ARRENDAMIENTO SOBRE INMUEBLES DESTINADOS A LA HABITACIÓN. PERÍODO DURANTE EL CUAL SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE PAGO DE LA RENTA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 2428-E DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. ARRENDAMIENTO. FORMAS DE CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DEL ARRENDADOR DE OTORGAR EL RECIBO DE PAGO RESPECTIVO PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 2428-E, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. ARRENDAMIENTO. TÉRMINOS Y EFECTOS DEL REQUERIMIENTO FORMAL DE PAGO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2428-E DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. REQUERIMIENTO FORMAL DE PAGO. DESTRUYE LA PRESUNCIÓN IURIS TANTUM DE PAGO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 123/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y NOVENO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, por tratarse de una posible contradicción suscitada entre los criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos de materia civil, que corresponden a la materia de especialización de esta Sala.
SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se encuentra facultado para ello de conformidad con el artículo 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. Las consideraciones contenidas en las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:
I. Tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Para identificar la tesis contendiente en el presente asunto, que dicho Tribunal Colegiado sustentó, se exhibieron en autos las ejecutorias que emitió al resolver los juicios de amparo directo **********, ********** y ********** que a continuación se reseñan:
A) En sesión de diez de octubre de dos mil ocho, dicho colegiado resolvió el juicio de amparo directo número DC. ********** que versó esencialmente sobre la siguiente cuestión jurídica:
El arrendador promovió controversia de arrendamiento en contra del arrendatario, reclamando la rescisión del contrato de arrendamiento sobre finca urbana destinada a la habitación; la desocupación y entrega del inmueble arrendado; el pago de las pensiones rentísticas vencidas a partir del mes de abril de dos mil siete a enero de dos mil ocho, más las que se sigan venciendo; pago de cuota de mantenimiento a partir del mes de julio de dos mil ocho y las que se generen hasta la entrega del inmueble; pago de la pena convencional; daños y perjuicios, y gastos y costas judiciales.
Seguido el procedimiento, se dictó sentencia definitiva en la que se declaró rescindido el contrato de arrendamiento, se condenó: a desocupar y entregar el inmueble arrendado, y al pago de las pensiones rentísticas reclamadas a partir del mes de abril de dos mil siete hasta el mes en el que el arrendatario desocupe y entregue el inmueble litigioso.
En contra de dicha determinación, el arrendatario interpuso recurso de apelación, del cual la Sala responsable resolvió confirmar la sentencia definitiva y condenar al apelante al pago de costas procesales. Dicha sentencia constituyó el acto reclamado en el juicio de amparo directo.
El Colegiado otorgó el amparo por considerar esencialmente, que en términos del artículo 2,428-E del Código Civil para el Distrito Federal, cuando el arrendador no entregue recibos de pago por las rentas al arrendatario por más de tres meses, deben presumirse pagadas las rentas correspondientes a dicho periodo de tres meses, y el arrendador únicamente puede impedir que se actualice dicha presunción haciendo la correspondiente interpelación del pago; de manera que en la especie, se actualizó dicha presunción por lo que se refiere a los meses de abril a octubre de dos mil siete, respecto de los cuales no hay interpelación de pago; y que, sin embargo, no se actualizaba la presunción por lo que se refiere a los meses de noviembre a diciembre de dos mil siete, y enero de dos mil ocho, porque la demanda fue promovida el veintinueve de enero de dos mil ocho, constituyendo dicha presentación de la demanda una interpelación de pago, que interrumpe el plazo anteriormente señalado, correspondiente a los tres meses inmediatos anteriores.
La resolución del Colegiado se sustenta, en lo que interesa, en las siguientes consideraciones:
"... La conclusión a la que arribó la Sala responsable con relación al requerimiento de pago es incorrecta, toda vez que de la anterior relatoría de hechos se advierte que el apelante manifestó expresamente que la sentencia de primera instancia le causaba agravio porque al haberlo condenado al pago de rentas desde abril de dos mil siete, el a quo debió analizar la obligación del arrendador de requerirle de pago en su domicilio, por ende, se estima que esa manifestación constituía la causa de pedir para que el tribunal de alzada procediera al análisis de los elementos de las acciones ejercidas en contra del apelante y en el caso particular, debió tomar en consideración que el actor tenía una carga adicional de conformidad con el artículo 2,448-E del Código Civil para el Distrito Federal, que establece lo siguiente: (se transcribe).
"El artículo antes transcrito contiene una excepción a la regla general relativa a la carga probatoria para acreditar el pago de las rentas que normalmente recae en el arrendatario, puesto que cuando el contrato de arrendamiento es de un inmueble destinado a casa habitación, arroja sobre el arrendador, en caso de que reclame el pago de más de tres meses de rentas, la carga de probar que hizo el requerimiento correspondiente en tiempo y forma, lo que debe entenderse en el tiempo y la forma en que hayan convenido en el contrato o lo determine la ley, ya que si no lo prueba, opera la presunción de pago a favor del arrendatario; por tanto, la Sala responsable se encontraba obligada a analizar si dicha interpelación constituía o no un elemento de la acción y por ende, si se encontraba acreditado ese elemento.
"Lo anterior, además, encuentra sustento en la jurisprudencia 83/2006, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y dos, Tomo XXIV, diciembre de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente:
"‘ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS DESTINADAS A LA HABITACIÓN. PRESUNCIÓN DE PAGO DE RENTAS POR FALTA DE ENTREGA DE RECIBOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 2,428-E DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL VIGENTE A PARTIR DEL 17 DE ENERO DE 2003).’ (se transcribe el texto).
"De la parte final de la jurisprudencia antes transcrita, se advierte con claridad que la Primera Sala del Más Alto Tribunal consideró que como el legislador al reformar el artículo 2,428(sic)-E del Código Civil para el Distrito Federal, no estableció ninguna diferenciación en cuanto a que la convención sobre el lugar del pago de las rentas, esto es, en el domicilio del arrendador, o bien, en el del arrendatario, hiciera la diferencia para que sólo en el primer caso operara la presunción de pago a que se refiere el segundo párrafo en comento, por lo que debía entenderse que para la actualización de la hipótesis normativa en estudio, era intrascendente que en el contrato de arrendamiento sobre inmueble urbano destinado a la habitación, se estableciera o no lugar de pago de las rentas, o bien, se que dicho lugar fuera el domicilio del arrendador o del arrendatario, ello en atención al principio general de derecho que establece que en donde el legislador no distingue, el juzgador no debe hacerlo.
"Conforme a ese criterio jurisprudencial que es obligatorio en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, la Sala responsable no debió distinguir y considerar que no era necesario que el actor interpelara dado que en el contrato se pactó domicilio donde debía efectuarse el pago, puesto que la jurisprudencia antes mencionada, señala que para que se actualice la presunción de pago prevista en el artículo 2448-E, del Código Civil para el Distrito Federal, resulta intrascendente que se haya pactado lugar de pago.
"Entonces, si el apelante manifestó expresamente en sus agravios que se debió analizar la falta de requerimiento de pago a cargo del actor, la Sala responsable se encontraba obligada a determinar si dicha interpelación constituía un elemento de la acción y en caso de considerarlo procedente, debió analizar la actualización de los referidos elementos con base en lo argumentado por el apelante.
"...
"En el caso no se encuentra acreditado que el arrendador hubiera interpelado al arrendatario para evitar que se actualizara la presunción prevista en el artículo 2448-E, del Código Civil para el Distrito Federal, en consecuencia, si demandó el pago de las pensiones rentísticas generadas a partir de abril de dos mil siete y no interpeló en el plazo establecido para tal efecto, debe tenerse por actualizada la presunción de pago únicamente respecto de las mensualidades correspondientes a los meses de abril a octubre de dos mil siete, toda vez que el actor presentó su demanda el veintinueve de enero de dos mil ocho y con este acto, se interrumpió el plazo de tres meses para que operara la presunción de pago respecto de las pensiones rentísticas correspondientes a noviembre de dos mil siete u subsecuentes.
"Lo anterior es así, puesto que de conformidad con el artículo 258 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, la presentación de la demanda interrumpe la prescripción y en el caso, aun cuando el artículo 2448-E, del Código Civil para el Distrito Federal, no se refiere expresamente a la prescripción del derecho para cobrar rentas, lo cierto es que la presunción de pago que establece por la falta de interpelación antes de que transcurran tres meses a partir de la fecha en que se debió realizar el pago, implica la pérdida del derecho a reclamarlo por el sólo transcurso del tiempo, de ahí que se equipare a la prescripción, en consecuencia, el plazo de tres meses a que se refiere el artículo en comento del código sustantivo, sí se interrumpe con la presentación de la demanda.
"El anterior aserto se justifica en la medida de que el artículo 2448-E del Código Civil para el Distrito Federal, exige que el arrendador requiera al arrendatario dentro de los tres meses siguientes al incumplimiento de su obligación, para evitar que opere la presunción de pago de rentas, es decir, le impone una carga que únicamente depende de su voluntad; sin embargo, si el arrendador demanda ante una autoridad judicial el pago de rentas sin que previamente hubiera efectuado el citado requerimiento, debe interrumpirse el plazo de tres meses con la sola presentación de la demanda, puesto que por una parte esa actuación revela que es voluntad del actor cobrar las rentas o rescindir el contrato ante la falta de pago, y por otro lado, porque la interpelación que se realice al demandado con motivo del emplazamiento, de conformidad con el artículo 259, fracción IV, ya no dependerá de la voluntad del actor, sino de la actuación de una autoridad, en consecuencia, la interrupción del plazo para que opere la presunción de pago no puede estar supeditada a que se realice el emplazamiento, ya que esto permitiría que continuaran venciéndose las mensualidades respecto de las cuales no exista requerimiento, aun cuando el actor ya hubiera manifestado en su demandada su voluntad de cobrarlas ante el incumplimiento del arrendatario.
"...
"En cambio, el concepto de violación formulado por el quejoso resulta parcialmente fundado por lo que hace a la acción de pago de rentas, toda vez que para la procedencia de esta acción no se requiere acreditar que el arrendatario se constituyó en mora, puesto que está encaminada a obtener las mensualidades vencidas y no a la terminación del contrato, por lo que bastará que se acredite la existencia del contrato, que ya aconteció el uso y disfrute del inmueble arrendado y que se interpeló al arrendatario para que proceda la acción, en la inteligencia de que dicho requerimiento puede hacerse válidamente por medio del emplazamiento a juicio, pues en términos del artículo 259, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, dicho emplazamiento produce los efectos de una interpelación judicial.
"Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 66/2006, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento dos, Tomo XXIV, noviembre de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: ‘ARRENDAMIENTO. PARA SU PROCEDENCIA, LA ACCIÓN DE PAGO DE LAS RENTAS INSOLUTAS NO REQUIERE QUE SE ACREDITE QUE EL ARRENDATARIO SE CONSTITUYÓ EN MORA.’ (se transcribe el texto).
"En esa tesitura la presunción de pago prevista en el artículo 2448-E del Código Civil para el Distrito Federal, ante la falta de requerimiento por parte del arrendador dentro del plazo que establece el citado precepto legal, sí favorece al arrendatario únicamente por lo que respecta a la acción de pago de rentas vencidas y exigibles que no quedan comprendidas en el lapso de los tres meses de renta anteriores a la presentación de la demanda (veintinueve de enero de dos mil ocho), esto es, la presunción se surte para los meses de octubre de dos mil siete y anteriores, no así respecto de las mensualidades correspondientes a los meses de noviembre de dos mil siete y subsecuentes, puesto que la presentación de la demanda interrumpe el plazo de la presunción de pago, aunque el emplazamiento se haya llevado a cabo en febrero de dos mil ocho. De modo que la presentación de la demanda es una fecha a partir de la cual es suficiente para establecer que se interrumpió el lapso de la presunción, y basta para arrojar la carga de la prueba al deudor arrendatario respecto de los tres meses anteriores a la presentación de la demanda, y los que se sigan venciendo con posterioridad a la presentación de ésta. Entonces el límite de la presunción de pago es los tres meses y operará si es que el arrendador no demuestra que previo a la presentación de la demanda realizó el requerimiento o interpelación respecto de las mensualidades que reclamó entre abril y octubre de dos mil siete; toda vez que la única forma para evitar esa presunción de pago es que el requerimiento se realice antes del vencimiento de la mensualidad correspondiente al tercer mes, lo que implica que debe probar que lo hizo antes de la presentación de la demanda respecto de las mensualidades no comprendidas en el tercer mes anterior a la presentación de la demanda.
"En las narradas condiciones, lo procedente es conceder la protección constitucional al quejoso para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y dicte una nueva resolución en la que analice nuevamente los agravios planteados en apelación, se pronuncie sobre los elementos de las acciones ejercidas en contra del apelante con base en los lineamientos establecidos en esta ejecutoria y resuelva conforme a sus atribuciones, que procede la acción de rescisión con sus consecuencias y el pago de las rentas únicamente respecto de las causadas por los meses de noviembre de dos mil siete y subsecuentes, hasta que el arrendatario desocupe la localidad arrendada en términos del artículo 2429 del Código Civil para el Distrito Federal ..."
B) En sesión de dieciocho de febrero de dos mil diez, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió el juicio de amparo directo número DC. **********, que versó esencialmente sobre la siguiente cuestión jurídica:
El arrendador promovió controversia de arrendamiento en contra del arrendatario y su fiadora, reclamando la rescisión del contrato de arrendamiento de finca urbana destinada a la habitación, así como el pago de las rentas vencidas e insolutas a partir del veinte de agosto de dos mil cuatro y las que se siguieran generando hasta la fecha de entrega del predio en arrendamiento; la devolución y entrega del inmueble; el pago de deudas por servicio de agua, energía eléctrica y teléfono y el pago de gastos y costas. El arrendatario demandado reconvino al actor, reclamándole la entrega de los recibos de pago por rentas correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de dos mil nueve.
El Juez de la causa dictó sentencia definitiva en la que absolvió a los codemandados y al demandado en la vía reconvencional de todas las prestaciones reclamadas. Tanto el actor como el arrendatario codemandado interpusieron recurso de apelación, y el tribunal de alzada dictó su resolución revocando la sentencia recurrida, y decretó la rescisión del contrato de arrendamiento por falta del pago puntual y completo de rentas, a la entrega y desocupación del inmueble, al pago de la diferencia insoluta de las rentas vencidas, así como al pago de las rentas que siguieran generándose hasta la desocupación del inmueble, y al pago de gastos y costas judiciales. Asimismo, absolvió al demandado en la reconvención.
Tanto el arrendatario como la fiadora codemandados, promovieron juicio de amparo directo en contra de dicha resolución de alzada.
Respecto del tema que concierne al presente estudio, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito declaró que era infundado el concepto de violación planteado por el arrendatario, en el sentido de que la Sala responsable había omitido tomar en consideración y aplicar la presunción derivada del artículo 2,428-E del Código Civil para el Distrito Federal, porque para que dicha presunción cobrara aplicación, habría sido necesario, ente otras cosas, que el demandado opusiera la excepción de pago y que la misma no se comprobara, requisito que en concepto del colegiado no se cumplió, porque el demandado para demostrar el pago, exhibió fichas de depósito bancario, de las que, sin embargo, se advierte que en ninguno de los tres meses anteriores a la fecha de presentación de la demanda inicial, la parte demandada hubiera cubierto en forma puntual o completa las obligaciones rentísticas pactadas.
C) En sesión del cuatro de marzo de dos mil diez, el propio Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió el juicio de amparo directo número DC. **********, que versó, esencialmente, sobre la siguiente cuestión jurídica:
El arrendador promovió controversia de arrendamiento en contra de los arrendatarios, reclamando la declaración judicial de la rescisión del contrato de arrendamiento de finca urbana destinada a la habitación; la desocupación y entrega del inmueble arrendado; el pago de las pensiones rentísticas vencidas a partir del mes de julio de dos mil ocho y las que se siguieran generando; el pago de las cuotas mensuales de mantenimiento; el pago de la pena convencional, y el pago de gastos y costas judiciales. Al contestar la demanda los codemandados opusieron entre otras, la excepción derivada del artículo 2,428-E del Código Civil para el Distrito Federal.
Seguido el procedimiento se dictó sentencia en la que se declaró rescindido el contrato de arrendamiento y se condenó a los codemandados a la desocupación y entrega del inmueble arrendado, al pago de las rentas a partir del once de diciembre de dos mil ocho, fecha en que fue presentada la demanda, y hasta la desocupación y entrega del inmueble litigioso, al pago de la pena convencional pactada, y al pago de los gastos de mantenimiento. Lo anterior, por considerar que la actora reclamó más de tres pensiones rentísticas, por lo que en términos del artículo 2,428-E del Código Civil para el Distrito Federal, debían presumirse pagadas las rentas vencidas hasta antes de esa fecha.
Las partes interpusieron recurso de apelación, y al resolverlo, el tribunal de alzada revocó la sentencia de primer grado y absolvió a los codemandados de todas y cada una de las prestaciones reclamadas, por considerar que, al haberse reclamado más de tres meses de renta, correspondía al actor probar el incumplimiento del total de las rentas reclamadas, o bien, el requerimiento de pago respectivo, con fundamento en el artículo 2,428-E del Código Civil para el Distrito Federal. Para sustentar su resolución, la Sala responsable citó la tesis sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "ARRENDAMIENTO. CUANDO SE RECLAMAN RENTAS POR MÁS DE TRES MESES Y SE OPONE COMO EXCEPCIÓN LA PRESUNCIÓN LEGAL DERIVADA DEL ARTÍCULO 2428-E DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, SE ARROJA LA CARGA DE LA PRUEBA AL ACTOR PARA ACREDITAR EL INCUMPLIMIENTO DEL TOTAL DE LAS RENTAS EN QUE SE HACE DESCANSAR LA MORA.". Dicha resolución constituyó el acto reclamado en el juicio de amparo directo de que se trata, promovido por la arrendadora.
El Colegiado otorgó el amparo, por considerar, esencialmente, que en términos del artículo 2,428-E del Código Civil para el Distrito Federal, cuando el arrendador no entregue recibos de pago por las rentas al arrendatario por más de tres meses, deben presumirse pagadas las rentas correspondientes a dicho periodo de tres meses y el arrendador únicamente puede impedir que se actualice dicha presunción haciendo la correspondiente interpelación del pago; de manera que en la especie, se actualizó dicha presunción por lo que se refiere a los meses de julio a octubre de dos mil ocho, respecto de los cuales no hay interpelación de pago; y que, sin embargo, no se actualizaba la presunción por lo que se refiere a los meses de noviembre a diciembre de dos mil ocho, porque la demanda fue promovida el once de diciembre de dos mil ocho, constituyendo dicha presentación de la demanda una interpelación de pago, que interrumpe el plazo anteriormente señalado, correspondiente a los tres meses inmediatos anteriores.
Las consideraciones de la sentencia de amparo, en lo que aquí interesa, son las siguientes:
"... En el caso, la Sala responsable estimó que la actora en su escrito de demanda no hace referencia a haber requerido el pago de las rentas vencidas a los codemandados, no obstante que demandó el pago de más de tres meses; que correspondía al arrendador la carga de probar que se hizo el requerimiento de referencia, y con base en ello absolvió a los codemandados de todas las prestaciones demandadas.
"La anterior determinación es parcialmente incorrecta, únicamente en cuanto a que la Sala responsable realizó una indebida aplicación del artículo 2428-E (2448-E) del Código Civil para el Distrito Federal.
"En efecto, la conclusión a la que arribó la Sala responsable con relación al requerimiento de pago es inexacta, toda vez que la actora presentó su demanda de rescisión en diciembre de dos mil ocho y reclamó la rescisión del contrato de arrendamiento y el pago de rentas; y la causa de pedir consistió en la falta de pago de las rentas de los meses de julio de dos mil ocho más las que se siguieron generando.
"Ciertamente, es importante precisar que en el caso la arrendadora ejerció dos acciones en contra del arrendatario, la rescisión del contrato de arrendamiento y el pago de rentas, por lo que la presunción de pago derivada de la falta de interpelación no tendría los mismos efectos en caso de actualizarse, toda vez que las acciones antes mencionadas se integran con distintos elementos.
"Al respecto, cabe decir que cuando se demanda la rescisión de contrato de arrendamiento, como consecuencia de ello, el pago de rentas vencidas y no cubiertas dichas acciones son independientes, de tal manera que ésta no depende de la primera, toda vez que la obligación del pago adeudado deriva de la ocupación del bien arrendado y dicha obligación no desaparece por la sola circunstancia de que el contrato no resulte rescindido.
"En tal virtud, si la actora en su calidad de arrendadora demandó la rescisión del contrato entre otras cuestiones por falta de pago de rentas vencidas y a su vez reclama que éstas le sean cubiertas conforme al artículo 259, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el emplazamiento que se practique al demandado produce todas las consecuencias de la interpelación judicial, respecto de las rentas insatisfechas, independientemente de que prospere o no la acción rescisoria intentada, dado que esa situación no releva al arrendatario de pagar las pensiones rentísticas adecuadas, pues de acuerdo con los artículos 2398, párrafo primero y 2425 fracción I, del Código Civil de la entidad referida, el derecho del arrendador al cobro de las rentas adecuadas y la correlativa obligación del arrendatario de pagarlas, deriva exclusivamente del uso y disfrute del inmueble correspondiente concedido a éste.
"Esos lineamientos se advierten de la jurisprudencia 1a./J. 146/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de dos mil cinco, página 63 de rubro y texto siguientes: ‘ARRENDAMIENTO. LA RESCISIÓN DEL CONTRATO RELATIVO Y EL RECLAMO DE LAS RENTAS INSOLUTAS, SON ACCIONES INDEPENDIENTES QUE PUEDEN PLANTEARSE EN LA MISMA DEMANDA.’ (se transcribe el texto).
"Bajo esas premisas, es parcialmente acertada la consideración de la Sala responsable, en el sentido de que opera la presunción de pago de rentas respecto de los tres meses vencidos anteriores a la presentación de la demanda, y de conformidad con el artículo 2428-E, (2448-E) del Código Civil para el Distrito Federal y, por ende, es al actor (arrendador) el que tiene la carga de probar que se realizó el requerimiento de pago respecto de los meses de renta vencidos que excedan de tres meses, sin que sea relevante la existencia del plazo para el pago, así como el domicilio para ese fin, sea el del arrendador o el del arrendatario.
"El precepto invocado establece lo siguiente: (se trascribe)
"Dicho precepto contiene una excepción a la regla general relativa a la carga probatoria para acreditar el pago de las rentas que normalmente recae en el arrendatario, puesto que cuando el contrato de arrendamiento es de un inmueble destinado a casa habitación, arroja sobre el arrendador, en caso de que éste reclame el pago de más de tres meses de rentas, la carga de probar que hizo el requerimiento correspondiente en tiempo y forma, lo que debe entenderse en el tiempo y la forma en que hayan convenido en el contrato o lo determine la ley, ya que si no lo prueba, opera la presunción de pago a favor del arrendatario en el sentido de que pagó los tres meses de renta a que se refiere dicho precepto legal; sin que pueda derivarse distinción alguna en razón del pacto expreso sobre el plazo y lugar de pago de las rentas, porque donde el legislador no hizo distinción no compete hacerla al juzgador.
"Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 83/2006, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y dos, Tomo XXIV, diciembre de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: ‘ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS DESTINADAS A LA HABITACIÓN. PRESUNCIÓN DE PAGO DE RENTAS POR FALTA DE ENTREGA DE RECIBOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 2428-E DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL VIGENTE A PARTIR DEL 17 DE ENERO DE 2003.’ (se transcribe el texto).
"De la parte final de la jurisprudencia antes transcrita se advierte que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que el legislador al reformar el artículo 2,428 (sic)-E (2448-E) del Código Civil para el Distrito Federal, no estableció ninguna diferenciación en cuanto a la convención sobre el lugar del pago de las rentas, esto es, en el domicilio del arrendador, o bien, en el del arrendatario; de modo que no distinguió que sólo en el primer caso operara la presunción de pago a que se refiere el segundo párrafo del precepto en análisis, por lo que debía entenderse que para la actualización de la hipótesis normativa en estudio, era intrascendente que en el contrato de arrendamiento sobre inmueble urbano destinado a la habitación, se estableciera o no lugar de pago de las rentas, o bien, que dicho lugar fuera el domicilio del arrendador o del arrendatario, ello, en atención al principio general de derecho que establece que en donde el legislador no distingue, el juzgador no debe hacerlo.
"Conforme a ese criterio jurisprudencial que es obligatorio para este Tribunal Colegiado, para la Sala responsable en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, es legal la consideración del acto reclamado en el sentido de que la presunción a que se refiere el citado precepto legal, opera únicamente respecto de los tres meses anteriores a la presentación de la demanda, y para que se actualice la presunción de pago prevista en el artículo 2448-E, del Código Civil para el Distrito Federal, resulta intrascendente que se haya pactado lugar de pago, así como el que exista plazo, así como que el arrendatario haya afirmado que realizó el pago sin aportar prueba al respecto; dado que es el precepto legal el que arroja la carga de la prueba al arrendador.
"En ese contexto, no asiste razón a la quejosa en el sentido de que el arrendatario deba demostrar que se encuentra al corriente en el pago de rentas y que el arrendador se ha negado a entregarle los recibos correspondientes, puesto que tal planteamiento es contrario a lo precisamente regula el artículo 2428-E (2448-E) del Código Civil para el Distrito Federal que dispone expresamente que ante la falta de entrega de recibos por parte del arrendador por más de tres meses se entenderá que el pago ha sido efectuado, salvo que el arrendador haya hecho el requerimiento correspondiente en tiempo y forma.
"En el caso, el emplazamiento a juicio que hace las veces de interpelación, no puede operar respecto de las rentas vencidas con más de tres meses anteriores a la fecha de presentación de la demanda, y no dice como acreditó que el arrendador hubiera interpelado al arrendatario para evitar que se actualizara la presunción prevista en el artículo 2448-E, del Código Civil para el Distrito Federal, por consiguiente, si
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22735-40f5b962/arrendamiento-sobre-inmuebles-destinados-a-la-habitacion-periodo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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