturas no objetadas en cuanto a su contenido prueban esa cuestión. Luego, si no opuso ninguna excepción que la eximiera de pagar su precio pues no se aprecia que hubiese hecho reclamación alguna al proveedor en términos de lo dispuesto por el artículo 383 del Código de Comercio, no cabe duda entonces que como compradora, quedó obligada a cubrir ese concepto (precio de la mercancía).

"De esa manera, si la quejosa le fue demandado el pago de los bienes que recibió, si no acreditó haberlo realizado, entonces fue correcta la condena decretada por la Sala responsable por lo que a ese concepto se refiere.

"Cabe hacer hincapié, que no resulta violatorio de garantías el hecho de que la Sala responsable haya confirmado la sentencia apelada bajo los mismos razonamientos expuestos por el Juez natural, pues nada impide que el tribunal se segundo grado, de ser correcto lo determinado por el a quo, confirme el fallo apelado haciendo suyos básicamente los razonamientos ahí expuestos. De esa manera no hay sobre el punto de que se trata, violación alguna que reparar."

De la resolución reseñada se desprende la siguiente tesis aislada:

"FACTURAS. PRUEBAN EL ACTO DE COMERCIO Y LA RECEPCIÓN DE LA MERCANCÍA POR EL COMPRADOR. De un adecuado y correcto análisis del contenido de los artículos 75, fracciones I y XXIV, 78, 371, 374, 375, 378 y 383 del Código de Comercio, se desprende que aunque el aludido código no contiene disposición alguna sobre el valor probatorio de las facturas, probablemente por haberse expedido en una época en que no se había generalizado el uso de esos documentos por los comerciantes, con la experiencia de las costumbres y las prácticas comerciales, en los que la adquisición de mercancías por parte de los comerciantes a sus proveedores ordinariamente se ha venido documentando con facturas o recibos, que se remiten al adquirente para justificar la recepción y, en su caso, el pago de la mercancía que se recibe, han dado lugar a que esa clase de documentos pueda servir de base para estimar que la mercancía o mercancías que amparan han sido objeto de una operación comercial, sobre todo cuando no son objetados debidamente. Lo anterior se robustece aún más, si se toma en cuenta que de acuerdo con las leyes fiscales, las facturas que reúnen los requisitos que las mismas señalan, hacen prueba de la compraventa a que se refieren."

De lo sintetizado aquí, se desprende que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito consideró que las facturas pueden servir de base para estimar que la mercancía o mercancías que amparan han sido objeto de una operación comercial, sobre todo cuando no son objetados debidamente.

El citado Tribunal Colegiado de Circuito se pronunció en similares términos en los amparos directos DC. **********.

Por lo que respecta al amparo directo DC. **********, del mismo Quinto Tribunal Colegiado de Circuito, cabe señalar que fue resuelto en los mismos términos pero tiene antecedentes distintos:

1. Por escrito presentado el treinta de abril de dos mil siete en la Oficialía de Partes Común de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, **********, demandó en la vía ordinaria mercantil, de **********, el pago de determinada cantidad por concepto de suerte principal, el pago de intereses al tipo legal y el pago de gastos y costas generados en el juicio. La demandada dio contestación y negó la procedencia de las prestaciones reclamadas y opuso las excepciones y defensas que estimó pertinentes.

2. Seguido el juicio en sus trámites, la Juez Quinto de lo Civil en el Distrito Federal pronunció sentencia con fecha primero de febrero de dos mil ocho, declarando procedente la vía ordinaria mercantil intentada en la que la parte actora acreditó su acción y la parte demadada no justificó sus excepciones y defensas, condenando a la demadada al pago del principal, así como al del interés legal solicitado por la demandante.

3. Inconforme con esta sentencia, la parte demadada interpuso recurso de apelación, correspondiendo su conocimiento a la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Distrito Federal, quien por resolución de siete de mayo de dos mil ocho, modificó la sentencia apelada, en el sentido de declarar parcialmente fundado el recurso de apelación hecho valer por la demandada.

4. Inconforme con la sentencia dictada por la Sala en la apelación, mediante escrito presentado el treinta de mayo de dos mil ocho en la Oficialía de Partes Común para Salas del Tribunal Superior de Justicia en el Distrito Federal, la demandada solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Décima Sala Civil y de la titular del Juzgado Quinto de lo Civil, ambos del tribunal citado y, en la parte que interesa, es del tenor siguiente:

"De acuerdo con las tesis transcritas puede afirmarse que, en la especie, las facturas expedidas por **********, al tener los contrarecibos en los que aparecen los sellos de recepción o la firma de quien las recibió por parte de la ahora quejosa, acreditan el servicio prestado por la tercera perjudicada y, por ende, la obligación de la peticionaria de amparo de pagarlas, pues si bien las objetó por desconocer los sellos de recepción y la persona que suscribió los contrarecibos, ********** no acreditó que tuviera otros sellos o que la persona que firmó los contrarecibos fuera ajena a la empresa, o sea, que no fuera su empleada, lo que pudo acreditar mediante los documentos correspondientes, quiénes eran sus trabajadores, o sea que pudo demostrar ese hecho positivo, y no le correspondía demostrar a la enjuiciante que ********** fuera empleada, factor o dependiente de la inconforme, en virtud de que quien objeta un documento tiene la carga de probar la objeción, pues se trata de documentos provenientes de su parte y no de un tercero ajeno al juicio, supuesto en el cual sí le hubiera correspondido a la sociedad actora la demostración del contenido de esos documentos con otras pruebas.

"Debe señalarse que la ahora quejosa también objetó algunas facturas porque, dijo, habían sido alteradas o falsificadas; sin embargo, tampoco demostró esa alteración o falsificación, motivo por el cual las facturas relativas adquirieron eficacia probatoria para acreditar la prestación del servicio por parte de la sociedad actora, así como la correspondiente obligación de la peticionaria de amparo para pagar ese servicio.

"Al respecto, la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis que aparece publicada en el Volumen 49 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Cuarta Parte, página 33, sostuvo el siguiente criterio:

"‘DOCUMENTO, OBJECIÓN DE.’ (se transcribe).

"Por tanto, es jurídicamente correcta la consideración del tribunal ad quem, cuando dice:

"‘Contrariamente a lo sostenido por la inconforme, el solo hecho de que haya objetado los documentos en los cuales la demandante funda sus prestaciones puede (quiso decir: no puede) ocasionar que los documentos base de la acción pierdan valor demostrativo o que deban ser robustecidos con algún otro medio de convicción, porque si a través de la objeción se trata de invalidar la fuerza probatoria de un documento, es necesario señalar la causa en que se apoya y demostrarla, para de este modo hacerlo ineficaz para sus fines; pues la simple manifestación de que se objete un documento privado es insuficiente en absoluto para restarle el valor probatorio que puede corresponderle; debiendo destacar que las pruebas documentales que hayan sido ofrecidas y admitidas en el juicio, sean o no objetadas, no provoca que se les deba otorgar un valor demostrativo del que carecen, pues en uno y en otro caso, corresponde al órgano jurisdiccional hacer la justipreciación que en derecho corresponda a cada uno de tales documentos ... Además, aun cuando el apelante alegó y sostuvo como causa de objeción que ningún empleado, factor o dependiente de la inconforme recibió dichos documentos, desconociendo por completo la firma de la persona que se señala como firmante (**********), que al desconocerse por completo la persona que los recibió, es lógico que los mismos carezcan de la aceptación necesaria para que representen una obligación de pago a su cargo; sin embargo, tal circunstancia debió ser acreditada por la propia objetante, ello en virtud de que es a ella a la que le corresponde comprobar las circunstancias o hechos en que funde su objeción, porque es a ella a quien concierne la obligación procesal de asumir la carga de la prueba para desvirtuar los hechos constitutivos de la acción comprobados por su contraria; debiendo resaltar que la parte actora conjuntamente con los contrarecibos exhibidos como base de la acción, acompaño las cartas dirigidas a la demandada de fecha 20 y 28 de septiembre, 18 de octubre, 8, 14 y 22 de noviembre, y 6 de diciembre, todas del año 2005, en las cuales se precisa que le remite para su pago las facturas a ‘que refieren’ los propios contrarecibos, las cuales fueron recibidas por la demandada, al grado que emitió los contrarecibos correspondientes, con independencia de que las citadas documentales fueron recibidas por **********, y además del contenido de los citados contrarecibos se precisa la fecha de pago; por lo que no puede ahora desconocer dicha obligación, aun cuando objetó los documentos base de la acción, tal y como fue sostenido por el resolutor de primer grado.’

"Como se advierte de la anterior transcripción y con relación a las cartas que menciona el tribunal de alzada, ciertamente carecerían de eficacia probatoria si se hubieran exhibido únicamente éstas, pero al haberse anexado con los contrarecibos, indudablemente que adquieren eficacia probatoria para demostrar la recepción de las facturas y la correspondiente obligación de su pago por la inconforme, obviamente previa su revisión, al acreditarse con éstas la prestación del servicio, como se dijo con anterioridad.

"Por otra parte, en cuanto hace a la alegación de la sociedad quejosa relativa a que, contrariamente a lo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23092-d61803d7/facturas-valor-probatorio-entre-quien-las-expidio-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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